Comunicado del mes de abril de 2023 de Eulat sobre la situación de Perú

Crisis en Perú: EU-LAT pide el fin de la discriminación racial y la acusación de terrorismo a las personas manifestantes

La red de incidencia EU-LAT, de la que formamos parte en Entrepueblos, ha emitido un nuevo comunicado en relación a la crisis social y política que atraviesa Perú, haciendo énfasis en la necesidad de proteger y respetar los derechos humanos de todos y todas las manifestantes. Así, en una Carta al Parlamento Europeo con fecha del 14 de abril, EU-LAT pide que la cámara representativa europea exija al Estado de Perú “poner fin a la criminalización de la protesta haciendo uso político del derecho penal, llegándose al extremo de utilizar el tipo penal terrorismo, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos al conjunto de la sociedad“.

De igual manera, EU-LAT y la Plataforma Europa Perú (PEP), demandan al Parlamento Europeo que en sus intercambios con el Gobierno peruano insista en que se ponga “fin a la estigmatización y la discriminación racial a las personas que se manifiestan activamente y a las acusaciones de “terrorismo”, y que se atienda y proteja a la población indígena, cumpliendo con el respeto de sus derechos individuales y colectivos así como los compromisos en el desarrollo del país“.

En la Carta, que puedes leer íntegramente aquí, EU-LAT insiste en que la urgencia de investigaciones “imparciales, diligentes, exhaustivas y transparentes“, que esclarezcan los
hechos y establezcan las responsabilidades penales derivadas de ellos, con un seguimiento de los mecanismos fundamentales; que se garantice una reparación integral a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y que la Fiscalía peruana destine personal suficiente para realizar todas las diligencias de forma exhaustiva con condiciones de seguridad para los testigos y familiares de las víctimas.

EU-LAT/EU-LAT Network, a la que pertenece Entrepueblos, es una red reconocida de más de 40 organizaciones europeas desde la que se incide en las políticas europeas respecto a América Latina. Se promueven, entre otros elementos, el respeto de los derechos humanos, la protección de personas defensoras y el medio ambiente en América Latina, para que sean incluidos de forma prioritaria en el diálogo político, la cooperación y el comercio de la UE con la región.

Racismo institucional y ataques a la libertad de información

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), al menos 49 personas han sido asesinadas en ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza durante la represión de las protestas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha dado cuenta de 1.335 personas heridas (civiles y policías) en protestas, entre el 8 de diciembre de 2022 y el 10 de marzo de 2023.

Tras su misión a Perú a mediados de enero, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, condenó el “exceso del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad” y la “fuerte estigmatización por factores étnico, raciales y regionales por algunas autoridades que se han referido hacia todas la personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas o indios, entre otras formas despectivas”. Asimismo, Amnistía Internacional alertó que esta violencia se ha desplegado mayoritariamente contra población indígena aymara y quechua, que hasta la fecha continúan su movilización demandando el cambio de las autoridades porque se sienten marginadas y excluidas. Es más, señaló que las fuerzas del orden hicieron uso indiscriminado de armas letales en contra de los manifestantes, que se puede vincular con el racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas.

Entre el estallido de las protestas y el 10 de enero de 2023, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) también registró al menos 72 casos de violaciones al trabajo de los medios y agresiones a periodistas. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por la policía y el ejército.

Crissthian Olivera

¿Por qué es importante la sentencia contra el estado de Perú en el ‘caso Crissthian’?

Nos va a servir para afrontar el contexto ultraconservador que estamos viviendo”, explicó Crissthian Olivera tras conocerse el fallo.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el  ‘caso Crissthian Olivera Fuentes vs. Perú’ es histórica para la comunidad LGTBIQ+ en el país andino y tendrá implicaciones en las políticas y la regulación de los derechos humanos del colectivo.

Establece que el Estado peruano es responsable internacionalmente por haber discriminado a Olivera por su orientación sexual, debido a las respuestas administrativas y judiciales que brindó ante la denuncia que realizó, hace 18 años, cuando fue expulsado de un supermercado por, supuestamente, mostrar “afecto” a su pareja. Concretamente, determina que el Estado peruano violó los derechos a la libertad personal (Art.7.1), garantías judiciales (Art.8.1), vida privada (Art.11.2), igualdad ante la ley (Art.24) y protección judicial (Art.25.1) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Tal y como explica DEMUS, organización que lidera la campaña Justicia Arco Iris, en la que colaboramos desde Entrepueblos, el Estado peruano como responsable internacional deberá encargarse de:

  • Una campaña informativa anual para sensibilizar y concientizar sobre derechos LGTBIQ+
  • Un plan pedagógico integral en materia de diversidad sexual, de género, igualdad y no discriminación, con perspectiva de género y derechos humanos de personas LGTBIQ+ en el ámbito de consumo.
  • Una política pública para monitorear y fiscalizar a que las empresas y sus trabajadores cumplan con la legislación nacional así como los estándares interamericanos sobre igualdad y no discriminación.

Además, la CorteIDH reconoció que, como resultado de la denegación de justicia, se vio afectada la salud mental de Olivera, ya que “padeció un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral”. Así, como parte de las medidas de reparación, se estableció que el Estado peruano brinde tratamiento psicológico/psiquiátrico a la víctima.

Protesta por la megaminería en Intag

Intag contra el extractivismo minero: una nueva victoria

Las comunidades de Intag han vuelto a derrotar a la minería. La Corte Provincial de Imbabura aceptó el pasado 29 de marzo la acción de protección interpuesta por los pobladores de esta región del norte de Ecuador, una de las más ricas del Planeta en recursos biológicos y ambientales, en contra del proyecto minero Llurimagua operado por la minera chilena CODELCO y la estatal ecuatoriana ENAMI.

La sentencia emitida por la corte, según la información del Frente Nacional Antiminero, anula la licencia ambiental otorgada hace ya casi 10 años a la empresa estatal minera, por considerarse vulnerados los derechos a la consulta previa ambiental y los derechos de la naturaleza en el estudio de impacto ambiental aprobado.

Con la decisión de la corte provincial, ya son 6 las empresas mineras transnacionales que han debido abandonar la zona de Intag. Desde 1997, cuando la japonesa Bishimetals, subsidiaria del gigante Mitsubishi, fuera expulsada, otras 5 empresas, incluyendo ahora CODELCO, han tenido que retirarse de una zona donde su población, de manera firme, organizada y pacífica, se ha enfrentado a los proyectos mineros que amenazan la naturaleza y las comunidades.

Intag se encuentra en la región del Chocó y los Andes Tropicales, las zonas con mayor biodiversidad del planeta, y es cuna de 21 ríos primigenios, más de 80 mil hectáreas de bosques, una importante producción agrícola y una rica cultura campesina. Esta sentencia, junto con la emitida a favor del Bosque Protector Los Cedros, también en esta misma zona, marcan un hito en el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, enfoque pionero en el mundo, ante la depredación que sufren nuestros pueblos en manos del capitalismo.

El extractivismo es la explotación masiva e intensiva de la naturaleza para su exportación como materia prima a un precio muy bajo que no compensa el coste medioambiental asociado y que perjudica y amenaza la forma de vida de las comunidades y las personas que viven y cuidan de sus pueblos. A diferencia de la minería artesanal, la megaminería requiere inversiones muy elevadas y tiene impactos nocivos sobre el entorno natural y social de los territorios: acapara millones de hectáreas, contamina ríos, mares y lagunas, produce millones de desechos sólidos y líquidos y genera ganancias de millones de dólares para las empresas transnacionales.

“El capitalismo ha logrado crecer y conservarse a partir de someter la naturaleza y las mujeres”

El 17 de marzo de 2023 participamos en el VIII Congreso de Economía Feminista en Barcelona, las compañeras Kenia Castaldo y Natalia Riera, técnicas de educación compartieron sus experiencias en la mesa Respuestas (eco)feministas a las crisis  donde hablamos de soberanías, feminismos y economías alternativas a través de las jornadas internacionales de Diálogos feministas y ecologistas – Ciudades vivibles para sostener las tramas de la vida (entra en el enlace para más información sobre estar jornadas)

Donde aportamos nuestra visión sobre las soberanías sociales como los procesos de construcción de capacidades para hacer efectivo el derecho de los pueblos a decidir cómo queremos vivir, sostenerlos diferentes ámbitos de nuestras vidas, cómo queremos relacionarnos socialmente y con el resto de la naturaleza de la que formamos parte y de la que dependemos

Hablamos de cómo concebimos que los feminismos y la lucha contra este sistema patriarcal, como deben estar presentes tanto en la crítica al desarrollo capitalista, y en la generación de alternativas de empoderamiento social. También apostamos fuerte por la economía solidaria y alternativa, por la cooperación social frente a la competencia lucrativa. Para hacer frente a los impactos de la crisis del sistema capitalista hace falta desplazar al crecimiento ilimitado del lucro como principio rector de todos los órdenes de la vida social, para promover procesos de transición, hacia el planteamiento de las necesidades humanas y la forma de satisfacerlas orientadas de manera responsable hacia los bienes comunes y el bien común de la generación actual y de las futuras.

¿Quieres leer toda nuestra ponencia? ENTRA AQUÍ Y DESCÁRGALA

asamblea general 2023

¡Apúntate a la Asamblea General Entrepueblos, que tendrá lugar el 13 y 14 de mayo en Valencia!

Como sabéis, Asociación Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte celebra anualmente la Asamblea General, un espacio donde la organización en su conjunto puede participar en la toma de decisiones de los temas clave de nuestra actividad durante el próximo año. En 2023, tendrá lugar en Valencia (Intersindical Valenciana. C/ Juan de Mena, 18), los días 13 y 14 de mayo, y deseamos poder contar con todos y todas vosotras, nuestros socios, socias y activistas.

La XXXV Asamblea General, bajo el lema  ‘En defensa de la justicia global’, además de ser un espacio para la reflexión, el debate y el intercambio de saberes y experiencias, es una oportunidad para reencontrarnos de manera presencial, regalándonos momentos para disfrutar de la alegría de estar juntas.

Como podéis ver en el PROGRAMA, tendremos oportunidad de hablar de derechos humanos, feminismos, antirracismo y comunicación transformadora, además de debatir  nuestra nueva Estrategia 2023-2027 y la Estrategia de género de la organización.

Durante el fin de semana, se realizará en paralelo la Asamblea Entrepeques, con actividades para las niñas y niños asistentes, que también presentarán sus conclusiones en el plenario final del domingo. Os agradeceríamos que quienes vayáis a asistir con niños y niñas nos lo hagáis saber antes del 30 de abril, para poder preparar bien este espacio.

¡Inscríbete antes del 12 de abril de 2023!

 

Os adjuntamos una ficha de inscripción que podéis enviar por e-mail a administracion@entrepueblos.org antes del 12 de abril, indicando vuestros datos y el modo de inscripción. Para cualquier duda nos podéis escribir a este mismo correo electrónico o llamarnos al teléfono 932683366.  Si para alguien supone un esfuerzo económico demasiado grande, que no dude en ponerse en contacto con nosotras para encontrar la mejor manera de hacer posible su participación.

Para facilitar la organización, y en la medida que sea posible, os agradeceríamos que una vez rellenada y enviada la ficha, efectuéis el ingreso (según la opción escogida) a la cuenta de Entrepueblos: Triodos Bank ES05-1491-0001-21-3000079938, indicando en el ingreso: nombre, apellido y población (podéis enviar también el comprobante del ingreso).

¡Tenemos muchas ganas de volver a vernos y abrazarnos!

 

 

Emilia Salazar, Demus Perú

“La situación en Perú es insostenible, la respuesta política no puede ser seguir disparando y detener arbitrariamente”.

Entrevista a Emilia Salazar, de Demus Perú

Hablamos sobre la crisis política y social de Perú con la socióloga feminista Emilia Salazar, que forma parte del equipo de Demus, una de nuestras organizaciones hermanas en el país andino, todo un referente en la lucha por los derechos de las mujeres. Emilia asistió recientemente en Ginebra al Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, que evaluó a Estado peruano en materia de derechos humanos.

Pregunta. ¿Cómo estáis viviendo desde Demus la actual crisis política y social?

Lo que está ocurriendo en Perú es un estallido social. Como respuesta hay una represión estatal violenta e inédita, no vista desde hace décadas. Las principales demandas son la renuncia de Dina Boluarte a la Presidencia y la salida del Congreso, nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente.

El Ejecutivo, el Congreso, la Policía y las fuerzas militares están cumpliendo un papel bastante represor e indolente en el país. Solo para relatar algunas de las masacres, el 15 de diciembre del 2022 en la región de Ayacucho, 10 personas fueron víctimas fatales de la violencia desproporcionada del Ejército en los alrededores del aeropuerto de la ciudad de Huamanga. Y el 9 de enero de este año, en la ciudad de Juliaca (Puno), la Policía asesinó a 18 personas en cuestión de horas. En las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad y Lima la represión también ha sido feroz e indiscriminada. Las víctimas fatales presentan impactos de bala, perdigones y bombas lacrimógenas en la cabeza y el torso superior del cuerpo. En total, hay más de 60 personas muertas y más de 1200 personas heridas.

Por otro lado, las detenciones arbitrarias son el nunca acabar. No permiten el ingreso de abogados, de la Defensoría del Pueblo, ni de representantes de organizaciones de derechos humanos a las comisarías hasta horas después de las intervenciones policiales. La gran parte de detenidas y detenidos son ciudadanos de las regiones, comunidades andinas y dirigentes comunales que han llegado a Lima, pero también se viene interviniendo a periodistas y personas que tratan de brindar ayuda a las delegaciones regionales que se encuentran en Lima para ejercer su derecho a la protesta.

Lo que ocurrió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue la gota que colmó el vaso. El 20 de enero, en un claro abuso policial se intervino sin presencia de la Fiscalía, con tanquetas y haciendo uso indiscriminado de la fuerza detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas. La mayoría de detenidos fueron campesinas y campesinos, dirigentes de pueblos indígenas, personas quechuahablantes y estudiantes universitarios. Se pueden ver en internet los videos del trato humillante y denigrante que hubo en dicha intervención.

“Llamar terroristas, violentistas o subversivos a quienes están saliendo a las calles –o a quienes se pronuncian en las redes sociales- se está convirtiendo en una cuestión cotidiana”.

A todo esto, se suma el terruqueo por parte de las propias autoridades y los medios de comunicación hegemónicos. Llamar terroristas, violentistas o subversivos a quienes están saliendo a las calles –o a quienes se pronuncian en las redes sociales- se está convirtiendo en una cuestión cotidiana. Los discursos de odio y discriminatorios es la base de la doctrina política que están construyendo y afianzando las élites de poder para deslegitimar cualquier reclamo, protesta o idea que cuestione la desigualdad en el Perú. Esta estigmatización y criminalización tiene raíces profundamente racistas y clasistas. No es difícil ver de dónde viene el terruqueo y a quiénes está dirigido.

P. ¿Cuál creéis que debería ser la salida a esta crisis?

La historia en el Perú se está repitiendo en cuanto a la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como entre los años 1980 y 2000. No se garantiza el derecho a la justicia ni reparaciones integrales con los crímenes cometidos en estas últimas semanas, así como con los casos emblemáticos de violencia sexual durante el conflicto armado y las esterilizaciones forzadas.

Desde Demus nos estamos pronunciando de manera constante sobre la situación político y social del país; creemos que actualmente no hay nada parecido a la democracia y denunciamos la comisión de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad sexual y la libertad de expresión.

Es difícil hablar de una salida inmediata por las condiciones actuales, al corto plazo te diría que la renuncia de Dina Boluarte, la convocatoria de nuevas elecciones y una reforma policial.

P. ¿Cómo valoráis la reacción de la comunidad internacional y de los países de la ONU tras la reunión que habéis mantenido en Ginebra?

La comunidad internacional parece tener una mejor lectura y estar más conectada de lo que viene ocurriendo. Hablo de los gobiernos y hasta de la prensa porque los medios de comunicación internacionales han cubierto con mayor objetividad. ¿Cómo se puede defender a un régimen que tiene más de 60 muertos encima, cientos de heridos y detenidos? Es imposible.

En la sesión 42 del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas se examinó al Estado peruano en materia de derechos humanos y varios países de Europa y Latinoamérica manifestaron su preocupación por el estallido social en Perú y lamentaron las muertes. Estos países fueron Noruega, Rusia, Reino Unido, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Francia, Paraguay, Polonia, Suiza, Venezuela y Costa Rica. Han condenado los abusos cometidos por la policía y las fuerzas armadas e invocaron a frenar la violencia. Incluso recomendaron respetar el derecho a la protesta y proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos, investigar casos de vulneración de derechos humanos durante las manifestaciones, proporcionar medidas que contrarresten las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza, generar condiciones adecuadas para un diálogo respetuoso y constructivo, y juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos ante tribunales civiles.

Ojalá que esa línea se mantenga porque la situación en Perú es insostenible. El Ejecutivo y el Congreso creen que viven en el mundo de las maravillas. Nunca antes vi una desconexión como esa. Es un régimen que ha perdido toda legitimidad. No puede haber más muertos y heridos. La respuesta política no puede ser seguir disparando y detener arbitrariamente.

“Somos un país con una subjetividad e imaginarios sociales muy coloniales y racistas”

P. ¿Cuáles son los principales problemas sociales y económicos que subyacen a esta crisis?

Las problemáticas sociales están muy ligadas al estallido social actual. Las regiones donde se vienen llevando a cabo las protestas son las regiones con mayores índices de pobreza y desigualdad en el país. Eso no es casualidad. En el área rural, un 39.7% de la población es pobre. Solo en la sierra rural se estima que un 44.3% de su población está afectada por la pobreza.

El extractivismo también golpea duro a las regiones. Por ejemplo, en Cusco un estudio realizado entre 2018 y 2020 por Amnistía Internacional, en colaboración con la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, confirmó que los habitantes de 11 comunidades quechuas de la provincia Espinar ubicados dentro del área de influencia de un proyecto minero, están expuestos a metales pesados. Por otro lado, Cusco es la región que provee de gas natural al país desde hace varios años e increíblemente las cuzqueñas y cusqueños aún no cuentan con el servicio de conexión de gas natural en sus casas.

“Cusco es la región que provee de gas natural al país desde hace varios años e increíblemente las cuzqueñas y cusqueños aún no cuentan con el servicio de conexión de gas natural en sus casas”.

El racismo y la discriminación también es una problemática social muy arraigada en Perú. Somos un país con una subjetividad e imaginarios sociales muy coloniales y racistas. En la actual crisis se ha agudizado y está muy ligada a la estigmatización y terruqueo de quienes protestan. A pesar de este panorama hay algunas voces que confrontan estos discursos de odio, como la de Kelyn Leonela Labra Panocca -presidenta de la Federación Universitaria del Cusco- quien sostiene que ya no se puede implantar el miedo a los campesinos llamándoles terroristas.

 P. ¿Está viviendo Perú un retroceso similar al de Europa o Centroamérica respecto a los leves avances que se habían logrado en materia de igualdad de género?

En Perú estamos viviendo un retroceso en relación a la igualdad de género y los derechos de la diversidad de las mujeres incluso antes del estallido social. Se han venido presentando iniciativas legislativas que afectarían directamente el acceso al aborto terapéutico, la educación sexual integral y busca eliminar el enfoque de género y derechos humanos en algunas políticas públicas.

Desde hace varios años tenemos una composición mayoritaria conservadora y antiderechos en el Congreso. Lo que nos ha correspondido es resistir para que no nos quiten lo que hemos logrado en los últimos años.

Montse Barba, Comunicación Entrepueblos

Entrepueblos inaugura en Burgos la exposición “Activistas por la vida” del fotoperiodista Gervasio Sánchez

La asociación Entrepobles, con el apoyo del Ayuntamiento de Burgos, inaugura la exposición “Activistas por la vida”, del fotoperiodista Gervasio Sánchez. La muestra, que documenta la situación de defensores y defensoras de la naturaleza y de los derechos sociales y humanos en Guatemala y Honduras, se podrá visitar de forma gratuita en la Sala de Exposiciones del Teatro Principal de Burgos (Paseo del Espolón s/n) del 16 de marzo al 16 de abril.

“Activistas por la vida” explica la historia de 40 hombres y mujeres que luchan por su territorio y su naturaleza —por la riqueza de sus tierras y sus ríos— y por los derechos de las mujeres y las libertades ciudadanas. Esta defensa de los derechos humanos entra en conflicto con los intereses de inversores, empresas o grupos transnacionales que extraen con impunidad los recursos naturales y las materias primas de Honduras y Guatemala para venderlos al mercado mundial.

Las leyes de Honduras y Guatemala favorecen los derechos de estas empresas, mientras que eliminan los derechos de la ciudadanía. Esta situación, ligada a la persecución y a las amenazas de muerte constantes, al elevado índice de violencia y a la corrupción policial, política y jurídica de las regiones, hace que miles de familias se hayan ido de los territorios. Sin embargo, hay comunidades indígenas y campesinas que luchan frente a estos poderosos intereses y consiguen proteger sus tierras.

A través de fotografías, textos y videoentrevistas, “Activistas por la vida”, de Gervasio Sánchez, explica la vida de hombres y mujeres que a pesar de estar amenazados de muerte luchan por sus derechos.

“La realidad que se explica en este proyecto fotográfico tiene que ver con la vida cotidiana de personas que pueden ser asesinadas en cualquier momento, personas perseguidas por la defensa de la integridad de sus aldeas, personas que luchan como defensores de la tierra, personas que luchan contra las grandes empresas extractivistas, personas que luchan por la naturaleza y la riqueza de los ríos, y periodistas que intentan denunciar el que pasa en Guatemala y Honduras”, explica Gervasio Sánchez.

La exposición “Activistas por la vida” en Burgos está organizada por Entrepueblos, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Burgos y de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Inauguración y conferencias

Manifiesto 8-M: Defendemos derechos, tejemos redes para una justicia global, feminista, anticapitalista, antirracista y decolonial

Siete años de búsqueda de justicia para Berta Cáceres es justicia para el mundo. Berta vive, la acción sigue (COPINH)

Las reivindicaciones y movilizaciones feministas en todo el mundo han tenido, en los últimos años una gran visibilidad, han provocado cambios y transformaciones sociales que han mejorado la vida de todas las mujeres. Queda mucho por hacer. A pesar de las constantes resistencias patriarcales, las reivindicaciones feministas han sido motor en las alianzas tejidas con los movimientos ecologistas, antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas, o de disidencia sexual y de género.

Esperamos que este 8 de marzo lo utilicemos para concienciarnos de que las discriminaciones contra las mujeres, las niñas y las disidencias sexuales y de género, nos afectan negativamente a todas las personas. Que haya un reconocimiento social de los activismos de las feministas, de las defensoras de DDHH, de las defensoras de los territorios y de los bienes naturales, así como de los movimientos autónomos de las mujeres frente a la criminalización de la protesta, porque son más necesarios que nunca contra los retrocesos que nos impone un sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial.

Vivimos en un escenario de conflictos entre la acumulación de riqueza y el cuidado de la vida, un fenómeno con fuertes dimensiones de género. Los mercados especulativos de materias primas, los fondos de inversión, el extractivismo, los paraísos fiscales, los tratados de libre comercio, etc., empujan cada vez más lo que desde los feminismos conocemos como “conflicto entre el capital y la vida”. Un conflicto que implica un conjunto de dimensiones de la vida: ecológica, reproducción social, cuidados, salud y representación política.

Los mercados especulativos de materias primas, los fondos de inversión, el extractivismo, los paraísos fiscales, los tratados de libre comercio, etc., empujan cada vez más lo que desde los feminismos conocemos como “conflicto entre el capital y la vida”.

Y también constatamos la creciente deriva autoritaria de muchos gobiernos y estados en Abya Yala. Con la concentración de todos los poderes del estado en gobiernos, que han ido eliminando cualquier mecanismo real de control social, legal y político, incluidos los instrumentos de las Naciones Unidas y la cooperación internacional.

En paralelo, vemos la emergencia de corrientes políticas de extrema derecha, racistas, antifeministas, homófobas, abundantemente financiadas por redes internacionales reaccionarias, tanto en el plano político, como en el ideológico y religioso, así como por los sectores más retrógrados de las élites nacionales.

Nos movilizaremos en las calles de barrios, pueblos y ciudades para:

Poner las políticas de los cuidados en el centro, desde la justicia social, abordando las causas de la precariedad de las vidas y las cadenas globales de los cuidados

Hacer frente a la emergencia ambiental y climática, la defensa del territorio y los bienes comunes desde los feminismos, con un enfoque de justicia global y social.

Poner en el centro la solidaridad y la protección integral feminista de las compañeras que defienden los territorios y los bienes naturales con sus comunidades, defensoras trans, periodistas, feministas, defensoras de derechos sexuales y reproductivos, defensoras de la justicia social y de la paz, mujeres que luchan contra la violencia machista o por la memoria, la verdad y la justicia.

¡CONSTRUYAMOS TERRITORIOS LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTAS Y PATRIARCALES!

Desde nuestra perspectiva de cooperación feminista internacional:

EXIGIMOS el fin a la impunidad ante las muertes y desapariciones de las defensoras de DDHH, de las defensoras de los territorios y de los bienes naturales. Miramos con mucha preocupación, la situación que sufren en Abya Yala, nuestras compañeras defensoras, con un aumento de la militarización, persecución, y asesinatos, por parte del extractivismo voraz de las transnacionales, en connivencia con los gobiernos de turno.

Desde nuestro compromiso feminista en el Estado español:

DENUNCIAMOS que, en 2022, un total de 99 mujeres fueron asesinadas en manos de hombres violentos por el hecho de ser mujeres. Los feminicidios son solo la punta del iceberg de una violencia estructural y profundamente arraigada en la sociedad patriarcal.
Desgraciadamente, las violencias machistas se expresan de numerosas formas. Todas ellas son expresión de un ataque a la libertad del cuerpo y de la vida de las mujeres, las niñas y las disidencias sexuales y de género, y son estructurales del sistema heteropatriarcal, capitalista, racista y colonialista.
Estas violencias patriarcales nos afectan a todas de forma diferenciada y con impacto agraviado, en función de múltiples factores. No se puede negar esta diversidad de impactos, ni invisibilizar las necesidades específicas ante las violencias por dominación, para garantizar medidas de prevención y respuestas de reparación.

EXIGIMOS mantener el consentimiento en el centro de la ley de libertad sexual, sumándonos a la demanda de colectivos feministas que valoran el carácter integral de la ley del “Si es solo sí” y que alertan que endurecer las penas no protege más a las mujeres.

EXIGIMOS el cumplimiento de los derechos humanos y el cuestionamiento del actual sistema de fronteras, el cierre inmediato de los CIES…, ¡Regularización ya! de las personas inmigrantes que residen en nuestro país. Derogación de la ley de extranjería por la violencia institucional y machista, por sus disposiciones racistas y patriarcales que violentan y criminalizan a las mujeres migrantes.

NOS QUEREMOS VIVAS, LIBRES Y REBELDES. SOBERANIA SOBRE NUESTROS CUERPOS

Desde nuestra perspectiva de cooperación feminista internacional:

DENUNCIAMOS que, en la actualidad, en la mayor parte de países de África y de América Latina, el aborto está totalmente prohibido. Miles de mujeres y personas con capacidad de gestar continúan muriendo en el mundo por abortos clandestinos. ¡Miles de mujeres abortan cada año, dentro y fuera de la legalidad!

MOSTRAMOS nuestra solidaridad con todas y cada una de las mujeres represaliadas, criminalizadas y estigmatizadas para defender el derecho de las mujeres al aborto.

DENUNCIAMOS la ofensiva retrógrada, machista y patriarcal, de alcance internacional, de injerencia sobre la vida y los cuerpos de las mujeres y que están suponiendo retrocesos y amenazas alarmantes. Los últimos años hemos vivido un aumento exponencial en los esfuerzos para restringir los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+. Detrás de los ataques, hay desde grupos antigénero hasta gobiernos conservadores, pasando por partidos de extrema derecha. Nos sumamos a la reivindicación de erradicar cualquier colaboración con cualquier gobierno del mundo, instituciones, grupos y movimientos fundamentalistas, entre ellos la Iglesia Católica, y otras confesiones, que no garantice este derecho a su ciudadanía.

Desde nuestro compromiso feminista en el Estado español:

La reforma de la ley de aborto 2023 aprobada en la Estado Español recientemente, supone un paso adelante y un éxito fruto del grito incansable de los movimientos feministas que contribuye a la consolidación del derecho al aborto.

Pero al mismo tiempo, la experiencia y larga trayectoria nos hace desconfiar de la aplicación de la ley cuando llegue al diseño de servicios y circuitos en las CCAA que son las que tienen las competencias en la prestación. Sigue siendo una asignatura pendiente el tema de la incorporación de la salud sexual y reproductiva y la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo a los programas curriculares de las carreras universitarias.

No se resuelve de forma clara el acceso universal al aborto sabiendo que, actualmente, muy pocas CCAA incorporan la atención al aborto para personas sin tarjeta sanitaria.

No se resuelve de forma clara el acceso universal al aborto sabiendo que, actualmente, muy pocas CCAA incorporan la atención al aborto para personas sin tarjeta sanitaria.

Y, de nuevo, no aborda la despenalización del aborto que ha sido la gran demanda histórica del movimiento feminista y que seria, realmente, la que cambiaría el paradigma. El aborto fuera del Código Penal.

¡ABORTO LIBRE, SEGURO, UNIVERSAL FUERA DEL CODIGO PENAL!

SOSTENIBILIDAD: DIGNIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS Y LA VIDA

Aquí estamos un nuevo 8 de marzo, asumiendo por coherencia y compromiso feministas algunas de las reivindicaciones que se harán visibles en muchos territorios del planeta y que están fundamentalmente relacionadas, con la precarización de la vida de las mujeres y los cuidados.

Asumimos por coherencia y compromiso la sostenibilidad de la vida como solidaridad con el conjunto de la ciudadanía ecológica que no conoce fronteras y que supone comprometernos a preservar el espacio de vida común, en un contexto de emergencia climática, ecológica y energética.

Esta sostenibilidad incluye como elemento central la necesidad de defender también los derechos de la naturaleza y el reconocimiento del ecocidio como un crimen contra la humanidad.

EXIGIMOS el reconocimiento de todos los derechos laborales para las trabajadoras del hogar y los cuidados. Integración inmediata al Régimen General de la Seguridad Social porque sean reconocidos todos sus derechos como trabajadoras.

EXIGIMOS que nadie quede atrás, y que los derechos humanos y de ciudadanía sean aplicables a todos los colectivos vulnerables de nuestra sociedad. Contra la desigualdad y la dificultad de acceso a los servicios y políticas públicas para las mujeres más empobrecidas.

EXIGIMOS justicia social y climática. Exigimos un decrecimiento económico, una transición ecosocial y una cultura regenerativa y feminista que recupere las soberanías a través de una gestión pública y comunitaria, que garantice el acceso universal a los servicios básicos, como por ejemplo el agua y la energía. Exigimos la defensa de los DDHH y nos solidarizamos con las defensoras de la tierra perseguidas y amenazadas y que arriesguen su vida para defender el agua, el territorio y los ecosistemas.

DENUNCIAMOS las empresas transnacionales y las corporaciones financieras, las políticas de la Unión Europea y los estados miembros, como los Tratados de Comercio e inversión o como el Fondo Europeo de Recuperación Next Generation que, con la excusa de una revitalización económica y una transición ecológica, suponen en realidad financiación a las élites económicas con dinero público, socializando las deudas y provocando nuevas oleadas de privatizaciones y recortes en los servicios y prestaciones sociales públicas.

POR TODOS ESTOS MOTIVOS desde Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte os ANIMAMOS a participar activamente en las acciones del 8M Dia de las Mujeres.

 

7 años sin Berta Cáceres. Urge desmantelar la impunidad y el extractivismo

Se cumplen 7 años del asesinato de Berta Cáceres, un crimen que sigue pendiente de justicia y reparación, ya que sus autores intelectuales siguen haciendo negocios en Honduras, tal y como denuncia el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, organización a la que pertenecía la ambientalista hondureña y que sigue con su causa en defensa de los territorios, derechos y la cosmovisión indígena del pueblo Lenca.

“Un año más en que reiteramos y reafirmamos nuestra indeclinable lucha por la justicia para Berta, para que todas las personas involucradas en su crimen sean enjuiciadas y castigadas. Un año más en que exigimos que los delincuentes Jacobo, José Eduardo y Pedro Atala Zablah, junto a Daniel Atala Midence, autores intelectuales de este crimen, sean llevados a la justicia a pagar por sus crímenes”, señala la COPINH en su comunicado con motivo del 7 aniversario.

Puedes acceder pinchando a la imagen al documental ‘Las semillas de Berta Cáceres’.

Desde Entrepueblos nos sumamos a esta exigencia de acabar con la impunidad de los autores intelectuales del crimen y reclamamos al Gobierno de Xiomara Castro que cancele la concesión para la explotación del río Gualcarque, medio de vida de la comunidad Lenca. También que garantice la protección de los defensores y defensoras del territorio de Honduras.

“Aún cuando se han comprobado las irregularidades y corrupción de la concesión sobre el río Gualcarque, y se ha comprobado la vinculación de la familia Atala Zablah y sus empleados con la violencia y el asesinato de Berta Cáceres, todavía esta misma familia mantiene los derechos de la concesión y los permisos por 50 años para explotar el río Gualcarque. Exigimos que sea cancelada esta concesión de manera responsable e inmediata”, señala la COPINH.

Homenajes a Berta

Berta no murió, se multiplicó, y sus semillas siguen floreciendo gracias a su pensamiento libertario y su mensaje firme y tierno en defensa de los pueblos. Ella es una de nuestras activistas por la vida y, por eso, desde Entrepueblos, un año más, hemos querido recordarla en tres actos celebrados en Tarragona (27 de febrero), Alicante y Palma de Mallorca (ambos el 2 de marzo).

  • En Tarragona organizamos la presentación del libro ‘¿Quién mató a Berta Cáceres?‘, de Nina Lakhani, quien intervino en el acto para hablar de su trabajo como periodista en el caso de Berta y pedir justicia para su causa.
  • En Palma de Mallorca, inauguramos el mural de la artista Sonia Santandreu que reúne a Berta Cáceres con Aurora Picornell y Matilde Landa, asesinadas por el fascismo; Rosa Bueno, activista vecinal, y Encarna Viñas, defensora de la lengua catalana, todas ellas mujeres clave del feminismo mallorquín.
  • En Alicante celebramos un homenaje a Berta  en el marco de la exposición ‘Activistas por la Vida‘, que se puede disfrutar hasta el 7 de marzo en la ciudad valenciana, y, a partir del 16 de marzo, en su nueva ubicación, en Burgos (Teatro Principal).

¡No te pierdas el hilo de Twitter con los mensajes de cariño desde Chiapas y Honduras!

En el séptimo aniversario sin Berta Cáceres, pedimos que cese la represión a la población campesina e indígena que defiende sus territorios en todos los pueblos de América Latina. #JusticiaParaBerta

 

Justicia para Eduardo Mendúa, líder de la nacionalidad kofán de Ecuador

El pasado 26 de febrero fue asesinado Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE, perteneciente a la nacionalidad Kofán de Sucumbíos, Ecuador. Se encontraba en su vivienda rural cuando varios encapuchados le dispararon, un crimen que entidades como CONAIE y UDAPT han relacionado al conflicto petrolero y, en concreto, a la actividad extractiva de la Empresa Pública de Hidrocarburos, EP Petroecuador.

Reconocido por su lucha y defensa de la Amazonía que sufre la destrucción medioambiental de las petroleras, Mendúa había denunciado y responsabilizado a EP Petroecuador y al Gobierno de Guillermo Lasso de la violencia generada en la comunidad de Dureno, Sucumbíos.

“No estamos para ceder ni un centímetro de nuestro territorio para que los forasteros petroleros destruyan a los seres espirituales y personas invisibles de nuestra selva, ríos, lagunas, lugares sagrados, quebradas, medicina, nuestros ceibos”, escribió en su último post de Twitter, 5 horas antes de ser asesinado.

Varias entidades ecuatorianas e internacionales de derechos humanos y defensa del territorio han manifestado su indignación por la muerte del líder indígena, reclamando que se investigue su muerte, que se haga justicia y que se garantice la seguridad de los defensores y defensoras del territorio.

La espiral de violencia que sufre el pueblo Kofán obedece a una manifiesta violación permanente a los Derechos Humanos y de la Naturaleza por parte del Gobierno del Ecuador, sus Carteras de Estado y su Empresas Públicas – PETROECUADOR, así como de las prácticas de las transnacionales extractivas que usan su poder económico para dividir a las comunidades amazónicas“, señala UDAPT (Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones Petroleras de Texaco) en su comunicado.

Desde Entrepueblos nos sumamos a la demanda de justicia e investigación de este crimen, para que no quede impune, y queremos transmitir nuestra solidaridad a su familia y a los hermanos y hermanas indígenas ecuatorianos.

#JusticiaEduardoMendua