Carta abierta a las autoridades sobre el deterioro de los derechos en América Latina

Desde la Red EU-LAT conmemoramos el día internacional de las personas defensoras de los derechos humanos, a través de una carta abierta de parte de todos nuestros miembros, dirigida a las autoridades europeas sobre el deterioro de los derechos en América Latina.

En esta carta resaltamos nuestra preocupación por todos los conflictos que están sucediendo en América Latina y exhortamos a  la Unión Europea a condenar el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades nacionales, así como de no permitir limitaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía. La Unión Europea debe ser portavoz de sus valores y principios ya que son parte fundamental de su cooperación política y económica con América Latina.

Hoy en particular, reconocemos y saludamos la labor ejercida de manera cotidiana por cada una de las personas defensoras de derechos humanos en América Latina.

La situación que vive Latinoamérica no debe ser tomada como una cotidianidad, esto no puede ser normal.

 

Carta abierta a las autoridades sobre el deterioro de derechos en América Latina

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Día internacional de las personas defensoras de los derechos humanos: Carta abierta a las autoridades sobre el deterioro de derechos en América Latina

9 de diciembre 2019

Los conflictos sociales se resuelven con más democracia y con más política, no con represión.

Como es de público conocimiento, América Latina está en llamas. En las últimas semanas, la población de varios países ha decidido levantarse y protestar exigiendo cambios reales de los sistemas económicos, sociales, ambientales y políticos porque, como ustedes bien saben, los derechos de millones de personas son vulnerados desde México hasta Chile.Sin embargo, las legítimas demandas de la ciudadanía han recibido como respuesta la suspensión de derechos y la represión. Consideramos que estas medidas autoritarias no resuelven los conflictos y representan un retroceso grave que pone en riesgo décadas de construcción democrática.

La degradación de la situación de los derechos humanos en la región, no es, lamentablemente,un fenómeno nuevo ni aislado. Una y otra vez, los Estados reaccionan de manera represiva, pero esto ya no sucede solamente en países con instituciones públicas fragilizadas, sino también en aquéllos considerados por la comunidad internacional como sólidos y estables. Desde hace años, observamos cómo en estos países formalmente democráticos se han tenido que reactivar las organizaciones y los actores sociales que habían trabajado para la protección de los derechos en la época de las dictaduras. Esto es expresión de un debilitamiento muy serio del sistema democrático.

La mayor parte de los conflictos sociales entre los Estados y la población se dan en el contexto de proyectos económicos ligados a la extracción y explotación intensiva de recursos naturales,que Europa demanda en grandes cantidades en el marco de los acuerdos comerciales con los países de la región. Además, tal como lo señalan los informes especializados, las personas y los colectivos que trabajan en favor de la protección del medio ambiente y de los territorios son justamente los que más ataques sufren. ¿Cómo va a responder la UE y sus Estados miembros ante estos desafíos?

Hace un año, el mundo conmemoró el 20° aniversario de la Declaración sobre personas defensoras de derechos humanos. Gobiernos y figuras públicas se apresuraron a celebrar este acontecimiento, saludando este instrumento que da un lugar preeminente a los colectivos y personas que defienden los derechos a lo largo del mundo. Sin embargo, a pesar de este consenso formal, defender derechos sigue siendo una tarea de alto riesgo, particularmente en América Latina y muy especialmente en estos días:el recuento de unas pocas semanas muestra decenas de asesinatos, miles de personas detenidas, miles de personas heridas, organizaciones sociales acosadas. Se han documentado incluso prácticas aberrantes como desapariciones y torturas. Hechos cometidos, la mayoría, por parte de agentes estatales.

A partir de los años 70, mientras América Latina vivía el nefasto período de las dictaduras militares y las violaciones de derechos humanos se volvieron sistemáticas, los gobiernos y la ciudadanía europea dieron muestras muy importantes de solidaridad que no sólo permitieron salvar vidas,sino también reforzar procesos y reafirmar valores, ésos plasmados en los convenios y las declaraciones internacionales de derechos humanos y que constituyen el sustento indispensable de lo que consideramos una vida digna en comunidad.

Consideramos que estamos en un momento crucial para cuestionar el actual modelo de asociación entre las dos regiones y dar un paso importante hacia una mayor coherencia entre las políticas. La prioridad central de la UE y de los actores internacionales, enfocada en el crecimiento económico y el aumento del comercio, se traduce en la intensificación de la extracción de los recursos naturales en América Latina, aumentando de esta manera la presión ecológica y social en la región.

Ante la actual situación de crisis socio política, desde la Red EU LAT, exhortamos a la Unión Europea y sus Estados miembros a que promuevan de manera prioritaria los derechos humanos al momento de implementar sus estrategias de cooperación económicas y políticas,contando con la verdadera participación de la sociedad civil y de las personas y colectivos defensores de derechos.

Asimismo, pedimos a la Unión Europea y la comunidad internacional que apliquen una “tolerancia cero”ante el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y la implementación de medidas de excepción que limitan los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Nos negamos a asistir a este estado de cosas como si se tratara de una cotidianidad a la que debamos acostumbrarnos: esto no puede ser normal.

Cumbre Social del Clima: Una agenda alternativa a la COP25

Mañana 6 de diciembre, se inaugura la agenda alternativa a la COP25 con una gran marcha que recorrerá el centro de Madrid, la cita a las 18h parte desde Atocha. Se esperan a más de 100.000 personas en la manifestación #MarchaPorElClima, con esta gran presión en las calles se exige a gobiernos e instituciones, presentes y ausentes en la COP25, que miren por el futuro de las personas, los pueblos y el planeta que nos cobija en lugar de mirar por los grandes poderes económicos, empresas, bancos y mercados financieros, que nos están llevando a esta situación de Emergencia Climática, lejos de cumplir el Acuerdo de París de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C.

De manera simultánea, tendrá lugar otra manifestación ecologista en Santiago de Chile.

A partir del 7 y hasta el 13 de diciembre la Cumbre Social del Clima seguirá movilizada, respaldada por cerca de 850 colectivos y entidades, teniendo como espacio principal Universidad Complutense de Madrid, Edificio Multiusos del Campus Ciudad Universitaria, con una agenda de talleres, charlas y debates, documentales, exposiciones, que pretende ser un referente de las reclamaciones de la ciudadanía y los colectivos ecosociales a la COP25, en cuanto a temáticas ecologistas y sociales que influyen en la lucha por la preservación de la vida de las personas, el planeta y sus ecosistemas.

Acompañadas por las voces de personas de todo el mundo, especialmente latinoamericanas, que no pudieron realizar esta COP25 en Chile, donde estaba prevista, ignorando la lucha del pueblo y los movimientos sociales chilenos por la justicia social y ambiental en estos graves momentos de represión y violación de Derechos Humanos en Chile, y en cada vez más lugares del planeta criminalizadas y estigmatizadas por intereses extractivistas y economicistas.

Consulta aquí el PROGRAMA https://cumbresocialclima.net/programa/

Las actividades programadas ofrecen diversas temáticas por la sostenibilidad de la vida y el ecologismo social: ecofeminismo, soberanía territorial, soberanía alimentaria y defensa del territorio, frente a la impunidad de empresas transnacionales y los tratados comerciales, pueblos indígenas, migraciones, refugio y derechos sociales.

Entre estas actividades queremos destacar las actividades que coorganizamos junto a Fase & Amigos de la Tierra, Campaña No a los Tratados de Libre Comercio, TNI, OMAL, ATTAC España y Ecologistas en Acción.

  • Mesa sobre acuerdos de libre comercio y cambio climático: UE-MERCOSUR, el domingo a las 12h

  • Tratados contra el clima: El Tratado sobre la carta de la Energía, el lunes 9 a las 10h

“El mundo despertó ante la emergencia climática”

El mundo despertó ante la emergencia climática

El pasado septiembre salieron a la calle millones de personas demandando el derecho a un presente y futuro digno, sin dejar a nadie atrás. Miles de municipios acogieron manifestaciones impulsadas por una juventud movilizada por el clima que exigían que, frente a la emergencia climática, son necesarias medidas capaces de atacar un sistema que genera una creciente e inaceptable degradación social y ambiental.

Después de la renuncia de Brasil a presidir la COP25, acompañada de políticas anti climáticas que han llevado a la mayor deforestación de la selva amazónica en los últimos años, las decisiones del gobierno chileno de Sebastián Piñera de cancelar la celebración de la COP25 en Chile –ignorando a los movimientos sociales chilenos y del resto de América Latina y su trabajo previo de meses– y del gobierno en funciones de Pedro Sánchez de acoger el evento, sitúan a Madrid como el altavoz de las personas que ya están sufriendo las consecuencias de la crisis climática y aquellas que las sufrirán en las próximas décadas.

Condenamos de forma tajante y sin tapujos la violación de Derechos Humanos en Chile y exigimos su cese. La represión contra el pueblo chileno por parte de su gobierno es un ataque a la democracia y a la lucha por la justicia social y ambiental. Hacemos esta condena extensible al resto de zonas del mundo donde se están produciendo los mismos o parecidos procesos.

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el pasado agosto, señala que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores es el único modo de mantener el calentamiento global por debajo de  1,5°C. La comunidad científica alerta del deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como del punto de no retorno frente al cambio climático. Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES (Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) señalan que alrededor de un millón de especies entre animales y plantas se encuentran al borde de la extinción como consecuencia de las actividades humanas. Asimismo, No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia climática, ecológica y social supondrá la muerte, el desplazamiento y el aumento de la pobreza extrema para millones de personas, además de la extinción de muchas especies e, incluso, de ecosistemas completos. La realidad es que las emisiones siguen incrementándose a nivel global mientras que la falta de ambición de los estados condena al planeta a un calentamiento muy superior a 1,5ºC.

El próximo año debería empezar a aplicarse el Acuerdo de París. Sin embargo, muchas de las cuestiones claves siguen bloqueadas o sin resolverse. La COP25, además de cerrar las normas sobre contabilidad y presentación de los compromisos, el conocido como libro de reglas, debería suponer un avance claro en la provisión de fondos suficientes e importantes mejoras en instrumentos como el Fondo Verde para el Clima o el Mecanismo de Varsovia para las pérdidas y daños, unas herramientas fundamentales para paliar las peores consecuencias que ya ha provocado y provocará la continua quema de combustibles fósiles.

Es inadmisible que tantos gobiernos, parlamentos, partidos políticos e instituciones públicas sigan entregados a las presiones de las grandes empresas, los bancos y los mercados financieros, en lugar de velar por el bien común, por las personas y el planeta que nos sostiene. Afrontar la emergencia climática es incompatible con que los combustibles fósiles sigan recibiendo cientos de miles de millones de euros de ayudas públicas todos los años. Exigimos a los gobiernos participantes en la COP25 que reconozcan que la inacción climática actual e insuficiente ambición que reflejan los compromisos más ambiciosos de los países nos conducirán a un calentamiento global desastroso para la vida, que superaría los 3,5ºC.

Es irresponsable que a un año del inicio de la aplicación del Acuerdo de París siga sin existir ningún mecanismo capaz de forzar acciones y medidas que obliguen a que los compromisos nacionales se ajusten una ruta de descenso de las emisiones compatible con las indicaciones científicas. La COP25 debe fijar la voluntad expresa de todos los países de elevar la ambición de sus compromisos antes de la COP26 de 2020. Ese compromiso de mayor ambición debe ser liderado por la Unión Europea y el G20, más ahora que acoge la celebración de la cumbre en su territorio, y el gobierno de España debe alinearse inequívocamente con ese llamamiento a una mayor ambición, que debe plasmar en objetivos y medidas más exigentes que los actuales en todas las políticas económicas, energéticas, de transporte, agrícolas, ganaderas, de conservación de los ecosistemas y de cooperación internacional. Del mismo modo, la transición ecológica requiere de la participación de toda la ciudadanía en la toma de decisiones. El establecimiento de mecanismos reales y efectivos de propuesta ejecución y evaluación de las políticas climáticas debe permitir la plena participación de toda la ciudadanía.

Un modelo de desarrollo capitalista y depredador basado en un crecimiento económico infinito es incompatible con los límites planetarios. Es precisa una transición hacia modelos ecosociales sostenibles, con menor consumo de materiales y energía, que no desborden los límites biofísicos del planeta. Apostar por un nuevo modelo energético desechando las falsas soluciones como la energía nuclear, la geoingeniería o los biocombustibles como el aceite de palma.

Conscientes de la emergencia ecológica en la que vivimos y de la temeraria inacción de los gobiernos mundiales, diversas organizaciones, plataformas y movimientos sociales, sindicales y ambientales de todo el estado español; nos unimos al llamamiento realizado por toda la comunidad internacional, y en especial de la juventud movilizada por el clima en Fridays for Future, de volver a salir a la calle exigiendo el próximo sábado 6 de diciembre medidas reales y ambiciosas a la comunidad internacional reunida en la COP25.

Una manifestación en solidaridad con las personas y los pueblos que sufren con especial virulencia la degradación ambiental y social que han supuesto las políticas neoliberales extendidas por el planeta. En Chile y por todo el mundo hay claros ejemplos de cómo se vulneran sistemáticamente derechos humanos y ambientales. En Chile la política extractivista, las zonas de sacrificio y la política hidráulica devastadora con regiones completas son ejemplos de lo que no es permisible. La denuncia de estos hechos debería tener su altavoz en la COP25 y una transición justa y equitativa.

Apenas queda tiempo para frenar la emergencia climática y necesitamos que se oiga la voz de todos los pueblos y personas, en Santiago de Chile y en Madrid, la voz de la juventud movilizada por el clima, de las poblaciones indígenas que sufren las causas y las consecuencias del cambio climático, de las mujeres que cumplen un rol fundamental en la lucha climática y la voz de toda la vida en el planeta.

Todas, todas juntas marchamos contra las violencias machistas

TODAS, TODAS JUNTAS MARCHAMOS CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Este 25 de noviembre nos volvemos a movilizar contra las violencias machistas hacia las mujeres y las niñas, las violencias por orientación sexual, por identidad de género, o simplemente por no encajar en el modelo estereotipado y cosificado que el sistema opresor, el heteropatriarcado, impone. Y salimos juntas, todas juntas en la calle. Porque los derechos alcanzados hasta ahora son insuficientes, y están siendo amenazados en todo el mundo, con un evidente retroceso debido al recrudecimiento de las políticas neoliberales y al poder que éstas le dan a los fundamentalismos religiosos. Ambas fuerzas son enemigas de las libertades en general, y muy específicamente sobre las libertades de las mujeres.

NOS QUEREMOS VIVAS Y LIBRES CON una VIDA DIGNA sin violencia  y en todo el mundo:

Nos sentimos cercanas a todas las hermanas defensoras que JUNTAS decimos NO a la violencia contra los cuerpos y los territorios, en Rojava, en Chile, en Palestina, en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en el Líbano, en el Sahara, en el Congo, en Afganistán, en Yemen, en Kurdistán… en todo el planeta

Voces se alzan desde distintas latitudes del planetas, mujeres de distintas etnias, culturas, razas y saberes que han acumulado no solo estrategias para la resistencia, sino soluciones de supervivencias. Escuchemonos y caminemos juntas para subvertir este modelo de muerte y destrucción. Ya no aguantamos más!!!!

Gritos de resistencia ante las voces silenciadas por el dolor de un sin fin de millones de mujeres atrapadas, desgarradas, violadas, invadidas por las estrategias patriarcales militaristas, racistas, de colonización, de golpes de Estado, de golpes contra los pueblos, de guerra económica, de ecogenocidio… Sin olvidar a todas las mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia y a “TODAS LAS MUJERES ANÓNIMAS QUE VIVEN LA VIOLENCIA EN SILENCIO” (que son muchas).

Las mujeres juntas y organizadas estamos diciendo al mundo que no queremos este modelo de depredación, consumo y destrucción. Abogamos por un mundo más humano, con relaciones igualitarias, donde el diálogo entre diferentes pueblos, culturas y experiencias nos den claves de un mejor vivir ahora y en el futuro y poder mantener nuestra madre naturaleza, fuente de nuestro sustento.

¡¡Mis derechos, mi cuerpo, mi voz cuenta!!   ¡¡Porque todas las vidas importan, no más crímenes de odio!!

¿Por qué el 25 de noviembre? 

El año 1981 en el marco del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se realizó en Bogotá, Colombia, se acordó la celebración del día 25 de Noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres en homenaje a las hermanas Mirabal – Minerva, María Teresa y Patria- que fueron asesinadas en 1960 durante la dictadura de Trujillo, en la República Dominicana.

Desde esta fecha, y hasta que consigamos acabar con esta lacra social, cada 25 de noviembre las organizaciones de mujeres de todos los continentes realizamos actos públicos para exigir el fin de la violencia contra las mujeres y el respeto y el derecho las de las mujeres y niñas a VIVIR LIBRES DE TODO LOS TIPOS DE VIOLENCIA.

Las raíces de las violencias machistas, hemos de buscarlas y analizarlas como forma de conquista y dominación del cuerpo y la vida de las mujeres, lesbianas y trans. Estas violencias patriarcales nos afectan a todas de forma diferenciada y con impacto agravado, en función de múltiples factores: racismo, estatus migratorio, edad, color de la piel, identidad cultural, situación socioeconómica y familiar, trabajo del hogar y los cuidados, trabajo remunerado, maternidad, no-maternidad, diversidad funcional física, psíquica o sensorial, orientación sexual, identidad o expresión de género entre otras.  No se puede negar esta diversidad de impactos, ni invisibilizar las necesidades específicas ante las violencias por dominación, a la hora de garantizar medidas de prevención y respuestas de reparación.

Exigimos derogar las leyes que atentan contra los derechos de las mujeres y generan violencia institucional, como la ley de extranjería, de manera que todas las mujeres migrantes,  incluidas lesbianas y trans, tengan garantizados sus derechos individuales y sociales, como el derecho a la salud, al trabajo, la vivienda, y las condiciones básicas para que puedan salir de relaciones abusivas y se garantice su seguridad jurídica y protección cuando denuncien violencias machistas.   Queremos compartir nuestra indignación por las respuestas que se dan desde las instituciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico o local.

Exigimos la ratificación del Convenio de la OIT 189 que garantice un trabajo digno para muchas mujeres explotadas, mayoritariamente migradas.

Exigimos mejorar los protocolos de evaluación y detección de situaciones de riesgo, la dotación y formación de agentes judiciales y equipos psicosociales, mejorar la atención que se presta a niñas y niños, el acompañamiento a las supervivientes y fomentar la implicación ciudadana para desterrar la violencia.

BASTA! De violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas que vivimos las mujeres, lesbianas y trans, sea cual sea nuestra edad y condición.

QUEREMOS poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas.

QUEREMOS disfrutar de una vida libre de violencias machistas.

DENUNCIAMOS la violencia sexual como expresión de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo que afecta a todas y todavía más, a las migradas, a las racializadas y a las trabajadoras del hogar y de los cuidados.

EXIGIMOS políticas públicas, recursos y medios suficientes para todas en el sistema de protección y recuperación frente las violencias machistas.

QUEREMOS protocolos y circuitos diversos, las mujeres no somos homogéneas.

NO  QUEREMOS estigmatización por pertenecer a una cultura diferente, por ser gitanas, o por nuestra condición de mujeres migradas y racializadas.

¡NO SOMOS VÍCTIMAS! SOMOS SUPERVIVIENTES!

BASTA! De opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales!​

DENUNCIAMOS la  LGTBIfobiasocial, institucional y laboral que sufrimos muchas de nosotras, como otra forma de violencia machista.

DENUNCIAMOS la represión y la censura, a compañeras por las protestas y manifestaciones creativas, en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, bajo la presión de los fundamentalismos religiosos.

SOMOS MUJERES, LESBIANAS, TRANS Y SOMOS DIVERSAS.

REIVINDICAMOS una sociedad libre de opresiones, de explotación y de violencias institucionales. Hagamos un llamamiento a la rebeldía y a la lucha contra la alianza entre el patriarcado el capitalismo y el fascismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas.

¡SI NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS!

 

Consulta en este enlace la convocatoria más cercana a tu casa y manifiéstate

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http://www.feministas.org/movilizaciones-2019-25noviembre.html

De la Comuna de Quito al estallido en Chile [Ecuador, 1ª parte]

Análisis sobre los estallidos sociales en Ecuador y Chile.
Primera parte del texto de Raúl Zibechi  para el prólogo de un libro que se editará próximamente en América Latina.


En los primeros días de junio de 1990, las comunidades de la provincia de Chimborazo se levantaron poniendo en práctica una decisión colectiva. “Los comuneros de Gatazo colocaron inmensas piedras en medio de la carretera Panamericana. De improviso aparecieron diez camiones llenos de militares que, ni bien se bajaron, comenzaron a perseguir a los indios ‘comuna adentro’. Los indígenas retrocedieron, iban cediendo terreno, los militares triunfalísticamente, incursionaban más y más en las comunas; pero no se percataron que desde el otro lado de la carretera, los indígenas de otras comunas, encabezados por mujeres, les estaban pisando los talones. Pronto se vieron completamente rodeados y atrapados por los indígenas. El susto de los militares fue muy grande. Uno de ellos, un joven desesperado, efectuó varios disparos y cayó asesinado Oswaldo Cuvi. Los indios reaccionaron enardecidos. Alrededor de 200 militares fueron ‘arrastrados’ 10 kilómetros bajo el grito: ‘Esto no es una huelga de los obreros, esto no es un paro de profesores ni de estudiantes. ¡¡Esto es levantamiento indígena!!’”1

El levantamiento del Inti Raymi de 1990 fue la mayor ruptura social y política en la historia del Ecuador, desde la llegada de los españoles. Los indios de la sierra y la selva paralizaron el país, cortaron carreteras, cerraron mercados y ocuparon haciendas. Esos días, “cientos de miles de manifestantes enarbolaron por primera vez ‘su’ bandera: refulgía al sol, el arcoiris de Tupac Amaru”2. El levantamiento de 1990 es el momento en que los indios pasan de su condición de “invisibles” a la de actores de primer orden, interlocutores privilegiados de los partidos de derecha e izquierda y del propio Estado, y en objeto de estudio priorizado por las academias. Para muchos observadores y analistas fue el mayor acto de afirmación colectiva de las poblaciones derrotadas cinco siglos atrás, con la Colonia, y marginadas hace dos siglos, con la República.

Es justamente en ese momento de afirmación colectiva cuando “reaparece” una bandera legendaria, la wiphala, identificada con la gran rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari (1780). Con ella entra a tallar una nueva generación, formada en universidades pero que se siente parte de una cultura, un pueblo o una civilización cuyas señas de identidad no arraigan en la modernidad ilustrada europea.

El levantamiento del Inti Raymi transformó al Ecuador y también a los indígenas. Una década después del levantamiento, uno de los fundadores de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y referente del movimiento, Luis Macas, trazaba un balance preciso:

Las percepciones que tenía la sociedad ecuatoriana sobre los indígenas han ido cambiando, en el sentido de que ya no se nos mira como precaristas o huasipungeros, no somos un gremio de campesinos, como se nos ha considerado desde la sociología tradicional, inclusive aquella de izquierda, y que por lo tanto nuestra lucha debería ser una lucha reivindicativa, en torno al parcelamiento de tierras y la reforma agraria. Ahora la sociedad ecuatoriana mira al movimiento indígena de otra manera y el mismo movimiento indígena tiene ahora plena conciencia de su identidad, lo que ha servido de base para realizar su propuesta nacional y a largo plazo3.

Un aspecto central de aquel movimiento fue la presión para ser reconocidos como “entidades” culturales, políticas, históricas. Por eso se asumen como “nacionalidades” y pueblos, no como movimientos o sectores de la sociedad que demandan mejoras. Macas enfatiza en el hecho de que el Estado ecuatoriano respondió con medidas paternalistas, asistencialistas, clientelares, lo que supone desnudar su racismo para confinarlos en la exclusión o “para dirigir a los indígenas hacia el camino de la modernidad”. Tanto para el Estado como para la izquierda, los indígenas no son sujetos sociales y políticos sino objetos de caridad o de políticas sociales.

Para los dirigentes de la CONAIE una de las principales consecuencias de aquella irrupción fue el reconocimiento del carácter plurinacional de la sociedad y del Estado, que ha cambiado el discurso político del Ecuador con la propuesta de constituir un Estado Plurinacional, lo que se traduce en “considerar la diversidad étnico-nacional del Ecuador como un reconocimiento previo para construir la democracia”, según Macas.

La plurinacionalidad fue reconocida por la Constitución de 1998, luego de otro levantamiento indígena contra el gobierno de Abdalá Bucaram, acusado de corrupción y de incapacidad mental para gobernar. Importantes manifestaciones populares, especialmente en la ciudad de Quito, a principios de febrero de 1997, fueron convocadas no sólo por la CONAIE sino por varias organizaciones sociales en todas las ciudades del país. Este nuevo levantamiento se saldó con la destitución del presidente por el parlamento y se designó en el cargo a la vicepresidenta como establece la legalidad constitucional.

En su balance de una década del levantamiento, Macas reflexiona sobre el poder:

Para el movimiento indígena el poder radica en las comunidades, en la capacidad real y efectiva que tienen nuestra organizaciones nucleares, la comuna, el centro, la cooperativa, para decidir de manera soberana, independiente, participativa, justa, y ética el destino de cada pueblo, de cada persona. Ahí radica la esencia del poder.

Lo que el movimiento indígena ha propuesto es siempre una construcción desde abajo desde las bases, desde los cimientos, del poder. No es una idea nueva. Ahora dicen que los indígenas se quisieron tomar el poder, pero éste no está en asaltar el Congreso Nacional, el palacio de gobierno. En realidad ésos son mecanismos, no para tomarse el poder, sino para abrir el espacio de la política hacia la construcción del poder democrático y participativo4.

Sin embargo, Macas también reconoce que el objetivo del movimiento consiste en “trasladar el poder de la comunidad al Estado”. Para hacerlo, la CONAIE se dotó de una herramienta electoral, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País, en 1995, donde confluyó la Coordinadora de Movimientos Sociales, entre otros sectores. La alianza consiguió una importante representación que oscila en el 20% de los sufragios, que le permitió obtener diputados, prefectos y alcaldes. Se trataba de democratizar y transformar el Estado-nación colonial heredado por la República. Pero en los hechos esto nunca se consiguió y la cultura política estatista “invadió” las prácticas del movimiento indígena.

La historia de la CONAIE se remonta a 1986, cuando se coordinan las principales organizaciones de los pueblos originarios completando un ciclo de articulaciones regionales, entre quichuas de la sierra andina, pueblos amazónicos y de la costa. A diferencia de las organizaciones campesinas y sindicales, en las que estaban subsumidos hasta entonces los indígenas, no se demanda reforma agraria sino que aparecen conceptos nuevos como territorios y nacionalidades.

Desde sus primeros pasos, la CONAIE muestra una cultura política distinta a la de los movimientos tradicionales, incluyendo el uso de nuevas tácticas de acción directa, como el bloqueo de carreteras, la toma de edificios gubernamentales y de ciudades enteras, a través de levantamientos que paralizan el país.

En su programa aparece una lista de 16 demandas que a comienzos de la década de 1990 sorprendieron al país: plurinacionalidad, títulos colectivos de tierras a las nacionalidades, soluciones para el agua y el riego de las comunidades, expulsión del instituto lingüístico de verano (instrumento de penetración cultural de Estados Unidos), legalización de la medicina indígena y educación bilingüe, entre las más significativas.

La defensa y el fortalecimiento de la identidad y de la cultura indígena son aspectos innegociables para la CONAIE, que tiene sus baluartes en las provincias serranas del sur y del norte, como Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura. La articulación de cientos de comunidades le ha permitido convertirse, ya en los 90, en el principal movimiento y en referente obligado de todos los que rechazan el neoliberalismo.

Hubo en este devenir dos nuevos levantamientos. La autopercepción de la CONAIE y del conjunto del movimiento indígena, es la convicción de que ejerce el liderazgo del conjunto de los trabajadores y de los pueblos del Ecuador, erigiéndose en interlocutor colectivo frente al Estado. De ese modo, pudo convocar a la mayoría de las organizaciones sindicales, sociales y políticas que de alguna manera aceptaron la guía de los indígenas. El momento de mayor protagonismo de la CONAIE se produjo entre fines de 1999 y enero de 2000, en contra de la dolarización del país en el marco de una fenomenal crisis bancaria. Todo el país estuvo atravesado por una potente organización indígena-popular enfilada hacia el poder y, sobre todo, anclada en la construcción de contrapoderes, que denominaron parlamentos populares en varias provincias.

El 11 de enero de 2000, un Parlamento del Pueblo integrado por 330 representantes indígenas y de la sociedad civil se instaló en Quito (epicentro siempre de las acciones colectivas), para elaborar un plan de gobierno alternativo al presidente Jamil Mahuad. “Nadie cree en la democracia que vivimos, entonces debemos rescatar la participación desde abajo de la sociedad civil para refundar la democracia ecuatoriana robada por los partidos políticos de derecha y los banqueros inescrupulosos”, dijo el dirigente Miguel Lluco, evidenciando que los pueblos originarios querían reconstruir la nación bajo sus propios criterios5.

El Parlamento del Pueblo se instaló en medio de los preparativos insurreccionales, con la participación de empresarios y profesionales, además de obreros, empleados, vendedores informales e indígenas que fueron su columna vertebral. El proyecto consistía en la instauración de una nueva forma de administración dirigida por una junta de gobierno, un consejo de Estado, un parlamento nacional y parlamentos provinciales.

El 22 de enero tomaron el Congreso durante unas horas, en alianza insólita con las fuerzas armadas, que fue seguramente el mayor error político y estratégico de la CONAIE. Al día siguiente debieron dar marcha atrás, ante la decisión de la institución militar de recorrer el camino de la sucesión institucional del presidente. La alianza fue continuada al incorporarse al gobierno del coronel Lucio Gutiérrez (2003-2005), provocando fisuras en la organización indígena.

Todavía hubo un tercer derrocamiento popular. En abril de 2005 un levantamiento urbano conocido como “rebelión de los forajidos”, forzó al coronel a escapar por los techos del Palacio de Carondelet para huir en helicóptero. Las protestas fueron violentas y se llegó a incendiar el Ministerio de Bienestar Social.

El movimiento que echó abajo tres presidentes en apenas una década, fue en gran media respuesta a la crisis estructural en la que se debatía Ecuador, ya que los gobiernos intentaban aplicar ajustes que los indígenas y los sectores populares rechazaban enérgicamente. La particularidad ecuatoriana fue el carácter destituyente de los movimientos ante gobiernos corruptos y antipopulares.

Bajo el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) los pueblos indígenas enfocaron sus resistencias contra las concesiones mineras, petroleras, madereras e hidroeléctricas, que fueron la principal característica del modelo económico a partir de ese período. Los conflictos fueron virulentos, ya que Correa se amparó en el amplio respaldo social que tuvo en sus primeros años para intentar desarticular las resistencias a su “revolución ciudadana” de corte extractivista.

El presidente arremetió con innecesaria violencia verbal y física contra los dirigentes y en ocasiones, como en agosto de 2015, con una de las oleadas represivas más fuertes que se recuerdan ante otro levantamiento indígena. El debilitamiento de la CONAIE y de los movimientos sindicales favoreció a la derecha, que tuvo las manos libres para operar cuando el sucesor de Correa, Lenín Moreno, asumió en 2017 huérfano de apoyos populares y dispuesto a recostarse en el poder económico.

En octubre de 2019 el gobierno de Moreno decidió imponer un paquete de medidas aconsejadas por el FMI que supone el fin del los subsidios a los combustibles, con un alza del 123% el galón de diesel y del 30% el de gasolina, acompañada de reformas laborales y tributarias para aumentar la recaudación.

Inicialmente la movilización correspondió al gremio de los transportistas, pero pronto se sumaron los mayores movimientos del país, en gran medida como rechazo al decreto que impone el estado de excepción, la suspensión de las garantías democráticas y la militarización del Ecuador.

La CONAIE, la central Frente Unitario de los Trabajadores, los sindicatos de educadores y la federación de estudiantes universitarios, promovieron movilizaciones en todo el país, especialmente en la sierra (con 300 cortes de carreteras), donde los pueblos originarios tienen mayor presencia.Decenas de grupos de mujeres, feministas, lesbianas, negras, ecologistas y trans, lanzaron un comunicado titulado “Mujeres contra el Paquetazo”, en el que denuncian cientos de detenidos y heridos.

La protesta ecuatoriana no es sólo una reacción contra el aumento de los combustibles. Es una reacción al mal gobierno de Moreno que se apoya en los grandes grupos empresariales, financieros y mediáticos, y es la continuación de las resistencias al régimen autoritario de Rafael Correa (2007-2017).

El levantamiento de octubre de 2019 abreva en las tradiciones del movimiento popular ecuatoriano, intenta no recaer en errores anteriores y destaca por su perfil anti-neoliberal y anti-capitalista. El movimiento tuvo una duración de once días y contiene algunas peculiaridades que merecen ser detalladas.

La primera es el recambio generacional. En los últimos años emergió la tercera generación de dirigentes indígenas, formados en las universidades, ávidos lectores de Mariátegui, radicales y combativos, que parecen rechazar el péndulo lucha de calles/elecciones que ha caracterizado a las generaciones anteriores.

La segunda es la autonomía política, al levantar la consigna “Ni Moreno ni Correa, sólo el pueblo salvará al pueblo”. La nueva generación muestra distancias de lo que considera como tendencia “socialdemócrata” hegemónica en el seno del movimiento. Tienen un diálogo fluido con las bases, combinan la identidad indígena con la de clase y orientan al movimiento hacia un cambio radical, revolucionario, que no rechaza el diálogo pero que no se limita a incluirse en las instituciones existentes. Toma distancias del régimen de Correa y del conjunto del progresismo, así como de los partidos de izquierda, y está buscando definir su propio perfil político.

La tercera es la radicalidad y autoestima del movimiento indígena, capaz de detener a cientos de policías que fueron entregados a funcionarios de la ONU por mujeres indígenas. Esto revela la persistencia de una cultura política propia, nacida en la década de 1990, que ha cuajado una impresionante autoestima. La capacidad de expulsar infiltrados en las manifestaciones y el retener policía y militares, es una muestra de la potencia del movimiento. En el acto en que “devolvieron” a los uniformados, el presidente de la CONAIE Jaime Vargas, explicaba: “Ya no somos esos indígenas que nos maltrataron y nos tenían de esclavos. Hoy somos capaces, educados y con toda la capacidad de administrar este país”6.

La cuarta es la irrupción de indígenas urbanos y de sectores de las clases medias. Por primera vez se levantaron barrios populares de la periferia de Quito, migrantes de la sierra que nacieron en la capital. Se trata de jóvenes pobres que engrosaron las marchas, que provenían de la sierra sur y norte y le imprimieron un sello de combatividad al movimiento, como no habían tenido ninguno de los levantamiento anteriores. El dirigente Jorge Herrera enfatiza la solidaridad de los jóvenes de las barriadas populares: “La juventud vino emputada a Quito por la acumulación de indignación”.

Las clases medias profesionales se volcaron en solidaridad con los veinte mil indígenas que ocuparon el centro, haciendo de las universidades estatales y privadas espacios para sostener la logística de los combates, con ollas populares, cuidados sanitarios y de descanso de las y los combatientes.

La quinta es la autonomía táctica del movimiento, que fue capaz de poner fin al levantamiento en el momento que las bases lo decidieron, para evitar que sucediera lo mismo que en los anteriores, que perdieron ante la burocracia lo que ganaron en las calles. Entre quienes participaron en el movimiento de octubre o Comuna de Quito, existe consenso en que si la movilización hubiera durado dos días más, la caída de Moreno era inevitable. Pero los debates por la noche en el ágora de la Casa de la Cultura, epicentro de la lucha, hizo balance de los tres levantamientos anteriores que se saldaron con la caída de otros tantos gobiernos.

En esta ocasión la caída de Moreno implicaba que asumiera su vice, Otto Sonnenholzner, “un fiel representante de los intereses de la oligarquía”, explica Juan Carlos Guerra del colectivo Desde el Margen. El vice es un economista y empresario radial de origen alemán, ligado al empresariado de Guayaquil, donde reside la flor y nata del poder financiero. “Estamos ante un acumulado de aprendizajes de casi tres décadas”, sigue Guerra, que trasciende a los dirigentes y es ya patrimonio de amplias camadas de militantes indígenas y de los las organizaciones urbanas. “La lógica del movimiento consistió en tirar abajo el paquete del FMI, pero no necesariamente el gobierno”, afirma ante el desconcierto de intelectuales que deseaban que los pobres pusieran los muertos para que se cumplieran sus profecías.

La sexta es la convocatoria del Parlamento Popular de Pueblos y Organizaciones Sociales por iniciativa de la CONAIE. El llamado dice: “Convocar a las distintas organizaciones sociales y populares de la sociedad ecuatoriana a la conformación de manera inmediata del Parlamento de los pueblos que construirá a través de una minga plurinacional una propuesta de nuevo modelo económico que asegure el sumak kawsay (buen vivir)”.

Por parlamento entienden una minga colectiva para busca soluciones al país, integrada por todos los sectores sociales afectados por el capitalismo. Esta diversidad fue la nota dominante en la primera sesión. Estudiantes de melenas verdes, campesinos, agricultores, sindicalistas, artesanos, feministas, colectivos LGBT, además de cañeros y floricultores y hasta periodistas organizados, componen una diversidad imposible de homogeneizar. Todas y todos expresaban los agravios que sufrían.

Las demandas más importantes son contra la minería y el FMI, el paquetazo y los impuestos. Una vez leída el Acta Constitutiva del Parlamento Popular, se votan cuatro mesas de trabajo que deberán entregar sus propuestas en apenas tres días: economía, trabajo, impuestos y ambiente. El movimiento sigue, ahora con menos visibilidad callejera, tejiendo alianzas entre los diversos abajos, esperando el momento de salir a la superficie nuevamente, sin dejar de construir el mundo propio indígena, obrero y popular.

Raúl Zibechi

Quito-Montevideo, 23 al 28 de octubre de 2019

(Texto de urgencia escrito entre el parlamento indígena y popular de Quito y el viaje a Santiago para participar en actividades de la Quimantú)


1 Nina Pacari, “Levantamiento indígena”, en J. Almeida et al, Sismo étnico en el Ecuador, Abya Yala, Quito, 1993, p. 176.

2 Andrés Guerrero, “La desintegración de la administración étnica en el Ecuador”, en J. Almeida et al, Sismo étnico en el Ecuador, Abya Yala, Quito, 1993, p. 92.

3 Luis Macas, “Diez años del Levantamiento del Inti Raymi de junio de 1990: Un balance provisional”, en Boletín ICCI Rimay, año 2, No. 15, junio del 2000.

4 Idem.

5 IPS, 11-01-2000.

6 El Telégrafo, 10 de octubre de 2019

Llamamiento a participar en la Cumbre Social por el Clima de la COP 25 en Madrid

Más allá de la COP25: los pueblos por el clima

Las decisiones unilaterales del gobierno chileno de Sebastián Piñera de cancelar la celebración de la COP 25 en Chile –ignorando a los movimientos sociales chilenos y del resto de América Latina y su trabajo previo de meses– y del gobierno de Pedro Sánchez de acoger el evento, obligan a los movimientos sociales del Estado español a tomar un relevo sobre el que no han sido consultados, en un marco temporal casi inasumible para garantizar una participación y contestación social adecuadas.

Siendo conscientes del claro eurocentrismo que implica la celebración de una COP en un país europeo por tercer año consecutivo, aceptamos el reto de articular protestas y críticas contra estas políticas como una enorme responsabilidad. Lo hacemos desde la rabia e impotencia ante las injusticias y atrocidades que se están cometiendo contra el pueblo chileno, desde la solidaridad y apoyo frente a la decisión de continuar con la celebración de la Cumbre de los Pueblos y de la Cumbre Social por la Acción Climática en Chile, y desde la determinación de intentar generar un espacio donde su voz también pueda ser escuchada.

Condenamos de forma tajante y sin tapujos la violación de derechos humanos en Chile y exigimos su cese. La declaración de guerra contra el pueblo chileno por parte de su gobierno es un ataque a la democracia y a la lucha por la justicia social. Demandamos que los responsables de esta represión sean sancionados. Queremos poner bajo el foco que la protesta social en Chile y en otros lugares del mundo es también la expresión de la crisis ecológica. El paradigma del crecimiento económico ilimitado está estrellando a la humanidad contra unos límites planetarios que desde el sistema económico se insiste en invisibilizar.

Vivimos tiempos convulsos de auténtica emergencia ecológica, climática y social. El diagnóstico científico es diáfano respecto a la gravedad y la urgencia del momento. El crecimiento económico se produce a costa de las personas más vulnerables: las personas racializadas, las personas indígenas, el campesinado, las personas empobrecidas, las personas migrantes, las personas LGBTI y queer, las comunidades de vanguardia en resistencia… Y se produce también a costa de nuestro entorno, las demás especies y los ecosistemas. Las mujeres, que forman parte de todos estos colectivos, se ven afectadas diferencialmente y son víctimas de las peores consecuencias del modelo capitalista cisheteropatriarcal.

Como activistas con base en el Estado español y la Unión Europea, queremos asumir la responsabilidad de denunciar el papel explotador de las regiones enriquecidas del mundo y su protagonismo en la generación de “zonas de sacrificio” en países empobrecidos, a través del extractivismo energético, material y cultural, que destruye comunidades y bienes comunes. Estamos viviendo en países que impulsan el consumo y la destrucción de la humanidad y la naturaleza, imponiendo nuestros modelos y visiones del mundo en otras partes del planeta.

Desde estos mismos países, que poseen una gran capacidad militar (especialmente armamento nuclear), se impulsa un nuevo concepto de securitización climática para proteger sus intereses por medio de la ocupación de importantes nichos de poder y dejando el control de tecnologías clave para la transición energética en manos grandes empresas de seguridad, mientras se incrementa la militarización de las fronteras y se acaparan tierras por todo el planeta. El cambio climático continuará alimentando conflictos armados y guerras a gran escala y violencia entre comunidades.

Desde esta posición privilegiada, nos comprometemos a asumir la responsabilidad de nuestro pasado común, presente y futuro. Nos rebelamos para cambiar este sistema letal.

Es necesario desenmascarar la hipocresía de gobiernos que llevan décadas fracasando en las negociaciones climáticas, al tiempo que blindan tratados comerciales y de inversiones como herramientas de dominación del capital, dirigidos a perpetuar el desequilibrio de poder que permiten el lujo de unas pocas personas a costa del sufrimiento de la mayoría, acaparando, privatizando y financiarizando cada vez mayores esferas de la vida. Esos mismos gobiernos alimentan la industria fósil con subsidios millonarios y protegen y rescatan bancos fósiles que se lucran con la crisis climática y la devastación ambiental y social.

El papel de las empresas transnacionales españolas y europeas en regiones como América Latina han supuesto una prolongación de la larga noche de los 500 años de colonialismo, acrecentando la crisis ecológica, y minando las posibilidades de soberanía de los pueblos. Chile, hoy, es la expresión del cansancio de las políticas neoliberales y extractivistas en todo el continente. América Latina es Chile y Chile es América Latina.

Creemos en la justicia climática como el eje vertebrador de la lucha social de nuestro tiempo: porque la sostenibilidad es imposible sin justicia social, y la justicia no existe sin un respeto a todos los seres que viven en el planeta. La justicia climática es el paraguas más amplio que existe para proteger bajo su esfera toda la diversidad de luchas por otro mundo posible: ecologismo, activismo climático, feminismo, LGBTIQ+, sindicalismo, antirracismo, antifascismo, antimilitarismo, movimientos decoloniales, movimiento indígena, movimiento campesino, movimiento rural… Promovemos la justicia climática como un movimiento de movimientos en el que quepan muchos mundos diversos.

Nos comprometemos a trabajar para dar visibilidad a las demandas que garanticen una transición justa realizada con la rapidez suficiente, para evitar nuevas catástrofes, como un calentamiento por encima de los 1.5°C o el colapso de los ecosistemas y la sociedad. Es necesario tomar decisiones basadas en la ciencia; la comunidad científica ya ha indicado con claridad la necesidad de dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo, sin extraer, para lograr una reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que estén a la altura del reto climático.

Por ello nos rebelamos contra los modelos extractivistas relacionados con la producción y consumo de energía fósil en todo el mundo, así como rechazamos también con especial énfasis el uso civil y militar de la energía nuclear.

Instamos a un cambio radical en el modelo de movilidad que conduzca a la reducción del transporte masivo de mercancías y personas, causantes entre otros problemas de la turistificación y gentrificación exacerbadas en las ciudades, donde generan graves desigualdades sociales. El modelo de transporte debe paliar al mismo tiempo el creciente aislamiento del medio rural, una de las causas de su progresivo despoblamiento.

Denunciamos los intentos de promover falsas soluciones como aquellas basadas en la geoingeniería, que pretenden mantener el statu quo del actual sistema productivo, aleja el foco de las verdaderas soluciones y amenaza, además, con desiguales impactos a escala planetaria que nuevamente sacrificará primero a las comunidades más desfavorecidas.

Denunciamos también la imposición de un modelo de producción y consumo que no reconoce la alimentación como un derecho y que es corresponsable de la crisis climática y de biodiversidad y condena al hambre a más de 800 millones de personas. Exigimos una transición agroecológica que impulse sistemas justos y sostenibles, que respeten la soberanía alimentaria de los pueblos.

De igual forma, denunciamos la imposición de un modelo de producción y consumo basado en el “usar y tirar” que afecta una vez más a las personas más empobrecidas. Las cantidades ingentes de residuos producidos por los países enriquecidos son trasladados en su mayor parte a países del Sur obligando a vivir en una espiral de pobreza, violencia y condiciones insalubres a las comunidades y colectivos más vulnerables que habitan esos lugares.

Por otra parte la explosión social chilena y su brutal represión nos muestra que la crisis civilizatoria que vivimos es también una crisis democrática. Necesitamos avanzar hacia la construcción de modelos más democráticos de sociedad, que garanticen la toma de decisiones colectivas poniendo el bien común en el centro. En este sentido, la decisión de trasladar la COP 25 a Madrid supone también una merma democrática al comprometer los trabajos de meses de numerosas redes, colectivos y organizaciones de todo el mundo que no podrán ahora participar de la forma que habrían deseado.

Nos solidarizamos con quienes más sufren, con las personas trabajadoras y con las comunidades que están en primera línea de resistencia en todos los continentes. También nos solidarizamos con quienes menos han participado en alimentar la crisis climática y más acusan sus impactos. Apoyamos a todas las personas de cualquier género, origen, lengua, raza, etnia, capacidad física, orientación sexual, experiencia, edad y creencia.

Hacemos un llamamiento a personas y colectivos a rebelarse frente a un sistema capitalista opresor que expulsa cada vez a más personas –muchas de las cuales se ven obligadas a migrar de sus territorios– y esquilma de forma creciente las bases que sostienen la vida. Hacemos un llamamiento a participar en la respuesta social a la COP25 y a tejer red y construir comunidad frente a una crisis climática que es solo el síntoma más visible de un sistema profundamente injusto.

Invitamos a todas las personas y colectivos que se sientan interpelados por estas demandas a participar en la construcción de la Cumbre Social por el Clima, para rebelarse, proponer y tejer comunidad. Frente a la creciente represión y las estrategias para dividir y desmovilizar a los movimientos, mostraremos más unidad que nunca en la lucha común por la justicia.

📝Únete al llamamiento!!

Bernardo Caal Xol galardonado con el Premio Quetzal 2019

Este martes 22 de octubre, el maestro y líder de la comunidad maya q’eqchi Bernardo Caal Xol ha sido galardonado con el Premio Quetzal por los Derechos Humanos y la Democracia en Guatemala. Este importante reconocimiento a Bernardo Caal, se debe a su liderazgo en la resistencia pacífica por la denuncia de irregularidades y violaciones de derechos humanos cometidos en Alta Verapaz, ante la construcción de megaproyectos hidroeléctricos sobre el río Cahabón. El Premio Quetzal para los Derechos Humanos y la Democracia, es una iniciativa de Guatebelga, organización belga que trabaja por los derechos humanos y la democracia en Guatemala y el Instituto de Criminología de Lovaina en el KU Leuven, que se otorga a organizaciones o personas que promueven los derechos humanos y la democracia en este país. La entrega fue realizada en el Museo de la Memoria de los deportados de la Segunda Guerra Mundial, Kazeme Dossin en Malinas y recogido por su hermana, la también dirigente indígena por la defensa del río Cahabón, y concejala de la municipalidad de Santa María Cahabón, María Caal. Bernardo Caal se opuso, junto con su comunidad, a la construcción de megaproyectos hidroeléctricos sobre el río Cahabón, como OXEC y RENACE (este último cuenta con la participación de la empresa española ACS, presidida por Florentino Pérez, que a través de su filial Cobra, mediante servicios de ingeniería y construcción), que comportaban la privatización del río e impedían el acceso a las comunidades sin previa información y consulta. En enero de 2018, después de una larga campaña de intimidación y difamación, Bernardo Caal fue arrestado y detenido. En noviembre de 2018, finalmente fue sentenciado a siete años y cuatro meses de prisión, supuéstamente por “arrestos ilegales” y “robo violento”. La vista de su apelación a la sentencia ya ha sido varias veces postergada. Este premio internacional es tanto un reconocimiento a su labor, como una demanda de libertad para Bernardo Caal y un respaldo a las comunidades q’eqchíes en su defensa del agua. En Guatemala, es cada vez mayor la violencia y criminalización hacia las comunidades indígenas y sus líderes. Noticias relacionadas: 👁‍🗨 Libertad para Bernardo Caal y para el río Cahabón 👁‍🗨 Libertad para Bernardo Caal y las comunidades que defienden la vida y el agua en Guatemala Fuentes:

Colectivos y activistas internacionalistas europeos en solidaridad con Honduras

RED EUROPEA DE SOLIDARIDAD POR HONDURAS

Diversos colectivos y activistas internacionalistas europeos, venidos de lugares como Noruega, Alemania, Francia, Suiza y varios territorios del Estado Español, nos hemos reunido en el 2do encuentro de la Red Europea de Solidaridad con Honduras, en la ciudad de Madrid, entre el 4 y el 6 de octubre, con el propósito de seguir profundizando nuestros lazos y fortalecer nuestras capacidades para contribuir a la defensa de las luchas por la democracia, justicia y derechos humanos de los pueblos hondureños.

Un año después del 1er encuentro, que tuvo lugar en Berlín (Alemania), hemos constatado la profundización de las políticas de violencia estructural que vulneran los derechos humanos llevadas a cabo por el gobierno ilegítimo de JOH, el cual es producto de unas elecciones fraudulentas. Esta narcodictadura subsiste en el poder solo gracias al apoyo de intereses privados transnacionales y de los gobiernos de EEUU y de diversos países europeos, asi como de la propia Unión Europea, interesados en profundizar el modelo extractivista, que en Honduras y en la mayoría de países del sur global, está desposeyendo a las clases populares, pueblos indígenas y campesinos de sus derechos y territorios.

Ante este escenario, y en el marco de la emergencia climática derivada del modelo extractivista y desarrollista impulsado por las potencias industriales del capitalismo, reiteramos nuestro compromiso con las luchas de los movimientos sociales de Honduras, en contra de este sistema capitalista y depredador, que despoja al pueblo y a las personas de sus derechos más elementales, mediante la violencia y el desplazamiento y que actualmente amenaza la supervivencia del ser humano.

Nos solidarizamos con las luchas de los pueblos indígenas, campesinas/os, trabajadoras/es, estudiantes, mujeres, la comunidad LGBT* y demás sectores populares por una vida digna, por la defensa de sus territorios y autonomías, y por el derecho de la madre naturaleza. Como es el caso en todos los territorios del sur, las mujeres hondureñas diversas están al frente de las luchas por la dignidad y la defensa de derechos y del territorio, enfrentando mayores riegos a su libertad e integridad.

Por todo ello, exigimos al Estado de Honduras garantizar:

El libre ejercicio de los derechos políticos democráticos, incluyendo la libre participación y el derecho a la manifestación y la protesta legítima, y la realización de unas elecciones con garantías que aseguren a la brevedad la restauración del sistema democrático.

La protección de la vida e integridad de todas/os las/los defensores de derechos humanos, según sus propios conceptos y necesidades de seguridad integral.

La libertad de expresión y el derecho a la información, y el cese inmediato de la represión, persecución y el desplazamiento forzado de periodistas y comunicadores sociales, así como del conjunto de activistas y defensoras y defensores que contribuyen a llevar a la luz las consecuencias de la represión estatal y del poder privado.

Llamado a la movilización no violenta

Ante la situación social y política en que se encuentra inmerso el país tras la sentencia de los líderes independentistas, entidades de la sociedad civil hemos impulsado con carácter de urgencia una declaración reafirmándonos  en el rechazo a la sentencia, pidiendo el fin de la espiral de violencia y llamando a la movilización no violenta.

DECLARACIÓN

Después de cuatro días de movilizaciones ciudadanas contra la sentencia, las entidades firmantes queremos manifestar lo siguiente:

Nos reafirmamos:

  • En el rechazo a una sentencia que conlleva penas de prisión injustificadas contra políticos y activistas que siempre han rechazado la violencia, que supone una limitación severa de derechos y libertades, y que criminaliza la movilización del conjunto de la ciudadanía.
  • En la movilización ciudadana de carácter pacífico que ha sido siempre la característica de todas las movilizaciones durante estos años y que, además, ha sido la voluntad explícita de las entidades organizadoras

Consideramos:

  • Que el bloqueo, la frustración, la intensificación de la represión y la sensación de falta de salidas podrían llevar a algunas personas a cuestionar la movilización no violenta
  • Que iniciar una dinámica de tipo violento supondría una espiral peligrosa que, a la vez que podría generar daños irreparables, supondría incrementar los niveles de sufrimiento.
  • Que la violencia, además de rechazable éticamente, no supondría ningún avance en la liberación de la gente encarcelada, ni en la resolución del conflicto sino, más bien, incrementaría la dinámica represiva y el sufrimiento de mucha gente.

Rechazamos:

  • Cualquier acción de violencia policial que hemos visto estos días y exigimos que se investiguen y se depuren las responsabilidades pertinentes
  • Que con las detenciones producidas las últimas semanas se hayan tomado medidas de excepcionalidad totalmente contrarias a la proporcionalidad, a la presunción de inocencia y las garantías jurídicas
  • Los disturbios y altercados de estos últimos días y que nunca habían caracterizado las movilizaciones realizadas hasta ahora

Por todo ello:

Convocamos a la ciudadanía a participar en las próximas movilizaciones de protesta en la sentencia y reafirmarse en su carácter no violento.

Impulsan este manifiesto:

  • Lafede.cat, Organitzacions per a la Justícia Global
  • Fundipau
  • Òmnium Cultural
  • Consell Nacional de la Juventud
  • Unió de Pagesos
  • CIEMEN
  • Asamblea Nacional Catalana
  • Centro Iridia per a l defensa dels drets humans
  • Observatori DESC
  • Entrepobles
  • Novact
  • En peu de pau
  • Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
  • Cooperacció

Ecuador: Movilización nacional contra medidas económicas

Entrepueblos Entrepobles Entrepobos Herriarte
nos sumamos a los comunicados de solidaridad con el pueblo ecuatoriano

➡(Lafede.cat – organizaciones para la justicia global) Solidaritat amb el poble equatorià

➡(Coordinadora de ONGD-España) Solidaridad con el pueblo ecuatoriano⬅

 

Desde el pasado 2 de octubre, nos están llegando noticias muy alarmantes desde Ecuador, a raíz de que el presidente, Lenín Moreno, hiciera públicas las principales medidas del denominado “paquetazo”, con reformas en detrimento de los derechos laborales, recortes en la Administración pública y eliminación del subsidio a los combustibles, tras la firma de un acuerdo con el FMI y otras políticas económicas direccionadas a favorecer a las élites locales.

Ante estas medidas, han ocurrido hechos que trataremos de resumir, y que han desestabilizado el país dando lugar a una grave vulneración de los derechos humanos.

Tras este “paquetazo”, fue el gremio del transporte el que en un primer momento se organizó, saliendo a movilizarse a la calle. El Gobierno optó entonces por liberalizar los combustibles dejando en manos del Mercado los precios de la gasolina y al diésel, medida que implícitamente va asociada a la especulación y a la inevitable subida de precio de los alimentos y del transporte.

Estos hechos han causado un fuerte rechazo popular a nivel nacional, ya que constituyen un duro golpe contra el pueblo ecuatoriano, y sobre todo contra quienes históricamente se encuentran en situación de mayor desigualdad, injusticia y violencia: mujeres, jóvenes, pueblos y nacionalidades, la clase trabajadora, etc.

Calles en diversas ciudades del país se han llenado de manifestantes en contra de estas medidas. Primero los transportistas, luego los estudiantes y el movimiento feminista, la izquierda política, las múltiples organizaciones sociales, así como el movimiento indígena, tanto que al Gobierno ecuatoriano se le ha ido de las manos y ha declarado el país en “Estado de excepción”.

Lideradas por los movimientos indígenas, cada vez más fuertes, se han organizado medidas sociales avaladas por la Constitución, vigente desde el 2008, que reconoce al Estado ecuatoriano como un Estado Plurinacional e Intercultural. El pueblo indígena ha declarado su propio “Estado de excepción” como forma de autonomía para tomar decisiones. Por otro lado, desde las comunidades y provincias de la sierra con mayor población indígena, tanto al norte como al sur de Quito, se han organizado movilizaciones masivas hacia Quito. Movilizaciones pacíficas que van avanzando, a pesar de la autorización por parte de los ministerios de interior y de defensa, de usar medidas de fuerza, como sacar tanques de guerra a la calle, tanto por el centro de Quito como a las afueras, tratando de impedir  sin éxito el paso de las manifestaciones indígenas no violentas. El uso de la fuerza es totalmente desproporcionado, detenciones, criminalización, violación de derechos humanos.

Por otro lado, los gobiernos, actual y anterior, están tratando de politizar esta situación, en un cruce de acusaciones partidistas con el claro objetivo de polarizar a la población.

Una situación terrible que está enfrentando al pueblo contra el pueblo, siendo los grandes afectados por estas medidas.

Desde Entrepueblos Entrepobles Entrepobos Herriarte queremos mostrar nuestra solidaridad con toda la población ecuatoriana y las organizaciones hermanas en estos momentos convulsos, ante lo que puede suponer un grave retroceso de los derechos sociales y económicos conquistados por el pueblo ecuatoriano en años, esperamos puedan alcanzar pronto una solución. Y lamentamos el posicionamiento del Gobierno español apoyando la actuación del Presidente Moreno y su Gobierno.

 

COMUNICADO DE LA CONAIE
https://conaie.org/

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ACCION ECOLOGICA ANTE LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO DE LENIN MORENO
AE Logo - copiahttp://www.accionecologica.org

 

 

Una vez más las lógicas de explotación y concentración de la riqueza vigentes en nuestro país, recaen sobre la población, los territorios y la naturaleza.

En respuesta a presiones del FMI y utilizando una justificación aparentemente ambiental, el gobierno elimina los subsidios a los combustibles mientras las políticas oficiales promueven la expansión de la frontera petrolera, minera y de los agronegocios, que son actividades empresariales con graves responsabilidades frente al cambio climático, a más de ser beneficiarias de subsidios perversos disfrazados de apoyos a la industria que garantizan la impunidad de las empresas.

Qué otra cosa puede ser sino subsidios a estas empresas la flexibilización de los controles ambientales a sus operaciones, como son los permisos para deforestar, para utilizar agroquímicos de manera recurrente incluso mediante fumigaciones aéreas, utilizar ingentes cantidades de agua dulce para el procesamiento industrial y convertir los esteros y ríos en vertederos de desechos tóxicos. Sólo la quema del gas a través de mecheros en las zonas petroleras durante 25 años equivale a 5 millones de millones de dólares.

¿No constituyen subsidios la construcción de carreteras con dinero público o el despliegue de fuerzas policiales o militares para otorgar seguridad y protección sobre todo frente a conflictos con las poblaciones afectadas?

A pesar de que el paquete de medidas tomadas es presentado como necesario para enfrentar el déficit de los fondos fiscales, las empresas mineras mantienen enormes privilegios, como son, entre otras, la exoneración del impuesto a la renta por 10 a 15 años a partir de que generen ganancias, la devolución del IVA, la exoneración del impuesto a la salida de divisas, la exoneración del impuesto por ganancias extraordinarias, la libertad de operar desde paraísos fiscales.

Por su parte, la industria de la palma se beneficia de créditos preferenciales, de un impuesto al valor agregado tarifa cero para maquinarias y repuestos, tiene exoneración de pago del impuesto a la renta para nuevas inversiones en zonas fronterizas, y los exportadores de aceite de palma cuentan con la exoneración de pagos para la salida de divisas.

Las represas e hidroeléctricas gozan del subsidio entregado en agua, lo que provoca conflictos con las comunidades que por esta razón sufren vulneración de su derecho de acceso al agua para consumo y su soberana alimentaria. Con base en esta condición de privilegio, se planifica la construcción de alrededor de 200 hidroeléctricas.

Una de las medidas dispone bajar y simplificar el impuesto único al banano con el argumento de dinamizar al sector y generar empleo. Se pasa por alto que esta actividad se basa en el trabajo precarizado y que su modelo de producción es dependiente de insumos tóxicos y de la importación de maquinaria agrícola. En general, se expande la agricultura empresarial mientras se margina a los sistemas agroalimentarios sostenibles que alimentan a un 60% de la población ecuatoriana, poniendo en grave riesgo a la soberanía alimentaria del país.

Todo este modelo se asienta en mayor endeudamiento, venta anticipada de petróleo y regalías mineras. Por ejemplo, la deuda adquirida con China para adelantar los proyectos petroleros en el Yasuní, o aquella con las instituciones financieras internacionales que incluye fondos para garantizar el pago de la deuda externa y de laudos arbitrales. Estas deudas se pagan con la ampliación de la explotación petrolera y minera, y con medidas de ajuste como las tomadas en estos días.

Son éstos los subsidios que deben eliminarse porque profundizan el extractivismo y el agronegocio que implican más daños a los territorios de pueblos indígenas y campesinos y violación de derechos humanos y de la naturaleza.

En ningún país donde se han eliminado los subsidios a los combustibles fósiles, se ha reducido el consumo de combustibles y la tasa de emisiones. Ninguna cifra demuestra significativamente que con medidas económicas, fiscales o similares se haya detenido el calentamiento global. Por el contrario, se ha garantizado la impunidad para las empresas petroleras y otras altamente consumidoras de energía como la agroindustria y la minera.

¿Por qué no subir los impuestos a las empresas petroleras y mineras? ¿Por qué no exigir a Chevron Texaco que pague su deuda social y ecológica, calculada en más de 9 mil millones de dólares?

Con el alza del precio de los combustibles -y de los pasajes- el gobierno perdona los crímenes ambientales de los verdaderos contaminantes y pone la responsabilidad del cambio climático sobre los sectores populares.

La violencia que se expresa en estos días para aplacar la legítima reacción de la población frente a las medidas que se pretenden imponer a la fuerza es un reflejo de la que se vive en los territorios para imponer los proyectos extractivos y el agronegocio.

Exigimos el cese de la represión y la violencia de la fuerza pública a las expresiones legítimas de protesta y demandamos la derogatoria del decreto de excepción.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de protección de derechos humanos de NNUU para que designen una comisión de alto nivel que verifique lo que está pasando en nuestro país, y que permita detener la violencia que se está impulsando desde el gobierno con el fin de imponer el paquete neoliberal.

Exigimos que se pare la expansión de la frontera minera, petrolera y del agronegocio que está detrás de estas medidas.

Saludamos y agradecemos al movimiento indígena por su presencia en las calles. Sus luchas son y han sido la defensa del agua, los bosques, las semillas, la naturaleza. Nos enorgullecen esas raíces que cimentan nuestra cultura y nuestro país.

 

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(Català) COMUNICAT LAFEDE.CAT   SOLIDARITAT AMB EL POBLE EQUATORIÀ

Fotos: AFP (extraída de la web (extraída de la web https://coordinadoraongd.org)

 

Les ONG i entitats socials catalanes volem expressar la nostra consternació i el més ferm rebuig per la resposta repressiva i indiscriminada amb la que el Govern equatorià està responent a les mobilitzacions contra les mesures econòmiques de caire neoliberal que ha anunciat.
Aquestes mesures responen al conveni signat amb el Fons Monetari Internacional el mes de febrer passat. El poble equatorià coneix perfectament les conseqüències de l’aplicació d’aquest tipus de mesures i com afectaran la seva qualitat de vida perquè ja les va patir els anys 90. Llavors la precarització laboral, l’empobriment i l’exclusió social van suposar l’empobriment més accelerat de la història d’Amèrica Llatina, empobriment que va afectar especialment a les dones que van emigrar de manera massiva.
Com a organitzacions socials volem expressar especialment la nostra solidaritat i la nostra proximitat amb el poble equatorià: amb les diferents nacionalitats del moviment indígena, les dones diverses de tot el país i a les organitzacions socials i sindicals. Ens solidaritzem amb la seva lluita contra les mesures d’austeritat, així com amb les seves demandes històriques per la defensa dels seus territoris i dels béns naturals. Donem suport a la seva crítica a un model econòmic extractiu que vulnera els drets de les nacionalitats i els pobles indígenes, que ens està portant a una crisi ecològica global. Defensem la legitimitat de les seves protestes alhora que denunciem la seva criminalització. Igualment volem expressar la nostra solidaritat amb els 25.000 equatorians i equatorianes que viuen a Catalunya i pateixen per les seves famílies i per la situació del país.
Rebutgem fermament el decret de l’estat d’excepció per part del Govern equatorià i la violència exercida a l’empar d’aquest, així com el control dels mitjans de comunicació. Aquest mecanisme de caràcter autoritari no sols vulnera drets fonamentals com la llibertat d’associació, manifestació, reunió, informació o la inviolabilitat del domicili, sinó que atempta directament contra el dret a la vida per la impunitat de les forces policials i militars en l’ús de la força i les detencions arbitràries sense garanties que s’estan produint, tal i com ens estan informant les nostres organitzacions sòcies. Destaquem com especialment greu la violència exercida per aquestes forces policials i militars nens i nenes, adolescents i gent gran, i aquella exercida en llocs protegits pel dret internacional en situacions de conflicte, com ara hospitals o centres de distribució de socors i ajuda humanitària.
Fem una crida al Govern de l’Equador per tal que posi fi de manera immediata a la repressió i treballi per generar les condicions necessàries per a l’establiment del diàleg entre les parts. Exigim finalment que el Govern espanyol actuï amb caràcter d’urgència i demani al Govern equatorià que garanteixi el compliment dels tractats internacionals en matèria de drets humans.

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Comunicado de la Coordinadora de ONGD – España  Solidaridad con el pueblo ecuatoriano

Foto: Celag.org (extraída de la web https://coordinadoraongd.org)

 

Mostramos nuestra consternación y rechazo a la represión indiscriminada que están sufriendo en Ecuador las personas que se manifiestan contra las medidas de carácter neoliberal que ha anunciado el gobierno.

Según datos del Defensor del Pueblo de Ecuador, 5 personas han perdido la vida, más de 500 han resultado heridas y casi 1.000 han sido detenidas.

Solo el fin inmediato de la represión y el establecimiento de un diálogo entre las partes puede garantizar la solución de esta grave crisis.

Como organizaciones de cooperación para el desarrollo, nos sumamos a LaFede.cat y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano: con las naciones indígenas, con las diversas asociaciones de mujeres, con las organizaciones sociales y sindicales. Rechazamos rotundamente la represión que el gobierno está ejerciendo contra miles de personas que se manifiestan frente las medidas neoliberales anunciadas; medidas fruto de un acuerdo firmado el pasado mes de febrero con el FMI. El pueblo ecuatoriano tiene memoria y recuerda las graves consecuencias que medidas de este tipo tuvieron sobre sus condiciones de vida en la década de los 90: empobrecimiento generalizado, precarización de las condiciones laborales, exclusión social; consecuencias especialmente graves para miles de mujeres que se vieron obligadas a migrar. Nos solidarizamos con las casi 500.000 personas ecuatorianas que viven en nuestro país; todo nuestro apoyo a sus familias.

Apoyamos las luchas históricas del pueblo ecuatoriano por la defensa de los bienes comunes, el territorio de las naciones indígenas y la protección de los recursos ante un modelo extractivo que nos ha llevado a la emergencia climática global.

Rechazamos la declaración del estado de excepción y la violencia ejercida por el gobierno. Un mecanismo que permite la represión de las manifestaciones, la suspensión del derecho de reunión y asociación, el control de los medios de comunicación o la detención arbitraria.

Llamamos al gobierno ecuatoriano a acabar con esta represión e iniciar un diálogo sostenido que permita acabar con esta grave crisis. Pedimos el gobierno español en funciones que actúe de manera inmediata y demande al gobierno ecuatoriano el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

 

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