Revista 79 Dende Entrepobos traémosvos a nova Revista 79 onde analizamos coa salvadoreña Morena Herrera, presidenta da Agrupación Cidadana pola Despenalización…
La semana pasada finalizó el programa formativo en derechos con enfoque de género, dirigido a lideresas y activistas de las provincias de Chumbivilcas, en Espinar, y otros territorios de Cusco (Perú) afectados por la contaminación minera, zonas con altos índices de conflictividad social y de violencias machistas. Las participantes analizaron los impactos de la violencia institucional, empresarial y familiar sobre las vidas de las mujeres, construyendo estrategias para la defensa y el ejercicio de sus derechos.
La actividad de cierre se realizó el 26 de mayo en Santo Tomás, Chumbivilcas, en el marco del programa ejecutado por Derechos Humanos Sin Fronteras en alianza con Entrepueblos y con el apoyo de la Generalitat Valenciana.
En el marco de este proyecto, que finaliza en junio de 2023, se ha realizado también el documental ‘Guardianxs del Agua’, impulsado con Grufides, que reivindica el papel de las personas que cuidan los ríos de Cajamarca, donde corren peligro las últimas fuentes de agua limpia, que se encuentran en lugares concesionados y amenazados por proyectos mineros y la contaminación.
‘Brilla’ es una canción en español y quechua de la cantante Renata Flores y el músico Tayta Bird que defiende la vida sin violencias de las niñas peruanas, sus cuerpos y sus territorios.
En un contexto en donde las autoridades vienen arremetiendo cada vez más contra los derechos de la ciudadanía de manera altamente discriminatoria y racista, el coro de las Niñeces de Carabayllo (Lima) y Acomayo (Cusco) se unen a Renata Flores, considerada la reina del rap en quechua, y el músico Tayta Bird para levantar las voces de las diversas niñeces del Perú en ‘Brilla’ y así hacer que sus opiniones sean tomadas en cuenta para garantizar su derecho a vivir libres de todo tipo de violencias.
La canción y el videoclip forman parte de la campaña ‘Vivir sin Miedo’ en la que colaboramos desde Entrepueblos con Demus Perú y Asociación Kallpa, financiado por la Agencia Española de Cooperación Española (AECID). Es el tercer tema musical tras ‘Mujer Montaña‘ y ‘Juntas‘, protagonizado por una estrella de la música peruana.
Ya puedes acceder al repositorio web de ‘Vivir sin Miedo‘, con los hitos de la campaña en cada uno de estos 5 años, desde 2019 hasta 2023. Música, manuales de portavoces, informes, encuentros, manuales para periodistas,…encontrarás material muy interesante para trabajar la lucha contra las violencias y cambiar las narrativas desde los feminismos populares y comunitarios de Perú y toda Latinoamérica.
“Vivir sin Miedo es nuestro derecho” es el lema bajo el que se ha amparado todo un trabajo de transformación de patrones socioculturales que contribuyen a perpetuar relaciones desiguales entre mujeres y hombres de cualquier edad. De igual modo, la intervención, desarrollada en Lima y Cusco, ha tenido como objetivo desmentir y desmitificar supuestas diferencias entre ambos géneros que justifican, legitiman y exacerban las violencias contra las mujeres.
Para ello, las organizaciones peruanas Demus y Kallpa han colaborado estrechamente con la Red de Mujeres Organizadas de Carabayllo (Lima) y la Red Kuskalla de Acomayo. En su quehacer, han contado con el apoyo de las entidades españolas Entrepueblos, Enraíza Derechos y AIETI y el financiamiento de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
“Las mujeres nos dimos cuenta de que para frenar la violencia era necesario hablarlo, intercambiar nuestras vivencias y organizarnos en espacios seguros para aprender y defender nuestros derechos, sobre todo en contextos de crisis donde el impacto de la violencia es más fuerte”, destaca en este sentido, una de las participantes en la intervención en Carabayllo.
La feminista comunitaria Adriana Guzmán, la periodista afro feminista y antirracista Sofía Carrillo y la adjunta de la Defensoría del Pueblo Diana Portal participaron el 26 de mayo en la jornada de cierre de este proyecto, orientada a compartir aprendizajes, estrategias y retos pendientes en la lucha por la prevención de la violencia de género. El evento puso punto y final a un trabajo orientado a promocionar y defender el derecho de mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia en Perú. A sus intervenciones, le siguieron diversas actuaciones musicales de tintes reivindicativos protagonizadas por Batucada Yemayá, Karolinativa y Wendy Sulca.
Además, como resumen del trabajo comunicativo que se ha llevado a cabo, se ha publicado este manual acerca de cómo la comunicación puede trasformar las narrativas y prevenir las violencias machistas. Puedes descargártela aquí.
‘Juntas’, un grito de rebeldía
Uno de los hitos de este trabajo de largo recorrido ha sido el lanzamiento y difusión de diversas composiciones musicales como la titulada “Juntas”. El tema fue ideado en el año de 2022 de manera colectiva como un grito de rebeldía lanzado por las adolescentes del colegio José María Arguedas de Carabayllo y conducido por la cantante Naysha.
La canción visibiliza las violencias a las que pueden estar sujetas las jóvenes en el marco de una relación de pareja, buscando esclarecer la confusión entre amor y violencias de todo tipo (psicológica, verbal, física, etc.). Es, asimismo, una puesta en valor de los vínculos que unen a las mujeres y que les permiten romper con tales situaciones abusivas.
Esta muestra de artivismo está orientada, pues, a la prevención de las violencias contra la población femenina desde su más temprana edad, atacando los cimientos de esta sangrante realidad. Como destacaron las mismas protagonistas de esta creación colectiva: “Tiene un significado muy bonito que habla de nosotras como mujeres y cómo esta sociedad nos trata”, “Es importante porque la canción va a llegar a muchas jóvenes y mujeres”, “Puedo ayudar a mis amigas para que juntas podamos luchar contra la violencia y exigir vivir libres”.
Una injusta realidad persistente
El lunes 22 de mayo de 2023 Cajamarca amanecía con la triste noticia de un nuevo feminicidio. Esta vez el nombre de la víctima era Mirley. Pese a haber presentado cuatro denuncias ante las autoridades, su asesino pudo alcanzarla en la calle y acabar con su vida, dejando a tres niños/as huérfanos. Mirley no es una simple estadística.
A principios de mayo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables daba a conocer que se han registrado 58 feminicidios en Perú en los primeros cuatro meses del año. En otras palabras, cada dos días una mujer es asesinada. De acuerdo con los últimos datos de la Defensoría del Pueblo, en abril de este año, se reportaron 191 desapariciones de mujeres adultas, 82 de las cuales, producidas en Lima, y 238 desapariciones de niñas y adolescentes mujeres (91 en Lima).
En este sentido, la Defensoría del Pueblo recalcaba “la relación entre el género y la edad de las víctimas como factores de vulnerabilidad”. No se tratan, sin embargo, de los únicos datos que delatan las persistentes brechas de género en el Perú. De acuerdo con el Servicio de Atención Urgente (SAU) del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en este 2023, se han registrado 2.475 casos de violencia familiar y sexual, entre otros considerados de alto riesgo. El 76,64%, esto es, 1971, afectaban a una mujer. Por su parte, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han atendido en lo que va de año 52.409 casos de víctimas de violencia.
Así, teniendo en cuenta este contexto, el trabajo implementado ha tenido como objetivo el empoderamiento de la población femenina, así como de sus organizaciones, el fortalecimiento de las autoridades involucradas en la implementación y cumplimiento de los derechos de las mujeres y la transformación de una cultura que naturaliza la violencia. Porque solo desde un enfoque integral y una mirada amplia, estamos convencidas de que será posible romper con una realidad machista que siega la vida de las mujeres.
La red de incidencia EU-LAT, de la que formamos parte en Entrepueblos, ha emitido un nuevo comunicado en relación a la crisis social y política que atraviesa Perú, haciendo énfasis en la necesidad de proteger y respetar los derechos humanos de todos y todas las manifestantes. Así, en una Carta al Parlamento Europeo con fecha del 14 de abril, EU-LAT pide que la cámara representativa europea exija al Estado de Perú “poner fin a la criminalización de la protesta haciendo uso político del derecho penal, llegándose al extremo de utilizar el tipo penal terrorismo, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos al conjunto de la sociedad“.
De igual manera, EU-LAT y la Plataforma Europa Perú (PEP), demandan al Parlamento Europeo que en sus intercambios con el Gobierno peruano insista en que se ponga “fin a la estigmatización y la discriminación racial a las personas que se manifiestan activamente y a las acusaciones de “terrorismo”, y que se atienda y proteja a la población indígena, cumpliendo con el respeto de sus derechos individuales y colectivos así como los compromisos en el desarrollo del país“.
En la Carta, que puedes leer íntegramente aquí, EU-LAT insiste en que la urgencia de investigaciones “imparciales, diligentes, exhaustivas y transparentes“, que esclarezcan los
hechos y establezcan las responsabilidades penales derivadas de ellos, con un seguimiento de los mecanismos fundamentales; que se garantice una reparación integral a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y que la Fiscalía peruana destine personal suficiente para realizar todas las diligencias de forma exhaustiva con condiciones de seguridad para los testigos y familiares de las víctimas.
EU-LAT/EU-LAT Network, a la que pertenece Entrepueblos, es una red reconocida de más de 40 organizaciones europeas desde la que se incide en las políticas europeas respecto a América Latina. Se promueven, entre otros elementos, el respeto de los derechos humanos, la protección de personas defensoras y el medio ambiente en América Latina, para que sean incluidos de forma prioritaria en el diálogo político, la cooperación y el comercio de la UE con la región.
Racismo institucional y ataques a la libertad de información
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), al menos 49 personas han sido asesinadas en ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza durante la represión de las protestas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha dado cuenta de 1.335 personas heridas (civiles y policías) en protestas, entre el 8 de diciembre de 2022 y el 10 de marzo de 2023.
Tras su misión a Perú a mediados de enero, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, condenó el “exceso del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad” y la “fuerte estigmatización por factores étnico, raciales y regionales por algunas autoridades que se han referido hacia todas la personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas o indios, entre otras formas despectivas”. Asimismo, Amnistía Internacional alertó que esta violencia se ha desplegado mayoritariamente contra población indígena aymara y quechua, que hasta la fecha continúan su movilización demandando el cambio de las autoridades porque se sienten marginadas y excluidas. Es más, señaló que las fuerzas del orden hicieron uso indiscriminado de armas letales en contra de los manifestantes, que se puede vincular con el racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas.
Entre el estallido de las protestas y el 10 de enero de 2023, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) también registró al menos 72 casos de violaciones al trabajo de los medios y agresiones a periodistas. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por la policía y el ejército.
“Nos va a servir para afrontar el contexto ultraconservador que estamos viviendo”, explicó Crissthian Olivera tras conocerse el fallo.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ‘caso Crissthian Olivera Fuentes vs. Perú’ es histórica para la comunidad LGTBIQ+ en el país andino y tendrá implicaciones en las políticas y la regulación de los derechos humanos del colectivo.
Establece que el Estado peruano es responsable internacionalmente por haber discriminado a Olivera por su orientación sexual, debido a las respuestas administrativas y judiciales que brindó ante la denuncia que realizó, hace 18 años, cuando fue expulsado de un supermercado por, supuestamente, mostrar “afecto” a su pareja. Concretamente, determina que el Estado peruano violó los derechos a la libertad personal (Art.7.1), garantías judiciales (Art.8.1), vida privada (Art.11.2), igualdad ante la ley (Art.24) y protección judicial (Art.25.1) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Tal y como explica DEMUS, organización que lidera la campaña Justicia Arco Iris, en la que colaboramos desde Entrepueblos, el Estado peruano como responsable internacional deberá encargarse de:
Una campaña informativa anual para sensibilizar y concientizar sobre derechos LGTBIQ+
Un plan pedagógico integral en materia de diversidad sexual, de género, igualdad y no discriminación, con perspectiva de género y derechos humanos de personas LGTBIQ+ en el ámbito de consumo.
Una política pública para monitorear y fiscalizar a que las empresas y sus trabajadores cumplan con la legislación nacional así como los estándares interamericanos sobre igualdad y no discriminación.
Además, la CorteIDH reconoció que, como resultado de la denegación de justicia, se vio afectada la salud mental de Olivera, ya que “padeció un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral”. Así, como parte de las medidas de reparación, se estableció que el Estado peruano brinde tratamiento psicológico/psiquiátrico a la víctima.
Proyecto para fortalecer el ejercicio de derechos de mujeres organizadas y diversas de comunidades rurales, de organizaciones de base y colectivas urbanas…
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