Por qué la diligencia debida no va a servir para acabar con la impunidad de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las transnacionales españolas

En las últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y el planeta ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en todo el mundo. El avanzar en el establecimiento de mecanismos para controlar y castigar los abusos cometidos por las grandes corporaciones, impedir la impunidad y evitar su repetición se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad.

Desde el discurso de Salvador Allende en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1972, en el que denunció el poder de las corporaciones transnacionales, hasta el instrumento internacional jurídicamente vinculante, sobre el que se viene debatiendo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde que en 2014 se aprobara la resolución 26/9, o la propuesta de directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, publicada por la Comisión Europea en 2022, pasando por las diferentes iniciativas legislativas que se han llevado a cabo en Francia, Suiza y Catalunya, en los últimos años se han presentado diferentes desarrollos normativos con el objetivo declarado de controlar las actividades de las empresas más allá de las fronteras del país de origen.

Estos procesos pueden servir de guía para definir los ejes en los que podría basarse una regulación eficaz, además de ilustrar las barreras que se interponen desde los estados y las grandes compañías a la creación de un marco normativo que garantice los derechos humanos y frene la crisis socioecológica.

En el caso español, a la vez que se ha venido desarrollando un sistema de apoyos y subvenciones a la internacionalización de la empresa, así como de incentivos y reconocimiento de las “buenas prácticas” empresariales, hasta la fecha no se han llegado a contemplar mecanismos efectivos de evaluación y seguimiento para poner fin a los incumplimientos relativos al derecho internacional de los derechos humanos. El Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, publicado en 2017, incluyó una serie de promesas, acciones y códigos de autorregulación y, sin embargo, no han cesado las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por empresas españolas.

Hasta la fecha, en España nunca se ha contemplado el ampliar las obligaciones extraterritoriales desde la empresa matriz a sus filiales, proveedores y subcontratas en otros países; asumir la noción de interdependencia e indivisibilidad de las normas aplicables en materia de derechos humanos; obligar al cumplimiento directo por parte de las transnacionales del ordenamiento internacional; o incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la doble imputación de empresas y directivos.

Los desarrollos normativos más recientes, incluyendo el anteproyecto de ley español que se ha elaborado durante 2022, se articulan en torno a la noción de diligencia debida. Este es un concepto que se encuadra en el marco de la voluntariedad y la autorregulación empresarial, que ya se recogía en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobados en 2011. Valga recordar que los Principios Rectores, como puede leerse en su preámbulo, “no implican la creación de nuevas obligaciones de derecho internacional, sino precisar las implicaciones de las normas y métodos actuales para los Estados y las empresas”.

Uno de los grandes obstáculos para erradicar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales consiste, precisamente, en que no se apuesta por la creación de nuevas normas obligatorias a nivel nacional e internacional que permitan determinar y sancionar por responsabilidad directa de las empresas matrices la vulneración de derechos humanos de cualquiera de las firmas de su cadena de valor.

A nivel global no existen instrumentos jurídicos efectivos para controlar los impactos sociales, económicos, laborales, ambientales y culturales de las actividades económicas de tipo transnacional. Las obligaciones de las grandes corporaciones en materia de derechos humanos se remiten a unos ordenamientos nacionales que son papel mojado porque han sido desregulados y flexibilizados y que, en líneas generales, cuentan con estructuras judiciales y administrativas incapaces de hacer valer las disposiciones jurídicas con las que puedan llegar a contar.

Aunque con la regulación vía diligencia debida pueda avanzarse en la creación de normas vinculantes, estas no están relacionadas con el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos, sino que se vinculan a la elaboración, revisión y actualización de los planes empresariales sobre los riesgos de sus actividades relativos a los derechos humanos. Unos planes que serán realizados de manera unilateral por las grandes compañías, con base a las directrices que quedarán establecidas en la norma.

El aumento de las violaciones de derechos humanos en las últimas décadas ha demostrado que la manifiesta fragilidad del derecho internacional de los derechos humanos ha impedido que sirva como contrapeso frente a la fortaleza del derecho corporativo global. Más aún, si se abandona cualquier posibilidad de avanzar efectivamente por esa vía, cuya máxima expresión actual es el tratado sobre derechos humanos y empresas sobre el que se lleva debatiendo en la ONU desde hace ocho años.

Por lo tanto, es imprescindible crear un marco jurídico propio en España con el fin de regular a las empresas transnacionales y garantizar que cumplan con los derechos humanos, teniendo estos preeminencia sobre sus intereses económicos privados. El efecto horizontal del derecho internacional de los derechos humanos habilita para que los Estados adopten normas sustantivas que establezcan obligaciones directas, concretas y diferenciadas para las empresas en materia de derechos humanos y sanciones derivadas del incumplimiento de las mismas. Asimismo, se entiende por derechos humanos todos aquellos reconocidos en instrumentos jurídicos internacionales tomando en cuenta su naturaleza universal, indivisible, interrelacionada e interdependiente.

En un contexto internacional de guerra y crisis energética, emergencia climática y socioecológica, ofensiva capitalista y aumento de desigualdades, las propuestas de regulación basadas únicamente en la diligencia debida corren el riesgo de operar como la cara amable del rescate de las grandes corporaciones por parte de los estados centrales europeos. Mientras se inyectan miles de millones de dinero público a las grandes empresas y bancos vía fondos europeos, compras de deuda, rescates de organismos públicos estatales, contratación pública, etc., no hay ninguna obligación ni requisito socioambiental efectivos para estas mismas compañías. Al contrario, se están aprobando leyes y medidas en favor de las grandes corporaciones. La diligencia debida, en esta coyuntura, viene a jugar el papel de servir como aparente contrapeso, cuando en realidad refuerza la falta de controles reales sobre el capital transnacional. No es de extrañar que grandes empresas como Microsoft, Unilever, Primark y Nestlé estén pidiendo impulsarla.

Creemos que una ley basada exclusivamente en la diligencia debida podría agravar la asimetría entre las normativas económicas y comerciales imperativas e inamovibles, por un lado, y las normas de derechos humanos y ambientales blandas e incumplidas, por el otro. Inclusive, eso reforzaría un sistema de normas jurídicas basadas en el autocontrol y la autoevaluación muy acorde con los intereses del poder económico y financiero.

Por todo ello, a la vista del texto del anteproyecto de “ley sobre la protección de los derechos humanos, la sostenibilidad y la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales”, gestado desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y de cara al rumbo que esta iniciativa pueda tomar en los próximos tiempos, las organizaciones abajo firmantes queremos manifestar nuestro desacuerdo con el mismo.

Con esta propuesta, en lugar de aumentar las inspecciones y controles públicos, continúa la lógica de las auditorías privadas a partir de una idea genérica de “respetar los derechos humanos”, sin tener en cuenta las cuestiones relativas a la responsabilidad legal ante el incumplimiento del ordenamiento internacional por parte de las grandes empresas.

A lo largo del proceso de elaboración del anteproyecto de ley, un conjunto diverso de actores de la sociedad civil ha hecho múltiples aportaciones, además de incorporar en la documentación de la consulta pública realizada en febrero de 2022, el texto de la proposición de ley¹ que se elaboró conjuntamente con el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos entre 2017 y 2019. Consideramos que esa propuesta, que recoge un amplio consenso de organizaciones sociales, ecologistas y sindicales, ONG y partidos progresistas sobre lo que debería ser una normativa estatal de empresas y derechos humanos, sería un punto de partida razonable para comenzar este proceso. Sin embargo ese texto, que recoge el acumulado de buena parte de las luchas y resistencias contra el poder corporativo en las que hemos venido participando desde hace dos décadas, ha sido desestimado.

Como hemos demandado durante años en campañas y movilizaciones, creemos que lo más adecuado sería una ley marco que definiera las obligaciones directas, concretas y diferenciadas para las empresas transnacionales y que exigiera su responsabilidad (penal, civil, administrativa) por la violación de las mismas en sus actuaciones en terceros países; que incluyera responsabilidad solidaria de las multinacionales por las actividades de sus filiales, proveedoras y subcontratistas; y, por supuesto, que estableciera los mecanismos efectivos para la reparación de los daños sufridos por las víctimas y un centro de empresas que sustituya las auditorías privadas por la investigación público-social.

Si quiere proteger a las víctimas de las viola­ciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales, el Estado español debe codificar sus obligaciones extraterritoriales al respecto. Seguramente podría incluir los planes de riesgos como un elemento adicional a otra serie de obligaciones extraterritoriales combinadas con mecanismos de evaluación y seguimiento, pero el caso es que en la actual propuesta se parte de los planes de riesgos de diligencia debida como único elemento vertebrador.

En definitiva, el anteproyecto de ley sobre empresas y derechos humanos que el gobierno español prevé presentar este año tendría que sustituir la centralidad de la diligencia debida por propuestas claras y precisas que aborden el control de las prácticas internacionales de las empresas transnacionales españolas.

Las propuestas de un Centro catalán sobre empresas y derechos humanos, respaldado por numerosas organizaciones de la sociedad civil y cuya puesta en marcha se está tramitando actualmente en el Parlament de Catalunya, o el Centro vasco sobre empresas transnacionales, presentado recientemente con una fuerte componente sindical, aparecen como dos referentes fundamentales a la hora de coordinar esfuerzos en la lucha contra los abusos del poder corporativo, y pueden servir de ejemplo para avanzar en la elaboración de un marco normativo que establezca obligaciones concretas, genere mecanismos efectivos para la evaluación y prevea sanciones. Asimismo representan la voluntad política de construir alianzas público-sociales.

Romper con la asimetría normativa y acabar con la impunidad de las empresas transnacionales requiere que las normas relacionadas con empresas y derechos humanos tengan, como mínimo, la misma fortaleza en cuanto a exigibilidad y justiciabilidad que las garantías y protecciones de la “libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”. Además, habría de reafirmarse la primacía de las normas de derechos humanos sobre las reglas de comercio e inversión, a la vez que los derechos sociales, laborales y ambientales deben dejar de ser considerados como “desventajas competitivas”.

Y el corazón de esta disputa no se encuentra en la técnica jurídica, sino en la voluntad política.

Alianza por la Justicia Global

Primeros firmantes:

1. Amigos de la Tierra
2. Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero (AJAFR)
3. ASPA – Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz
4. Attac España
5. Basoa – Casa de las Defensoras. Defendatzaileen etxea
6. Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Estado español
7. Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África (CEDSALA)
8. Centro Humanista de las Culturas
9. CGT Confederación General del Trabajo
10. Colectivo Sur Cacarica
11. CooperAcció
12. Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia
13. Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
14. Coordinadora de Vivienda de Madrid
15. Ecologistas en Acción
16. ELA Euskal Sindikatua
17. Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
18. ESK Sindikatua
19. Fundación APY
20. Grupo catalán de Empresa y Derechos Humanos que forman Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global y la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
21. Humanistas por la Renta Básica Universal
22. ICID – Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo
23. LAB Sindikatua
24. MPP – Asociación Mesa Poética por la Paz
25. Mugarik Gabe
26. NOVACT
27. Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)
28. Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
29. Observatorio DESC
30. Ongi etorri Errefuxiatuak Bizkaia
31. Permacultura ATTA
32. Plataforma Euskal Herriak Kapitalari Planto
33. Solidaridad Internacional Andalucía
34. STEILAS Sindikatua
35. SUDS – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació

Desde Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte nos unimos el pasado 30 de septiembre al 1 de octubre a la Marcha a Bruselas, donde más de 150 colectivos y organizaciones de Europa e Internacionales (entre ellos Caravana Abriendo Fronteras, Madres de Desaparecidos, Marcha Mundial de Mujeres, Tribunal Permanente de los Pueblos, Regularización ya, Abolish Frontex, Via Campesina y otros tantos movimientos sociales) hemos denunciado la responsabilidad de los gobiernos europeos en las muertes y desapariciones de las personas que deciden emigrar.

Durante estos días hemos participado en la Cumbre de los Pueblos, donde pudimos abordar a través de diferentes talleres temas como la militarización de la frontera, analizando el presupuesto europeo, así como las cifras muy llamativas de crecimiento de subvenciones para la investigación de la inteligencia en el armamento y el control de fronteras, que pasa de 600 millones a 8.000 millones en el próximo año, una cifra que se multiplica exponencialmente.

También se ha hablado de externalización de la frontera y como las armas pueden circular de un país a otro dentro de la Unión Europea sin ningún salvoconducto, exportando armamento a las fronteras desde Europa y a los países en conflictos bélicos…

Desde los colectivos y organizaciones participantes hemos llegado a la conclusión de la necesidad de una decisión política radical frente a este crecimiento de la militarización y del control del movimiento migratorio. También reforzar las alianzas y convergencia de organización y una estrategia con los medios de comunicación.

La participación de la Marcha Mundial de Mujeres ha sido una gran aportación, por lo que significa, no solo en cómo las mujeres nos vemos afectadas en la política de fronteras y en el tránsito, sino también en la explotación laboral y el sufrimiento de los hijos desaparecidos. También se ha denunciado los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las políticas capitalistas que usan esta mano de obra como esclavizada y hace una falsa competencia con la población trabajadora. Esto refuerza el capitalismo, la xenofobia y racismo en nuestros países.

En estos días, el Tribunal Permanente de los Pueblos, para reforzar estas alianzas vuelve a lanzar el “Pacto Global de Solidaridad por los Derechos los Migrantes y Refugiados”, suscrito en Berlín en octubre de 2005. También se puso de manifiesto que se va a trabajar en una nueva cumbre que se celebrará en Túnez en los próximos años donde estaremos en alianza con todas las organizaciones del Magreb para reforzar esta lucha.

Antes del cierre, el día 1 de octubre, hubo una manifestación para expresar todas nuestras reivindicaciones ante la Eurocámara de Bruselas al grito de Rights, No Deaths! (Derechos. No más muertes por migrar)

Puedes descargar la Declaración del Pacto Global de Solidaridad por los Derechos de los Migrantes y Refugiados a través de este enlace

A través de este formulario puedes firmar vuestra adhesión

Más de veintiocho mil personas han fallecido desde 2014, intentando llegar a Europa o en sus fronteras internas, cuarenta y nueve mil desde 1993. Vienen desde África, Asia y Oriente Medio y mueren especialmente en el Mediterráneo y en el Atlántico; y también en los Balcanes, en los Alpes, en el Canal de la Mancha, en el río Bidasoa al pie de los Pirineos y en otros espacios fronterizos.

Con este contexto, desde Entrepueblos nos sumamos a la campaña “Rights. No deaths” (Derechos. No más muertes por migrar), una iniciativa de diferentes colectivos y organizaciones de Europa para denunciar la responsabilidad de los gobiernos europeos en las muertes y desapariciones de las personas que deciden emigrar.

Queremos alternativas y despertar la conciencia europea, por eso marcharemos los próximos días 30 de septiembre y 1 de octubre 2022 a Bruselas. Con el lema Rights. No deaths (Derechos. No más muertes por migrar) y el día 1 de octubre diferentes organizaciones, colectivos y personas han convocado una concentración que tendrá lugar frente al Parlamento Europeo para demandar el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos en las fronteras y la regularización administrativa de las personas que viven y trabajan en Europa.

Descargue el dosier de prensa a través de este enlace

Además, participaremos en la “Cumbre de los pueblos sobre migración” (en articulación de la Marcha a Bruselas) un espacio de intercambios estratégicos entre diversos movimientos y organizaciones comprometidos con los derechos de los exiliados a nivel local e internacional, con el fin de fortalecer o construir colectivamente propuestas concretas de incidencia y movilizaciones a nivel transnacional.

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Los pueblos indígenas de Ecuador se han movilizado una vez más, como ya lo vienen haciendo desde el histórico levantamiento indígena de los 90, desde este 13 de junio de 2022, para rechazar las políticas neoliberales del Gobierno ecuatoriano que atentan contra el bienestar de la población ecuatoriana en general.

Tal y como resalta la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que, junto con otras organizaciones indígenas y movimientos sociales (feministas, movimiento estudiantil, ecologistas) está liderando las protestas, el paro nacional es la única vía que ha dejado el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso para avanzar en la consecución de derechos colectivos y en la consolidación de una democracia real en el país.

La movilización social comenzó en los territorios a nivel nacional, para trasladarse en la noche del 19 de junio a Quito, donde fue recibida multitudinariamente por los sectores populares de la ciudad al grito de ¡fuera Lasso fuera!

El último levantamiento social con gran alcance registrado en Ecuador fue el también liderado por el movimiento indígena en octubre de 2019, año de movilización social en América Latina. Ecuador no resultó ajeno a esta circunstancia regional y durante el mes de octubre presentó fuertes manifestaciones en respuesta al llamado “paquetazo económico” que incluía la eliminación de los subsidios a los combustibles, entre otras medidas.

Estas movilizaciones sociales del 2019 fueron fuertemente reprimidas por fuerzas policiales y militares, en el entonces gobierno de Lenin Moreno, dejando un saldo de 11 personas fallecidas y cerca de 100 personas con pérdida de ojos por el impacto de perdigones y bombas lacrimógenas. Según el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “se cometieron graves violaciones de Derechos Humanos en contra del movimiento indígena”, sin embargo, a día de hoy, estos hechos continúan en la impunidad.

En un contexto de crisis social y económica en Ecuador, las políticas del gobierno de Guillermo Lasso, dirigidas en gran parte por el acuerdo suscrito con el FMI por el anterior gobierno de Lenin Moreno, suponen la aplicación de drásticos recortes a servicios sociales básicos y gasto público, especialmente en salud y educación. La firma de Tratados de Libre Comercio (recientemente con México en preparación para la entrada a la Alianza del Pacífico, y actualmente en fase de preparación del TLC con China), la promoción de la agroindustria y la falta de cadenas de comercialización que garanticen condiciones justas para pequeñas productoras y productores, ahogan a la agricultura campesina e indígena que, paradójicamente, sustenta el 70% de la demanda de alimentos en el país.

Por otra parte, el aumento del precio de los combustibles desde la entrada del gobierno de Lasso, agudizado por la guerra de Ucrania, ha incrementado el coste de la vida y las condiciones de pobreza de la población. De esta forma, el Ecuador del 2022 es un país donde las desigualdades son cada vez más hirientes, el coste de la vida y la canasta básica sigue subiendo, y esta carestía de la vida no encuentra una correspondencia en un incremento salarial de la gran mayoría de la población, que difícilmente llega a cubrir sus necesidades básicas. A esto se suma la carencia de medicinas en hospitales, la deficitaria educación, y unos niveles de inseguridad ciudadana en aumento.

Además, el gobierno de Guillermo Lasso ha intensificado el modelo económico extractivista, con el pretexto de paliar la crisis económica. Así, durante su primer año de mandato, se propuso duplicar la producción petrolera y promover la inversión en proyectos megamineros en el país. Sin embargo, gran parte de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno ecuatoriano se encuentran en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, y no han pasado por un proceso de consulta previa, libre e informada, a pesar de que este derecho está recogido en convenios internacionales ratificados por Ecuador y en la propia Constitución ecuatoriana. En el informe a la nación de mayo 2022, el presidente afirmaba que “ahora que la tendencia mundial es el abandono de los combustibles fósiles, llegó el momento de extraer hasta la última gota de nuestro petróleo”, lo que augura una mayor presión sobre los territorios y un aumento de la conflictividad socioambiental.

A pesar de ser promovido como la solución para el desarrollo y para la salida a la crisis económica por parte del Gobierno ecuatoriano, la imposición del modelo extractivista genera y agudiza las condiciones de pobreza en las comunidades indígenas y rurales por sus nefastas consecuencias. La situación es especialmente grave en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, que tienen con sus territorios ancestrales no sólo un vínculo material, como proveedor de medios de vida y sustento, sino también un vínculo identitario y espiritual.

A su vez, las recurrentes masacres en las cárceles del país, que en 2021 costaron la vida al menos a 316 personas privadas de libertad, han dado lugar a la peor crisis carcelaria de la historia de Ecuador. En este contexto, la criminalización y judicialización de personas defensoras de derechos y de la naturaleza es doblemente amenazadora, ya que las personas encarceladas, aún en prisión preventiva y sin sentencia firme, sufren el riesgo de ser asesinadas en las cárceles, como sucedió con el defensor Víctor Guaillas, detenido durante las protestas sociales de octubre 2019 por delito de “sabotaje” y asesinado en la masacre de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, en noviembre de 2021.

Estas circunstancias se configuran como el detonante del paro nacional que se está desarrollando en Ecuador desde el 13 de junio. El movimiento indígena, que se constituye como el actor con mayor poder de convocatoria y de organización en las protestas sociales en el país, y reivindica no sólo los derechos de los pueblos indígenas sino también de los sectores populares, campesinos y empobrecidos, ha concretado sus demandas y solicitudes en 10 puntos prioritarios en materia económica y de derechos.

Las demandas incluyen aspectos como la congelación del precio de los combustibles; el establecimiento de precios justos en los productos del campo y no firmas de TLC que destruyen la producción nacional; la mejora del empleo y derechos laborales; la no ampliación de la frontera extractiva minera / petrolera, y reparación integral por los impactos socioambientales; el respeto a los 21 derechos colectivos de pueblos indígenas; y el aumento de presupuesto urgente para salud y educación, entre otras.

Estas demandas han sido reivindicadas durante más de un año por la CONAIE, sin respuesta por parte del gobierno nacional. De hecho, la CONAIE reclama las burlas, engaños, deslegitimación y narrativa racista y colonial, que se ha instalado en el país como respuesta a sus legítimas reivindicaciones, razón por la que han puesto en marcha la medida de hecho del Paro Nacional.

La respuesta del gobierno nacional del Ecuador a la protesta social ha sido la represión y criminalización, mediante detenciones ilegales y arbitrarias de manifestantes, incluida la de Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, que mantuvo en vilo a gran parte del país hasta su liberación; el uso abusivo de la fuerza por parte de la policía nacional y fuerzas armadas, amparado en un Estado de Excepción decretado de forma ilegítima por el presidente Guillermo Lasso, con la práctica sistemática de torturas y el empleo de bombas lacrimógenas y balas de perdigones directas al cuerpo de las y los manifestantes; el ataque con bombas lacrimógenas a universidades que han sido establecidas como centros humanitarios y de acogida; así como la campaña de estigmatización, racismo y odio en contra de los y las manifestantes indígenas, tachados de vándalos, salvajes y terroristas por parte de los discursos oficiales y medios de comunicación mayoritarios. Esta escalada de violencia tuvo su culmen el 24 de junio, cuando el Ministro de Interior, Patricio Carrillo, anunciaba el paso por parte de policía y fuerzas armadas de repeler las protestas a su represión, incluyendo el uso de carabinas con munición múltiple (perdigones).

De esta forma, según los últimos datos que ofrece la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, a fecha 24 de junio se registran 68 reportes que suponen violaciones de derechos humanos, 5 muertos, 6 desaparecidos, al menos 166 heridos y 123 detenciones. En este contexto de represión, se considera especialmente preocupante el proceso judicial que enfrentará a partir del 4 de julio el presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, que se encuentra en libertad preventiva con cargos por paralización de servicio público, ya que en la actualidad ingresar en el sistema carcelario ecuatoriano constituye un serio riesgo de muerte.

En el momento de cierre de este artículo, la Asamblea Nacional de Ecuador está debatiendo la destitución del presidente Gobierno Lasso, tras la solicitud de la bancada correísta de UNES, para la aplicación del artículo 130 de la Constitución ecuatoriana, que incluye la posibilidad de destitución del presidente de la República en caso de “grave crisis conmoción interna”. Desde el 27 de junio el movimiento indígena ha empezado un diálogo con el gobierno.

Ante la impunidad de la vulneración de derechos, se ha puesto en marcha una campaña de contribución solidaria de personas y organizaciones a la Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi, para el apoyo de víctimas y familiares de la represión estatal ejercida por el Gobierno ecuatoriano. Para más información entra en este enlace.