Más de 150 organizaciones y colectivos denuncian las muertes en la frontera ante el Parlamento Europeo

Desde Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte nos unimos el pasado 30 de septiembre al 1 de octubre a la Marcha a Bruselas, donde más de 150 colectivos y organizaciones de Europa e Internacionales (entre ellos Caravana Abriendo Fronteras, Madres de Desaparecidos, Marcha Mundial de Mujeres, Tribunal Permanente de los Pueblos, Regularización ya, Abolish Frontex, Via Campesina y otros tantos movimientos sociales) hemos denunciado la responsabilidad de los gobiernos europeos en las muertes y desapariciones de las personas que deciden emigrar.

Durante estos días hemos participado en la Cumbre de los Pueblos, donde pudimos abordar a través de diferentes talleres temas como la militarización de la frontera, analizando el presupuesto europeo, así como las cifras muy llamativas de crecimiento de subvenciones para la investigación de la inteligencia en el armamento y el control de fronteras, que pasa de seiscientos millones a ocho millones en el próximo año, una cifra que se multiplica exponencialmente.

También se ha hablado de externalización de la frontera y como las armas pueden circular de un país a otro dentro de la Unión Europea sin ningún salvoconducto, exportando armamento a las fronteras desde Europa y a los países en conflictos bélicos…

Desde los colectivos y organizaciones participantes hemos llegado a la conclusión de la necesidad de una decisión política radical frente a este crecimiento de la militarización y del control del movimiento migratorio. También reforzar las alianzas y convergencia de organización y una estrategia con los medios de comunicación.

La participación de la Marcha Mundial de Mujeres ha sido una gran aportación, por lo que significa, no solo en cómo las mujeres nos vemos afectadas en la política de fronteras y en el tránsito, sino también en la explotación laboral y el sufrimiento de los hijos desaparecidos. También se ha denunciado los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las políticas capitalistas que usan esta mano de obra como esclavizada y hace una falsa competencia con la población trabajadora. Esto refuerza el capitalismo, la xenofobia y racismo en nuestros países.

En estos días, el Tribunal Permanente de los Pueblos, para reforzar estas alianzas vuelve a lanzar el “Pacto Global de Solidaridad por los Derechos los Migrantes y Refugiados”, suscrito en Berlín en octubre de 2005. También se puso de manifiesto que se va a trabajar en una nueva cumbre que se celebrará en Túnez en los próximos años donde estaremos en alianza con todas las organizaciones del Magreb para reforzar esta lucha.

Antes del cierre, el día 1 de octubre, hubo una manifestación para expresar todas nuestras reivindicaciones ante la Eurocámara de Bruselas al grito de Rights, No Deaths! (Derechos. No más muertes por migrar)

Puedes descargar la Declaración del Pacto Global de Solidaridad por los Derechos de los Migrantes y Refugiados a través de este enlace

#28S (2022) ACCIÓN GLOBAL POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO (POSICIONAMIENTO/COMUNICADO)

#28S (2022) ACCIÓN GLOBAL POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
(POSICIONAMIENTO/COMUNICADO)

Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte nos sumamos este 28 de septiembre a las acciones convocadas por las organizaciones feministas que en todo el mundo celebran de forma reivindicativa el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

La decisión de declarar el 28 de septiembre como una jornada reivindicativa y de movilizaciones en las calles, se tomó en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en San Bernardo, Argentina del 18 al 24 de noviembre de 1990 en el Taller sobre Aborto, considerando que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino era y sigue siendo, la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región

Es por todo ello que nos sentimos comprometidas desde nuestros valores internacionalistas, con todas las organizaciones feministas y el resto de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la despenalización total del aborto, el disfrute pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los derechos humanos y la justicia global.

En la actualidad, en la mayor parte de países de África y de América Latina, el aborto está totalmente prohibido. Recordamos la represión, criminalización y encarcelamiento de mujeres en El Salvador, y las luchas y solidaridad para la liberación de 62 mujeres condenadas a penas de hasta 40 años , y celebramos que 17 de estas mujeres hayan conseguido su libertad en este mismo año. En algunos países de Asia está severamente restringido e incluso cuando es legal, las mujeres tienen que sufrir costes elevados y la inaccesibilidad de la atención adecuada al aborto. En varios países de Europa (seis países europeos mantienen leyes de aborto muy restrictivas y no permiten el aborto a petición o por motivos sociales amplios), y cada vez más en los Estados Unidos, las mujeres se enfrentan a feroces ataques de los grupos fundamentalistas religiosos y de derechas que desean reducir su libertad sexual y reproductiva, imponiendo restricciones legales y financieras, un mayor estigma y discriminación y obstaculizando todavía más el acceso de las mujeres a abortar.

Este 28 de septiembre . Todo nuestro reconocimiento al trabajo que durante años han impulsado las organizaciones feministas de América Latina, que ha permitido que el aborto se convirtiera en ley En Argentina, e ir ampliando el pequeño grupo de países de la región conformado por Argentina, Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa, Puerto Rico y algunas zonas de México, donde se permite en la actualidad que las mujeres soliciten un aborto legal sin importar la causal del embarazo.

¿Qué podemos decir sobre el derecho a abortar en el Estado Español?
Este pasado mes de agosto el Consejo de Ministros dio luz  a la nueva ley del aborto  que es una modificación de la norma de 2010. No la derogará, solo modifica algunos aspectos y ambas convivirán en el marco legislativo. ¿Qué avances supone y que reivindicaciones feministas siguen pendientes? 1) Aporta la interrupción voluntaria del embarazo sin permiso paterno a menores a partir de los 16 años. 2) Supone la eliminación del plazo de reflexión de “al menos tres días” para las mujeres que deciden abortar.  3) Aunque se incluye que se garantizará la interrupción voluntaria del embarazo en todos los servicios públicos se resida donde resida, y de no ser posible en los servicios de salud [los públicos], se gestionará de forma que el derecho quede garantizado, se ejerza en un hospital público o en un centro o clínica acreditada (quedaría igual, tal como lo recoge, la Ley del Aborto de 2010). Para garantizar el servicio del sistema público, esta propuesta de Igualdad recoge un registro de objetores de conciencia que se pondrá en marcha en cada autonomía. En relación con la Objeción de Conciencia, hay profesionales que directamente se oponen por razones morales, pero también es evidente, que sigue siendo una práctica estigmatizada y no normalizada sobre la que no se habla y no se forma a profesionales, no da prestigio ni suma en la carrera profesional. 4) El mantenimiento de los plazos, es decir, que el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación. A partir de ahí y hasta la semana 21, podrá realizarse lo que se conoce como un aborto terapéutico, es decir, una interrupción por causas médicas como malformación del feto o peligro para la vida de la madre. Las organizaciones de defensa de derechos sexuales y reproductivos siguen reivindicando la despenalización de los abortos a partir de la semana 22, cuando existen malformaciones fetales. El texto de la nueva ley, aprobada en el Consejo de ministros, no modifica este aspecto y deja a las gestantes en manos de un comité ético.
5) En este nuevo texto de la ley no queda garantizado, en los servicios de salud públicos, el derecho al aborto para las mujeres migrantes que no pueden acceder a una sanidad pública, universal y de calidad por procesos burocráticos de regularización.
6) Otra asignatura pendiente invertir los recursos necesarios para implementar la educación sexual integral obligatoria, el acceso universal a los anticonceptivos

#28S ACCIÓN GLOBAL POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 

Denunciamos que miles de mujeres y personas con capacidad de gestar siguen muriendo en el mundo por abortos clandestinos. ¡Miles de mujeres abortan cada año, dentro y fuera de la legalidad!
Mostramos nuestra solidaridad con todas y cada una de las mujeres represaliadas, criminalizadas y estigmatizadas por defender el derecho de las mujeres al aborto.
Denunciamos la ofensiva retrógrada, machista y patriarcal, de alcance internacional, de injerencia sobre la vida y los cuerpos de las mujeres y que están suponiendo retrocesos y amenazas alarmantes. Los últimos años hemos vivido un aumento exponencial en los esfuerzos para restringir los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+. Detrás de los ataques, hay desde grupos antigénero hasta gobiernos conservadores, pasando por partidos de extrema derecha.  Nos sumamos a la reivindicación de erradicar cualquier colaboración con cualquier gobierno del mundo, instituciones, grupos y movimientos fundamentalistas, entre ellos la Iglesia Católica, y otras confesiones, que no garantice este derecho a su ciudadanía

Apoyamos las reivindicaciones de los colectivos feministas y de derechos humanos, que incluyen la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad gestante, y defienden su consideración como derechos humanos y de salud pública:

• Aborto libre, gratuito, seguro y dentro del sistema público de salud para todas las mujeres, sin excepciones.
• Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para abortar y aborto libre, gratuito, universal y seguro para no morir.
• Ni un paso atrás, ningún retroceso en el reconocimiento de la autodeterminación del cuerpo de las mujeres.

Os invitamos a participar activamente en las acciones convocadas por las organizaciones feministas en vuestros territorios

Marcha a Bruselas: ¡Derechos! ¡No muertes!

Más de veintiocho mil personas han fallecido desde 2014, intentando llegar a Europa o en sus fronteras internas, cuarenta y nueve mil desde 1993. Vienen desde África, Asia y Oriente Medio y mueren especialmente en el Mediterráneo y en el Atlántico; y también en los Balcanes, en los Alpes, en el Canal de la Mancha, en el río Bidasoa al pie de los Pirineos y en otros espacios fronterizos.

Con este contexto, desde Entrepueblos nos sumamos a la campaña “Rights. No deaths” (Derechos. No más muertes por migrar), una iniciativa de diferentes colectivos y organizaciones de Europa para denunciar la responsabilidad de los gobiernos europeos en las muertes y desapariciones de las personas que deciden emigrar.

Queremos alternativas y despertar la conciencia europea, por eso marcharemos los próximos días 30 de septiembre y 1 de octubre 2022 a Bruselas. Con el lema Rights. No deaths (Derechos. No más muertes por migrar) y el día 1 de octubre diferentes organizaciones, colectivos y personas han convocado una concentración que tendrá lugar frente al Parlamento Europeo para demandar el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos en las fronteras y la regularización administrativa de las personas que viven y trabajan en Europa.

Descargue el dosier de prensa a través de este enlace

Además, participaremos en la “Cumbre de los pueblos sobre migración” (en articulación de la Marcha a Bruselas) un espacio de intercambios estratégicos entre diversos movimientos y organizaciones comprometidos con los derechos de los exiliados a nivel local e internacional, con el fin de fortalecer o construir colectivamente propuestas concretas de incidencia y movilizaciones a nivel transnacional.

Inscripciones a través de este enlace

Descarga el programa aquí

Habitatge Ciutat Meridiana: L’autoorganització veïnal i les lluites única via per garantir els drets

La greu problemàtica estructural vinculada a l’accés a un habitatge digne i la crisi social i econòmica agreujada per la Covid-19 continuen arrasant amb les condicions de vida de la classe treballadora arreu del territori. Aquestes condicions s’agreugen a barris empobrits i històricament deixats de banda per les administracions, com és el cas de Ciutat Meridiana.

A banda de les execucions hipotecàries i les enormes dificultats per pagar els elevats preus de lloguer, l’administració no ofereix tampoc solucions a aquelles persones que opten per l’ocupació d’habitatges en desús per abastir-se d’un dret bàsic que no se’ls hi està garantint. En aquest context, clama al cel com la moratòria de desnonaments, a la pràctica no s’estigui complint, abocant a aquelles famílies que ja tenen una situació difícil a una situació encara pitjor.

Per aquest motiu, des de la FAVB i Entrepobles, en relació fluida amb l’AV de Ciutat Meridiana, busquen difondre aquesta problemàtica mitjançant una sèrie de vídeos per poder traslladar unes reivindicacions concretes.

En aquesta vessant es cercarà donar a conèixer la situació del barri pel que fa a l’accés a l’habitatge i les reivindicacions des de les organitzacions i les associacions veïnals del barri.

L’autoorganització veïnal i les lluites col·lectives són l’única via per garantir els nostres drets. A banda del suport mutu en el dia a dia, aquestes també permeten forçar a les administracions competents a complir amb les seves obligacions. En aquest context es traslladaran tres reclamacions:

  • Compliment i pròrroga indefinida de la moratòria dels desnonaments
  • Ampliació de la borsa d’emergència. Cura material i mental de les persones afectades
  • Regular el mercat de l’habitatge amb més habitatge públic

 

El movimiento indígena de Ecuador se levanta ante las medidas neoliberales del presidente Lasso

El movimiento indígena de Ecuador se levanta ante las medidas neoliberales del presidente Lasso

Los pueblos indígenas de Ecuador se han movilizado una vez más, como ya lo vienen haciendo desde el histórico levantamiento indígena de los 90, desde este 13 de junio de 2022, para rechazar las políticas neoliberales del Gobierno ecuatoriano que atentan contra el bienestar de la población ecuatoriana en general.

Tal y como resalta la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que, junto con otras organizaciones indígenas y movimientos sociales (feministas, movimiento estudiantil, ecologistas) está liderando las protestas, el paro nacional es la única vía que ha dejado el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso para avanzar en la consecución de derechos colectivos y en la consolidación de una democracia real en el país.

La movilización social comenzó en los territorios a nivel nacional, para trasladarse en la noche del 19 de junio a Quito, donde fue recibida multitudinariamente por los sectores populares de la ciudad al grito de ¡fuera Lasso fuera!

El último levantamiento social con gran alcance registrado en Ecuador fue el también liderado por el movimiento indígena en octubre de 2019, año de movilización social en América Latina. Ecuador no resultó ajeno a esta circunstancia regional y durante el mes de octubre presentó fuertes manifestaciones en respuesta al llamado “paquetazo económico” que incluía la eliminación de los subsidios a los combustibles, entre otras medidas.

Estas movilizaciones sociales del 2019 fueron fuertemente reprimidas por fuerzas policiales y militares, en el entonces gobierno de Lenin Moreno, dejando un saldo de 11 personas fallecidas y cerca de 100 personas con pérdida de ojos por el impacto de perdigones y bombas lacrimógenas. Según el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “se cometieron graves violaciones de Derechos Humanos en contra del movimiento indígena”, sin embargo, a día de hoy, estos hechos continúan en la impunidad.

En un contexto de crisis social y económica en Ecuador, las políticas del gobierno de Guillermo Lasso, dirigidas en gran parte por el acuerdo suscrito con el FMI por el anterior gobierno de Lenin Moreno, suponen la aplicación de drásticos recortes a servicios sociales básicos y gasto público, especialmente en salud y educación. La firma de Tratados de Libre Comercio (recientemente con México en preparación para la entrada a la Alianza del Pacífico, y actualmente en fase de preparación del TLC con China), la promoción de la agroindustria y la falta de cadenas de comercialización que garanticen condiciones justas para pequeñas productoras y productores, ahogan a la agricultura campesina e indígena que, paradójicamente, sustenta el 70% de la demanda de alimentos en el país.

Por otra parte, el aumento del precio de los combustibles desde la entrada del gobierno de Lasso, agudizado por la guerra de Ucrania, ha incrementado el coste de la vida y las condiciones de pobreza de la población. De esta forma, el Ecuador del 2022 es un país donde las desigualdades son cada vez más hirientes, el coste de la vida y la canasta básica sigue subiendo, y esta carestía de la vida no encuentra una correspondencia en un incremento salarial de la gran mayoría de la población, que difícilmente llega a cubrir sus necesidades básicas. A esto se suma la carencia de medicinas en hospitales, la deficitaria educación, y unos niveles de inseguridad ciudadana en aumento.

Además, el gobierno de Guillermo Lasso ha intensificado el modelo económico extractivista, con el pretexto de paliar la crisis económica. Así, durante su primer año de mandato, se propuso duplicar la producción petrolera y promover la inversión en proyectos megamineros en el país. Sin embargo, gran parte de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno ecuatoriano se encuentran en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, y no han pasado por un proceso de consulta previa, libre e informada, a pesar de que este derecho está recogido en convenios internacionales ratificados por Ecuador y en la propia Constitución ecuatoriana. En el informe a la nación de mayo 2022, el presidente afirmaba que “ahora que la tendencia mundial es el abandono de los combustibles fósiles, llegó el momento de extraer hasta la última gota de nuestro petróleo”, lo que augura una mayor presión sobre los territorios y un aumento de la conflictividad socioambiental.

A pesar de ser promovido como la solución para el desarrollo y para la salida a la crisis económica por parte del Gobierno ecuatoriano, la imposición del modelo extractivista genera y agudiza las condiciones de pobreza en las comunidades indígenas y rurales por sus nefastas consecuencias. La situación es especialmente grave en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, que tienen con sus territorios ancestrales no sólo un vínculo material, como proveedor de medios de vida y sustento, sino también un vínculo identitario y espiritual.

A su vez, las recurrentes masacres en las cárceles del país, que en 2021 costaron la vida al menos a 316 personas privadas de libertad, han dado lugar a la peor crisis carcelaria de la historia de Ecuador. En este contexto, la criminalización y judicialización de personas defensoras de derechos y de la naturaleza es doblemente amenazadora, ya que las personas encarceladas, aún en prisión preventiva y sin sentencia firme, sufren el riesgo de ser asesinadas en las cárceles, como sucedió con el defensor Víctor Guaillas, detenido durante las protestas sociales de octubre 2019 por delito de “sabotaje” y asesinado en la masacre de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, en noviembre de 2021.

Estas circunstancias se configuran como el detonante del paro nacional que se está desarrollando en Ecuador desde el 13 de junio. El movimiento indígena, que se constituye como el actor con mayor poder de convocatoria y de organización en las protestas sociales en el país, y reivindica no sólo los derechos de los pueblos indígenas sino también de los sectores populares, campesinos y empobrecidos, ha concretado sus demandas y solicitudes en 10 puntos prioritarios en materia económica y de derechos.

Las demandas incluyen aspectos como la congelación del precio de los combustibles; el establecimiento de precios justos en los productos del campo y no firmas de TLC que destruyen la producción nacional; la mejora del empleo y derechos laborales; la no ampliación de la frontera extractiva minera / petrolera, y reparación integral por los impactos socioambientales; el respeto a los 21 derechos colectivos de pueblos indígenas; y el aumento de presupuesto urgente para salud y educación, entre otras.

Estas demandas han sido reivindicadas durante más de un año por la CONAIE, sin respuesta por parte del gobierno nacional. De hecho, la CONAIE reclama las burlas, engaños, deslegitimación y narrativa racista y colonial, que se ha instalado en el país como respuesta a sus legítimas reivindicaciones, razón por la que han puesto en marcha la medida de hecho del Paro Nacional.

La respuesta del gobierno nacional del Ecuador a la protesta social ha sido la represión y criminalización, mediante detenciones ilegales y arbitrarias de manifestantes, incluida la de Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, que mantuvo en vilo a gran parte del país hasta su liberación; el uso abusivo de la fuerza por parte de la policía nacional y fuerzas armadas, amparado en un Estado de Excepción decretado de forma ilegítima por el presidente Guillermo Lasso, con la práctica sistemática de torturas y el empleo de bombas lacrimógenas y balas de perdigones directas al cuerpo de las y los manifestantes; el ataque con bombas lacrimógenas a universidades que han sido establecidas como centros humanitarios y de acogida; así como la campaña de estigmatización, racismo y odio en contra de los y las manifestantes indígenas, tachados de vándalos, salvajes y terroristas por parte de los discursos oficiales y medios de comunicación mayoritarios. Esta escalada de violencia tuvo su culmen el 24 de junio, cuando el Ministro de Interior, Patricio Carrillo, anunciaba el paso por parte de policía y fuerzas armadas de repeler las protestas a su represión, incluyendo el uso de carabinas con munición múltiple (perdigones).

De esta forma, según los últimos datos que ofrece la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, a fecha 24 de junio se registran 68 reportes que suponen violaciones de derechos humanos, 5 muertos, 6 desaparecidos, al menos 166 heridos y 123 detenciones. En este contexto de represión, se considera especialmente preocupante el proceso judicial que enfrentará a partir del 4 de julio el presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, que se encuentra en libertad preventiva con cargos por paralización de servicio público, ya que en la actualidad ingresar en el sistema carcelario ecuatoriano constituye un serio riesgo de muerte.

En el momento de cierre de este artículo, la Asamblea Nacional de Ecuador está debatiendo la destitución del presidente Gobierno Lasso, tras la solicitud de la bancada correísta de UNES, para la aplicación del artículo 130 de la Constitución ecuatoriana, que incluye la posibilidad de destitución del presidente de la República en caso de “grave crisis conmoción interna”. Desde el 27 de junio el movimiento indígena ha empezado un diálogo con el gobierno.

Ante la impunidad de la vulneración de derechos, se ha puesto en marcha una campaña de contribución solidaria de personas y organizaciones a la Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi, para el apoyo de víctimas y familiares de la represión estatal ejercida por el Gobierno ecuatoriano. Para más información entra en este enlace.

Por los derechos LGTBIQ+: ¡Por una vida digna que merezca ser vivida, no dejar a nadie atrás!

DERECHOS LGTBIQ+: ¡POR UNA VIDA DIGNA QUE MEREZCA SER VIVIDA, NO DEJAR A NADIE ATRÁS!

28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, es un día “no oficial” que se celebra mundialmente cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall -New York, de 1969 (en que la policía reprimió con dureza a la comunidad LGTB), para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, para visibilizar su presencia en la sociedad y sus reivindicaciones.


En todo el mundo se impulsan movilizaciones y acciones desde la sociedad civil para visibilizar graves violaciones de derechos humanos de las personas LGTBIQ+, evidenciar la impunidad y hacer un llamado a los estados en su obligación de impartir justicia y reparación libre de discriminación. En el mundo hay aproximadamente 69 países que persiguen legalmente a las personas LGTBIQ+, en 11 se aplica directamente la pena de muerte. La población LGTBIQ+ en la mayor parte de los países tiene dificultades para el acceso a la justicia, pues casi en el 90% de los casos de violencia y discriminación sufridos, no se reportan ni generan denuncias.

Diversos informes de ACNUR relatan las violencias, detenciones y torturas, y la necesidad de protección internacional como personas refugiadas, con acceso a todos los derechos sociales, salud, educación, etc.

Desde Entrepueblos siempre nos hemos comprometido con el trabajo de nuestras organizaciones aliadas en los diferentes países (en los que acompañamos procesos), que en su día a día enfrentan la impunidad en los casos de discriminación y violencia por orientación sexual y de género que afecta a la población LGTBIQ+, ejerciendo su derecho a la justicia y la reparación, así como disminuir la arbitrariedad que acompaña sus denuncias.

Hacemos nuestras las campañas de sensibilización y de incidencia política para:

  • Lograr que operadores responsables de proteger, otorgar justicia y reparación a las personas LGTBIQ+ víctimas de discriminación, apliquen fundamentos jurídicos de derechos humanos en el procesamiento de casos, y se impida la discriminación en función de prejuicios y estereotipos. Para ello se propone la formación de magistrados/as en violencia de género y derechos humanos de las personas LGTBIQ+, así como mecanismos de interlocución entre representantes estos colectivos y las autoridades de justicia.
  • Promover y defender el ejercicio efectivo de los derechos humanos y de los DESC en el ámbito local, y de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ en condiciones de igualdad. Fortalecer los sistemas públicos (o con vocación de servicio público) de provisión de bienes públicos en el ámbito local, con un énfasis en los colectivos más vulnerables como la infancia.
  • Enfrentar la impunidad en los casos de discriminación y violencia por orientación sexual y de género que afecta a la población LGTBIQ+, ejerciendo su derecho a la justicia y la reparación, así como disminuir la arbitrariedad que acompaña sus denuncias


También estamos apoyando las acciones de incidencia que realizan para ir cambiando los prejuicios y estereotipos de la opinión pública hacia las personas LGTBIQ+

En coherencia con este trabajo de cooperación y solidaridad internacional, también en el Estado español, damos nuestro apoyo a las organizaciones y a las movilizaciones que se impulsan con motivo de la celebración del 28 de junio, DÍA INTERNACIONAL POR LA LIBERACIÓN AFECTIVA, SEXUAL Y DE GÉNERO (ver en cada territorio). En Entrepueblos hay activistas que son parte de la comunidad LGTBIQ+ y es necesario esta acogida colectiva.

Por todos estos motivos DENUNCIAMOS:

  • Un sistema que nos condena a vidas precarias, a discriminaciones y a desigualdades. Las sucesivas crisis han agraviado una situación ya de por sí precaria para las personas LGTBIQ+Un sistema laboral que discrimina y que ejerce homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. Todavía hoy se limita el acceso a según qué trabajos en función de si formas parte o no de la comunidad LGTBIQ+.
  • Una ley de extranjería, ley racista y patriarcal, que criminaliza las personas migradas, vulnera derechos de ciudadanía y precariza especialmente las mujeres y personas transmigradas. ¡Ninguna persona es ilegal!

¡Todas estas discriminaciones y violencias vulneran derechos!

Por eso, EXIGIMOS:

  • Acabemos con la LGTBIQ+-fobia. Exigimos el fin de cualquier tipo de discriminación por motivo de opción sexual, identidad de género o expresión de género. Y para hacerlo efectivo, pedimos inspección laboral, protocolos y herramientas efectivas en el sistema educativo, en el sistema público de salud, en el ocio… En definitiva, son necesarias medidas en todos los ámbitos de nuestras vidas que vayan a las raíces de las violencias.
  • ¡Acoger a las personas que huyen de la represión y la violencia LGTBIQ+-fóbica!
  • La derogación de la ley de extranjería, ¡Ninguna persona es ilegal!
  • Exigimos la regularización inmediata de todas las personas migradas y el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de los Centros de atención Temporal para Extranjeros (CATE); espacios de detención y privación de libertad, disfrazados de atención a inmigrantes.
  • Que el sistema educativo y todos los espacios escolares y extraescolares sean seguros, libres de odio, violencia, discriminación y LGTBIQ+-fobia. Para ello es necesaria la formación al profesorado, alumnado y demás colectivos educativos, en la concienciación sobre la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género, por una educación inclusiva.
  • Hacer frente a las campañas de desinformación y discurso de odio que promueven sectores conservadores y fundamentalistas de nuestro país y que provocan violencias, acosos, fobias y hasta asesinatos contra las personas LGTBIQ+

¡Incluir significa mejorar el bienestar de todas las personas!

Construyamos juntas una sociedad que, como reivindican los feminismos, pongan la vida y los cuidados en el centro. Una sociedad antipatriarcal, antirracista, anticolonial, y libre de LGTBIQ+-fobia. Una sociedad libre de todo tipo de opresiones,respetuosa con la diversidad, que reconozca derechos, para poder vivir en libertad. Queremos estar con las gentes que en todo el mundo trabajan infatigablemente para hacer de este planeta un lugar mejor.

¡LOS DERECHOS LGTBIQ+ SON DERECHOS HUMANOS!

¡SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL PARA PERSONAS LGTBIQ+!

¡DERECHO A UNA VIDA DIGNA QUE MEREZCA SER VIVIDA, SIN DEJAR A NADIE ATRÁS!


Fuente: Articulación Feminista Marcosur participan organizaciones de América Latina : Argentina, Bolivia Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay

Fuente: Demus Perú. Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Perú
Sesión histórica: Por primera vez mamás lesbianas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sus reivindicaciones

A través de este enlace puedes descargar el informe “Ataques defensoras y defensorxs LGTBIQ de derechos humanos 2020 – 2021″

Campaña de contribución solidaria para el apoyo y acompañamiento de víctimas de la represión estatal ejercida por el Gobierno ecuatoriano

Campaña de contribución solidaria para el apoyo y acompañamiento de víctimas de la represión estatal ejercida por el Gobierno ecuatoriano

El pasado 13 de junio iniciaba en Ecuador una movilización social liderada por el movimiento indígena y sus principales organizaciones (CONAIE, FENOCIN, FEINE) y secundada por otros sectores sociales (estudiantes, movimiento feminista, trabajadores/as), en protesta contra las políticas neoliberales del gobierno ecuatoriano que están agudizando el encarecimiento de la canasta básica, la precarización laboral y el desempleo, la disminución de presupuestos y garantías de acceso a derechos de salud y educación, el incremento de inseguridad y violencia en varias zonas del país y la imposición de actividades extractivas (minería y petróleo) en clara violación del derecho a la consulta previa, libre e informada.

Las demandas sociales de las y los manifestantes, se sintetizan en diez puntos presentados al gobierno ecuatoriano, que constituyen exigencias legítimas de cumplimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales gravemente vulnerados, demandas que han sido sistemáticamente ignoradas por el Gobierno nacional en diálogos previos a las protestas.

Como respuesta a este paro nacional, el Gobierno ecuatoriano ha instaurado la violencia estatal y la represión en el país que, en el marco de un estado de excepción decretado de forma ilegítima por el presidente de la República, a fecha del 22 de junio ha causado ya 81 detenciones ilegales y arbitrarias (incluida la de Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, la mayor organización del movimiento indígena a nivel nacional) y el uso desproporcionado de la fuerza a través del ejército y policía, con la práctica sistemática de torturas y el empleo de bombas lacrimógenas y balas de perdigones directas al cuerpo de las y los manifestantes de manera letal, reportándose hasta la fecha 3 muertos, 65 personas heridas (de las cuales 2 están en estado crítico, 5 con pronóstico grave, 11 con lesiones en el rostro y ojo y una con amputación parcial de extremidad superior), así como un menor de edad de 15 años desaparecido.

La toma de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por parte de fuerzas policiales, institución autónoma de gestión cultural que es tradicionalmente empleada en las movilizaciones como espacio de ayuda humanitaria; el ataque con bombas lacrimógenas a universidades que han sido establecidas como centros humanitarios y de acogida; el allanamiento de la sede de la organización indígena FENOCIN; así como la campaña sistemática de estigmatización, racismo y odio en contra de los y las manifestantes indígenas, tachados de vándalos, salvajes y terroristas por parte de los discursos oficiales y medios de comunicación mayoritarios; se suman a la larga lista de vulneraciones de derechos humanos y del derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del gobierno recogido en el artículo 98 de la Constitución de Ecuador.

En este contexto, y ante la previsible impunidad de la vulneración de derechos ejercida por parte del estado ecuatoriano, tal y como sucedió tras las protestas de octubre de 2019 acontecidas durante el gobierno de Lenin Moreno, solicitamos la contribución solidaria de personas y organizaciones a la Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi para el apoyo y acompañamiento de víctimas y familiares de víctimas de la represión estatal ejercida por el Gobierno ecuatoriano.

La cuenta corriente a la que pueden depositar sus donaciones es:
ES05 1491 0001 21 30 0007 9938 (concepto: donación emergencia Ecuador, nombre y DNI)

Para más información, comunicado del 21 de junio la Alianza por los Derechos Humanos, constituida por organizaciones sociales para la defensa de los Derechos Humanos en Ecuador.

COMUNICADO de Organizaciones Sociales del Estado Español frente a la represión del Gobierno Ecuatoriano

COMUNICADO de Organizaciones Sociales del Estado Español frente a la represión del Gobierno Ecuatoriano

Barcelona, 15 de junio de 2022

En el marco del paro nacional que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales sostienen desde el día lunes 13 de junio en el país, en protesta contra las políticas neoliberales del gobierno ecuatoriano que están agudizando el encarecimiento de la canasta básica, la precarización laboral y el desempleo, la disminución de presupuestos y garantías de acceso a derechos de salud y educación, el incremento de inseguridad y violencia en varias zonas del país y la imposición de actividades extractivas (minería y petróleo) en clara violación del derecho a la consulta previa, libre e informada, las organizaciones firmantes denunciamos la detención ilegal y arbitraria de Leónidas Iza Salazar, actual presidente de la CONAIE, y exigimos la retirada de los cargos y medidas preventivas impuestas tras su liberación a la espera del juicio por el delito de paralización de servicios públicos. 

Así mismo, exigimos al gobierno ecuatoriano que garantice los derechos a la protesta social y a la resistencia, derechos protegidos en la Constitución ecuatoriana, y rechazamos la criminalización, hostigamiento y persecución a líderes, lideresas, defensoras y defensores de Derechos Humanos, organizaciones sociales e indígenas en un claro ejercicio de criminalización y estigmatización de la protesta social.

Nos solidarizamos con el movimiento indígena y las nacionalidades y pueblos de Ecuador, actores indispensables en la lucha social por la garantía de los derechos humanos y colectivos, tanto de los pueblos indígenas como de los sectores empobrecidos y excluidos del país. Desde las organizaciones firmantes nos mantendremos vigilantes ante cualquier vulneración de derechos y represión violenta de la protesta social por parte del Gobierno ecuatoriano.

 

Organizaciones firmantes:

Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte

Colectivo Maloka

alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

Perifèries del món

SUDS – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació

Fundación Paz y Solidaridad Euskadi

Fundació Pau i Solidaritat PV 

Parque Central sin Especulación ( Valencia)

Asociación Mujeres Migrantes Diversas 

Sobirania Alimentaria 

Observatori del Deute en la Globalització-ODG-

ONGD Ensenyants Solidaris

Ecosol

Paz y Desarrollo

CooperAcció

Taula per Mèxic

Plataforma unitària contra les violències de gènere

Komun.org

Ateneu La Torna

Baladre-Coordinación contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión

Ecologistas en Acción

Plataforma de Solidaridad por Honduras en Madrid

Associació Amics i Amigues Poble Sahrauí de Menorca 

S’Altra Senalla

Mundu Bakean

Mugarik Gabe

Enginyeria Sense Fronteres de les Illes Balears

Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión 

STEI Intersindical

Sindicato CCOO Euskadi

Izquierda Unida

Esquerra Unida del País Valencià

Catalunya en Comú

Fundación de los Comunes

Federació d’Associacions de Veïnals de Barcelona (FAVB)

Fundación Mundubat

Grupo Intercultural ALMÁCIGA

Soldepaz Pachakuti

Associació d’amics i amigues del poble Saharauí

STEI intersindical Illes Balears

Càritas Menorca

Fundació Vicente Ferrer

Xarxa de Consum Solidari

ATIM (Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes)

Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI)

Asamblea Moza d’Asturies

Intersindical Valenciana

Grupo de educadores de calle y trabajo con menores

Coordinadora Valenciana de ONGD

Plataforma Burgos

Colectivo Alerta Amazónica

Col.lectiu per la Comunicació Lliure i Comunitària-La Mosca Tv

Ingeniería Sin Fronteras del País Vasco – Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritza

Coordinadora Estatal de Organizaciones para el Desarrollo

 

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Denuncia pública urgente tras la detención de Leónidas Iza, presidente de la CONAIE Ecuador

DENUNCIA PÚBLICA URGENTE

En el marco del Paro Nacional convocado por el Movimiento Indígena de Ecuador, Leonidas
Iza, presidente de la CONAIE es detenido-desaparecido por miembros de FFAA y Policía
Nacional. Los hechos constituyen una nueva acción estatal de criminalización y persecución
del derecho a protesta social y movilización.

Ecuador, 14 de junio de 2022

La CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, denuncia que el día de hoy 14 de
junio de 2022, en horas de la madrugada (00:30 aproximadamente), agentes no identificados,
presumiblemente de comandos élite de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional detuvieron a Segundo
Leónidas Iza Salazar, Kichwa panzaleo y actual presidente de la CONAIE. La detención es ilegal, arbitraria
e ilegítima. Cuatro horas después de su detención, su paradero sigue siendo desconocido y no se ha
presentado ante ninguna autoridad competente a efectos de garantizar su derecho a legítima defensa y
tutela judicial. El dirigente Iza permanece desaparecido, incomunicado de sus familiares y sin patrocinio
legal. Durante el procedimiento, según quedó registrado, no fue debidamente informado de las razones
para su detención ni de los derechos que lo asisten. Este estado de detención en indefensión constituye
un trato cruel y degradante.

Según se observa en videos grabados por la ciudadanía y difundidos en redes sociales, la detención se
llevó a cabo por individuos vestidos como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional,
quienes detuvieron el vehículo de uso personal de Iza, irrumpieron con forcejeos, abuso de fuerza, y sin
exhibir orden legal de detención, extrajeron al dirigente indígena. Se lo llevaron sin rumbo conocido en
una camioneta marca Chevrolet de color blanco, de placa ordinaria PTR-3246. El vehículo no presenta
distintivo de uso oficial y la placa no aparece registrada en servicios consultados, incluidos el Servicio de
Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tránsito y Agencia Metropolitana de Tránsito.

Todo lo anterior ha ocurrido en el marco del paro nacional que la CONAIE y otras organizaciones
sostienen desde el lunes 13 de junio. El paro, convocado con anticipación por el Movimiento indígena y
respaldado por otros movimientos, organizaciones y colectivos sociales, es una medida legitima de
protesta contra el gobierno por el encarecimiento de la vida, la especulación de precios de la canasta
básica, la precarización laboral y el desempleo, la disminución de presupuesto y garantías de acceso a
derechos de salud y educación, el incremento de la inseguridad y la violencia en varias zonas del país, la
imposición de actividades extractivas (minería y petróleo) en violación de derechos colectivos, entre
otros puntos. La convocatoria al paro ha sido respaldada por otras organizaciones y movimientos como
el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Universitarios
del Ecuador, movimiento sindical; y, movimientos feministas y LGBTIQ, entre otros.

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