Entrepueblos Entrepobles Entrepobos Herriarte inaugura la exposición “Activistas por la vida” del fotoperiodista Gervasio Sánchez. La muestra, que documenta la situación de defensores y defensoras de la naturaleza y de los derechos humanos y sociales en Guatemala y Honduras, se podrá visitar en Arts Santa Mónica (La Rambla, 7. Barcelona) del 4 de noviembre al 14 de marzo de 2021.
A través de fotografías, texto y vídeo-entrevistas, “Activistas por la vida” recoge la historia de 40 hombres y mujeres que, a pesar de estar amenazadas de muerte, luchan por su territorio y su naturaleza -por la riqueza de sus tierras y sus ríos-, por los derechos de las mujeres y las libertades ciudadanas. Y es que esta defensa de los derechos humanos entra en conflicto con los intereses de inversores, grandes empresas o grupos transnacionales que extraen con impunidad los recursos naturales y las materias primas -sobre todo minería, hidroeléctricas y monocultivos- de Honduras y Guatemala, dos de los países más violentos del mundo, para venderlas en el mercado mundial.
Las leyes de Honduras y Guatemala favorecen los derechos de estas empresas, mientras que eliminan los derechos de su ciudadanía. Esta situación, unida a la persecución y las constantes amenazas de muerte, al elevado índice de violencia y de la corrupción policial, política y jurídica, hace que miles de familias hayan tenido que huir. Sin embargo, hay comunidades indígenas y campesinas que luchan ante estos poderosos intereses, y consiguen proteger sus tierras.
“Una de las cosas que más me ha sorprendido es la valentía con que los activistas, hombres y mujeres, luchan contra un mundo criminal lleno de sicarios que matan sin pensarlo dos veces”, explica Sánchez. Unas palabras que cobran más valor e importancia venidas de una persona que ha retratado los conflictos bélicos más duros de las últimas décadas, más allá de Latinoamérica (la Guerra de Golfo, la Guerra de Bosnia y demás conflictos derivados de la fragmentación de la antigua Yugoslavia, así como varios conflictos en África y Asia), que además cuenta en su haber con el premio Nacional de Fotografía en 2009, y con más de una docena de libros publicados.
“La realidad que se explica en este proyecto fotográfico tiene que ver con la vida cotidiana de personas que pueden ser asesinadas en cualquier momento. Personas perseguidas por la defensa de la integridad de sus comunidades, personas que luchan como defensores de la tierra, contra las grandes empresas extractivista, que luchan por la naturaleza y riqueza de los ríos, y periodistas que intentan denunciar lo que pasa en Guatemala y Honduras”, señala Sánchez, que trabajó cuatro meses sobre el terreno en Guatemala y Honduras, entre 2018 y 2019, para realizar esta exposición que ahora ve la luz.
La muestra cuenta con un Área Virtual con material pedagógico para alumnos de secundaria creada por Entrepueblos en colaboración con expertos en el campo de la docencia de la Universidad de Barcelona y con expertos en defensores y defensoras de Latinoamérica. El material didáctico, que estará disponible a través de la web de Entrepueblos a finales de año, será totalmente gratuito.
Además, la editorial Blume ha publicado “Activistas por la vida”, una doble edición en castellano y catalán de 148 páginas, que recoge todos los testigos de la exposición. El libro ya está disponible en todas las librerías.
“Activistas por la vida”, una iniciativa de Entrepueblos, con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña, viajará a 2021 en Vilafranca del Penedès, Tarragona y Valencia, y en 2022 lo hará por el resto del Estado español.
#28S (2020): ¡Grito y Acción Global por el derecho a decidir!
Derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Ni muertas, ni presas, ni clandestinas, ¡nos queremos vivas y libres!
Por eso, un año más, desde Entrepueblos nos sumamos este 28 de septiembre al Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Una fecha que posibilita las confluencias y las sinergias de organizaciones de mujeres y movimientos feministas para reivindicar el acceso al aborto legal y seguro como un derecho, una causa pendiente en la mitad del planeta. En ese año, 67 países permitieron el aborto a petición de la mujer. No obstante, la interrupción del embarazo continúa estando totalmente prohibida en 26 países del mundo.
De modo paralelo a la pandemia global de la COVID-19 y a la consecuente crisis económica que ha provocado, estamos siendo testigos de los impactos específicos que gradualmente se están ocasionando sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y las niñas. Las ya existentes barreras de acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva se están multiplicando, y los servicios especializados de atención a la salud sexual y reproductiva han sido cerrados y/o han visto reducida su actividad, en la mayoría de los países.
Derechos sexuales y derechos reproductivos para todas, es lo justo.
Como cada año en esta fecha, queremos recordar que en la mayoría de los países de África y América Latina, el aborto está totalmente prohibido. En algunos de Asia está severamente restringido, e incluso cuando es legal, las mujeres tienen que sufrir costes elevados y la inaccesibilidad de la atención adecuada al aborto. En Europa y EEUU, nos enfrentamos cada vez más a feroces ataques de grupos fundamentalistas que desean reducir la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, imponiendo restricciones legales y financieras que obstaculizan aún más el acceso al aborto.
En el Estado español, estamos viendo renovados intentos por defender barreras tales como los períodos de espera obligatorios, los requisitos de consentimiento de los tutores, las desigualdades territoriales, la estigmatización de la intervención y las profesionales, la objeción de conciencia y los servicios limitados en las zonas rurales y remotas. A pesar de que se considere un tema “medianamente superado”, la situación es particularmente grave para aquellas mujeres migradas que desean abortar, pues se vulnera o se niega su derecho a la atención sanitaria universal que en muchos casos queda a libre interpretación.
Este 28 de septiembre nos sentimos comprometidas con las ACCIONESQUE LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS, en formas muy diversas, impulsan en todo el planeta:
Aborto libre, gratuito, accesible y seguro para todas las mujeres, sin excepciones.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto libre, gratuito, accesible y seguro para no morir, al alcance de todas las mujeres y cuerpos gestantes, sin excepciones.
No necesitamos plazos, supuestos ni tutelas, sino apoyo y acompañamiento!
No toleraremos ningún retroceso en el reconocimiento de la autodeterminación sobre nuestros cuerpos.
Nuestro especial apoyo a la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC, que impulsarán el primer Festival Virtual por el Aborto Libre en América Latina y el Caribe, “que busca intensificar la llama de la alegría que habita la lucha feminista y organizar la rabia(…)”. Del 28 de septiembre al 2 de octubre,se podrá talleriar, cantar, escribir, leer, ver cine, pintar, conocer a otras y seguir conversando sobre el lugar político del aborto en las acciones de los movimientos feministas.
“No deseamos que ninguna mujer tenga que verse obligada a continuar con un embarazo no deseado ni a poner en riesgo su salud, su vida o su libertad. Queremos una sociedad que enseñe a los hombres a no violar y a las mujeres a ser dueñas de sus cuerpos y decisiones. La maternidad debe ser voluntaria, gozosa y elegida. Ese es nuestro derecho a decidir”.
En El Salvador, “Las mujeres que están encarceladas injustamente deben ser liberadas ante la pandemia por COVID-19”.Destaca el caso de Cindy Erazo, que tras dar a luz a un bebé muerto, fue condenada en 2014 por homicidio agravado. Ante esta medida, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, pidió la libertad condicional anticipada, que felizmente fue aprobada, aunque aún se sigue luchando por la libertad total de la joven. Como ella, aún quedan 18 mujeres encarceladas en El Salvador como consecuencia de sus leyes antiaborto, consideradas entre las más estrictas del mundo.
En Perú, se ha vuelto fundamental el implementar una educación sexual integral para que las mujeres en su diversidad puedan iniciar su vida sexual con consentimiento y sin riesgo de ETS (enfermedades de transmisión sexual) ni embarazos indeseados. #EducaciónSexualIntegral para#VivirSinMiedo, es una campaña iniciada por DEMUS y Asociación Kallpaen los momentos más críticos de la pandemia, que a través de las etiquetas #DecidirSinCulpa y #PrevenciónDelEmbarazoAdolescenteNoDeseado, defienden que “nadie puede obligarte a hacer algo que no quieres. La decisión es solo tuya ¡Sin mi consentimiento es violencia!”
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDH), reivindican el derecho de las defensoras a interceder y acompañar a otras mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. Exigen al Gobierno de México, a los gobiernos de las entidades federativas y municipales garantías de seguridad para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
Por su parte, desde laArticulación Feminista Marcosur(AFM), que coordina organizaciones feministas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana y Uruguay, dan a conocer el sistemadealertasregional.org sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Cuando el 15 de julio cientos de personas tomaron las calles de Espinar, los medios callaron. Tres semanas después, se acumulan las personas heridas, contagiadas, abusadas, criminalizadas en este municipio a 4.000 metros de altura y con una mina explotada por la compañía anglosuiza Glencore.
Cuando el 15 de julio cientos de personas tomaron las calles de Espinar, los medios callaron. Nadie se “volteó” a ver que estaba pasando en esta ciudad a casi 4.000 metros de altura en la región del Cusco en el Perú. Tres semanas después, se acumulan las personas heridas, contagiadas, abusadas, criminalizadas. Algunos dicen que es porque la minera no pagó un subsidio que la gente salió a las calles, otros que la protesta no puede ser entendida sin hacer una retrospectiva. La protesta es una imagen más, una secuencia de un largometraje que comienza con la llegada de la minería a la zona.
Luz, una de las integrantes del Maizal, colectivo de comunicación popular, señala en un foro virtual que escucho de fondo que “cada minuto que no se desarrolla la minería es una perdida para el capital y una ganancia para los pueblos”. Se refiere a Ñangalí, un páramo en las alturas de Piura cerca de la frontera ecuatoriana, asediado por el proyecto minero de capital chino Río Blanco que, gracias a la resistencia de las rondas campesinas, no ha logrado ser explotado.
Pero la minería llegó hace ya demasiado a Espinar, tanto que desde una perspectiva de larga duración, una no sabe si remontarse hasta la invasión española y la imposición del modelo extractivista-colonial o si bajar hasta el “acontecimiento”: la irrupción de la minera hace 40 años.
Espinar es un núcleo urbano de convivencia con la mina, donde gran parte de su actividad económica gira alrededor de la satisfacción de las necesidades de la empresa anglosuiza, Glencore
El paisaje, los orígenes
Espinar es una ciudad joven, con poco más de 100 años, llena de casas de ladrillo sin pintar, pequeños hoteles, un mercado, comiderías, no se diferencia demasiado del resto de ciudades que pueblan esta zona altoandina, pero el bullicio, los precios y determinadas ofertas de productos te hacen dar cuenta rápidamente que Espinar es un núcleo urbano de convivencia con la mina, donde gran parte de su actividad económica gira alrededor de la satisfacción de las necesidades de la empresa anglosuiza, Glencore, y sus trabajadores.
Pero Espinar es también mucho más que eso, es la cuna de la cultura K´ana, una sociedad preincaica que sigue viva en las costumbres, creencias y tradiciones de sus pobladores. La cultura k’ana es también una herramienta de protección legal. En abril del año pasado, representantes de las 79 comunidades de Espinar lograron el reconocimiento a través de una ordenanza municipal de su condición de nación Kána. En un país donde los derechos colectivos solo son parcial y muy deficitariamente reconocidos a aquellos pueblos leídos como indígenas u originarios por el Estado, este logro abre una ventana de oportunidad para el ejercicio de sus derechos sobre el territorio, su identidad cultural, el derecho a la consulta previa e incluso a la autodeterminación.
Dice José de Echave, investigador de CooperAcción, que Perú es uno los mayores productores de cobre a nivel mundial, pero también de conflictos mineros. A pesar de que una de las principales formas de prevenir los conflictos sociales es hacer a las comunidades partícipes de las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios, la población de Espinar nunca ha podido ejercer su derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la OIT: ni con el proyecto Tintaya de Xtrata, ni con Antapaccay de Glencore y tampoco con su próxima ampliación: Coroccohuayco.
Dice José de Echave, investigador de CooperAcción, que Perú es uno los mayores productores de cobre a nivel mundial, pero también de conflictos mineros
Los impactos en las vidas y territorios
En octubre de 2018, recorríamos en furgoneta el serpenteante camino que conecta Cusco con la ciudad de Espinar, mientras clavaba la mirada en la tundra que cubría las montañas con el propósito de no marearme, una compañera de Derechos Humanos Sin Fronteras-DHSF me preguntó: ¿Ves esas montañas tan perfectas? Es parte de la labor social de Glencore, y la minera Antapaccay, cuando el entorno ya está muy degradado por la actividad minera buscan tapar los huecos o cubrir los relaves dándoles la apariencia de ser parte del paisaje, luego siembran encima la vegetación de la zona: paja brava o ichu que verdea o amarillea según la época del año, buscando dar la apariencia de que “aquí no ha pasado nada”.
En aquella ocasión tuvimos la oportunidad de asomarnos hasta las entrañas de la minera Antapaccay. Confundidas con pobladoras de la zona a las que la minera estaba obligado a brindar derecho de paso por sus caminos de tierra, logramos llegar hasta al tajo abierto, allí donde enormes máquinas excavadoras horadaban la tierra, dejando a la vista estratos cobrizos, anaranjados y rojos. El tajo y la montaña de relaves eran los impactos visibles, los destrozos evidentes que la minera había causado en la comunidad de Alto Huarca.
José Antonio Lapa de DHSF me manda informes, muchos informes, resultado de un minucioso trabajo de investigación donde señala los otros efectos, aquellos que son deliberadamente invisibles a los ojos de la Empresa y del Estado: la contaminación de acuíferos, los metales en sangre, el ganado envenenado, las enfermedades respiratorias crónicas, la criminalización continua como medida disuasoria del ejercicio del derecho a la protesta, las distintas formas de violencias en el conflicto ecoterritorial. Gracias al trabajo de organizaciones como DHSF, CooperAcción, Red Muqui, la CNDDHH o Demus, podemos saber que detrás de cada dato, de cada cifra, hay también un rostro, un testimonio, un reclamo, una historia.
A pesar de que una de las principales formas de prevenir los conflictos sociales es hacer a las comunidades partícipes de las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios, la población de Espinar nunca ha podido ejercer su derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la OIT
Las que ponen el cuerpo
Melchora Surco nos cuenta su historia, al pie de un pequeño cerro en el que unas 20 compañeras defensoras ambientales de todo el país nos acuerpamos para escucharla mejor, y que sus palabras no se las lleve ese gélido viento altoandino que endurece las manos y corta los labios. Ella es la presidenta de la Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (ADEPAMI), vivía a 200 metros de la relavera de Camaccmayo. En 2015 se convirtió en la cara visible de la lucha por la reparación y remediación causada por la contaminación por metales pesados en Espinar. Melchora, es la abuela también de Yedamel López Champi, un niño que nació en Espinar y al que, a la edad de siente años, le detectaron metales pesados como plomo, arsénico, cadmio y mercurio, calificados por la OMS como altamente cancerígenos. Lamentablemente, pese a que la contaminación por metales en las comunidades de influencia minera ha sido ampliamente constatada, el problema aquí es la causalidad. Se sabe que las fuentes de agua están infestadas de metales, pero demostrar que la contaminación es producto de la actividad minera es el último clavo al que se aferra la empresa para no dar razón. Antapaccay niega toda responsabilidad, parapetándose en una débil coartada: los metales existentes en el agua son de “origen geológico o natural”.
A este tipo de impactos por contaminación ambiental que sufren cientos de personas, se suma la precariedad económica: “El proyecto Antapaccay que el 2016 realizó ventas anuales por 878.666,942 euros, opera en un mar de pobreza y pobreza extrema, que alcanzó en el 2020 al 70% de los hogares”. Adicionalmente a esto, sólo el 34% de la población de Espinar recibió alguno de los bonos impulsados por el gobierno para ayudar a las familias durante los meses de aislamiento obligatorio, quedando el resto en situación de emergencia económica y social.
Es precisamente en este contexto de empobrecimiento masivo, agravado por la pandemia, donde la gente toma las calles exigiendo una compensación a la empresa, en un país donde el estado del bienestar brilla por su ausencia
Es precisamente en este contexto de empobrecimiento masivo, agravado por la pandemia, donde la gente toma las calles exigiendo una compensación. Y en un país donde el estado del bienestar brilla por su ausencia, la empresa a través de su convenio marco se convierte en el proveedor, sí, de contaminación y muerte, pero también de apoyos sociales de corte asistencialista, con el objetivo de lograr respaldo, y dividir a las organizaciones a través de prebendas y compensaciones negociadas bilateralmente.
Elsa Merma de la Asociación de Mujeres defensoras del territorio y la cultura K´ana de Espinar, pone voz a estas denuncias cada semana en su programa radial: “17 años han pasado desde que se firmó el Convenio Marco y no hemos visto con este presupuesto ningún proyecto sostenible en la provincia de Espinar no tenemos agua las 24 horas. Nosotros tenemos una gran empresa, pero no tenemos un hospital bueno, salud, educación (…)”. La mirada ecofeminista y del feminismo comunitario nos enseñó a entender los impactos diferenciados que viven las mujeres en zonas afectadas por el modelo de despojo extractivista. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar, ocupando en este último paro la primera línea de lucha. Son mujeres que, al igual que Elsa, por su recorrido y acciones en defensa del territorio han sido hostigadas, acosadas y estigmatizadas por las empresas, las fuerzas represivas del Estado y parte de su comunidad.
Una carta de denuncia del Grupo de género del sur andino, nos recuerda que esta vulneración de derechos en Espinar forma parte de una sistemática práctica de ataque a mujeres defensoras en el país. Sucedió en las protestas contra el proyecto minero Conga (Cajamarca) donde defensoras ambientales como Máxima Acuña fueron asediadas, difamadas y física y psicológicamente agredidas; también en Tía María (Arequipa) y en el levantamiento contra la Empresa minera Majaz (hoy Río Blanco Cooper), en el que dos mujeres defensoras, fueron violadas tras ser retenidas mientras participaban en las movilizaciones. Estos días en Espinar, se han reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual por parte de la policía y fuerzas del orden.
Desde el inicio de las movilizaciones se ha generado permanente enfrentamiento, agresiones y violencia a partir de la presencia de aproximadamente 200 policías y 100 militares, que se alojan en las instalaciones de la propia empresa minera, Wayka, un medio de comunicación alternativo, publicó un escalofriante relato sobre abusos a comuneros ocurridos el 22 de julio: “Según los testigos del pueblo de Cruzcunca, uno de los comuneros puestos contra el piso fue Juan Carlos Quirita Llasa, a quien redujeron con balas al aire, puñetes, patadas y varazos en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. “¡Trae gasolina para quemar a estos perros de mierda!”, gritó el policía que lo sujetaba (…) Juan Carlos sintió caer la gasolina sobre su cuerpo mientras le repetían a gritos que lo quemarían vivo. La misma sensación vivieron sus compañeros, que al igual que él, fueron rociados con combustible cuando ya estaban reducidos con las caras pegadas a la pista.”
Los policías se alojan en las instalaciones de la propia empresa minera, y un medio de comunicación publicó que el 22 de julio rociaron con gasolina a activistas, además de reducirles con balas al aire y golpes
En un país asolado por más de 20 años de conflicto armado interno, estos sucesos dan cuenta del continuum de violencia ejercida por las fuerzas del orden en el país, donde la cultura del abuso, la opresión y la impunidad, sigue siendo, lamentablemente, una práctica cotidiana, sobre todo en zonas rurales o periurbanas donde se concentran ciudadanos/as “de segunda clase” para el orden racista, clasista y patriarcal, vestigio de la colonia.
Estado maltratador y ausente
El pasado 3 de agosto, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, durante el discurso para la presentación de propuestas del gabinete ministerial en el Congreso, aseguraba que “la minería es, sin duda alguna, la columna vertebral de la economía en el Perú””. Las declaraciones sentaron como un tiro en un momento donde los conflictos sociales ascienden a 190, el 67.4% de estos principalmente de raíz socioambiental, 64.1% por minería. Frente a la situación de crisis económica, la reactivación de proyectos paralizados por el rechazo y falta de licencia social, se avizora como la respuesta estrella para encontrar soluciones cortoplacistas, algo que, como fácilmente podemos intuir, no hará más que profundizar en las causas estructurales de la multidimensionalidad de las crisis de las que el COVID19 es solo la punta del iceberg.
A este respecto, Roció Silva, congresistas por el Frente Amplio, le espetaba en el Congreso: Yo esperaba que Ud, Premier, pusiera en el centro la vida. Pero en su discurso se ha prioriza la reactivación económica y caminando hacia 40 mil muertos. Nos habla de la minería sin mencionar la cantidad de mineros contagiados durante esta emergencia, incluso en la propia Antapaccay, Espinar, hay más de 300 infectados. El Presidente Vizcarra mencionó que estamos caminando hacia un contagio masivo. Plantear una inmunidad de rebaño como excusa para la reactivación económica es sacrificar a los más vulnerables mientras se defienden los intereses económicos de la élite gobernante.
El premier, duró 20 días en el cargo, en redes lo llamaban jocosamente “Cateriano, el breve”.
Finalmente, cuando parecía que el conflicto no tenía visos de resolución, el 7 de agosto se conformó una mesa de negociación y dialogo, donde la empresa aceptó hacer “de manera extraordinaria y por única vez” el pago del subsidio de 1000 soles por “beneficiario” (unos 250 euros) como forma de paliar los impactos del COVID19, a cambio de que las movilizaciones cesaran y que dirigentes sociales “levantaran inmediatamente las medidas de fuerza social en toda la provincia, garantizando la paz social”.
Mientras la calma vuelve a las calles de Espinar cabe preguntarse qué entiende exactamente el gobierno por “paz social”, en una región donde las declaratorias de emergencia, la ocupación militar y la restricción de derechos se da de manera continua. Pero como dirían los y las peruanas “el sol no se puede tapar con un dedo” y resulta irrisorio pensar que una insignificante compensación económica que, a duras penas servirá a las familias para llegar a fin de mes, podrá reparar los daños generados por “años de minería sin control, contaminación, desidia y abandono de sucesivos gobiernos, y empresas”. El subsidio parecería un bálsamo temporal que, sin duda, precisa de la generación de un proceso de dialogo profundo, democrático y en igualdad de condiciones, que verdaderamente tenga la intención de reparar, remediar y proteger a la población afectada, así como investigar y sancionar a los culpables de la generación de daños, muchos de ellos, lamentablemente, irreversibles.
La posibilidad
Como nos han recordado estos días organizaciones ambientalistas, Perú, no es un país minero, Perú es uno de los 10 países más megadiversos del mundo, que en su conjunto alberga el 70% de la biodiversidad del planeta, incluyendo esto ecosistemas tan importantes como la Amazonía que llega a ocupar el 60% del territorio nacional, el complejo sistema de glaciares en los Andes, miles de especies y recursos genéticos nativos, y 55 culturas originarias, entre tantos otros.
Ante una élite sorda a los reclamos y ambientalmente suicida, la cultura K´ana, se convierte entonces en las raíces sobre las que soñar, construir e impulsar alternativas de vida a la imposición del modelo económico hegemónico, en la posibilidad que resquebraja el imaginario colectivo de territorio minero, que nos habla de un tiempo de convivencia en equilibrio con la naturaleza, en el que los pueblos eran soberanos. En las manos de estas mujeres y hombres que luchan desde sus raíces, y también en las nuestras, desde los sectores críticos de este sur global, está que las transformaciones urgentes que necesitamos sean posibles.
Foi venres e 13 o día que se notificou en Guatemala o primeiro caso de COVID-19. Esa segunda fin de semana de marzo e primeira despois da noticia, a actividade transcorreu con normalidade, a xente deuse, sen meditalo moito, os últimos bicos e apertas de saúdo e despedida, os comercios funcionaron como calquera outro sábado ou domingo, e a xente entón saíu á rúa, probablemente sen considerar o que estaba por vir.
O 15 pola noite sóubose do falecemento da primeira persoa por coronavirus no país, un home de máis de 80 anos, e o presidente Alejandro Giammattei, anunciou unha serie de medidas de contención que, como no resto do mundo, tiveron un impacto irreversible na vida das persoas e na economía do país. Esa semana canceláronse todas as actividades educativas, relixiosas, labores non esenciais e o transporte público. Sete días despois impúxose un toque de queda co que quedou prohibida a circulación de persoas e vehículos durante 12 horas diariamente.
Dende entón o medo cobrou outra dimensión, existe incertidume por non saber que pasará máis adiante, centos de persoas están nas rúas buscando solidariedade porque cada vez, hai máis estómagos baleiros en diferentes partes do país. Moita xente perdeu o traballo ou viuse na obriga de aceptar un recorte salarial, un significativo número de pequenos negocios e comercios pechou; polas medidas decretadas, o comercio informal en gran medida paralizouse e no campo moitos dos produtos non se puideron transportar.
Ao peche desta edición notificáronse 2.512 casos en Guatemala e, segundo Edwin Asturias, médico e experto en epidemioloxía, nas últimas semanas de maio e primeira de xuño o virus estará no seu pico máis alto; alarmante situación nun país onde existen 45 hospitais e 8.453 camas, segundo o Ministerio de Saúde.
Un monstro insaciable que non descansa
O sistema. Ese, en realidade, é o virus que envelena e contamina porque explota territorios e extrae os seus bens naturais. O espolio ten sido unha constante no país, durante anos os pobos denunciárono e resisten fronte a ese monstro que non dá tregua nin en época de pandemia.
Lesbia Villagrán é de San Rafael Las Flores, un municipio do departamento de Santa Rosa, onde hai máis de tres anos comunidades organizadas e en resistencia decidiron instalar, as 24 horas do día, un piquete na localidade de Casillas para impedir os traballos da empresa mineira San Rafael S.A.
No municipio, a poboación acata as normas de confinamento pese a que iso implica días de fame para moitas persoas, “é lamentable a situación porque non se pode traballar e moitos vense obrigados a pasar de casa en casa para pedir comida”, agrega Lesbia, ao mesmo tempo que denuncia como a empresa mineira segue funcionando. Polas medidas decretadas, “a resistencia que se estaba a facer, levantouse en Casillas porque non outorgaron o permiso para permanecer no piquete, e dende ese momento entran e saen os camións da empresa, nós mandamos facer valos e deixámolos postos, pero ese mesmo día, á hora do toque de queda, quitáronos. Unha persoa é penalizada por estar na rúa, pero para os empresarios de aquí non houbo cambio”, sinala.
Ésta é unha das tantas realidades de cara ao COVID-19, que quedan fóra das coberturas informativas. Durante máis de dous meses os medios de comunicación e as redes sociais, están saturadas con información do número de contaxios, de mortes, do impacto na economía, do aumento dos índices de pobreza e das carencias do sistema de saúde. É necesario dar cabida ás voces dos que se enfrontan a ese monstro insaciable que vende a idea dun desenvolvemento que pagan moi caro as maiorías e a natureza, porque contribúe a evidenciar que esta é unha crise global e social, ecolóxica e económica, produto dos impactos ambientais acumulados provocados ao planeta. Moi pouco se ten dito de como a destrución masiva de ecosistemas, a depredación e o saqueo de bens naturais, reduce os espazos para a vida silvestre e expón aos seres humanos a novas maneiras de contacto con microbios; de como a industrialización da produción de alimentos animais é a principal fonte de contaxio, ao provocar mutacións dos virus que afectan á especie humana.
Defender a auga é protexer a vida. Fotografia Alianza por la Solidaridad
Insistir nisto é fundamental para xerar conciencia da urxente necesidade de defender os bosques, a auga e a terra, sobre todo nas áreas urbanas. María Caal, concelleira da Corporación Municipal de Cahabón e parte da resistencia pola defensa dun dos ríos máis grandes do país, o río Cahabón, en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, asegura que preservar estes caudales de auga é vital para protexer a vida. A tarefa nunca foi fácil pero, ao igual que en San Rafael Las Flores, estes últimos meses complicáronse aínda máis pola pandemia e pola orde gubernamental de permanecer nas casas. “Suspendéronse moitas actividades, a resistencia non parou porque seguimos firmes na loita por defender a auga, e estivemos informando ás comunidades, pero foi máis difícil todo”. Deste municipio é tamén Bernardo Caal, líder q’eqchi’ sentenciado a 7 anos e 4 meses de prisión por enfrontarse ás gadoupas do monstro, e impedir que os proxectos hidroeléctricos da empresa Oxec S.A. acaben co río Cahabón. “O proceso que iniciamos para a súa pronta liberación, con esta situación do coronavirus, quedou estancado, e o meu irmán segue estando preso inxustamente e co risco de contaxio pola falta de medidas de saúde que hai no cárcere, pero nós seguimos loitando por él e polo río”, afirma María.
Guatemala conta con condicións naturais favorables para dispoñer de auga suficiente, pero a realidade para a meirande parte da poboación é outra. Por exemplo, só no municipio de Guatemala de 250 mil fogares atendidos pola Empresa Municipal de Auga, 50 mil non contan co servizo. Os datos cobran maior relevancia de cara ao COVID-19, sobre todo porque lavar as mans, todas as veces posibles, resulta ser indispensable para enfrontar e salvarse da enfermidade.
“Nós defendemos os ríos porque as empresas os están destruíndo, desvíanos e contamínanos, e iso aféctanos a todos, con que auga nos imos lavar e limpar do virus se os ríos están secos?”, cuestiona María quen, igual que Lesbia, coincide ao enfatizar que “nada máis se levante o toque de queda volveremos con máis forza á resistencia”. A súa convición é auténtica, sobre todo porque se enfrontaron firmemente, como centos de mulleres e homes nos diferentes territorios, a un sistema voraz que as persegue, criminaliza e violenta, e agora a un virus que agudiza as condicións de pobreza e fame nas comunidades.
En San Rafael Las Flores, “é tremendo o que se vive e se mira, a vida é dura, a cesta da compra básica aumentou, a libra de tomate, por exemplo, chegou a costar 9 quetzales -pouco máis de un euro- e a axuda prometida polo goberno non chegou”. Lesbia perdeu o traballo, os donos da casa á que diariamente ía cociñar e limpar dixéronlle que por seguridade xa non fora, hai algúns meses quedou sen o apoio da súa familia por estar na resistencia, houbo días que os pasou sen ter algo para comer, “pero eu sei que saio desta e volverei ao piquete a facerlle fronte á empresa”.
Os ingresos da poboación reducíronse, a diminución de horas para a mobilización das persoas impediu a xeración dunha entrada de diñeiro. Dos apoios prometidos polo goberno, “non se mirou nada aquí”, comenta María e, aínda que recoñece que o virus afectou á economía da poboación, “nas comunidades conseguimos resistir porque cortamos un pouco de herba e imos á milpa, é desa terra que tanto defendemos e pola que estamos dispostos a dar a vida, que sacamos algo de comida. Aínda que o goberno e as empresas nos persigan, nós imos seguir loitando polos ríos, os bosques e a terra, porque é aí onde está a vida e porque é o único, penso eu, que nos fará máis fortes para enfrontar o virus”, conclúe.
La Plataforma Europa Perú (PEP) manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Espinar, Cusco, a raíz de las protestas de las comunidades aledañas al proyecto minero de Antapaccay, quienes vienen sufriendo los impactos negativos de la minería en la zona por casi 40 años y que actualmente están pasando por una crisis excepcional tras la pandemia de Covid-19
Según informes, el 15 de julio, dirigentes de las comunidades de Espinar llamaron a un paro indefinido debido a la negativa de la empresa multinacional anglosuiza Glencore a aportar un monto económico individual de S/1000 a la población por la crisis económica resultante de la pandemia 1. Para la población, ese monto formaría parte de los compromisos que la empresa ha asumido a través del Convenio Marco, que fue firmado por la minera (en aquellos entonces BHP Billiton) y las comunidades aledañas y la provincia de Espinar en el año 2003.
De acuerdo con información recibida, la fuerza policial y militar ha intentado detener las protestas haciendo uso de bombas lacrimógenas y perdigones, lo que provocó la quema de pastos y el incendio de la casa de bombeo, ubicada en la zona de Camaccmayo. El 24 de julio, también hubo reportes de un enfrentamiento entre agentes policiales y un grupo de jóvenes que se encontraba en la entrada del distrito de Yauri. Los efectivos utilizaron perdigones, armas de fuego y bombas lacrimógenas resultando heridos 5 manifestantes, evacuados al Hospital de Espinar. Dos de ellos serían menores de edad, 17 y 16 años, respectivamente. La doctora Gloria Cárdenas Alarcón, del hospital de Espinar, reportó que 3 personas heridas sufrieron impactos de proyectil de arma de fuego y que ella misma está sufriendo hostigamiento por parte del sistema de justicia por denunciar estos hechos; según informes, ha sido citada por la fiscalía y tres policías se presentaron en su centro de trabajo.
En este contexto, la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos resulta de especial preocupación. Las actividades mineras en la zona han tenido efectos muy adversos para las poblaciones aledañas, que sufren las consecuencias de la contaminación de metales pesados en sus cuerpos y en el agua que consumen o usan para actividades agrícolas 2. Las mujeres han sufrido particularmente los impactos negativos de la minería, tanto en temas de salud, alimentación, trabajo y economía. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar y se han visto más afectadas por abusos de las fuerzas policiales, habiéndose reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual.
Como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social. El pasado 6 de julio, el Tribunal Constitucional de Perú publicó una sentencia histórica reconociendo el derecho a la protesta como un principio fundamental y un derecho en sí mismo.3 La PEP acoge con gran satisfacción esta sentencia y exhorta a las autoridades en el Perú a que se abstengan de utilizar el sistema de justicia para fines coyunturales, como ocurre actualmente en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar. Al respecto, hemos tomado conocimiento sobre disposiciones de investigación de la fiscalía por delitos que no se han cometido 4, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar. Hay que recordar que las investigaciones fiscales han sido reiteradamente utilizadas en Espinar y en otros casos con el objeto de obstaculizar las actividades de líderes y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, mostramos preocupación ante el inicio de una campaña de desprestigio contra las y los líderes sociales de Espinar; así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, que en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido.
Ante lo mencionado, y en cumplimiento de las recomendaciones que el Relator de la ONU sobre la situación de personas defensoras hizo en enero de este año, en su visita a Perú, instamos a las autoridades peruanas a:
– que cesen los actos de criminalización de la protesta social y de hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos. Además, que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público y se garanticen los derechos humanos de las personas defensoras, en especial su derecho a defender derechos, su derecho constitucional a la protesta, y la protección integral por su labor como defensores/as de derechos humanos ambientales.
– que dispongan la creación de un equipo encargado de investigar de manera inmediata actos de violencia de género física y sexual en agravio de mujeres defensoras, por parte de personal policial, militar, seguridad privada o trabajadores de la empresa, en el marco de intervenciones a vehículos en la zona y medidas adoptadas por el Estado para mitigar la movilización.
– que se redoblen los esfuerzos para resolver el conflicto de manera pacífica en esta parte de la región Cusco, una zona donde el derecho a la salud y la vida y el derecho a un medio ambiente sin contaminación han sido sistemáticamente vulnerados por parte de la minera Antapaccay, perteneciente a la compañía Glencore.
– finalmente, que el compromiso de iniciar un diálogo por el gobierno y la población se realice de manera pronta y efectiva, sin demoras, como ha sido el caso el último lunes, cuando el diálogo se canceló a último momento por funcionarios del gobierno nacional, lo cual solo genera más desconfianza en la población local.
La pandemia del Covid-19, ha afectado a 48 trabajadores de Glencore, quienes han seguido operando durante la emergencia a pesar de no ser una actividad esencial, lo que ha impactado a pobladores de Espinar quienes viven en su mayoría de la actividad agropecuaria, pequeño y mediano comercio y servicios.
Se han registrado 506 personas de 6 comunidades aledañas a la explotación minera de los cuales el 100 % se encuentran con niveles biológicos detectables de metales tóxicos; afectación a la producción agrícola y pecuaria, incremento de la mortandad de animales; la contaminación de los ríos Cañipía y Salado, los polvos del transporte minero y las explosiones de sus operaciones.
El 15 de julio han sido notificados 8 dirigentes de las principales organizaciones de Espinar: Comité de Lucha de Espinar, Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y Construcción Civil Espinar, en vía de prevención del delito por el Ministerio Público por la “comisión de delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Resistencia o desobediencia a la Autoridad, tipificado en el artículo 368° del CP, en agravio del Estado” que tiene un claro objetivo de amedrentamiento, criminalización y desmovilización.
Plataforma Europa Perú
– Asociación pro derechos humanos de España (España)
– Asociación Putumayo (Bélgica)
– Broederlijk Delen (Bélgica)
– Catapa (Bélgica)
– Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania)
– Commission Justice et Paix (Bélgica)
– Entraide et Fraternité (Francia)
– Entrepueblos (España)
– FOS (Bélgica)
– Informationsstelle Peru e.V. (Alemania)
– Kampagne “Bergwerk Peru – Reichtum geht Armut Bleibt”,
Campaña Perú País Minero (Alemania)
– Peru Support Group (Reino Unido)
– Peru Kommiten for MR (Sweden)
– Secours Catholique (Francia)
– 11.11.11 (Bélgica)
¡NO A LA PERSECUCIÓN Y ASESINATO DE LOS LÍDERES GARÍFUNA!
¡APARICIÓN CON VIDA YA!
La comunidad Garífuna de Honduras, que vivimos fuera del país, reclamamos el cese de los actos de persecución que en los últimos años se han ido agudizando en nuestra contra. Exigimos explicaciones sobre las muertes y desapariciones de nuestros líderes y repudiamos las negociaciones gubernamentales relacionadas con nuestros territorios, que no respetan la Consulta Libre, Previa e Informada. Así mismo, demandamos que se esclarezcan los actos en contra de nuestro ecosistema y rechazamos la persecución y campaña de terror dirigida a toda la comunidad Garífuna.
El pasado 18 de julio se registraron las desapariciones de Alberth Snider Centeno Tomás, presidente del patronato de Triunfo de la Cruz por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez, miembros de la OFRANEH, y una quinta persona, Junior Rafael Juárez Mejía.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guervara Rosas, ha explicado que “de comprobarse que la privación de libertad de estas personas fue cometida por agentes del Estado, estos hechos podrían configurarse como una desaparición forzada. Esto sería una grave violación de derechos humanos y un crimen bajo el derecho internacional que no puede quedar impune”.
La Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en Honduras asegura que hubo habitantes de la zona que detectaron la presencia de cuatro hombres sin identificar vertiendo sustancias químicas en una laguna de la zona la noche anterior. Señalan al Estado hondureño como responsable de un atentado contra la biodiversidad garífuna y “también contra la vida de las comunidades que escasean de alimentos y fuentes de agua en medio de la crisis humanitaria generada por la COVID-19”.
«Tenemos mucho miedo que este caso termine siendo como el de Berta Cáceres -dice Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), en una entrevista a Radio Mundo Real-, en el sentido de presentar a presuntas personas que hayan podido participar en este hecho, y cerrar el caso rápidamente».
«No permitamos que pase lo mismo: que solo juzguen a presuntos autores materiales; queremos saber quién dio la orden para estos secuestros y desapariciones en una comunidad como Triunfo de la Cruz, que cuenta desde 2015 con medida cutelares de la CIDH y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
En Sambo Creek ha habido represión policial contra los manifestantes. Las autoridades han cargado con gas lacrimógeno. Por otro lado, las movilizaciones están siendo constantes en Tegucigalpa y en San Pedro Sula.
O ano previo á pandemia, foi un dos máis ricos e prometedores protagonizados polos pobos en movemento en América Latina
Son ben coñecidos os grandes feitos, como o levantamento indíxena e popular en Ecuador en outubro, o estourido en Chile dende novembro, a ondada de mobilizacións en Colombia como non se coñecían desde había moito tempo, ademais do protagonismo popular en Haití e Nicaragua, precedidos polas Xornadas de xuño de 2013 en Brasil e as de decembro de 2017 en Arxentina.
En agosto de 2019 o zapatismo anunciou a súa terceira expansión. Pese a que as comunidades, municipios autónomos e xuntas de bo goberno están rodeadas pola metade do exército mexicano, as bases de apoio zapatistas conseguiron romper o cerco ampliando os seus territorios e multiplicando espazos de resistencia. Nun comunicado librado o 17 de agosto e asinado polo subcomandante Moisés, indíxena convertido en voceiro do movemento, anuncia a creación de sete novos caracois e catro municipios autónomos, que se denominarán en adiante “centros de resistencia autónoma e rebeldía zapatista”.
O máis importante é que varios deses centros atópanse máis alá da zona de control tradicional do zapatismo, mentres que outros son lindeiros e reforzan a presenza que teñen na rexión histórica desde o alzamento de 1994, cando recuperaron centos de miles de hectáreas dos grandes terratenentes. Agora xa suman 43 centros zapatistas.
Entre as accións menos visibles, pero non menos profundas, quixera destacar que en 2019 creouse a Garda Indíxena Comunitaria “Whasek” Wichi no Impenetrable, no Chaco, Arxentina. Desde 2015 funciona o “Goberno Territorial Autónomo da Nación Wampis”, no norte de Perú, que abarca 22 comunidades e máis de un millón de hectáreas con 15 mil habitantes. O mesmo camiño comezan a percorrer outros tres pobos amazónicos.
A loita dos tupinambá do sur de Bahía (Brasil), permitiulles recuperar 22 facendas e miles de hectáreas, pese á represión e as torturas aos seus dirixentes (Fernandes, 2013). O pobo mapuche no sur de Chile recuperou 500 mil hectáreas por acción directa desde a década de 1990, cando se restaurou a democracia para acantonalos coa aplicación da lei antiterrorista herdada da ditadura de Pinochet, pero despois aplicada igualmente por gobernos progresistas e conservadores (Zibechi, 2020a).
A estas experiencias podemos sumar centos e quizais miles de comunidades autoxestionadas en toda América Latina. Os estudos máis acertados amosan que aproximadamente a metade do territorio latinoamericano está en disputa entre o capital transnacional e os pobos, como ensinan os traballos do Instituto para o Desenvolvemento Rural de Sudamérica. Unha verdadeira guerra pola terra e o territorio que atravesa cinco séculos e que se ten intensificado nas últimas décadas ao abeiro da acumulación por desposesión.
O certo é que a finais de 2019 os pobos estaban á ofensiva, en toda a rexión En primeiro lugar, é necesario destacar o novo papel das mulleres e, moi particularmente, das mulleres dos sectores populares, mestizas, negras, pobres. En segundo lugar, é notable o crecemento do activismo popular, rural e urbano, campesiño, negro, indíxena e das periferias urbanas.
Dende que a pandemia de coronavirus impuxo un corte aos procesos e aos movementos latinoamericanos, estes continúan por outras canles, doutros xeitos e maneiras de actuar. Quixera abordar brevemente as cinco características máis destacadas que observo na acción colectiva entre marzo e maio, despois de intercambiar pareceres con movementos de case todos os países sudamericanos, de México e O Salvador.
O primeiro aspecto é que se produce unha viraxe cara adentro. Quizais o movemento que mellor o exprese sexa o Consello Rexional Indíxena do Cauca (CRIC), co seu lema de “Una Minga hacia Adentro”. Mentres a Garda Indíxena efectúa o control territorial, pechando o paso ás persoas e vehículos non autorizados polos cabidos, a minga cara adentro coloca en primeiro plano a medicina tradicional e a harmonización das persoas no territorio.
As emisoras indíxenas tornáronse estratéxicas e claves deste proceso, xa que seguen as instruccións das autoridades territoriais. O rito e cerimonia indíxena permite enfrontar a pandemia ao combinar os coidados coas súas plantas medicinais e harmonizar as persoas coa terra e o territorio. Acúdese aos lugares sagrados, as lagoas e os páramos para revitalizar os sahumerios, recoller as plantas ceremoniais e facer os fogóns nas comunidades.
Á vez, trabállase para fortalecer a comunidade, as autoridades propias e as asambleas, entendendo que o coidado da saúde nos pobos orixinarios ten un forte carácter colectivo, non individual, como nas cidades. Camiños semellantes aos de CRIC se poden constatar entre as bases de apoio do EZLN en Chiapas, entre pobos amazónicos como o Goberno Autónomo da Nación Wampis, entre moitos outros.
Nas cidades funciónase de maneira diferente, antepoñendo o barrio á vivenda familiar. En particular nas villas de Bos Aires e nas favelas de Río de Janeiro, a consigna de “Queda na casa” non pode funcionar, pola precariedade e o amoreamento, e porque os sectores populares sobreviven con base na venda ambulante e outras maneiras de economía informal ou economía popular, algo que non poden facer se permanecen pechados nas súas casas. Por iso, impúxose a proposta de “Queda no barrio”, facendo do espazo colectivo o centro da sociabilidade popular.
A segunda tendencia dos movementos é a profundización da autonomía alimentaria. En todas as experiencias rexistradas, constátase un retorno á terra, un intento por construír hortas colectivas autoxestionadas de carácter orgánico, en particular nas periferias urbanas. Pódese dicir que constitúe, ao mesmo tempo, un intento por superar as consecuencias económicas da pandemia, pero tamén un desexo de facelo en colectivo, rompendo o illamento individual-familiar imposto polo Estado.
Aínda é cedo para saber se estas iniciativas perdurarán máis alá da emerxencia, pero parecen formar parte dun desexo de amplos sectores por abandonar a gran cidade para “vivir mellor”, como están a facer con miles de migrantes andinos en Lima (Zibechi, 2020c). Algúns movementos –como zapatistas e nasa- recomendan ás súas bases, non só a intensificación da produción de alimentos, senón tamén a diversificación, como forma de asegurar mínimos niveis de autonomía.
A terceira é a crecenteterritorialización das resistencias. A maior novidade, é a aparición de múltiples iniciativas urbanas, como as 200 asambleas territoriais formadas ao abeiro do estoupido das revoltas en Chile. Durante a pandemia e o estado de sitio, unhas cantas asambleas optaron por poñer en pé redes de abastecemento por fóra do mercado, contactando directamente cos produtores. Máis sintomático aínda, é a formación xa antes da pandemia, pero profundizada agora, dunha rede de abastecemento feminista, co que pode dicirse que o movemento de mulleres tamén vira, lentamente, cara ao arraigamento territorial. Nas periferias urbanas, como sucede en Temuco (Chile) e en Montevideo (Uruguai), miles de persoas ocuparon terras para construír vivendas, no que supón un desafío frontal á propiedade privada e ao Estado.
Os movementos indíxenas son os que con maior vigor encararon a delimitación e defensa dos seus territorios. O EZLN, nos seus 43 espazos en Chiapas, pechou os caracoles, deixando ás comunidades o tratamento das decisións concretas. A Garda Indíxena do Cauca, pola súa banda, controla setenta puntos de entrada e saída dos seus territorios con aproximadamente sete mil gardas que se rotan na tarefa. Moitos campesiños bloquearon en toda América Latina o ingreso e saída das súas vilas, para asegurarse de que o virus non ingresase nas comunidades.
O cuarto aspecto a destacar é a profundización dos vínculos abaixo-abaixo. O apoio dos sindicatos uruguaios ás comidas populares nos barrios periféricos, as doazóns de alimentos de produtores rurais aos poboadores urbanos, son apenas unha mostra de cómo durante a pandemia se están estreitando vínculos entre pobres rurais e urbanos. Quizais a acción máis chamativa, pola explicitación da solidariedade, sexa a de Bañados de Asunción. Ducias de comidas populares funcionan baixo o lema “O Estado non nos coida. Os pobres coidámonos entre pobres”, nun amplo traballo solidario que conecta estudantes e profesionais con poboadores organizados que viven na maior pobreza.
Por último, pódese constatar o retorno e a potenciación de prácticas ancestrais por fóra do mercado capitalista. Entre as poboacións campesiñas e indíxenas de Bolivia, Colombia e México, constátase a xeralización de prácticas de troco. Realízanse feiras de troco en puntos e días previamente acordados, sen moeda, pero non se intercambian equivalencias senón que cada quen o fai segundo as súas necesidades. Estamos ante prácticas que se realizan dende hai moito tempo, pero que no medio da emerxencia sanitaria cobran un dobre sentido de resistencia colectiva e de alternativa ao capitalismo.
Abaneóusenos o piso. As certezas esvaecen. As incertidumes envólvennos. O futuro aparece máis difuso que antes. O certo é que pandemias de todo tipo, non só a sanitaria derivada do coronavirus (Covid-19), acosan a sociedade humana. A pregunta é se saberemos transformar tanta ameaza e risco en oportunidades para unha grande transformación.
Preocupante resulta ver que, a medida que se desarma o existente, comeza a organizarse un novo réxime, que, por de pronto, parece que recupera o peor do vello, … e nesta recuperación do pasado, causante de tantas pandemias, a tentación autoritaria está cada vez máis presente. E é probable que, pasado o peor da pandemia, se continúe perseguindo perversamente a promesa -de imposible cumprimento- do desenvolvemento e do xeralizado benestar, sacrificando a millóns de seres humanos e, por certo, á Nai Terra…, ata que nos enfrontemos coa próxima pandemia.
“Nestes momentos de crispación, fai falta serenidade, reflexión e sopesar razóns.
De cómo saïamos do hoxe, vai ser o mañá” Julio Anguita. 4 de maio do 2020
As sacudidas da democracia antes do coronavirus
En América Latina, se se me permite poñer a lupa nesta rexión, ata hai pouco rexistrábamos sociedades en movemento que enchían rúas e prazas coas súas múltiples revoltas e resistencias, declinando o verbo democracia en todos os seus tempos.
O final do ano 2019 pasará á historia polas súas múltiples rebelións populares en contra de diversas e crecentes desigualdades, e da imparable destrución da Natureza. O peso das estruturas clasistas, patriarcais, xenófobas e racistas acompañou e desatou as frustracións de amplos grupos -en especial da xuventude- mobilizados sen nada que perder, pois ata o futuro se lles roubou …
A esta lectura cabería engadir os problemas nacidos das propias contradicións do capitalismo periférico, baixo as que os países latinoamericanos son constantemente empurrados a perpetuar o seu carácter de economías primarias exportadoras, sempre vulnerables e dependentes. Violencias, corrupción e autoritarismo -en gobernos neoliberais e “progresistas”, non confundilo como de esquerda- acosan a democracia. Tanta brutalidade non é unha simple consecuencia dos extractivismos, senón unha condición necesaria para a súa cristalización. E todo enmarcado en accións propias dos imperialismos, aos que poucas veces se incorpora nas análises.
Entender tal complexidade non é fácil. A forza das mobilizacións de finais de 2019 foi enorme, pero non necesariamente presentaron claras opcións de cambio, aínda que quizais abrían horizontes novos para a disputa do sentido histórico, sobre todo no caso chileno. Ademais, as ameazas que xa envolvían a estes procesos eran maiúsculas. Basta constatar as sombras da militarización da política que xa daquela asomaron como constante en varios recunchos da Nosa América. Coas cuarentenas baleiráronse as rúas e púxose, por de pronto, en cuarentena a democracia.
A democracia posta en jaque polos efectos do coronavirus
O coronavirus confróntanos cunha realidade que se veu acumulando dende hai décadas e, sobretodo, nos últimos tempos. E esa realidade responde, alén de lecturas inspiradas no complot e dunha avalancha de interpretacións sobre a pandemia, a un proceso de destrucións múltiples fraguado polos seres humanos no marco do “capitaloceno”, responsable do colapso climático en marcha. Ademais, a mesma recesión económica, que xa nos presionaba antes do coronavirus, resulta desa lóxica infernal de acumulación incesante de capital. E así, esta converxencia de pandemias agudiza os problemas e enfróntanos a unha crise multifacética en extremo complexa que nos convoca a pensar e actuar.
Protestas contra el paquetazo. (Cuenca, Ecuador). Fuente: portaldiverso.com
Puntualicemos algúns elementos clave. O coronavirus deixa ver varios temas, moitos deles xa coñecidos. O Covid-19 demostra a profundidade das desigualdades: a maiores dos graves problemas sanitarios, maniféstanse, agravados, moitos outros problemas sociais: a fame, a miseria, a inequidade, a marxinalidade. O coronavirus, ao demostrar a lóxica do poder, serve para exacerbar os temores e as aberracións: organizouse un plan de guerra para vencer un “inimigo invisible”, en clave de “chivos expiatorios”: migración e coronavirus camiñan da man exacerbando a xenofobia.
Nese enervante escenario, o Estado retorna. A primeira vista, isto resulta ata desexable. Medra o chamamento para que o Estado asuma tarefas sociais, pois en moitos países esas tarefas deixáranse en mans da lóxica mercantil, a saúde sobretodo. O grave é que, simultáneamente, consolídase un Estado autoritario: hai que disciplinar a sociedade para controlar a pandemia, é a mensaxe. A cuarentena, alén da súa utilidade para frear o contaxio, implica unha restrición de dereitos. Tamén asoma un Estado que, unha vez máis, despois dun longo interregno neoliberal, asume o seu papel como empresa de reparacións do sistema, apuntalando as grandes empresas, para que ao final todo siga igual. Este retorno do Estado implica, entón, a busca de seguridade para manter o statu quo, sobre todo cando o que se pretende é atravesar este complexo momento e retornar á a-normalidade anterior.
A tentación do autoritarismo tecnolóxico chinés é enorme. “O Irmán grande” de George Orwell, transformado no “estado tecnototalitario perfecto”, de Franco Berardi Bifo, asoma como unha realidade cada vez máis aterradora. Estados con trazos fascistas e de exacerbados nacionalismos poden consolidarse en moitos países. Ao mesmo tempo, en América Latina e noutras latitudes, contando co concurso estatal, perfílanse máis neoliberalismo, máis estractivismo, é dicir máis flexibilización laboral e ambiental para ser competitivos e recuperar o tempo perdido. Cando finalice a pandemia haberá máis ricos: as farmacéuticas, as grandes empresas que subministran e comercializan os alimentos, por exemplo. Tamén haberá máis pobres. E é moi probable que, dependendo de como saïamos dela, haxa menos democracia…
A democracia da Terra, un paso imprescindible
Un par de reflexións adicionais. Oxalá se entenda que a cuestión ambiental ten sido núcleo fundamental nos crecentes conflitos no mundo enteiro. Esta pandemia da Covid-19 non xurde da nada, non é o produto dun simple complot. A pandemia confróntanos cunha realidade socioecolóxica que se veu deteriorando aceleradamente dende hai unhas sete décadas polo menos, pero aínda con máis ferocidade nos últimos tempos. E neste complexo escenario, como o deixamos anotado, ponse a arrefriar a democracia … mesmo dirán, sen poñerse rubio ninguén, que para protexela.
O reto non se resolve da noite para a mañá. Defender e fomentar a democracia en todos os ámbitos de acción estratéxica -dende o local ao global-, cun proceso de permanente radicalización, segue a ser o camiño para sociedades respectuosas da diversidade, da igualdade e a liberdade. Aínda máis, non poderá haber paz entre os humanos se, simultaneamente, non transitamos cara a paz coa Natureza. E iso convídanos a poñernos en sintonía coa democracia da Terra para construír sociedades baseadas na xustiza social, a democracia radical descentralizada e a sustentabilidade ambiental.
Las mujeres exigen justicia (Chiapas) Foto: Andrea Murcia. Fuente: cuartoscuro.com
Os elementos básicos da devandita democracia radican na relación harmoniosa coa Nai Terra, recoñecendo que todos os seres vivos teñen un valor intrínseco, independentemente de se teñen ou non algunha utilidade para os seres humanos. A diversidade biolóxica e cultural é a base dese estilo de democracia raizal, que non pode máis seguir apuntando cara a uniformización produtiva, cultural e mesmo política. A sustentabilidade pensada en clave das futuras xeracións obriga a priorizar os bens de subsistencia básica, asegurando saúde, alimentación e vivenda como dereitos, nunca máis como mercadorías. Outra economía é un reto imperioso a partir da diversidade, a sustentabilidade e a pluralidade, potenciando o local a partir das necesidades, demandas e decisións locais: dende barrios e comunidades en primeiro lugar. Os saberes ancestrais en estreito diálogo cos coñecementos científicos deben facer realidade a convivencia de relacións sociais, económicas e políticas, inclusive tecnolóxicas.
Iso demanda xerar transicións dende miles e miles de prácticas alternativas existentes en todo o mundo, orientadas por horizontes utópicos que propugnan unha vida en harmonía entre os membros da Humanidade e de estes coa Natureza, aprendendo de formas de vida indíxenas, plasmadas na boa convivencia, e de todas esas outras opcións de existencias dignas que van configurando o Pluriverso.
Sen minimizar as accións a nivel estatal, todo indica que o gran impulso xurdirá con accións dende abaixo, dende barrios e comunidades. Un quefacer que non pode ser en ningún caso romantizado, en tanto que emerxe dende a mesma brutalidade do mundo capitalista. Trátase dunha construción e reconstrución paciente e decidida, que empeza por desmontar varios fetiches -particularmente económicos, empezando polo imposible crecemento nun mundo finito e polos destrutores extractivismos- e en propiciar cambios radicais, dende experiencias existentes ou dende imaxinarios chamados a ser transformados en realidades. E iso conmínanos a destruír as bases patriarcais e coloniais do capitalismo, co cal inexorablemente esboroarase esta civilización da desigualdade e a violencia.
Esa tarefa demanda conxugar a democracia en todas as súas formas. Subvertir a institucionalidade dominante é o primeiro paso para construír redes de resistencia e re-existencia, coas que -sen pedir permiso- se potencie e se radicalice a democracia na vida dos pobos. Na medida que a pandemia torna en pandemonio, cal é o potencial real de cambio de rumbo? Volverán as masas a encher as rúas hoxe baleiras pola pandemia?
O momento, a pesar de todas as ameazas que se aveciñan, aparece como inmellorable para disputar o sentido histórico dunha grande transformación socioecolóxica.
Alberto Acosta
Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Enerxía e Minas (2007). Presidente da Asamblea Constituínte (2007-2008). Candidato á Presidencia da República de Ecuador (2012-2013). Compañeiro de loita dos movementos sociais.
O 8 de marzo do 2020 enormes manifestacións amosan a potencia do movemento feminista. A coreografía do colectivo Las Tesis de Chilepercorre o mundo dando voz a un saber colectivo: “o patriarcado é un xuíz que te xulga por nacer”. Porén, unha semana despois o Cononavirus impuxo o distanciamento social obrigatorio nalgúns países, voluntario noutros, as voces colectivas na rúa silenciáronse momentaneamente.
Esta non é a única pandemia que ten vivido a humanidade, pero si é a primeira que paraliza e reclúe a millóns de persoas nas súas casas con terribles consecuencias para os sectores máis desprotexidos das sociedades. A pandemia puxo en evidencia as desigualdades estruturais xeradas polo capitalismo, pero tamén impactou de forma xeralizada nos empregos de millóns de persoas creando situacións dramáticas.
Como di Maristella Svampa:
Hoxe lemos en numerosos artículos, corroborados por diferentes estudos científicos, que os virus que veñen azoutando a humanidade nos últimos tempos están directamente asociados coa destrución dos ecosistemas, a deforestación e co tráfico de animais silvestres para a instalación de monocultivos. Non obstante, semella que a atención sobre a pandemia en si mesma e as estratexias de control que se están desenvolvendo non incorporaron este aspecto central nos seus discursos. Todo iso é moi preocupante. (Nueva Sociedad, abril 2020).
A disputa simbólica instálase no escenario político e, segundo como analicemos as causas, poderemos imaxinar as saídas post- pandemia. Para as feministas arxentinas Verónica Gago e Luci Caballero, é necesario poñer en acción as claves de lectura que produciu o feminismo, xa que permite comprender o futuro que se está a facer agora mesmo.
“Ou alguén se imaxina que sería esta pandemia sen a previa politización dos coidados, sen a militancia polo recoñecemento das tarefas de reprodución e a valorización das infraestruturas de traballos invisibilizados, sen a denuncia do endebedamento público e privado, sen a contundencia das loitas anti-extractivistas para defender os territorios do saqueo das corporacións?” Revista Anfibia, 2020.
É unha politización que xurde de miles de prácticas, situadas, parciais, que se nutren de campos teóricos, ás veces contraditorios e suxeitos a revisión, pero que abriron interpelacións substanciais. Por iso, as autoras alertan sobre o que non nos axuda a pensar e a posicionar as prácticas colectivas; “hai dous lugares de enunciación que non nos resultan eficaces. Unha rápida partida de defunción para o capitalismo (que inclúe dende un editorial do Washington Post, pasando por teóricos consagrados) ou, en contrapunto, unha insistencia en que a pandemia confirma o control capitalista totalitario sobre a vida”. Ibem.
Dende o pensamento feminista e, en particular, dende o eco-feminista constrúese a articulación co pensamento ecoloxista para imaxinar novas formas de producir, consumir e habitar.
QUEDA NA CASAfoi o lema para enfrontar a pandemia na meirande parte dos países, unha “casa” que, cando existe, é unha prisión para moitas mulleres, nenas e nenos. Os impactos serían aínda peores se non fora pola desobediencia ao “QUEDA NA CASA” que practican as persoas solidarias coa dor allea, organizando comidas populares, montando cestas de alimentos e construíndo, coas súas accións, armazóns dende abaixo de solidariedade e coidado.
Cando saïamos do pechamento, sen dúbida o mundo non será o mesmo. A pandemia mostra a desigualdade capitalista de xeito brutal e doloroso, a pesar dos paliativos estatais, sempre escasos para a devastación que se produce. Os efectos aínda non o evidencian, pero xa se perciben transformacións laborais (tele-traballo) que anulan os límites da xornada laboral en aras da liberdade de elección e habilitan perdas de dereitos sociais e redución do número global de ocupados no mercado de traballo. Hai coordenadas dos debates sociais que cambiaron radicalmente tornando máis urxentes e perentorios os cambios das nosas prioridades. Suely Rolnik en diálogo con Negri e Hart, Deleuze e Guattari sinala que :
“a forza vital da que se alimenta o capitalismo xa non se reduce á súa expresión como forza de traballo , o que implica unha metamorfose radical da propia noción de traballo. Iso acompáñase dunha paulatina dilución da forma do Estado democrático de dereito, da que dependían leis laborais propias do réxime na súa versión anterior”. Rolnik 2019: 27
Aparece con descarnada perentoriedade a necesidade de reestruturar o campo do desexo con prácticas que desestabilicen as formas dominantes do subxectivismo. Rolnik fai unha cartografía das esferas da insurrección a percorrer para descolonizar o inconsciente e dar espazo aos “embrións de mundos que habitan os corpos”. Eses “embrións de mundo” exprésanse nos xeitos de producir e consumir, nas maneiras de relacionarnos, nas esferas da micropolítica de territorios que producen sinerxias colectivas que acollen e coidan.
Como construír unha axenda que poña en xaque o capitalismo? Como poucas veces, a pandemia impúlsanos a deixar de mirar o Estado, os mercados, a familia, a comunidade, con legañas tradicionais.Á luz da nosa vulnerabilidade social e da nosa condición humana, como seres inter e eco-dependentes, debemos repensar nunha reconfiguración integral, isto é, social, sanitaria, económica e ecolóxica, que tribute á vida e aos pobos. Svampa, Viale, 2020.
Territorios feministas
No post-pandemia aparece como urxente despregar espazos colectivos autónomos, re-inventando resistencias á cultura capitalista en todas as súas manifestacións consumistas, individualistas, violentas, racistas, colonialistas e patriarcais e explorar o espazo da invención política creativa, escapando tamén ao xogo político do estado e da representación. Isto non implica desatender a crítica, ou o cuestionamento das formas tradicionais da política e os Estados, pero só reconstruíndo a acción política dende a comunidade, poderemos construír maneiras de vivir máis próximas a un imaxinario transformador. Transformar as formas de producir e consumir é unha maneira de territorializar o feminismo para producir outras formas de habitar e fortalecer esas esferas da insurrección dende o micro. As novas expresións feministas crean “mercados virtuais”, feiras, permacultura, hortas urbanas, mercados de troco, experiencias de xestión sustentable en materia política e ambiental que fortalecen esferas de economías alternativas e autoxestión. Estender e profundizar esas experiencias é unha alternativa para enfrontar a crise que deixa o coronavirus. Con economías desenvolvidas dende os territorios que poden contribuír a unha democratización dende abaixo, modificando prácticas de consumo para desenvolver unha nova relación coa natureza.
O coidado para a sustentabilidade da vida
As necesidades cotiás básicas, como alimentarnos, vestirnos, coidar os nenos ou os enfermos, darnos afecto, recoñecemento e solidariedade, son o centro da vida cotiá das persoas. A reprodución da vida é realizada maioritariamente por mulleres, que son as que teñen garantido os coidados e afectos necesarios. A teoría feminista colocou o foco nesta relación, abrindo a posibilidade de analizar integramente a sociedade. A despatriarcalización da vida pasa por asumir o coidado como un eixe central do sostemento da vida humana e non humana. Carrasco sinala que:
“centrarse explicitamente na forma en que cada sociedade resolve os seus problemas de sostemento da vida humana ofrece, sen dúbida, unha nova perspectiva sobre a organización social e permite facer visible toda aquela parte do proceso que tende a estar implícito e que habitualmente non se nomea” (2003:12).
Na proposta de “Novo pacto social verde” que formulan Svampa e Viele1 para a post-pandemia sinálase como un dos 5 eixes do pacto social a construción de sociedades ligadas ao paradigma do coidado. Este paradigma baséase no recoñecemento da interdependencia entre as persoas e a eco-dependencia coa natureza. Priorizar como política o fortalecemento dos sistemas de coidado e os sistemas de saúde públicas son urxencias, tanto a nivel nacional como global. Trátase de levar os coidados e a reprodución da vida a amplos sectores das comunidades e da sociedade. Incorporar estas dimensións nas organizacións sociais, sindicatos, cooperativas e todo tipo de organización social, ao mesmo tempo que impulsar a demanda dun Sistema de Coidados como política pública. As prácticas sociais deben expandirse máis alá do estado, para facer posible campos relacionais guiados por principios éticos para a construción do “común”. A economista feminista Natalia Quiroga sinala que a interacción entre a economía social e popular post-patriarcal e a economía feminista deben centrar as súas prácticas nunha economía para a vida. Unha economía que nos coide. (Quiroga 2019). Por outra parte, Yayo Herrero convoca a resignificar o concepto de sustentabilidade incorporando relación harmónica entre humanidade e natureza. Existen propostas e directrices para comezar a ensaiar transicións socioecolóxicas cara a outro modelo de economía e organización social.
Hai que desexar facelo.
Lilian Celiberti – Cotidiano Mujer (Uruguay)
BIBLIOGRAFIA
CARRASCO, Cristina. La sostenibilidad de la vida humana ¿un asunto de mujeres? Icaria Editorial: Barcelona, 2001 a.
GAGO, Verónica, CABALLERO Luci, Deuda, vivienda y trabajo: una agenda para la pospandemia- Revista Anfibia. Marzo 2020
HERRERO, Yayo Economía ecológica y Economía Feminista: un diálogo necesario.en Economía feminista: desafíos, propuestas, alianzas. Entrepueblos: Barcelona, 2017. 121
PEREZ OROZCO, Amaia. ¿Espacios económicos de subversión feminista? en Economía feminista: desafíos, propuestas, alianzas. Entrepueblos: Barcelona, 2017. 132
QUIROGA; Natalia, Economía Pospatriarcal. Lavaca, Bos Aires, 2019
ROLNIK Suely, Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente. Tinta Limón, Colección Naciones Comunes. Bos Aires 2019
SVAMPA, Maristella, VIALE, Enrique, Nuestro Green New Deal. Revista Anfibia. Arxentina, Maio 2020
1Nuestro Green New Deal- Revista Anfibia. abril 2020
Más de 200 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Entrepueblos, Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras, hemos firmado una petición dirigida a los gobiernos de los Estados miembros, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo para que rechacen el Acuerdo de Asociación entre la UE y los países integrados en el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay).
Aunque la idoneidad del tratado ha sido puesta en duda desde su conclusión en junio de 2019 por diferentes gobiernos, parlamentos nacionales y regionales en la UE y, recientemente, por el Gobierno argentino de Alberto Fernández, la presidencia alemana de la UE parece dispuesta a continuar con el proceso de firma y ratificación.
Para las organizaciones firmantes, este acuerdo comercial supondrá la aceleración de la destrucción medioambiental y la crisis climática, el aumento de las violaciones de derechos humanos y de la impunidad, y un impulso al modelo agropecuario orientado a la exportación que perjudica campesinado tanto en la UE como en el Mercosur.
La campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión ha entregado una carta firmada por más de 200 organizaciones de toda Europa a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y a todos los europarlamentarios y europarlamentarias españoles. Demandan que rechacen el tratado comercial entre la UE y Mercosur en el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo respectivamente.
La conclusión de este tratado comercial, las negociaciones se prolongaron durante 20 años, fue anunciada en junio de 2019. Desde entonces se han sucedido las críticas al texto del acuerdo por parte de gobiernos como los de Francia o Irlanda, especialmente después de la ola de incendios en la Amazonia en agosto del pasado año y la gestión política de la crisis por parte del Gobierno brasileño. En los últimos meses los parlamentos de Austria, Países Bajos y la región belga de Valonia han aprobado mociones de rechazo al tratado.
Sin embargo, el Gobierno alemán, que presidirá la UE en el segundo semestre de 2020, parece decidido a ignorar este creciente malestar en torno al acuerdo con Mercosur y continúa con el calendario previsto para su firma y ratificación. El Gobierno español se ha mostrado hasta ahora también claramente favorable al tratado.
Las organizaciones firmantes de la petición consideramos que este tratado comercial tendrá consecuencias negativas para el medio ambiente y la ciudadanía:
1. Acelerará la destrucción del medio ambiente y la crisis climática en promover las exportaciones de automóviles, la expansión de los monocultivos y los pastos dedicadas a la ganadería. El acuerdo impulsará sectores como la carne o la soja (entre otros) en los países de Mercosur, responsables de la destrucción de la Amazonia y otros ecosistemas.
2. Aumentará las violaciones de derechos humanos y de la impunidad, incluyendo violencia física contra pueblos indígenas y comunidades campesinas así como la expulsión de sus tierras. La firma del acuerdo implicaría la legitimación de las políticas anti-indígenas y antisociales de Jair Bolsonaro.
3. Reforzará el modelo agropecuario orientado a la exportación, que tendrá efectos perniciosos sobre los precios en origen de los que dependen la agricultura en la UE y Mercosur. También supondrá más sufrimiento animal y afectará a la producción local de alimentos.
La petición de abandonar el tratado por parte de la sociedad civil se produce justo cuando se cumple un año del anuncio de la conclusión del acuerdo. Las organizaciones sociales y ambientales que firman la carta alertan que, como ha demostrado la crisis de la Covidien-19, la destrucción de la biodiversidad y la persecución de una globalización y crecimiento económicos y • limitados exponen a la humanidad a enormes amenazas.
Asimismo, insisten en que el rechazo al acuerdo UE-Mercosur no debe mal interpretarse como una negativa a la cooperación constructiva en la región. Esta cooperación debe promover la lucha contra el hambre, la pobreza y el cambio climático, y fomentar el cumplimiento de los convenios laborales de la OIT, el respeto de los derechos humanos, de los derechos del campesinado y otras personas que trabajan en el medio rural así como la adopción de normativas de bienestar animal.
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