Hoy se ha enviado al Comité CEDAW el Informe Sombra de Seguimiento al que se han adherido un total de 166 organizaciones. El informe, elaborado por la Plataforma CEDAW Sombra España así como las Plataformas CEDAW Sombra creadas en distintas CC.AA., es un trabajo de seguimiento de la evolución de las cuestiones sobre violencia de género y mujeres y niñas refugiadas, las cuales son objeto de seguimiento parcial, tal y como fueron señaladas por el Comité CEDAW al Estado Español en su examen de julio de 2015 (61ª sesión).
En este sentido, representa una síntesis de los elementos más relevantes que, a modo de balance, puede decirse que arrojan con carácter general un deficiente cumplimiento de las recomendaciones señaladas al Estado por parte del Comité CEDAW, por lo que la Plataforma da un suspenso al Gobierno (ver nota de valoración).
Las cuestiones referidas, corresponden a una selección realizada por el Comité CEDAW (artículos 21.a, 21.b, 21.f y 37.c) del Informe de Observaciones Finales del Comité CEDAW, en las que se solicita al Estado Español que dé cuenta de cómo ha avanzado para aplicar sus recomendaciones en este período intermedio entre informes. Las recomendaciones cuya aplicación se analiza son las siguientes:
21.a) Revisar su legislación sobre la violencia contra la mujer en vigor a fin de que incluya otras formas de VG, por ejemplo, la violencia ejercida por cuidadores, la violencia policial y la violencia en espacios públicos, lugares de trabajo y escuelas.
21.b) Disponer cursos obligatorios para los jueces, los fiscales, los agentes de policía y otros agentes del orden sobre la Convención y su Protocolo Facultativo y sobre la estricta aplicación de las disposiciones penales relativas a la violencia contra la mujer, y sobre procedimientos que tengan en cuenta el género para entrevistar y tratar a las mujeres que son víctimas de violencia.
21.f) Recopilar datos estadísticos sobre la violencia doméstica y sexual desglosados por sexo, edad, nacionalidad y relación entre la víctima y el autor.
37.c) Proporcionar tratamiento adecuado a las mujeres y niñas solicitantes de asilo con necesidades específicas y adoptar una perspectiva de género a la hora de elaborar programas de asistencia.
Este 28 de septiembre volveremos a salir a las calles para ¡DEFENDER EL DERECHO AL ABORTO¡
Nos solidarizamos con todas las compañeras que, en todos los países del mundo, están luchando como nosotras para que la interrupción libre del embarazo sea reconocida como un derecho de todas las mujeres.
Andorra, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Malta, Nueva Zelanda, Panamá, Papúa Nueva, Guinea, Filipinas, Polonia, República de Corea, Samoa, San Marino, Gibraltar, Estados Unidos y podríamos seguir con la larga lista de gobiernos que no garantizan el derecho al aborto de las mujeres en sus territorios. Cada año mueren 47,000 mujeres alrededor del mundo, según la OMS, debido a complicaciones relacionadas con abortos inseguros; otras más son criminalizadas o encarceladas. Miles de mujeres abortan cada año dentro y fuera de la legalidad.
Mientras, los gobiernos se derechizan y actúan bajo influencias religiosas, en Estados autodenominados laicos, y las sociedades lejos de avanzar retroceden, las feministas resistimos y luchamos por nuestros derechos fundamentales. Por nuestra autonomía, nuestra libertad y nuestro derecho a decidir. Para que en todos los territorios del mundo abortar forme parte de los servicios nacionales de salud y fuera del código penal, por la salud y la vida de todas las mujeres, para acabar de una vez con la criminalización que sufren miles de mujeres. NI MUERTAS, NI PRESAS, NI CLANDESTINAS. ¡NOS QUEREMOS VIVAS Y LIBRES!
Una vez más las mujeres feministas y diversas nos movilizamos, como forma de resistencia y de hacer visible esta lucha colectiva de muchos años, por el ¡DERECHO A DECIDIR SOBRE NUESTRA SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN¡
El derecho a decidir supone el reconocimiento de las mujeres como personas moralmente autónomas, responsables, libres y sujetos de derecho al igual que el resto de la población.
Vivimos momentos muy importantes en la lucha por nuestros derechos, el pasado 8 de marzo millones de mujeres apoyamos los paros y huelgas internacionales feministas del 8M, o el pasado mes de agosto, cuando las mujeres argentinas movilizaron a más de dos millones de personas por la legalización del aborto, en una lucha que continúa, y ahora por que se haga cumplir la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas de todo el país, públicas y privadas, laicas y religiosas. Un derecho al que también nos sumamos.
Fotografia http://www.feministas.org
Educación sexual para DECIDIR. Anticonceptivos para NO ABORTAR. Aborto legal para NO MORIR
28 de Septiembre: #UnGritoGlobal por el #AbortoLegal.
¡Derechos sexuales y derechos reproductivos para todas¡
El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca.
Los abajo firmantes hemos dado seguimiento del caso del asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro en tentativa de homicidio desde el día 2 de marzo de 2016. Nunca habían estado los reflectores de todo el mundo atentos a un acontecimiento como éste. Honduras ha estado en la lupa de la comunidad internacional y ha observado la cantidad impresionante de violaciones a los derechos de las víctimas durante el proceso así como violaciones a sus mismas regulaciones procesales.
Ha sido evidente cómo la conducción de la fiscalía integrada por los fiscales Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, bajo la dirección del Fiscal General, Oscar Chinchilla, ha significado, de mala fe e incluso dolo, la obstaculización del proceso judicial, al evitar la realización de peritajes, entorpecer el debido proceso, ocultar información, operar con negligencia en las investigaciones, imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, así como evitar a toda costa el análisis de pruebas de los allanamientos que implican a la empresa DESA y la familia Atala.
Una y otra vez el Ministerio Público se ha negado a presentar la información y los peritajes fundamentales para el proceso de búsqueda de la verdad, ha sido la regla de su actuación y esto merece una corrección ejemplar.
El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.
Por otro lado, los jueces del Tribunal de Sentencia responsables de la resolución de este primer proceso judicial, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana y Delia Lizeth Villatoro, han negado que el COPINH sea reconocido como víctima cuando es obvio que el actor fundamental como defensor de los Derechos Humanos es el colectivo indígena; además no han admitido la propuesta de testigos claves que den fe de la actuación de empleados de DESA frente al crimen y se niega a la transmisión en vivo de las audiencias y del juicio. Nos preguntamos, ¿quiénes son los beneficiados de que no se conozca y evidencie en el juicio el contexto del crimen de Berta?
Nos preocupa además, el trato discriminatorio y racista por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia contra los miembros del COPINH que claman justicia y que ejercen su derecho a la verdad al presentarse a observar las audiencias y ser maltratados por su proveniencia. La observancia de las garantías para que el pueblo Lenca representado por el COPINH participe del juicio debe ser una prioridad entendiendo la trascendencia de este proceso.
El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.
El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Que en Honduras existe el Estado de Derecho y un Poder Judicial autónomo sin intereses más que la procuración de justicia, verdad y la garantía por los Derechos Humanos, por eso llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca. Esperamos que cumplan con ese deber y abonen a saldar la deuda con las víctimas de este condenable crimen.
Hoy, 17 de septiembre 2018, estaba por iniciar el juicio oral de las ocho personas imputadas por el asesinato de Berta Cáceres, quien coordinaba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hasta que le fuera arrebatada la vida el 2 de marzo 2016. Se suspendió tras la decisión del COPINH y la familia de Berta de interponer ante el Ministerio Público de Honduras una acción de recusación en contra del Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
El juicio se iba a llevar a cabo hasta el 19 de octubre en la primera sala de juicios orales de este tribunal, pero el COPINH exigió un cambio de tribunal y el proceso solo podrá reiniciar hasta que el Ministerio Público resuelva el recurso. El COPINH tomó esta desición en respuesta a las múltiples irregularidades cometidas por dicha instancia de justicia durante todo el proceso previo al juicio y su falta de voluntad de juzgar a los autores intelectuales del crimen.
“Significa que rechazamos su accionar y su actitud para conocer de este caso y solicitamos que sea reemplazado por un tribunal que garantiza las condiciones para encontrar justicia en este proceso“, anunció esta mañana la organización en una conferencia de prensa en frente de las Salas de Juicios Orales (ver foto). “Exigimos que se haga justicia, pero no justicia a toda costa y no de cualquier manera”, insistió el COPINH, que percibe en el proceso de búsqueda de justicia para Berta Cáceres “la oportunidad de brindar al pueblo hondureño la reivindicación de la justicia con la verdad” y “de enfrentar y desmontar las estructuras que continúan actuando en contra de las comunidades hondureñas y el Estado de Derecho”. (ver el video de la conferencia de prensa aquí)
DESA Culpable
Como bien lo dice el COPINH, la causa de Berta, asesinada por defender al pueblo lenca y al río Gualcarque ante la construcción de la represa hidroeléctrica “Agua Zarca”, no es solo la de sus familiares y de la organización, sino la de las más de 200 personas asesinadas cada año en el mundo por defender sus territorios ante el avance del modelo extractivo y de organizaciones que trabajan por los derechos colectivos de los pueblos y los derechos de las mujeres a nivel internacional. Es un ejemplo claro de la impunidad con la cual empresas criminalizan y asesinan a los y las que se oponen a su visión del “desarrollo” en complicidad con los gobiernos y las fuerzas armadas. Por ello, el COPINH lanzó en paralelo al seguimiento del juicio la campaña “DESA Culpable”, destinada a visibilizar la responsabilidad en el crimen de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), dueña del proyecto “Agua Zarca”.
A pesar de las evidencias que existen sobre la responsabilidad de DESA en el asesinato de Berta, las cuales han sido documentadas en el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) “Represa de la violencia” publicado en noviembre 2017, el Tribunal de Sentencias ha obstaculizado el camino hacia la condena de los autores intelectuales del crimen. El pasado 4 de septiembre, durante la Audiencia de Proposición de Pruebas, rechazó la solucitud del COPINH de llamar a testificar en el juicio a los miembros de la familia Atala Zablah, dueños de DESA, bajo el argumento que sus testimonios no iban a tener que ver con los hechos ocurridos el 2 de marzo 2016. “La justiciahondureña sigue sin tener las agallas de sentar en tribunal a la poderosa voz de mando de la empresa”, denunció el COPINH en un comunicado tras dicha decisión. El tribunal rechazó también la pericia de contexto social y políticopropuesta por el COPINH, la cual hubiera permitido evidenciar que el asesinato de Berta no fue fortuito sino que fue motivado por intereses políticos y económicos amenazados por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Además, se negó a considerar a los integrantes del COPINH como víctimas del crimen.
“Un tribunal que emite resoluciones pero no las hace cumplir, y así conduce a la indefensión, la impunidad y la falta de acceso a la justicia, es un tribunal que no goza, en perspectiva de las víctimas, de esa condición de imparcialidad e independencia que tiene que tener un tribunal”, explicó el abogado del COPINH Victor Fernández durante la conferencia de prensa de esta mañana. Como muestra de la falta de respeto del Tribunal hacia el COPINH y los familiares de Berta, a las 11 horas de este 17 de septiembre aún no había empezado el juicio previsto a las 9 horas, mientras había iniciado la audiencia de proposición de pruebas de otro proceso judicial, denunció el COPINH en Twitter.
Solidaridad feminista y popular
El COPINH instaló el campamento “Justicia para Berta Cáceres” afuera del Tribunal y desde ayer empezaron las muestras de solidaridad, con una acción de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Esta denunció a través de un comunicado “la importancia de denunciar públicamente los mecanismos y maneras en que actúa el poder patriarcal y racista de Honduras en los entramados de su poder criminal para intentar someter a las comunidades a través del asesinato de sus líderes como Berta”.
Esta mañana, a las comunidades que conforman el COPINH y están exigiendo justicia por su ex-coordinadora frente a la Corte Suprema, se sumaron compañeras afrodescendientes en el marco de Movilización de Mujeres indígenas y negras. Esta cuenta conla participación de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), la cual denunció en Twitter que “después de más de 30 meses del crimen se inicia juicio contra autores materiales de asesinato Berta Cáceres mientras el Estado aparentemente protege autores intelectuales, lo que ha desatado una campaña de revictimización”.
Poco a poco, se conformó un importante plantón afuera del Tribunal, pero a las 12h30, la empresa DESA envió un grupo de choque a confrontarse con integrantes del COPINH y OFRANEH. “Responsabilizamos a la empresa DESA y sus directivos de cualquier agresión en contra de nuestros compañeros y compañeras”, alertó el COPINH en sus redes sociales. (ver los videos de la denuncia aquí y aquí)
Una carrera contra el tiempo
Ahora que el juicio fue suspendido, el Ministerio Público tiene muy poco tiempo para resolver el recurso e iniciar un nuevo proceso en otro tribunal, ya que el 5 de noviembre se vence la detención preventiva de 4 de los 8 acusados que iban a ser juzgados a partir de hoy. Los 8 acusados son: Sergio Ramón Rodríguez (exgenrente ambiental de DESA); Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército); Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Elvin Heriberto Rápalo; Henry Javier Hernández; los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza; y Óscar Arnaldo Tareas.
El día de hoy nos presentamos la familia de Berta Cáceres, los miembros y miembras de su organización, el COPINH, junto al equipo legal del MADJ a plantear nuestra postura frente al inicio del primer del juicio oral y público por el vil asesinato del 2 de marzo de 2016.
Desde los aciagos días de marzo de 2016, en los que supimos que manos criminales nos arrebataron la vida de nuestra querida Berta, hemos denunciado que esta muerte no ha sido un hecho fortuito sino el resultado de una amplia serie de crímenes contra su persona y el COPINH por su labor de resistencia en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
A lo largo de estos 2 años y medio de lucha nos hemos enfrentado a la tarea de buscar la justicia en medio de las circunstancias más adversas y aún así hemos podido develar la existencia de una estructura criminal detrás de esta muerte.
Una estructura que persiste en la actualidad y que se muestra activa en los ataques contra el COPINH con la incorporación del bufete Amsterdam & Partners mediante su campaña de difamación y estigmatización contra el COPINH y la causa de Berta Cáceres.
En estos hechos, el tribunal de sentencia que conoce el caso ha fallado en garantizar nuestros derechos como víctimas e incluso los derechos de los imputados, demostrando una parcialidad constitutiva de delito, por el encubrimiento del Ministerio Público en el ocultamiento de información y por consiguiente de la verdad.
Por lo tanto, en este momento, a través de nuestros representantes legales del MADJ hemos interpuesto una acción de recusación contra el tribunal de sentencia de la sala primera, lo que significa que rechazamos su accionar y su aptitud para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso.
Asumimos la tarea de búsqueda de justicia no solamente con el ánimo de encontrar justicia para el caso del vil crimen contra Berta Cáceres, sino entendiéndolo como la oportunidad de brindar al pueblo hondureño la reivindicación de la justicia con la verdad. Como la oportunidad de enfrentar y desmontar las estructuras que continúan actuando en contra de las comunidades hondureñas y el Estado de Derecho.
Exigimos justicia, pero no a toda costa ni de cualquier manera.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 17 días del mes de septiembre de 2018
Comunicado de la Misión internacional de observación
Madrid/París/ Ottawa/ Ciudad de Quebec/ Washington/ Los Ángeles/ Ciudad de Guatemala/ San José/ Tegucigalpa/El Progreso, 13 de septiembre de 2018.- Quince organizaciones internacionales y nacionales; personas expertas en derechos humanos, derecho internacional y derecho nacional han formado una misión para observar el respeto del derecho a un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. Esto, para garantizar que el primer juicio contra ocho imputados por el asesinato de la líder indígena Lenca, y el intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro, se desarrollen de acuerdo con los mejores estándares internacionales y la normativa interna. Este primer juicio tendrá lugar del 17 de septiembre al 19 de octubre de 2018 en el Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa.
“La adecuada administración de la justicia es un componente esencial del Estado de derecho, y un sistema legal que funcione y demuestre su capacidad para actuar con independencia e imparcialidad es fundamental para una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos,” señalaron las organizaciones que conforman este grupo. Estas valoraciones se hicieron llegar al Presidente de la Corte Suprema de Honduras, anunciando la conformación de dicha misión.
Berta Cáceres Flores, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 2 de marzo de 2016, en su casa en La Esperanza, en el departamento de Intibucá.
Además del territorio, ella defendía los derechos culturales de los pueblos indígenas, y el campesinado, así como los derechos de las mujeres. Fue una destacada lideresa social, que en 2015 recibió el Premio Goldman, máximo galardón para quienes buscan preservar el medio ambiente.
A raíz de su lucha y su labor de defensa, Berta Cáceres fue víctima de numerosas amenazas y campañas de estigmatización y criminalización, lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares desde el año 2009.
“En numerosas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado una situación de impunidad estructural en Honduras, por lo tanto nuestra misión de observación es un esfuerzo oportuno para monitorear si el proceso judicial cumpla con los estándares internacionales”, agregaron las organizaciones que conforman la Misión.
Durante la misión de observación, los miembros del equipo se reunirán con funcionarios y funcionarias judiciales; fiscales, misiones diplomáticas, organismos internacionales de derechos humanos, abogadas y abogados defensores y de las víctimas, en un esfuerzo por obtener una amplia perspectiva del juicio.
En este sentido, las organizaciones que formamos la Misión de Observación hacemos un llamado a las autoridades judiciales para que permitan un correcto desarrollo del proceso, apegado a derecho y en consonancia con las responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido Honduras. Esto es particularmente relevante en un contexto en el que la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras está en el foco de atención de la comunidad internacional.
Canadá: Abogados Sin Fronteras Canadá
Canadá: Amanda Ghahremani, Centro Canadiense Para la Justicia Internacional
Colombia: Reynaldo Villalba, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Regional: Francisca Stuardo, CEJIL
España/Francia/: Mikel Cordoba, Observatoire International des Avocats
Estados Unidos: Annie Bird, Guatemala Human Rights Commission – USA
Estados Unidos: Katharine Valencia, Due Process of Law Foundation
Estados Unidos: Joseph Berra, El Instituto de Promesa, Universidad de California Los Angeles
Estados Unidos: Lauren Carasik, National Lawyers Guild
Francia: Natalia Yaya, Federación Internacional de los Derechos Humanos
Guatemala: Francisco Soto, Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos
Guatemala: Denis Martinez, Impunity Watch
Guatemala: Anabella Sibrián, Plataforma Internacional contra la Impunidad
Honduras: Dunia Pérez, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
Honduras: Wilfredo Méndez, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
Afirmando el fundamento en el derecho a un juicio justo consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y constatando la Resolución 60/147 de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos a un recurso y reparaciones; invocamos, el Artículo 9 (3) (b) de la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU que reconoce el derecho de los observadores de los juicios: “[a] asistir a audiencias públicas, procedimientos y juicios para formarse una opinión sobre su cumplimiento con la legislación nacional y las obligaciones y compromisos internacionales aplicables”.
Organizaciones internacionales denunciamos negligencia estatal en el caso de Berta Cáceres
Tegucigalpa, 27 de agosto de 2018.- Organizaciones internacionales expresamos preocupación ante la persistente negligencia de las autoridades hondureñas en el proceso de investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato del defensor Gustavo Castro. En este sentido, resulta censurable que, a dos semanas de iniciarse el juicio oral y público respecto de algunos partícipes, la Fiscalía no ha analizado prueba fundamental para la investigación y además continúa violentando el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia.
Desde mayo de 2016, el Ministerio Público tiene en su poder una serie de artículos que fueron decomisados en allanamientos a las viviendas de las personas imputadas y a las oficinas de la empresa DESA, tales como teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles, computadoras e incluso armasy casquillos de bala. Sin embargo, 2 años después, el Ministerio sostiene que estos aparatos no han sido objeto de pericia, es decir, no ha habido una investigación diligente y existe un riesgo de que el mero transcurso del tiempo haya dañado la prueba.
Esta situación fue informada por el Ministerio Público recientemente, pese a las numerosas gestiones realizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Berta Cáceres.
Hasta el día de hoy, el Ministerio Público ha negado el acceso de las víctimas a la información en, por lo menos, 35 ocasiones, y, aunque el Tribunal de Sentenciacon Competencia Nacional Territorial en Materia Penal le ha ordenado en múltiples oportunidades que entregue la información, este órgano investigativo ha incumplido abiertamente la orden sin ningún tipo de consecuencia legal.
Por su parte, el Tribunal de Sentencia no ha aceptado que se considere al COPINH como víctima del caso, limitando indebidamente la participación de este movimiento en el proceso penal por el asesinato de su lideresa.
Esta serie de irregularidades, que se han practicado de manera sistemática, violentan el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso, limitan de manera injustificada su acceso a la información y condicionan su búsqueda de verdad y justicia.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes consideramos inadmisible que el proceso avance sin el análisis y la entrega de toda la información disponible. Como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen que “(…) asegurar que los familiares (…) tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana”.
Adicionalmente, según dicho Alto Tribunal, los Estados tienen “la obligación de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento judicial exhaustivo de las violaciones a la Convención Americana perpetradas en este caso, el juzgamiento de los responsables y la debida reparación de las víctimas”.
En este caso concreto, la actitud negligente del Ministerio Público plantea serias dudas sobre su voluntad real de esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables, en particular a los autores intelectuales.
Finalmente, las organizaciones firmantes exhortamos a las autoridades hondureñas a rectificar de inmediato sus actuaciones y recordamos que el asesinato de Berta Cáceres Flores ejemplifica la violencia y la impunidad a la que se enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país. El Estado de Honduras tiene la obligación de investigar estos casos de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial.
Organizaciones firmantes:
8th Day Center for Justice, 67 Sueños – Estados Unidos, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El Salvador, Amnistía Internacional, Asociación Nicaragua en Duesseldorf – ALEMANIA, Cadena de Derechos Humanos Honduras – Alemania, Carea e.V – Alemania, Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala, Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – Alemania, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Chinese Progressive Association – Estados Unidos, Climate Justice Alliance – Estados Unidos, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El Salvador, Collettivo Italia Centro América – Italia, Comité Campesino del Altiplano – Guatemala, Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) – Guatemala, Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala, Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) – Canadá, Common Frontiers – Canadá, Corporate Accountability Lab – Estados Unidos, Diakonia, Earthworks – Estados Unidos, Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP) – Guatemala, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, Foro Honduras Suiza, Francia América Latina – Francia, Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso, Grassroots Global Justice Alliance, Grassroots International, Green Peace, Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos, HEKS/EPER, Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala, Human Rights Defenders Project – Estados Unidos, Indigenous Environmental Network, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras), Instituto de Investigaciones Interculturales y de Cooperación – Austria, International Service for Human Rights (ISHR), JASS Mesoamérica, Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace & Justice, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Migrant Justice, “La Otra” Cooperativa – Guatemala, MISEREOR – Alemania, Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) – Estados Unidos, Northern Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia – Alemania, OXFAM, Peace Watch Switzerland, Plataforma Urbana – Guatemala, Protection International, Red Comunitaria Guatemalteca – Canadá, Right to the City Alliance – Estados Unidos, Rights Action, Seguridad en Democracia SEDEM – Guatemala, Share Foundation – Estados Unidos, Southern Maine Workers Center – Estados Unidos, Todos por Guatemala – Canadá, Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala, United Electrical Workers of America – Estados Unidos, United for Mining Justice – Canadá, UPROSE – Estados Unidos, Women’s Organizing Network – Estados Unidos.
COPINH: Comunicado de Prensa 22/08/2018
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, junto a la familia de la compañera Berta Cáceres, nos hacemos presentes de nuevo ante la opinión pública para denunciar una vez más el pacto de impunidad que se cierne sobre la causa Berta Cáceres debido a las actuaciones del Ministerio Público de Honduras.
Como ya es sabido, hemos denunciado la falta de negación de acceso a la información por parte de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, dirigida actualmente por el abogado Roberto Blend y en su momento dirigida por el abogado Roger Matus. Sin embargo, en esta oportunidad debemos denunciar la completa negligencia que podemos interpretar como un accionar dirigido a negar la justicia en este caso y el ocultamiento de la verdad por parte del Estado hondureño.
Después de que muy tardíamente, después de 4 órdenes judiciales y mandato expreso del Tribunal de Sentencia con fecha 27 de julio de este año, las fiscales nos responden a las interrogantes que hemos venido haciendo desde abril de 2017, con que no nos pueden brindar la información que hemos peticionado puesto que esta se encuentra en aparatos electrónicos y demás evidencia que el Ministerio Público NO ha procesado ni analizado.
¿Cómo es posible que una semana antes de la audiencia judicial en la que se supone que se expongan las pruebas para que se juzguen a 8 personas por el asesinato de nuestra compañera y madre Berta Cáceres, que el Ministerio Público nos venga a decir que ellos simplemente no realizaron el análisis de la información que puede darnos detalles de lo sucedido con la persecución y asesinato de Berta Cáceres?Esto es inadmisible en cuanto a que la información que las fiscales no han procesado responde coincidentemente a los aparatos recolectados en los allanamientos a el Mayor del Ejército de Honduras Mariano Díaz Chávez, el empleado de la empresa DESA Douglas Bustillo, así como lo realizado en las mismas oficinas de la empresa DESA. Elementos de prueba, contenida en teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles y computadoras
Estas actuaciones corroboran las denuncias del COPINH sobre la falta de confianza de parte de las víctimas de las investigaciones del mismo Estado que propició la muerte de Berta Cáceres.
Debemos resaltar que las autoridades de Honduras y de la embajada de Estados Unidos en Honduras tienen responsabilidad en las irregularidades en este proceso judicial debido a su apoyo irrestricto al Ministerio Público y la negación de una investigación internacional y deben asumir sus responsabilidades en esta situación y satisfacer las necesidades de acceso a la justicia.
Ante lo anterior, exigimos:
Que se garantice el análisis y extracción de toda la información contenida en los aparatos electrónicos producto de las diligencias del MP que permitan develar la verdad y se garanticen todas las condiciones del acceso a la información.
Que las autoridades responsables del Ministerio Público, encabezadas por el Fiscal General Óscar Chinchilla se responsabilicen por la falta de debida diligencia y el acceso a la información y el debido proceso en general.
Que la comunidad internacional en un caso emblemático como este, se pronuncie y exhorte a que se den las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso judicial.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 22 días del mes de agosto de 2018.
El pasado 22 de agosto, a través de la valla de Ceuta, accedieron a territorio español 116 personas migrantes y refugiadas. El Ministerio del Interior confirma que al día siguiente estas personas habrían sido devueltas a Marruecos mediante la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992. Este Acuerdo, hasta el momento, no había sido aplicado sino de forma muy incidental y marginal para la devolución de personas interceptadas en algunos de los islotes de soberanía española cercanos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Las entidades abajo firmantes nos vemos en la obligación de criticar duramente dicha forma de proceder por las siguientes razones:
1. El Acuerdo de Readmisión de 1992 no supone ninguna base jurídica distinta de la establecida en la legislación de extranjería para acordar el retorno de cualquier persona que se encuentre bajo la potestad de las autoridades migratorias españolas. Es un mero instrumento jurídico para posibilitar la ejecución de una previa decisión de retorno a Marruecos adoptada por las autoridades españolas. Por tanto, cualquier persona que sea entregada a las autoridades de Marruecos en aplicación de este Acuerdo debe haberlo sido tras la tramitación de alguno de los procedimientos previstos en la legislación de extranjería (en este caso, el procedimiento de devolución) en el que han debido observarse todas las garantías previstas legalmente. Entre esas garantías se incluye los derechos de asistencia letrada, de intérprete y a someter la decisión a revisión judicial. En el marco de este procedimiento, además, han debido poder identificarse situaciones de especial vulnerabilidad susceptibles de tutela e impeditivas de la ejecución de la decisión de retorno como son la minoría de edad, potenciales solicitantes de protección internacional o víctimas de trata de seres humanos. La inusitada celeridad con que se han desarrollado estos procedimientos permite cuestionar que dichas garantías se hayan satisfecho materialmente y, en consecuencia, la legalidad del procedimiento.
2. El Acuerdo de Readmisión establece, a su vez, un detallado procedimiento para la ejecución de la decisión de entrega que implica obligaciones recíprocas para las autoridades de España y Marruecos. Como obligaciones formales se establecen (i) la necesidad de una solicitud formal en que se hagan constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y a las condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado requirente, así como cualquier otra información de que se disponga sobre el mismo; y (ii) la aceptación que debe quedar documentada mediante la expedición por las Autoridades de Marruecos de un certificado o de cualquier otro documento en el que se hace constar la identidad y, en su caso, la documentación poseída por el extranjero en cuestión. Nuevamente, la celeridad con que se han desarrollado estos procedimientos y la experiencia de la general ausencia de documentación personal de estas personas permite también cuestionar que estas obligaciones se hayan cumplimentado materialmente y, en consecuencia, la legalidad del procedimiento.
3. El Acuerdo de Readmisión también establece una específica garantía material que condiciona cualquier entrega a las autoridades de Marruecos, como es que España se asegure de que “los extranjeros readmitidos son enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje” (art. 5). Difícilmente Marruecos está en disposición de poder dar cumplimiento a esta exigencia ni España podría hacer frente a su compromiso asumido internacionalmente de que pueda asegurarse de que estas personas son retornadas a sus países de origen. Nada parece apuntar a que Marruecos y España pueda garantizar que estas personas no quedan varadas en territorio marroquí, donde sus derechos son sistemáticamente vulnerados.
4. Son numerosas y reiteradas las denuncias de organizaciones sociales e internacionales sobre el trato recibido por los migrantes en Marruecos. Específicamente, el Comité Europeo para la prevención de la tortura en su Informe al Gobierno español sobre la visita que realizó dicho Comité a España en 2014 [CPT/inf (2015) 19] afirmó en su apartado 54 que “teniendo en cuenta el riesgo de malos tratos infligidos por los miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes a los migrantes irregulares, devueltos a Marruecos, la CPT recomienda que las autoridades españolas aseguren que ninguna persona es entregada a ellos”. Por tanto, siendo constatable esta circunstancia por un órgano del Consejo de Europa, también hay que afirmar que la entrega de estas personas supone una vulneración del principio de no devolución reconocido en el derecho internacional, europeo y nacional.
5. Con esta medida, el actual Gobierno desvela cuál es realmente su política migratoria. No sólo ha mantenido la petición de reenvío a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a la Sentencia que consideraba contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos las devoluciones en caliente, haciendo suyos los argumentos del anterior gobierno y contradiciendo sus críticas a la figura de los rechazos en frontera. Ahora, buscando una alternativa pretendidamente jurídica a este tipo de actuaciones, intenta implantar una suerte de “devoluciones en caliente en diferido” en que materialmente se mantiene la vulneración de derechos fundamentales que siempre han caracterizado a estas actuaciones.
Las entidades abajo firmantes, representativas de muy amplios y diversos sectores de la sociedad civil, denunciamos la huida hacia adelante que representan estas devoluciones en caliente en diferido no sólo por no respetar las garantías legales exigibles, sino también por suponer un paso más en la política de externalización de controles que tantos costos tiene en términos de derechos humanos –amén de las contraprestaciones económicas y políticas a Marruecos que el Gobierno debería desvelar-. Una política migratoria, en definitiva, que compromete la dignidad moral de nuestra sociedad y los principios humanistas en que debería asentarse, empujándonos por la pendiente de la barbarie.
Exigimos que el Ministerio del Interior haga público: (i) el número de abogados de oficio y de intérpretes que han actuado; (ii) número de funcionarios policiales que han actuado como secretarios e instructores de los diversos procedimientos; (iii) actividades desarrolladas para lograr la identificación de las persona y medios a través de los cuales se ha producido esa identificación; (iv) actividades dirigidas a identificar la existencia de situaciones de especial vulnerabilidad (menores de edad, solicitantes de protección internacional y de víctimas de trata de seres humanos) y resultado de las mismas; (v) listado de nacionalidades de las personas devueltas; y (vi) garantías aportadas por Marruecos de que no serán sometidos a malos tratos. Asimismo, solicitamos a los distintos grupos políticos que, en su labor de control de la labor de gobierno, exijan la mencionada información.
Finalmente exigimos una política de control de fronteras basada en el respeto a los Derechos Humanos, una profunda modificación de la ley de extranjería que garantice vías legales para la migración regular, la aprobación del reglamento de la ley de asilo que garantice el acceso al procedimiento de asilo en consulados, y que se ponga fin a los acuerdos de externalización de fronteras con terceros países que no garantizan los Derechos Humanos ni la protección de las personas en movimiento.
24 de agosto de 2018.
Almería Acoge – APDHA – Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Salamanca – Asociación Agar – Asociación Apoyo – Asociación Asdecoba – Asociación Valiente Bangla –
ASPM Madrid – Bienvenidxs Refugiadxs Toledo – Caminando fronteras – Campaña CIES No Valencia – Canarias libre de CIES – Caravana abriendo fronteras – Cáritas Española – Centro Pastoral San Carlos Borromeo – Colectiva feminista Moolaadé – Colectivo para la Paz – Convivir sin Racismo – Coordinadora de Barrios – Ecologistas en acción – Elin – Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte – Federación Andalucía Acoge – Federación SOS Racismo – Inmigrapenal – Iridia – Mundo en movimiento. #SickOfWaiting – Obrim Fronteres Castelló – Obrim Fronteres Valencia – Observatorio del Racismo Institucional- RAIN – Observatorio Samba Martine – Ongi Etorri Errefuxiatuak – Pacifistas Ciudad Real – Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca – Plataforma de ayuda a personas refugiadas Elche – PRODEIN – Red Acoge – Red Ciudadana de Acogida de Leganés – Red Española de Inmigración – Red Interlavapies – Red migrantes con derechos – Red Solidaria de Acogida – Senda de cuidados – Sercade – Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) – Tanquem els CIE – Territorio Doméstico – Valencia Acoge
Comunicado de denuncia sobre las batidas realizadas en Marruecos estos días contra migrantes subsaharianos-as
Nosotras, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las asociaciones civiles que trabajamos sobre las migraciones, hemos constatado en las últimas semanas, y en varias ciudades de Marruecos (concretamente en Fez, Nador, Tetuán y Tánger) violaciones flagrantes de los derechos fundamentales y de las libertades individuales y colectivas de personas de origen subsahariano por las fuerzas de seguridad marroquíes, que consisten en una campaña generalizada de entrada con violencia en sus hogares y en los locales de las organizaciones que trabajan en beneficio de las mismas, así como operaciones de desmantelamiento forzado de los campamentos, llevados a cabo por las fuerzas del orden, y arrestos arbitrarios seguidos de expulsiones colectivas y el desplazamiento masivo hacia las fronteras del este y el sur del país.
Estas intervenciones violentas golpearon por igual a todas las personas migrantes originarias del África subsahariana que se encuentran en el territorio nacional, incluso a aquellas que tienen permiso de residencia (llegando a separar incluso a algunos niños de sus madres), y que han visto sus propiedades, sus documentos y su dinero confiscados y/o destruidos.
Con este fin, nosotras, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y las asociaciones civiles que trabajamos las migraciones:
• Condenamos la violencia ejercida por las fuerzas del orden de la que las personas migrantes subsaharianas has sido víctimas y su devolución, alejamiento y expulsión, y que han causado numerosas víctimas entre muertos y heridos, en particular sobre los niños y las mujeres, y sobre las personas migrantes en general.
• Denunciamos el papel desempeñado por Marruecos haciendo de policía de la Unión Europea en la militarización de sus fronteras, así como la deportación de las personas migrantes que se encuentran en su territorio.
• Hacemos un llamamiento al gobierno marroquí para que respete sus compromisos internacionales en materia de garantía de los Derechos Humanos Fundamentales.
• Demandamos que el Consejo Nacional de Derechos Humanos asuma todas sus responsabilidades y cumpla con su misión, que es la de garantizar los derechos de las personas migrantes subsaharianas y la de ofrecerles de una vida segura y decente.
• Declaramos nuestra absoluta solidaridad con sus reivindicaciones, a la vez que les aseguramos que estaremos vigilantes para que les sean reconocidos todos sus derechos y sus libertades.
• Exigimos que se otorgue de forma sistemática a todas las personas migrantes el derecho a la absoluta libertad de residencia y movimientos.
La historia de Guatemala es la de la violencia y el terror. Ese pasado –cuando el control del Estado y de la sociedad lo tenían los militares y cualquier expresión de crítica y oposición era minimizado y eliminado a través de la desaparición, la tortura y la muerte–, se mantiene vivo y nos caracteriza como país.
Este fin de semana Juana Raymundo, enfermera y líder comunitaria Ixil de Nebaj, Quiché, integrante de Codeca y del Movimiento de Liberación de los Pueblos, fue asesinada. Su cuerpo apareció a la orilla de un río con señales de tortura. Una dirigente social joven a quien, como si nos encontráramos en las décadas de 1970 o 1980, se la llevó la violencia.
La muerte violenta de Juana Raymundo se suma a la de otros líderes comunitarios y campesinos asesinados durante los últimos meses en diferentes puntos del país: Luis Marroquín, Florencio Pérez, Alejandro Hernández y Francisco Munguía, todos de Codeca; y de Mateo Chaman, José Can Xol y Ramón Choc, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).
El asesinato de Juana Raymundo indigna y devela el fortalecimiento de reacciones violentas contra las expresiones sociales locales que exigen un cambio en la estructura económica del país. Actos criminales que son alentados y que también alimentan ese discurso hegemónico que justifica la muerte como opción para resolver conflictos y diferencias con argumentos tan poco humanos como el que afirma que “los matan porque en algo andaban metidos”.
No puede pensarse en delincuencia común como la primera opción en este caso, porque a Juana la mataron en uno de los departamentos con menos violencia en el país. Según la organización Diálogos, Totonicapán, Quiché, Sololá, Alta Verapaz y Huehuetenango son los departamentos que muestran la tasa más baja de homicidios. De hecho, de julio de 2017 a junio de 2018 en Nebaj se reportaron únicamente 3 asesinatos, con una tasa de 2.9 homicidios por cada 100 mil habitantes. Fue en ese contexto social en donde el cuerpo de Juana fue utilizado por sus asesinos como un papel para enviar un mensaje de terror.
Así, mientras el Ministerio Público no aporte información sobre las causas y los responsables de estas muertes, uno no puede pensar otra cosa más que los asesinatos de estos líderes comunitarios son perpetrados por estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo entre la gente para impedir que se organice, dialogue y emprenda la movilización política y social para alcanzar sus objetivos. Preocupa pensar, además, que puedan operar desde el Estado o bajo el amparo de él.
A Juana, al igual que a sus compañeros de Codeca, la mataron para callarla. Tenía claro cuáles eran las causas de la injusticia social y cuáles son los mecanismos que utiliza esta sociedad para incrementar la desigualdad entre la ciudad y el campo y entre indígenas y ladinos/mestizos para beneficio de una oligarquía corrupta y opulenta.
Además, por ser mujer e indígena, Juana estaba condenada a enfrentar más obstáculos para llevar una vida digna. La oficina del OACNUDH en Guatemala lo reiteró en informe de 2017 sobre la situación de los Derechos Humanos. Este país concentra uno de los peores índices de desarrollo del mundo. Muestra de ello es que el 60 por ciento de la población vive en la pobreza, concentrándose los más altos porcentajes de este flagelo social entre las personas que viven en el campo (ahí el 76.1% de las personas son pobres) y en los pueblos indígenas (79.2%).
Pero Juana, con sus dos décadas de vida, identificó el camino para la liberación de su comunidad y de su pueblo. Le apostó a la organización social y comunitaria para reiterar que las personas como ella, como todas, merecemos llevar una vida digna lejos de la miseria y con oportunidades de trabajo y de desarrollo y con acceso a los servicios sociales y recursos productivos. Dentro de Codeca era una de las encargadas de la formación política de los jóvenes para, tal como lo dijo su organización a la prensa, preparar a muchas Juanas.
Además de la organización social, Juana también le apostó a la vida partidaria porque este Estado, cuya población es diversa, impone una única forma de acceso a los puestos de poder público. Ella fue electa como integrante del comité ejecutivo municipal del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que pretende ser una opción partidaria organizada, desde la vivencia y conocimientos locales, en el proceso electoral de 2019.
Con estas características Juana sintetizaba el peligro para este sistema de exclusiones que se resiste a morir y que nuevamente echa mano, ya no solo de la criminalización de los liderazgos comunitarios a través del sistema de justicia, sino también de la violencia para desaparecerlos.
Juana Raymundo es ya un símbolo, no del martirio porque la organización social le apuesta a la vida, sino de la juventud que necesita este país. Por ello es imprescindible que el MP dé respuestas sobre su asesinato y el de los otros dirigentes campesinos, porque mantenerlos en la impunidad sólo alienta la violencia y establece la represión y la persecución política como prácticas normalizadas.
“Cuando nos organizamos a defender derechos, porque eso es parte del compromiso cristiano porque Jesús lo hizo y por eso lo crucificaron, es cuando nos persiguen”, expresó Thelma Cabrera, dirigente de Codeca, durante el entierro de uno de los líderes campesinos asesinados. La organización es, precisamente, lo que pretende impedir el sistema cuando activa la violencia. Pero reconocernos, dialogar, ponernos de acuerdo y emprender el cambio es lo que permitirá modificar esta indignante realidad.
En el Boletín 69 Entrepueblos pudimos leer visiones y vivencias de la trayectoria de nuestra organización en estos treinta años desde su nacimiento, incluso algunas de la década anterior, de sus precedentes en el movimiento de solidaridad con América Latina. Pero ¿cuál puede ser el papel, la utilidad y, por lo tanto, el futuro de una organización como Entrepueblos a las puertas de la tercera década del siglo XXI?
La respuesta a esta pregunta será forzosamente el resultado de dos factores: las capacidades y limitaciones que heredamos de nuestra trayectoria, y el contexto en el que deberemos seguir actuando con dichas capacidades y limitaciones. Ambas cosas rebasan con creces las dimensiones de este artículo, pero vamos a tratar de hacer algunos apuntes.
Un contexto de crisis global
Lo más relevante que podemos decir sobre el contexto en que nos encontramos es que se trata de una crisis sistémica global, una crisis civilizatoria. Hay quien limita sus alcances calificándola como crisis del sistema, o del capitalismo, pero, éste es un planteamiento parcial, ya que no son las clases más poderosas precisamente quienes están padeciendo sus consecuencias. Como dijo en su célebre frase el potentado Warren Buffet, a sus 84 años, “Hay una guerra de clases, y es la mía la que va ganando”. Ciertamente… y aunque ello suponga socavar las mismas bases ecológicas y sociales de la sociedad humana.
En verano de 2014 centenares de activistas sociales, entre ellas líderes recién incorporadas entonces a la “nueva política”, firmaron el manifiesto “Última llamada”, hoy, por desgracia, bastante caído en el olvido. En él se caracterizaba parte del significado de esta crisis:
“Estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si no crece no funciona, y si crece destruye las bases naturales que la hacen posible. Nuestra cultura, tecnólatra y mercadólatra, olvida que somos, de raíz, dependientes de los ecosistemas e interdependientes” (…) “Necesitamos construir una nueva civilización capaz de asegurar una vida digna a una enorme población humana, aún creciente, que habita un mundo de recursos menguantes” (…) “Pero esta Gran Transformación se topa con dos obstáculos titánicos: la inercia del modo de vida capitalista y los intereses de los grupos privilegiados (…) necesitamos una ruptura política profunda con la hegemonía vigente, y una economía que tenga como fin la satisfacción de necesidades sociales dentro de los límites que impone la biosfera, y no el incremento del beneficio privado”.
Un buen diagnóstico sino fuera porque en ninguna parte mencionaba un concepto fundamental que confiere su verdadera dimensión a la crisis de la que estamos hablando: este modo de vida capitalista al que alude es en realidad el modo de vida del patriarcado capitalista.
En palabras de Amaia Orozco(i), se trata de una crisis que va mucho más lejos de la crisis económica y financiera, “una profunda crisis multidimensional para referirnos, al menos, a tres cuestiones: a la crisis ecológica, a la crisis de reproducción social y a la crisis de los cuidados. La crisis ecológica abarca diversas dimensiones interconectadas: cambio climático, agotamiento de los recursos naturales, y colapso de la biodiversidad. Por crisis de reproducción social nos referimos a que el conjunto de expectativas de reproducción material y emocional de las personas resulta inalcanzable, pudiendo, a menudo, derivar lisa y llanamente en muerte, como ocurre con la crisis alimentaria. La noción de crisis de los cuidados afecta a una dimensión concreta de dichas expectativas de reproducción: los cuidados, implicando que los arreglos del cuidado son insatisfactorios, insuficientes, precarios y no libremente elegidos.”
A ello habría que añadir también la diferente forma en que impactan estas crisis en los diferentes pueblos y clases sociales, para el Norte global y el Sur global, como señalaba uno de los informes del Worldwatch Institute, “más de 1.700 millones de habitantes del planeta conforman la categoría global de la «clase consumidora». En el reverso de la moneda figuran los 2.800 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares al día” (…) “en este siglo, el apetito consumidor sin precedentes destruye los sistemas naturales de los que todos dependemos y hace aún más difícil que los pobres satisfagan sus necesidades básicas”.
Uno de los objetivos principales del manifiesto “Última Llamada” era influir y comprometer a la gente que en aquel momento se estaba incorporando a la política desde las nuevas plataformas ciudadanas acerca de la necesidad de que estos temas estuvieran en primer plano de sus agendas en caso de que accedieran a cargos electos. Desgraciadamente, sin entrar en los motivos, a la vista está que ésta sigue siendo una asignatura pendiente. Lo urgente a corto plazo sigue pasando por encima de lo más importante.
Es muy grave que a estas alturas del siglo las instituciones políticas y gobiernos sigan sin afrontar los compromisos políticos que demanda la crisis global en tantos ámbitos, pero es aún mucho más grave que desde la sociedad no les llegue una demanda atronadora al respecto. Y es que el principal obstáculo para que podamos hacer frente a retos como el cambio climático, la crisis energética, ecológica, o alimentaria, la extrema desigualdad, la crisis de los cuidados y la reproducción de la vida, física y social, no es tanto la falta de alternativas, como la falta de empoderamiento social frente a quienes dominan la economía y la política global: frente a las grandes empresas transnacionales y a las instituciones cooptadas por ellas.
¿Cómo es posible, por poner sólo un ejemplo, que a estas alturas del siglo XXI aún no se haya demandado a ningún gobierno o empresa energética responsables de lucrarse mediante el más grave crimen contra la Humanidad que supone y supondrá el cambio climático para centenares de millones de personas?…
Más allá de nuestras limitaciones. Alternativas desde el trabajo en red
Hoy, pues, no se nos ocurre ninguna misión más importante que hacer frente a este contexto. Y, a la vez, a nadie se le escapa que ésta es una tarea inmensamente mayor a las capacidades de una modestísima organización como la nuestra, compuesta por un colectivo de activistas sociales, una mínima estructura técnica, varios centenares de socias y socias que la apoyan, y, eso sí, una amplia red de vínculos de solidaridad con movimientos y organizaciones de nuestro país y de Abya Yala/América Latina.
Creemos que una de las claves está en, sin dejar de construir y mimar estos activos, mirar más allá. Tomar perspectiva y saber ver a Entrepueblos como una estrella que forma parte de una gran constelación social de colectivos con diferentes causas de transformación social, que se crean, se transforman, se acercan (y a veces de alejan), que alumbran movimientos sociales, que se interconectan con movimientos internacionales, que resisten y aportan experiencias y alternativas frente a las diferentes dimensiones de la crisis global.
Es esta constelación la que, en determinados momentos y en determinadas condiciones, puede reunir y organizar capacidades más significativas de trasformación social. Un ejemplo de ello lo hemos visto recientemente, con la huelga feminista, un movimiento surgido de una iniciativa del movimiento argentino “vivas nos queremos”, en tan sólo un año se ha globalizado y popularizado a través de las redes del internacionalismo feminista.
Por tanto, creemos importante saber trascender nuestras limitaciones con esta acción consciente en red, sentir como nuestra también esta identidad más amplia, intentar cooperar en su construcción y articulación desde nuestros valores y nuestras modestas capacidades. Apostamos por la cooperación, por la construcción y el cuidado de los espacios comunes, por alimentar la empatía, por la capacidad de gestionar las diferencias, por los liderazgos colectivos, incluyentes y feministas. Siempre hemos defendido que no se puede querer luchar contra el poder de las multinacionales y empeñarse en hacerlo a través de sus valores: la competencia o los protagonismos compulsivos más o menos disimulados, el cultivo de los micro-poderes o el desarrollo de las organizaciones como marcas.
En estos 30 años siempre hemos defendido la necesidad de incidencia política a la vez que la autonomía de los movimientos sociales en los que hemos participado o con los que hemos cooperado, tanto ante a las organizaciones políticas como ante las instituciones públicas, incluidas las que en algún momento podamos sentir como más cercanas.
“Podemos y debemos contribuir a reparar los “cortocircuitos” que el sistema produce en la solidaridad internacional, en la conciencia sobre la dimensión internacional de las causas, los efectos y las posibles alternativas de la crisis multidimensional que estamos viviendo.
Por eso es posible y necesario un abordaje multidimensional que integre los mecanismos de explotación, dominación y dependencia tanto en lo que respecta a los ámbitos de satisfacción de las necesidades sociales materiales, como a los ámbitos de la socialización y el cuidado entre las personas. Y que integre también la construcción de propuestas alternativas trenzando las fuerzas de emancipación. En todo esto también se requiere un análisis intercultural y el rescate de experiencias surgidas de otros pueblos y latitudes, no para copiar, sino para enriquecer nuestro propio camino hacia lo que los movimientos sociales en América Latina/Abya Yala, desde diferentes matrices culturales, denominan el “sumak kausay” (con-vivir plenamente) o el “post-desarrollo”(ii).
Compromiso social para rescatar la esperanza
Como decía Ramón Panikkar, no hay ninguna certeza de que otro mundo sea posible, pero sí la hay completa de que este es imposible. Para la gran transformación que necesitamos no basta con la liquidez de los “likes”, ni con seguir “tendencias”, ni con el márquetin social. No se trata de adaptarse a las pautas y modas de la cultura dominante, tampoco de desconocerlas, sino de transformarlas y de construir esa “contracultura” que se reivindicaba en Paris hace ahora 50 años. Se trata de la acción “en vivo”, localizada, en las calles, en los centros de trabajo, en los barrios y también en nuestras casas. Si, por muy “antiguo” que suene, se trata de la acción encarnada en el “aquí, en el ahora y en la colectividad”.
Acto contra la minería en la Cordillera del Cóndor, Ecuador
Se lo hemos escuchado al pueblo indígena nasa, de Colombia: “la palabra sin acción es vacía. La acción sin la palabra es ciega. La acción y la palabra sin el espíritu de la comunidad son la muerte”. También lo podemos decir en palabras de la filósofa Marina Garcés: “el compromiso es nuestra condición fundamental, nuestra forma de estar en la vida. Siempre estamos comprometidos en situaciones comunes, en todos los niveles: biológico, social, político (…). Desvincularnos de estos compromisos, romper los lazos con la condición común de la vida como problema, es cometer un acto de violencia. Comprometerse es una toma de conciencia, sí, pero no implica un posicionamiento mental, sino un posicionamiento con el cuerpo, con la vida, con los afectos”(iii).
Entrepueblos seguirá practicando y promoviendo esta concepción del compromiso social. Retejiendo la desconexión que nos impone la cultura del poder patriarcal, capitalista y neocolonial. Un compromiso “bifocal”, es decir, arraigado en lo local y, a la vez, internacionalista.
Frente a los abrumadores retos que supone este contexto de crisis global y, sobre todo, ante los poderes a los que nos enfrentamos, evocamos las palabras de Gustavo Esteva, uno de los fundadores de la Universidad de la Tierra de Oaxaca: “Esperanza es algo distinto de optimismo: no es un mero estado de ánimo. (…) Es eso lo que tenemos que recuperar: la esperanza de que por nuestra propia acción, desde abajo, en nuestras relaciones directas, acabando con las relaciones crueles y autoritarias en las que estamos envueltos, podemos, primero, detener el horror construyendo algo nuevo, y, segundo, caminar esos nuevos caminos en otra dirección”(iv).
A caminar colectivamente y a sentipensar esta esperanza nos auto-convocamos y os convocamos a los cientos de personas y a los muchos colectivos que, tanto desde aquí como desde Abya Yala/América Latina, nos han acompañado durante estos años y nos queremos seguir acompañando.
(i)De vidas vivibles y producción imposible, Amaia Orozco, en “No dejes el futuro en sus manos”, Entrepueblos, Barcelona 2012.
(ii)No dejes el futuro en sus manos. Cooperación solidaria ante la crisis del capitalismo global, Entrepueblos, Barcelona 2012.
(iii)La Ciudad siempre Ha sido refigio, entrevista a Marina Garcés, Barcelona Metrópolis, Barcelona 2015.
(iv)Es importante recuperar la esperanza como una fuerza social, entrevista a Gustavo Esteva en la revista Magis, Guadalajara (México) 2015.
Escribo estas liñas para publicar neste boletín de conmemoración do 30 aniversario de Entrepueblos-Entrepueblos-Entrepobos-Herriarte coa necesidade de transmitir unha forte convición que mantivemos dende os nosos inicios, a capacidade de transformación social dos movementos feministas, movementos feministas transgresores coas relacións de poder capitalista e hétero-patriarcal nos diferentes países e culturas. Uns movementos feministas que, a partir da experiencia máis colectiva vivida neste século xxi de «crise global», empezaron a falar dende outros ámbitos da complexida de e desafíos do que podemos denominar «conflito capital vida». Identificámonos moito con Cristina Carrasco cando afirma que «A economía feminista aposta pola vida humana, e non polo beneficio capitalista». (1)
Estes «saberes e formas de facer» feministas visibilizáronse de forma nidia este pasado 8 de marzo, cando millóns de mulleres en todo o mundo tomamos as rúas convocadas polas organizacións feministas compartindo un grito colectivo, indignado, reivindicativo e, á vez, esperanzado. Redes formais e máis espontáneas traballaron durante meses xerando fortes vínculos e vivindo con intensidade este proceso colectivo e global. O meu recoñecemento e agradecemento a todas as mulleres que tiveron a iniciativa política e a determinación para impulsar esta forma de protesta #huelgafeminista, empezando polo Colectivo «Ni una Menos» de Arxentina, cuxa chispa na primeira convocatoria de 2017, prendeu a chama en máis de 170 países un ano despois.
Esta #huelgafeminista, como escribe Justa Montero (2), constituíu «unha protesta global, claramente política, cargada de emoción e razón (dous elementos imprescindibles para a 1. Entrevista na revista la Directa núm. 380 2. Dossier nº 92 «Visibilizando lo invisible». Economistas sin fronteres (2018) revolta feminista), respondendo a un chamamento que esixía un cambio e cuxo impacto político, social e mediático está por valorar en toda a súa dimensión». As reivindicacións feministas do #8M nas que participamos puñan no centro as condicións de vida concretas das mulleres; sentímonos interpeladas, apeladas a expresar os malestares acumulados polas inxustizas que atravesan as nosas vidas e a forma como a sociedade as trata: asasínannos e agrédennos sexualmente; as nosas vidas son precarias e están atravesadas de inxustizas e desigualdade; fálannos dunha igualdade enganosa e duns cambios que nunca chegan; non hai lugar no que o machismo non marque a nosa vida cotiá manifestándose de moi distintas formas.
Nestes 30 anos de existencia o noso achegamento a outros continentes permitiunos coñecer máis profundamente as realidades diversas e plurais das mulleres. Temos traballado para que a axenda feminista fose internacional, abordando os problemas específicos en cada territorio, os fenómenos ou procesos internacionais que están na súa raíz: o heteropatriarcado, o capitalismo, o neocolonialismo e o racismo. As nosas aprendizaxes nestes anos van na liña de traballar para reforzar os múltiples lazos que unen as diversas loitas feministas para convertilas en accións globais.
En especial en América Latina as mulleres protagonizaron as mobilizacións sociais en contra das empresas extractivas destrutoras de vida, foron criminalizadas, represaliadas e deron a vida pola defensa do territorio eos bens comúns. É importante a solidariedade, a defensa e a protección das mulleres defensoras que se enfrontan a esta realidade dende unha situación de maior vulnerabilidade. Apóñenselle crimes non só pola súa acción activista, senón tamén polo quebrantamento do rol que tradicionalmente se lle atribúe ás mulleres ao participar na esfera pública. As defensoras son, por iso, non só vítimas da violencia política polo exercicio do seu trabajo, senón tamén de actos de violencia machista, abuso sexual e feminicidiopolo feito de ser mulleres.
As políticas extractivas e o incremento dos megaproxectos na rexión, o peche de espazos democráticos e o aumento da militarización son só algúns dos factores que xeraron o aumento, nos últimos anos, da violencia exercida contra as defensoras de dereitos humanos en América Latina. Tal como dicía Berta Cáceres, activista feminista, ambientalista, lideresa de pobos orixinarios de Honduras, cofundadora de COPIHN antes de ser asasinada o 2 de marzo de 2016, «non é fácil ser muller dirixindo procesos de resistencias indíxenas. Nunha sociedade incriblemente patriarcal as mulleres estamos moi expostas, temos que enfrontar circunstancias de moito risco, campañas machistas e misóxinas».
A feminización da pobreza debida a un acceso sexuado aos recursos sociais e á posición que as mulleres ocupan dentro do fogar. Ata agora a pobreza feminina, invisibilizárase nos estudos sobre pobreza, que tomaron sempre como unidade de análise o grupo familiar, o que contribuíu a manter esta realidade oculta e diluída na estrutura familiar. Dende o ovemento feminista empézase a nomear, a investigar, a analizar e, o que é máis importante, a loitar contra ela.
O coñecemento próximo da inmigración, das mulleres e os traballos «de coidado» que nos países de acollida están realizando, amosou ás claras a situación de negación de dereitos que teñen as mulleres migradas e a prioridade desta loita e desta reivindicación. Puidemos analizar como a globalización do coidado asoma como un novo fenómeno, do que se aproveita o modelo neoliberal para perpetuarse a costa das mulleres.
Seguiremos compartindo desexos, soños e accións cotiás con todas estas mulleres, das que aprendemos cada día, como aportación dun proceso de apoio mutuo para a construción dunha intelixencia colectiva común, local, global e antipatriarcal.
(1) Entrevista en la revista La Directa nº 380
(2) Dossier nº 92 «Visibilizando lo invisible». Economistas sin fronteres (2018)
Joana M. Perelló – Activista da OT EPMallorca e voceira da Xunta Directiva
Sempre me considerei unha persoa activa, comprometida e vinculada dunha maneira ou doutra co mundo do voluntariado coa idea, moi persoal claro está, de facer as cousas pensando non só en min mesma, senón nos demais e no mundo en que vivimos. E neste compromiso sempre tendín a inclinarme polos máis novos e polos máis vulnerables, tanto dende o meu activismo como dende a miña profesión.
No meu caso, ser voluntaria e activista manifestouse como unha opción de vida mesmo antes de que eu mesma fora realmente consciente diso. Tomando as palabras de J.Mújica, «abrazarme á vida, abrazarme a unha causa», forma parte do meu «mantra» persoal, que me reafirma día a día no meu convencemento e no meu xeito de facer e estar neste mundo. Porque se non é así… que facemos aquí?
Entendo que vivir, máis alá de cubrir as miñas necesidades básicas, implica cuestionarme a miña maneira de estar aquí, en perxuízo doutras persoas e territorios, ser crítica co que pasa ao mei redor, identificar e sinalar as causas e os responsables que provocan as inxustizas e denuncialo. É aprender dos pobos orixinarios a súa extraordinaria capacidade de vivir en harmonía coa Nai Terra respectándoa, coidándoa e buscando o ben común, é construír dende o colectivo para xerar redes de apoio mutuo… e é intentar buscar, por riba de todo, a coherencia persoal para levar un estilo de vida o máis acorde posible cunhas opcións de consumo éticas e responsables, tropezando de vez en cando con contradicións que hai que aceptar e superar para seguir avanzando.
E foi neste deambular cando nos atopamos, alá polo ano 2000 en Mallorca, un grupo de mozas que viñamos de camiños distintos, pero que partillabamos as mesmas inquietudes de querer vivir, de maneira comprometida, por un mundo máis xusto e que tiñamos un nexo en común, unha persoa que nos uniu e que foi un grande mestre para todos nós: José Manuel. Él, recén chegado de Brasil despois de moitos anos convivindo cos máis desfavorecidos e acompañando movementos como o MST, co seu carisma e entusiasmo e co seu gran espírito crítico, confrontábanos coa realidade, facendo que nos cuestionáramos sempre sobre as cousas para non quedar como uns meros observadores, e falábanos daquelas persoas que alá formaban parte da «tribo de homes e mulleres que dende o cotián, traballan para humanizar a vida e para coidala, protexela, defendela e promovela onde sexa máis necesario…», persoas que fan parte da comunidade de Pere Casaldàliga.
Nós queríamos buscar a nosa propia tribo aquí e atopámola en Entrepobles. A carta de presentación foi Mª Gabriela Serra, quen daquela era a coordinadora da organización, e que nos transmitiu, coa súa empuxada e enerxía, a mensaxe de compromiso que se agochaba detrás desta asociación. Convenceunos esta maneira de entender a solidariedade internacional, dende a cooperación entendida como estratexia de traballo e de apoio mutuo entre persoas, organizacións e movementos sociais, cunha responsabilidade social e de restitución, acompañando e partillando as loitas, puntos claves para a verdadeira transformación social. E ademais, co valor engadido que dende cada un dos territorios cada OT tiña autonomía propia para canalizar a participación e a acción da maneira que considerara oportuna, partindo do activismo voluntario de cada unha das persoas asociadas que, ao fin e ao cabo, son as que dan coherencia e independencia á organización. Así pois, pareceunos o espazo idóneo para continuar camiñando xuntos e no 2001 constituímonos como organización territorial de EP en Mallorca.
Na nosa primeira etapa priorizamos constituírnos formalmente, cohesionarnos como grupo e, sobre todo, formarnos, sempre respectando o ritmo e a implicación que cada quen podía aportar. Ao mesmo tempo, tiñamos ganas de coñecer dende máis adentro as entrañas de EP: como traballabamos ao outro lado, con quen, como nos vían… E así, no verán do 2003, tivemos a oportunidade de viaxar a Cuba a coñecer de perto algúns dos proxectos que acompañábamos en rela ción a educación, agricultura e sanidade. Foi unha experiencia moi enriquecedora, tanto como grupo como polo que supuxo comprobar de primeira man como EP entendía a solidariedade e a cooperación, promovendo modelos de desenvolvemento que partían das necesidades e capacidades locais, sempre acompañando dende a horizontalidade e co apoio mutuo. Progresivamente adentrámonos máis na organización, participando das asambleas anuais, coñecendo a compañeiros e compañeiras doutros territorios, preguntándolles que facían, como se organizaban…,empezando a establecer lazos de amizade e complicidade.
Tamén o feito de presentar proxectos de cooperación ás nosas administracións públicas, foi un xeito de ir coñecendo as nosas contrapartes en Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Brasil, Perú…, facendo o seguimento e asumindo un papel activo. E nestes últimos anos, formar parte das comisións de traballo do noso plan estratéxico, participar dos encontros anuais coas diferentes OTs e das escolas de verán,…, completan este camiño. Camiño que foi sacudido de xeito repentino en 2006 coa perda do noso compañeiro e amigo José Manuel. O grupo resentiuse moito, pero tiñamos claro que debíamos continuar co legado que él nos deixaba e que ata o último día nos animou a seguir.
E así chegamos a onde estamos agora, onde temos un papel máis activo formando parte da xunta directiva, espazo no que verdadeiramente te decatas do que, como e por que da nosa organización. Participar das xuntas é toda unha escola de aprendizaxe, onde se mesturan as xeracións, se aportan experiencias vividas e novas ideas e, combinando todo, acontece un traballo en equipo e compartido cos voluntarios máis activos dos diferentes territorios, os cooperantes e o equipo da oficina técnica.
Persoalmente, despois de ter vivido experiencias como a de Cuba, a de Brasil, coñecendo as xentes dos campamentos e asentamentos do MST na zona da periferia de Sao Paulo, o voluntariado de un ano en Perú acompañando a comunidades afectadas polas actividades extractives, defendendo o seu dereito a decidir sobre os seus territorios como pobos orixinarios e o empuxe destas mulleres, batallando en primeira fila para loitar polos seus dereitos e, máis recentemente, a vivencia de ter participado na Caravana Abrendo Fronteiras a Melilla, para denunciar a vulneración dos DDHH das persoas en movemento en Europa,…, reafírmanme no mantemento de que a loita e a defensa dos dereitos humanos e sociais non a podemos facer soas, senón dende unha ollada global e a acción local.
Por iso, dende EP entendemos que para a verdadeira sensibilización e para incidir social e politicamente, para transformar as causas que xeran as inxustizas, hai que traballar dende redes locais, nacionais e internacionais. E, concretamente en Mallorca, isto témolo feito sempre vinculadas con outros colectivos do noso territorio, cos que partillamos obxectivos comúns, como por exemplo no Foro Social de Mallorca e a Asamblea de Movementos Sociais, na Plataforma contra os Tratados de Comercio e Investimento, coa Rede pola Soberanía Enerxética, con MBM para parar as prospecións no noso Mediterráneo… Ao mesmo tempo damos apoio colaborando en campañas relacionadas coa defensa do territorio fronte ao turismo, entendido xa como outra «actividade extractiva» deste mundo occidental.
E chegadas aquí, no 30 aniversario de EP, case dezasete anos despois de térmonos constituído en Mallorca, o grupo mantense e seguimos, coidando unhas ás outras, mantendo a firmeza do compromiso de seguir traballando para transformar e denunciar este capitalismo depredador, resistindo e impulsando un mundo en condicións de xustiza para todas. Temos claro que EP é o lugar, é o espazo dende onde podemos levantar a voz e visibilizar todas estas causas e loitas… É onde queremos estar e seguir estando durante moitos anos máis…
A única vantaxe que ten facelo con tantos años de distancia é lembralo co pensamento e as expresións que usabamos naquel entón; iso si, estou escribindo con ordenador e, naqueles tempos,, cando EP empezaba a camiñar, tecleaba cunha máquina de escribir. Dito isto, fareivos catro pinceladas de dous temas: un, de onde vimos e por que creamos unha ONG; e dous, as raíces de EP, humanas, organizativas e filosóficas.
Viñamos dos comités de solidariedade e das coordinadoras locais e estatais. Dende a Revolución Popular Sandinista do 1979 e durante os anos 80, principalmente, creáronse comités de solidariedade sobre todo con Nicaragua e, non tan numerosos, cos movementos de liberación de O Salvador e Guatemala. Formáronse moitísimos, en barrios, centros de traballo e sindicatos, vilas pequenas e grandes; teceuse unha rede impresionante que alentaba a coordinación e as campañas conxuntas. Eran pobos amigos loitando por un mundo mellor, e nós queriamos estar ao seu lado, e mesmo, bastante xente traballamos alí: un ano, dous, tres, ou en brigadas internacionais de verán. Coñeciamos o territorio, as paisaxes, a moita xente; nós iamos e moitas persoas de alá viñeron tamén.
Entendiamos a solidariedade internacional como a causa común, a amizade e o irmanamento entre pobos que loitan pola liberdade, como o apoio mutuo ás loitas pola liberación popular, como o acompañamento aos movementos revolucionarios, sobre todo de América Latina. Lembro o local da coordinadora catalá, austero e humilde, sempre repleto de xente e de fume. Lembro o local da coordinadora estatal no que, durante uns anos, nos atopabamos case cada mes xente de todas partes. Lembro as campañas «100 millóns para Nicaragua!» e «Nicaragua ten que sobrevivir», o concerto «Nicaragua Rock» que encheu o Palau Sant Jordi de Barcelona, as paradas para informar e vender chapas ou libros, as manifestacións contra o imperialismo, as xornadas, os debates, o envío de brigadistas, o financiamento de pequenos proxectos, as idas á radio, os escritos en revistas… Queriamos con todo iso contribuír a romper a injusta orde económica internacional, o intercambio desigual, queríamos cambiar o mundo.
A medida que pasaban os anos, outras institucións se foron engadindo: por una banda, concellos que se xuntaban con vilas ou cidades –sobre todo niques–, e doutra, se formaban novas ONG no momento no que en Nicaragua se creaba o Ministerio de Cooperación Externa para pór orde e dar prioridades a todos os proxectos que se financiaban con aportacións solidarias; á vez tamén aquí moitas administracións públicas comezaban a destinar recursos económicos para as ONG. Os comités de solidariedade non quixemos ser alleos a esta nova situación e decidimos falar. Creouse una comisión en Catalunya para estudar o tema, documentos arriba e abaixo, discusións en pequenos comités e nas coordinadoras: que pasara cos proxectos de solidariedade, como podiamos acceder a máis recursos e facer un mellor seguemento dos proxectos en marcha, como podiamos reforzar os dous eixos de traballo: cooperación e sensibilización, contrainformación e denuncia.
Finalmente, a coordinadora estatal de solidariedade con Nicaragua, en novembro de 1997, deu o visto e prace para crear unha ONG solidaria. As coordinadoras locais aportaron o diñeiro inicial para empezar a singradura e decidiuse que unha persoa traballara: era unha responsabilidade enorme para min. Os últimos meses do 97 xa atopáramos un nome –que reflectía o que queriamos ser– e tiñamos redactado uns estatutos, que en decembro do 97 entraron ao rexistro de asociacións.
Xaneiro de 1988, Entrepobos tiña unha páxina en branco por encher, todo era novo e tíñanse que empezar os alicerces. Non comezamos con proxectos, de ningún xeito, empezamos creando a entidade, a base organizativa. Buscamos persoas para formar a Xunta directiva –provenientes da solidariedade e novas–, queriamos algunhas de persoas coñecidas que nos abriran portas; J. M. Valverde aceptou a presidencia. A primeira Xunta era entusiasta e traballadora. Reuniamonos a cotío. Impulsamos a creación das comisións de apoio en todo o territorio: trens arriba e abaixo para falar coa xente, para animar. Buscamos socias e socios fundadores ata debaixo das pedras; pensamos un logotipo que nos representase; redactamos os primeiros trípticos para darnos a coñecer, buscamos un pequeno local de referencia. Despois duns meses empezamos a facer as presentacións públicas, a primeira e colectiva en Madrid, en xullo do 88 nun bar coñecido. Aínda estaban con nós algúns compañeiros que nos deixaron logo de máis: Anna Ros, do País Valenciano; Pepo Montserrat, de Aragón; Diamantino García, de Sierra Sur (Sevilla) e Fernando Salas, de Madrid. Máis trens arriba e abaixo: Sevilla, Valladolid, Redondela, Murcia, Albacete, Granada, Burgos e un longo etcétera, para crear as comisións territoriais, para facer presentacións e, máis adiante, para participar en mesas redondas e xornadas.
En segundo lugar profundizamos no tema, que é a cooperación solidaria, que é a cooperación e a educación para o desenvolvemento. Tiñamos que atopar un discurso e un pensamento propio. Lemos, reunímonos con outras ONG e empezamos a viaxar a Centroamérica. Como solidariedade coñeciamos bastante os movementos sociais daqueles pobos, como a ONG principiante naqueles anos, tivemos que recoñecer e coñecer as ONG que serían as nosas contrapartes. Xusto é dicir que, non tanto en Nicaragua, pero si n’ O Salvador e Guatemala, as ONG locais constitúense ao mesmo tempo que nós, alá tamén entenderon que unha entidade constituída como organización non gubernamental tería máis posibilidades de canalizar recursos económicos.
Na primeira viaxe en Centroamérica, en xullo do 88, tivemos a ocasión de reunírmonos, por primeira vez, co Comité Nicaraguano de Solidariedade cos Pobos (Patricia Elvir); co Ministerio de Cooperación Externa (Lesbia Morales); co Instituto da Muller; coa Oficina de Promoción e Desenvolvemento da Costa Atlántica ou co Instituto de Reforma Agraria, INRA; e tamén coñecemos, entre outros, REDES, n’O Salvador ou a Igrexa de Guatemala no Exilio. Curiosamente con estos últimos desenvolvemos o noso primeiro proxecto importante e enviamos as primeiras cooperantes, médicas, aos campamentos de refuxiados guatemaltecos en Quintana Roo, México, para formar promotores e promotoras de saúde.
E pensamos e escribimos moito, moitísimos:documentos de debate, para as xuntas, para as asembleas, para os boletíns, para os trípticos e para as comparecencias públicas. Falamos de comprender a situación política dos países nos que traballamos; falamos de que os proxectos impulsen a participación popular; falamos de basearnos nunhas relacións entre iguais; falamos de autoavaliarnos e ir mellorando progresivamente; falamos de velar pola nosa autonomía e non permitir condicionantes dos portadores de recursos; falamos das tarefas centralizadas e das que non o serían; falamos das clases populares, das mulleres… e a lista sigue.
Xaneiro de 1992, catro anos despois de poñer a primeira pedra, EP tiña case un milleiro de socios e socias, unhas comisións de apoio fortes en todo o territorio peninsular, algúns proxectos en marcha, proxección pública e a mellor substituta, Gabriela Serra, que había poucos meses que volvera de Guatemala e que non dubidou en aceptar o reto. E non esquezamos, está claro, a Helena Porteros. Unha aperta a todo o mundo e os meus parabéns polo traballo feito.
Tres décadas xa, dende que un puñado de xentes solidarias, agrupadas na Coordinadora de Solidariedade con Centroamérica, decidíramos introducirnos oficialmente no ámbito «da cooperación ao desenvolvemento». E digo, con premeditación, «introducirnos oficialmente» porque moito antes de que as ONGDs irromperan no escenario da sociedade civil organizada, en tanto que as entidades especializadas na cooperación ao desenvolvemento xa, un sinfín de comités de solidariedade,
viñan acompañando xentes e pobos do chamado Sur: valentes grupos de xentes alzadas, con iniciativa, que xa andaban protestando e reclamando o seu dereito a unha vida digna, pero sobre todo xentes e pobos empeñados na consecución doutros dereitos máis complexos, máis transcendentais: o dereito á liberdade, á xustiza, á soberanía….
E de aí que no noso breve, pero preciso e conciso, documento fundacional dixeramos: A necesidade da solidariedade e a cooperación internacional vai máis alá de ser un xesto xeneroso e altruista pola nosa parte: ten de ser e é unha obriga. A ética solidaria convértese nunha forma de situarnos ante o mundo con estrita xustiza, de reivindicar que todos os dereitos que pensamos que son bos para nós tamén o son para os demais, e a cooperación é un xeito de retornar ao Sur todo aquilo que previamente se lles roubou ou negou e, ademais, acompañalos no seu camiño cara a independencia e a mellora de vida. E iso depende en boa parte, non so da capacidade de actuar a través das nosas organizacións, senón tamén da capacidade de incidir que teñamos, de presionar efectivamente ás instancias gubernamentais para que establezan relacións políticas e acordos económicos na liña de romper o inxusto sistema de intercambios desiguais. Eran os tempos nos que falabamos de Sur e Norte. Pouco tempo, anos despois descubriríamos que non hai norte sen sur e que cada sur ten o seu norte…., que non hai pobos pobres senón empobrecidos, que non hai pobos ricos senón enriquecidos.
Por iso e, pese ao que se podería crer, os nosos inicios foron non só fáciles e alentadores, senón ademais cheos de certezas que nos conducían sinxelamente a acompañar o camiño cara a liberdade que eses pobos perseguían. A nosa orixe, a Coordinadora dos Comités de Solidariedade con Centroamérica,
marcou unha opción e un estilo de cooperar. Unha opción baseada nun forte compromiso internacionalista e nunha nidia opción antiimperialista. Tamén marcou a evidente vocación centroamericana de Entrepobos que centrou os seus esforzos en Nicaragua, O Salvador e Guatemala.
Propuxémonos dar voz a quen, tendo aportacións que facer, tiña limitados os seus espazos de divulgación. Intentamos non caer na ignorancia de crer que so dende o «Norte» se elaboraba pensamento e se aportaban alternativas. Porque fomos constatando que os que máis padecen a exclusión integral contan con capacidade e conseguen atopar o tempo para as súas propias reflexións. Por sorte, esas xentes no andan dependendo das explicacións, argumentos, análises e propostas políticas elaboradas por xentes do, cínicamente, chamado mundo desenvolvido. E aprendemos delas, aprendemos con elas e tocounos aprender tamén por elas.
Aprendemos que as revolucións populares nin sempre son vitoriosas, nin cando o son sempre acadan manter a vitoria. Nicaragua e o sandinismo oficial partiunos a alma … Como descubrimos que hai acordos de paz que perpetúan a guerra entre empobrecidos e enriquecidos. O Salvador e Guatemala puxeron sobre a mesa a tremenda imposibilidade de gañarle o pulso ao imperio, pero tamén evidenciaron o cinismo que envolve o concepto paz e o concepto acordos. Non houbo Acordos de Paz, so un desarme unilateral –as forzas armadas populares– e a imposición dunha democradura auspiciada polos poderes económicos locais e internacionais.
Impúñase a globalización neoliberal. En menos de cinco anos Centroamérica cambiou: o sandinismo absolutamente quebrado, O Salvador e Guatemala dolorosamente pacificados. Aí quedaron anos de loita, de esperanzas, de verdades como puños destruídas e de ilusións como ceos desplomadas…
Pero tamén constatamos, algo que debíamos saber só mirando o noso propio pasado: que a teimosía do desexo de liberdade e a busca en pro da xustiza é superior ao medo e a calquera batería de terrores. Que
os dereitos dos pobos ancestrais, os dereitos da terra e á terra, a preservación da nai terra, a igualdade de dereitos entre home e muller, a opción por outros modelos de desenvolvemento, o dereito ao mantemento da vida, á dignidade e ao futuro… seguen a convocar xentes, seguen a manter o alento para a loita, seguen a materializar a resistencia.
Ampliamos a nosa presenza en Centroamérica achegándonos á loita obstinada dos seus pobos indíxenas contra o imperio do poder extractivista, como en Perú, Ecuador, Guatemala…, pobos alzados contra os
macro proxectos enerxéticos en calquera das súas versión: agrícola, mineral, eléctrica,… destrutores do futuro das súas comunidades, das súas xentes, do seu futuro. Os «macro proxectos», fillos predilectos dos diversos e variados acordos comerciais de libre comercio entre os poderes neoliberais dos propios
países e os amos da economía mundial.
Y aí seguimos cooperando, é dicir, operando conxuntamente. Xa non só para desbancar opresións maquilladas de democracia, senón tamén para desenmascarar os novos axentes da anti-cooperación, os adalides do desenvolvemento. Para exercer aquela compañía á que nos abocaba a solidariedade facéndonos transitar do indubidable valor da «xenerosidade da axuda», ao rotundo término de «obrigatoriedade da restitución». Pero nin moito menos na simple obrigatoriedade da restitución económica –que tamén– senón na nosa complicidade para operar conxuntamente na abordaxe das
causas que provocan a pobreza, para cooperar na loita contra os instrumentos políticos e económicos dos que se serve o sistema para impoñela.
En 30 anos, certamente, cambiaron nomes, fusionáronse maldades, perfeccionáronse instrumentos de dominación… Pero tamén xurdiron novos e potentes suxeitos de transformación social acá e, sobre todo, alá: os pobos indíxenas, o campesiñado en pé, as xentes disconformes e… as mulleres!!! Esas defensoras de todos os dereitos humanos habidos e por haber. Mulleres protagonistas e protagónicas, mulleres, mulleres, mulleres.
Van 30 anos, oxalá non houbese necesidade de seguir coa cooperación pobo a pobo. As evidencias sinalan que non estamos nesa tesitura. Así que seguiremos colaborando nesta, mentres que conformamos todas as xentes que perseguimos un mundo no que a igualdade, a fraternidad, a liberdade e … o feminismo, imperen por igual por todas partes. Nacemos para ser felices, di Pepe Múgica, orientémonos pois a construír a felicidade mundial.
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