Impunidad de Chevron en Ecuador: llamado urgente de la sociedad civil internacional

En solidaridad con decenas de miles de afectados por el mayor desastre ambiental que ha impactado a la Amazonía ecuatoriana, más de 240 organizaciones, redes, movimientos, y sindicatos, en representación de más de 285 millones de personas a nivel internacional, piden al Gobierno de Ecuador que apele ante la justicia holandesa el laudo arbitral que favorece a la petrolera Chevron.

El laudo emitido el 30 de agosto del 2018 ordena al Estado ecuatoriano que: anule la sentencia del caso Lago Agrio a pesar de que haya sido ratificada por todas las instancias judiciales ecuatorianas, incluida la Corte constitucional; y que impida a los afectados buscar en otros países la ejecución de la sentencia y la reparación de los daños causados por Chevron-Texaco. Además, exige que Ecuador indemnice a la petrolera por haber “afectado su imagen” y por los costos judiciales tras 27 años de proceso.

Si el gobierno del país andino no apela, este laudo que viola su propia Constitución y por tanto es inaplicable, será ejecutado. Si la justicia holandesa persiste en validarlo, será cómplice de un sistema de arbitraje privado internacional que favorece
sistemáticamente a las empresas transnacionales, negando la justicia a los afectados por crímenes corporativos.

Este caso ha generado gran preocupación a nivel internacional. Si Ecuador no apela, se sentará un precedente importante que asegurará la impunidad de las empresas transnacionales frente a las violaciones de los derechos humanos, de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, y los daños a la naturaleza.

La “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad”, se suma al llamado de cerca de 230 organizaciones sociales, indígenas, campesinas, redes y sindicatos de diferentes países, en representación de más de 285 millones de personas, para que Ecuador apele la sentencia de primera instancia en la justicia holandesa, antes del 16 de diciembre de 2020. El gobierno ecuatoriano debe mantener abierta la puerta de la esperanza de acceso a la justicia a las comunidades indígenas y campesinas amazónicas, tras décadas de lucha por el bien común.

➡️ DESCÁRGATE  LA CARTA


Caso Chevron: Carta abierta al Presidente de Ecuador

 

EN DEFENSA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS FRENTE A CHEVRON

Attn: Sr. Lenin Moreno
Presidente de Ecuador

Cc. Sr. Iñigo Salvador
Procurador General de Ecuador

Cc. Sr. Luis Gallegos
Canciller de Ecuador

11 de diciembre de 2020

El 16 de diciembre 2020 vence el plazo para que el Estado Ecuatoriano rechace o acepte una sentencia de un tribunal Holandés, que tiene que ver con la acción de nulidad del laudo arbitral emitido por un panel privado internacional con sede en los Países Bajos, a favor de Chevron. Esta acción ordena al Ecuador a dejar sin efecto la sentencia ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador y a impedir que las comunidades indígenas y campesinas afectadas por las operaciones petroleras de la trasnacional puedan ejecutar la sentencia ecuatoriana para la reparación de los daños causados en la región amazónica de Ecuador. Si el Estado Ecuatoriano acepta la sentencia holandesa debería indemnizar Chevron con una suma multimillonaria, por los «daños provocados a su imagen y los costos por los años de juicio en su contra», Además debería interceder ante otras cortes para impedir que los demandantes de ChevronTexaco puedan presentar demandas en su contra en otros países. Si el gobierno del Ecuador no apela esta decisión, el laudo arbitral queda en firme, a pesar de que en mayo 2019, más de 260 organizaciones y redes sociales representando más de 280 millones de miembros en los cinco continentes habían denunciado esta decisión como ilegal y anticonstitucional. Ese veredicto terminaría con la esperanza de justicia por parte de los afectados y consolidaría el sistema ISDS (Investor-state dispute settlement) poniendo en peligro el estado de derecho.

Hace 27 años las comunidades que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos, iniciaron un proceso contra la transnacional petrolera Texaco (ahora ChevronTexaco) por los daños culturales, de salud y medioambientales que la transnacional provocó mientras operaba en Ecuador. Tras un prolongado juicio, la justicia Ecuatoriana falló en favor de los habitantes de la Amazonía, agrupados en la Unión de Afectados/Afectadas por las operaciones petroleras de Texaco (UDAPT). Chevron ha recurrido a todo tipo de maniobras dentro y fuera de Ecuador para evadir su responsabilidad. La más reciente fue la acción de nulidad que Ecuador planteó ante la justicia Holandesa, sin tener éxito en primera instancia. Sin embargo, Ecuador tiene el derecho de apelar esa decisión e incluso ir hasta la Corte Suprema de Holanda. La UDAPT entregó una carta a la procuraduría en ese sentido. Sin embargo El gobierno del Ecuador aún no ha mostrado ninguna intención de apelar.

Si el gobierno de Ecuador se subordina a las órdenes del tribunal arbitral y de la justicia Holandesa, su decisión tendría graves y nefastas consecuencias. En primer lugar, jurídicamente se aniquilaría la lucha de más de 30 mil habitantes amazónicos para obtener justicia ya que el multicitado tribunal pide que las demandas contra la petrolera sean presentadas «a título individual», Es de imaginar que las víctimas de la transnacional nunca lograrían que se les hiciera justicia.

En el caso de no apelar la sentencia del tribunal holandés antes del 16 de diciembre, el gobierno de Ecuador estaría cediendo su soberanía como Estado en favor de un sistema de justicia privada internacional, es decir violaría de manera flagrante la Constitución del Ecuador. Además, estaría ayudando a blindar los derechos de Texaco, reforzaría la impunidad de las corporaciones y permitiría que aumenten las presiones y amenazas contra los demandantes, como ha sucedido a lo largo de estos años. En cuanto a la Corte de los Países Bajos, hay que subrayar que si no cambia su actitud, se hace cómplice de la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y del fortalecimiento de la impunidad corporativa través de un laudo arbitral que implica que los estados violen sus propias constituciones. Por tanto, la decisión sería inaplicable por el gobierno ecuatoriano sin violar su constitución.

Presidente Lenin Moreno, aún es tiempo para que su gobierno rechace la sentencia del tribunal holandés y presente el recurso de apelación. En este fin de año, usted y su gobierno tienen en sus manos la posibilidad de hacer justicia a las comunidades indígenas y campesinas afectadas de Texaco y salvaguardar la soberanía de Ecuador. Le instamos a apelar la sentencia holandesa para no sentar un precedente en favor de la impunidad corporativa en el mundo y de no cerrar la puerta a la esperanza de las comunidades ecuatorianas en su larga batalla por la justicia y la reparación.

Firman:

International Level

Asociación Internacional de Juristas Demócratas
CADTM International
Corporate Accountability
FIAN International
FIDH – International Federation for Human Rights
FOEI – Friends of the Earth International
Global Atlas of Environmental conflicts EJATLAS
Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity.
Global Forest Coalition
ICID – Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo
La Via Campesina
Oilwatch International
PSI- Public Services International
TNI – Transnational Institute

Regional level

Asociación Americana de Juristas
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe -ATALC.
CADTM – AYNA – Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas – Abya Yala/Nuestra América
COICA – Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
CSA – Confederación Sindical de trabajadoras/es de las Américas
ECCHR – European Center for Constitutional and Human Rights
ECVC – European Coordination La Via Campesina
EEB – European Environmental Bureau
European Alliance for the Self-Determination of Indigenous Peoples.
North American Indian Center of Boston
OCMAL – Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
Oilwatch Africa
Platform of Filipino Migrant Organisations in Europe
PSI Americas – Internacional de Servicios Públicos Américas
Rights Action
TMP-E – Transnational Migrant Platform-Europe

Argentina
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Acción por la diversidad
Amigos de la Tierra Argentina
Asociación Argentina de Abogados ambientalistas
Asociación Civil Árbol de Pie, Bariloche, Río Negro, República Argentina
ATTAC Argentina
Aukan Asamblea Ambiental del Sur
CADTM
CLATE Confederación Latinoamericana y del Caribe de trabajadores estatales
Confederación Mapuce de Neuquén
Corriente Nacional Emancipación Sur
CTA Autónoma – Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma- sección Capital Federal
Diálogo 2000
EJES – Enlace Por la Justicia Económica y Socioambiental
FARN – Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Fundación ECOSUR, Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur.
Fundación La Hendija de Prana, Unidad de Vinculación Ecologista
Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Marabunta, Corriente Social y Política
Movimiento popular / Revolucionario
Multisectorial Antiextractivista
Multisectorial contra la Hidrofractura en Neuquén
OPSUR- Observatorio Petrolero Sur
Secretaria de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma – Seccional Capital Federal
SERPAJ – Servicio Paz y Justicia

Austria
Attac Austria

Belgium
11.11.11- Umbrella organization of the Flemish North South Movement
Comité pour le respect des Droits Humains « Daniel GILLARD »

Bolivia
Terra Justa

Bosnia y Herzegovina
Friends of Earth Bosnia y Herzgovinia

Brazil
Amigos da Terra Brasil
HOMA – Centro de Derechos Humanos y Empresas
MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens
PACS – Instituto Políticas Alternativas para o Cono Sul

Canada
Blue Planet Project
CDHAL- Comité pour les Droits Humains en Amérique Latine
Christian Peacemaker Teams
CISO – Centre international de solidarité ouvrière
Council of Canadians
Inter Pares
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives
MiningWatch
Nobel Women’s Initiative
United Steelworkers

Colombia
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
Red Vida

Costa Rica
COECOCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica

Czech Republic
Ekumenická akademie

Democratic Republic of Congo
COPACO-PRP- Confédération Paysanne du Congo-Principal Regroupement des Paysans

Ecuador
Acción Ecológica
C D E S – Centro de Derechos Económicos y Sociales
CASCOMI Centro de derechos humanos y Monte
Comisión Ecuménica de derechos humanos
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONFENAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente CEDENMA.
CSMM – Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”
Ecuador Decide Mejor Sin TLC
FIAN Ecuador
Fundación Pachamama

El Salvador
Unión Palestina de América Latina
CESTA Amigos de la Tierra El Salvador

Finland
Emmaus Aurinkotehdas ry
New Wind Association

France
ActionAid France
Aitec (Association internationale de techniciens, experts et chercheurs)
Alofa Tuvalu
Amis de la Terre France
Attac France
CADTM France
CCFD-Terre Solidaire
Comité Pauvreté et Politique
Confédération paysanne
Coordination EAU Ile de France
FAL France Amérique latine
France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand
Frantz Fanon Foundation
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié des peuples MRAP
Notre Affaire à Tous
Réseau Roosevelt-IDF
Sherpa
Union syndicale Solidaires

Germany
Attac Germany
Aluna Minga e.V.
Berliner Wassertisch
Center for Research and Documentation Chile-Latin America- FDCL (Berlin)
GegenStroemung – CounterCurrent
Netzwerk Gerechter Welthandel
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia e.V.
Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit e.V. (Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia)
The Hunger Project-Germany
Werkstatt Õkonomie

Haití
Tét Kole ti peyizian Ayisyen
University of Resistance
KruHA- People’s coalition for the right of water

India
Anti-Jindal & Anti-POSCO Movement, Odisha

Ireland
LASC- Latin America Solidarity Centre

Italy
CADIS- Camillian Disatser Service International
CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali
CEFA -Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura Onlus
COMI – Cooperazione per il mondo in via di sviluppo
Eccomi
Engim Internazionale
FOCSIV – Federation Christian Italian NGOs
Fundaciòn Don Carlo Gnocchi,
OdV Opere Sociali Marelliane OdV

Luxembourg
ASTM – Action Solidarité Tiers Monde

México
Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C.

Mozambique
Amizade

Nigeria
Eco-Defenders Network
ERA Friends of Earth Nigeria
HOMEF Health of Mother Earth Foundation
Oilwatch
Peace Point Development Foundation, Nigeria

The Netherlands
Bothends
Code Rood
Den Haag Fossielvrij
Friends of the Earth Netherlands
Klimaatmoeders
MetaMeta
Reclame Fossielvrij
Store Vrouw
The Water Channel

Palestine
Al Haq
Al-Amal Association for Childhood and Development
Association for Farmers’ Rights and for the Preservation of the environment
Association Jadayel / Palestinian Center for Culture, Arts and creativity
BNC – Palestinian BDS National Committee
Jadayel Foundation
N’lin Society for Development and Community Work
Palestine Youth Forum
Palestinian Farmers Society-Tulkarem
Palestinian Farmers Union
Palestinian Land Defense Coalition
Palestinian New Federation of Trade Unions (New Unions)
Popular Council to Protect the Jordan Valley
Stop The Wall – Palestinian grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign
Women Center for Social Development

Peru
CooperAcción
Derechos humanos sin fronteras
Derechos Humanos Sin Fronteras es del Perú, región del Cusco.

Philipines
WomanHealth

Poland
IGO – Institute of global Responsibility

Portugal
Plataforma por um Comercio Internacional Justo

Spain
Asamblea Provincail Marchas de dignidad
Asociación ELITE Taxis
Associació Perifèries del món
Attac España
CADTM España
Campanya Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió
CCOO – Confederación Sindical de Comisiones Obreras
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias
Ecologistas en Acción
Ecologistes en Acció de Catalunya
Enginyeria Sense Fronteres
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
Esquerra Unida Alicant
Federació d’Ecologistes en Acció Catalunya
Federación Provincial de la Confederación General del Trabajo en Alicante,
Fundación APY
Medicus mundi España
Novact – Instituto Internacional para la Acción Noviolenta
Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad
Penedès Amb Palestina
Plataforma contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad social en Alicante
SETEM catalunya
Sindicato ELA
Sindicato UGT España
SOC-SAT Andalucia
SOLdePaz.Pachakuti
Tradener – Transición Democrática del Modelo Energético

Slovenia
Focuns Association for Sustainable Development

Sweden
Afrikagrupperna
End Ecocide Sweden
FIAN Sweden
Friends of Earth Sweden
SAL – Solidaridad Suecia -América Latina

Switzerland
Centrale sanitaire suisse romande
Centre Europe-Tiers Monde CETIM
Collectif Breakfree
Coordination Climat Justice Sociale (Genève)
Grands parents pour climat
Incomindios
Klima-Allianz
MultiWatch
Society for Threatened Peoples
Solifonds

UK
Coal Action Network
Corporate responsibility coalition CORE
Eco Nexus
Global Justice Now
Global Witness
IndiaMatters
London Mining Network
People & Planet
The Corner House
War on Want

United States
Amazon Watch
Center for Constitutional Rights
Crude Accountability
Earth Action
Grassroots Global Justice Alliance
Institute for Justice and Democracy in Haiti
IPS – Global Economy Program
Media Alliance
Michigan Welfare Rights Organization
National Welfare Rights Union
No Business With Genocide
Oxfam
RAN Rainforest Action Network
Resist the Pipeline
Sustainable Obtainable Solutions
Task Force on the Americas

Uruguay
Gender and Trade Network
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay

Juntas somos más fuertes

25 de Noviembre. Día Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres

[Foto de portada: https://www.marcha.org.ar]

Este año 2020, la pandemia de la Covid-19 ha azotado nuestra sociedad y nuestras vidas. Esta crisis sanitaria y social sin precedentes ha golpeado especialmente la vida de muchas mujeres, que además de la precariedad y la desigualdad, han sufrido los maltratos cotidianos y las agresiones sexuales que el terrorismo machista ha multiplicado con el confinamiento.

Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte nos sumamos al clamor feminista internacional de las concentraciones, acciones y manifestaciones,  por una vida libre de violencias machistas en cualquier parte del mundo. La visibilización de la rebeldía feminista en las calles, reivindicando un cambio social en las políticas públicas, es en estos momentos fundamental para erradicar las violencias machistas, junto con el compromiso y corresponsabilidad de toda la sociedad.

✊🏽 EXIGIMOS cambios estructurales claves para la prevención, la atención, la recuperación y la eliminación de todo tipo de violencias machistas.

✊🏽 EXIGIMOS incorporar en el currículum de todas las etapas educativas la educación afectiva-sexual como forma de abordaje de las violencias machistas.

✊🏽 EXIGIMOS políticas públicas que pongan la vida y los cuidados en el centro, luchando contra la violencia que suponen la pobreza y la exclusión social, con una asignación presupuestaria que garantice una vida digna para las mujeres.

✊🏽 EXIGIMOS la derogación de la Ley de Extranjería, que ejerce violencia sobre las mujeres migradas y subordina sus vidas al patriarcado, así como el cierre definitivo de los CIES.

✊🏽 EXIGIMOS la regularización de las personas migrantes, en especial de las mujeres migradas,  como única vía para revertir los procesos de violencias machistas.


#JuntasSomosMásFuertes


⭐ SI NOS TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODAS

⭐ QUEREMOS CAMINAR TRANQUILAS DE NOCHE Y DE DÍA

⭐ NUESTRA COMPLICIDAD, LA MEJOR ESTRATEGIA: FEMINISMO INTERNACIONALISTA

⭐ NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA

⭐ FUERA LA VIOLENCIA MACHISTA DE NUESTROS CUERPOS Y NUESTRAS VIDAS


Manifestamos nuestro apoyo a las convocatorias de movilizaciones feministas a nivel internacional en torno al 25 de noviembre de 2020 del que se hacen eco en http://www.feministas.org/movilizaciones-2020-25noviembre.html y en otros medios

Subscribimos el manifiesto publicado por la Coordinadora de ONGD del Estado Español, bajo el lema “nos queremos diversas, libres, rebeldes, seguras y vivas para asegurar nuestros derechos y transformar la realidad”, y exigimos medidas concretas que pongan fin a esta grave violación de los derechos humanos: https://coordinadoraongd.org/2020/11/manifiesto-dia-internacional-de-eliminacion-de-las-violencias-contras-las-mujeres/

Damos difusión al video publicado por la Red EU-LAT, donde se ponen de relieve las violencias contra las mujeres, el feminicidio y la criminalización de las defensoras como problema global en Europa y América Latina, y se alienta a que su erradicación sea incluida como prioridad dentro de la cooperación bilateral y regional, las relaciones económicas y el diálogo político. Así mismo, insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a reforzar su compromiso con los derechos de las mujeres y con la lucha contra la violencia de género en el marco de la crisis sanitaria, combatiendo el impacto diferenciado de la crisis por la Covid-19: https://www.youtube.com/watch?v=Pwnyq1Ai35E

El pueblo peruano reclama una nueva Constitución

Desde Entrepueblos, expresamos nuestra gran preocupación por la crisis política y social que se vive en Perú, suscribimos los comunicados emitidos por la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional  COEECI y la Plataforma Europa Perú PEP, Red EU-LATCIDSE, y expresamos nuestra profunda indignación por la represión ejercida en las marchas ciudadanas en el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, haciendo un uso de la fuerza desmedida por parte de la Policía Nacional, que a fecha de hoy ya se ha cobrado 2 muertos, 112 heridos y 7 desaparecidos. 

 

Hoy, justo hace una semana, el hasta entonces presidente del gobierno, Martín Vizcarra, fue destituido de su cargo, por elección del Congreso de Perú, tras dos años y ocho meses en el cargo. La moción de censura alentada por el Congreso de la República bajo alegato de “incapacidad moral permanente”, se basa en el argumento de la lucha contra la corrupción, a pesar de que algunos de los principales impulsores de la vacancia se encuentran investigados por casos de corrupción y otros delitos.

Este duro varapalo a la política peruana, ha desatado una grave crisis que se suma a la pandemia por la COVID-19, y desencadenado movilizaciones por todo el país que reclaman elecciones para una nueva Constitución y una regeneración total del sistema político corrupto, una ola de protestas a favor de la democracia y en contra de la arbitrariedad del gobierno, que ya se ha saldado con 112 heridos, 7 desaparecidos y 2 muertos, Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, a manos de la Policía Nacional, a pesar de que el derecho fundamental a la protesta fue recientemente reconocido por el Tribunal Constitucional peruano.

Exigimos por tanto a las autoridades que cumplan con su deber y lleven a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales en torno a los hechos relacionados con las muertes, a fin de identificar a los responsables y aplicar las sanciones pertinentes, así como el cese de la violencia contra lxs manifestantes, y el regreso de las personas desaparecidas por las Fuerzas de “Seguridad” de Perú.

Asimismo, nos sumamos al llamado de las organizaciones COEECI y PEP, para que las autoridades velen por la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una solución pacífica que garantice el estado de derecho.

Del mismo modo suscribimos todos y cada uno de los puntos expresados en la carta emitida también por la Plataforma Europa Perú, en este caso junto con EU-LAT y CIDSE, dirigida esta vez a la Unión Europea y al conjunto de sus estados, a quienes instan a expresar su disconformidad con la violación de los DDHH por parte del Estado peruano, usar todos los canales existentes para que las diferentes instituciones del país garanticen el orden constitucional, una exhaustiva investigación de todos los acontecimientos, y vigilar que el proceso en torno a las elecciones nacionales convocadas para el 11 de abril de 2021, sea transparente y acorde con los estándares internacionales.

Chamada á solidariedade pobo a pobo ante a catástrofe climática en Centroamérica

Chamada á solidariedade pobo a pobo ante a catástrofe climática en Centroamérica
Xustiza climática!

Este ano 2020 non soamente pasará á historia pola pandemia do COVID-19. Ademais, nestes momentos xa bateu o récord de furacáns no Océano Atlántico e Caribe. Unha vez esgotado o alfabeto latino seguimos avanzando na oitava letra do alfabeto grego, sumando un total de 29, e aínda non rematamos o ano.

Non nos cansaremos de repetir que a emerxencia climática non é un fenómeno do futuro, senón que millóns de persoas sofren xa as súas consecuencias de forma dramática, como está a suceder agora en Centroamérica coa devastación do furacán número 28: o  Eta.

Será porque a opinión publicada quedou  absorta coas eleccións nos EE. UU., será porque hai rexións do globo  mediáticamente  desotables e unha delas é Centroamérica, dános a impresión de que o mundo non se decatou da enorme magnitude da catástrofe humanitaria que supuxo nestes días o paso deste furacán pola rexión, soamente comparable ao impacto do  Mitch, que a arrasou Centroamérica en 1998.

A emerxencia climática acentúa a frecuencia e a violencia dos fenómenos como as longas épocas de seca, que sufría ata hai pouco Centroamérica, á que seguen furacáns como o  Eta. Os furacáns, á súa vez atopan territorios e poboacións extremadamente vulnerables, debido á gran deforestación pola talla de áreas  boscosas e selváticas, o avance dos  monocultivos, a erosión dos chans e o  acaparamiento de ríos por parte das grandes empresas, que provocan a erosión e saturación dos chans e en consecuencia derrubes como os que nestes días prodúcense en diferentes puntos, enterrando gran cantidade de vivendas, comunidades, infraestruturas e cultivos.

Pero aínda hai outro factor grave de vulnerabilidade: os estados errados,  cooptados pola corrupción institucionalizada, a ausencia de políticas e servizos públicos.

Segundo análises moi preliminares fálase de máis de 3.000.000 de persoas afectadas nas súas vivendas e formas de vida. En canto ao número de persoas falecidas, ninguén se atreve a aventurar aínda unha aproximación, dado que as fontes gobernamentais seguen a gardar silencio. Hai centenares de comunidades ás que aínda non se puido chegar.

Entrepobos non é unha organización especializada en axuda de emerxencia e non adoitamos facer este tipo de convocatorias, pero, ante os chamados que nos chegan de organizacións sociais e populares aliadas, e ante a plena confianza de que o noso apoio chegará directamente para os obxectivos e para as comunidades que o requiren, convocámosvos a un xesto solidario nun dobre sentido:

A difundir a gravidade da situación climática, causada pola suma de vulnerabilidades en Centroamérica, para lograr que os medios de comunicación e as institucións fáganse cargo da mesma e respondan coa axilidade e os medios que se requiren. O baixo ton da información mediática é un factor máis que desincentiva esta necesaria reacción. Especialmente, dirixímonos a sumar forzas neste sentido ás organizacións de cooperación e ás coordinadoras, a concertar accións e facer a urxente incidencia cara ás institucións públicas para unha axuda humanitaria de calidade, que non alimente os circuítos da corrupción política e económica.

A que as persoas e entidades que teñan capacidade de facelo, contribúan con doazóns a alimentar a cadea de solidariedade “pobo a pobo”, coas comunidades campesiñas, indíxenas, urbanas, grupos de mulleres, etc., a través das organizacións populares e os movementos sociais de GuatemalaHonduras. Porque neste contexto é máis certa que nunca a afirmación de que “só o pobo salva ao pobo”. Para iso poñemos á vosa disposición a conta:

Triodos  Bank ES05 1491 0001 21 3000079938




Guatemala é un país con 17 millóns de habitantes, dos cales máis do 50% viven en situación de pobreza, porcentaxe que supera o 80% no caso da poboación indíxena. A unha situación de extrema exclusión e violencia estrutural contra as comunidades campesiñas indíxenas, sumidas nunha situación sen precedentes debido aos efectos da pandemia, súmanse agora os efectos do furacán  Eta, que deixou  incuantificables danos e perdas (humanas e materiais) en toda a rexión norte do país.

As comunidades reportan que as perdas son totais (vivendas, roupa, utensilios de primeira necesidade, gañado, a produción tanto almacenada como recentemente sementada, etc.), o que deixa á poboación nunha situación de extrema vulnerabilidade. Grandes áreas atópanse sen subministración de auga potable e electricidade. Un gran número de familias e comunidades tiveron que abandoar os seus fogares e están temporalmente recolocadas en albergues provisionais totalmente precarios e noutros casos sen posibilidade de refuxio. Outras comunidades seguen illadas, sen posibilidade de acceso terrestre e sen subministración de servizos básicos, situación que nos preocupa gravemente.

Ante un estado totalmente ausente e un sistema de saúde precario e  desabastecido incapaz de atender á poboación, a solidariedade dos pobos e a organización comunitaria é fundamental. Desde  Entrepobos hai anos que vimos acompañando o traballo das organizacións amigas, como o Colectivo  MadreSelva ou o Comité de Unidad Campesina. Ambas teñen unha ampla traxectoria de traballo comunitario apoiando ás comunidades indíxenas e campesiñas na defensa dos seus dereitos, do territorio e o coidado dos bens naturais. En conxunto, hai anos traballamos coas comunidades de Alta  Verapaz, hoxe as principais afectadas polos efectos do furacán. Ambas organizacións fan un chamado á solidariedade para poder acompañar ás comunidades e contribuír para dotar ás familias de atención de emerxencia de primeira necesidade priorizando o apoio para recolocar ás familias en albergues e/ou espazos seguros, adquisición de alimentos, medicinas, kits de hixiene, alimentación e roupa. Solicítase apoio para atender concretamente ás comunidades do Valle do  Polochic e de  Cahabón no departamento de Alta  Verapaz, nas que centos de compañeiros, compañeiras, xa gravemente afectadas polos desaloxos ilegais, a  criminalización e as agresións por parte das grandes empresas, o estado e os sectores militares, perderon non só os seus fogares senón tamén os seus medios de vida.

Honduras, un país con aproximadamente 11 millóns de habitantes, onde máis do 60% da súa poboación está baixo a liña de pobreza. Durante o ano 1998 calcúlase que houberon perto de 9 mil mortes a causa do furacán  Mitch, deixando ao país en extrema vulnerabilidade. 22 anos despois e con consecuencias visibles polos efectos do cambio climático en Honduras, a chegada do furacán  Eta, posteriormente convertido en tormenta tropical está a provocar danos  incuantificables, sendo a zona norte do país a máis afectada por ese fenómeno natural que xa reporta centos de persoas desaparecidas, perda de vidas humanas e miles de familias que perderon as súas casas e bens persoais e moitas comunidades e cidades enteiras están incomunicadas pola destrución de pontes e estradas.  Sumado a todo ese panorama desolador, está a situación de emerxencia pola COVID-19, o que agrava aínda máis a situación do país, debido aos múltiples contactos entre persoas, as dificultades loxísticas nos centros de provisión e refuxios para as vítimas, así como o colapso dos hospitais e centros de saúde, a falta de insumos e bens de primeira necesidade, así como insumos de bioseguridade. Ademais, os efectos posteriores aínda son  incuantificables: perda de sementas, negocios e medios de subsistencia de comunidades enteiras.

Ante todo este panorama, o Consello Cívico de Organizacións Populares e Indíxenas de Honduras (COPINH), a Organización Fraternal Negra  Hondureña (OFRANEH) e o Movemento Amplo pola Dignidade e a Xustiza (MADJ) úrxennos a convocar a solidariedade e a asistencia internacional para o pobo  hondureño, para achegar recursos e que estes cheguen directamente ás persoas afectadas pola tormenta.

O  COPINH é unha organización social e política, de carácter indíxena, sen fins de lucro,  pluralista, ampla, solidaria e unitaria da zona sur-occidental de Honduras con incidencia nacional. É unha instancia que facilita a reivindicación e recoñecemento dos dereitos políticos, sociais, culturais e económicos, impulsando a mellora das condicións de vida dos pobos e comunidades indíxenas  lencas e de Honduras.

OFRANEH é unha organización  garífuna (poboación  afrodescendiente) de base comunitaria con máis de 40 anos de traballo e con recoñecido prestixio nacional e internacional e altos niveis de transparencia no manexo de fondos.

O  MADJ é un movemento social e político comprometido na loita por construír e desenvolver, en Honduras, unha proposta popular en contra da corrupción e o mal manexo dos bens públicos e a favor dunha sociedade que creza dende a transparencia, a dignidade e o respecto aos dereitos humanos e ao ambiente

Os fondos serán utilizados para labores de rescate, compra e doazón de alimentos, roupa e produtos de primeira necesidade, así como medicamentos e insumos de bioseguridade.

El acuerdo comercial UE-Mercosur, un golpe de mercado

¿Cuáles son los impactos económicos, ambientales y de género del tratado comercial UE-Mercosur?

Para resolver estas incógnitas, Entrepueblos, junto con la Articulación Feminista Marcosur y con el apoyo de la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, ha organizado, dentro del marco de las jornadas internacionales Diálogos Feministas y Ecologistas, un debate virtual en formato webinar: El acuerdo comercial UE-Mercosur, un golpe de mercado.

En este debate virtual internacional tendrás la oportunidad de descubrir todas las claves, coyunturas y dinámicas del acuerdo comercial UE-Mercosur a través de las voces de nuestras ponentes, mujeres del Sur y Norte Global:

Natalia Quiroga Díaz, economista de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Economía Social y Solidaria (Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina). Investigadora docente y coordinadora académica de la Maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Co-coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO “Economía Feminista Emancipatoria”. Asesora del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de Argentina).

Nidia Rincón Velásquez, economista de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA, Universidad Nacional de Colombia). Experta en el desarrollo de investigaciones en el campo de la energía y medio ambiente. Tiene más de 15 años de experiencia en la negociación de gas natural, análisis regulatorio y políticas en el sector energético.

Ambas son autoras del estudio “Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea. Impactos económicos, ambientales y de género”, que evidencia la importancia del enfoque de la economía feminista para comprender que toda política económica tiene un impacto diferencial sobre las mujeres.  Una perspectiva que ha permitido poner en el centro del análisis la reproducción de la vida humana y no humana. Puedes descargarte la publicación en este link: https://www.mujeresdelsur-afm.org/publicacion-acuerdo-asociacion-mercosur-union-europea-impactos-economicos-ambientales-genero/

Rosa Ortiz: colaboradora de la Campanya Catalunya No als TCI, investigadora y autora del estudio “¿A quién benefician los tratados de comercio e inversión? Un análisis con perspectiva feminista”, dónde se explica las consecuencias negativas de las políticas económicas de los tratados para las mujeres y cómo impactan en sus vidas cotidianas: las privatizaciones de bienes del Estado, la reducción del gasto público y la precarización de las condiciones laborales, constatando que los trabajos reproductivos no remunerados continúan recayendo sobre todo en las mujeres. El estudio está disponible en catalán en el siguiente enlace: https://www.entrepueblos.org/wp-content/uploads/2018/12/Llibre-Estudi-TCI-Dones_web_ok.pdf

Bettina Müller: es parte de la organización alemana PowerShift, y co-coordinadora de la Campaña Europea contra el Acuerdo UE-Mercosur. PowerShift editó y co-organizó el informe “El Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: Estudio integral de sus cláusulas y efectos”, dirigido por Luciana Ghiotto y Javier Echaide. Este informe, publicado en español en diciembre de 2019, concluye que este Acuerdo solo contribuirá a “importar mayores emisiones, deforestación, contaminación del suelo y abusos de los derechos humanos”, mientras se pone en peligro los medios de vida de los agricultores locales y el medio ambiente. Puedes acceder al PDF del mismo en el siguiente link:  https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe_Mercosur_UE_2020.pdf .

Debate virtual: El acuerdo comercial UE-Mercosur, un golpe de mercado

Miércoles 18 de noviembre
Canal de YouTube de Entrepueblos/ Entrepobles/
18:00 H. Estado Español
14:00 H. Mercosur
13:00 H. Paraguay

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Reserva la fecha y no te lo pierdas, ¡te esperamos!

 

“Activistas por la vida”, amenazadas de muerte

Entrepueblos Entrepobles Entrepobos Herriarte inaugura la exposición “Activistas por la vida” del fotoperiodista Gervasio Sánchez. La muestra, que documenta la situación de defensores y defensoras de la naturaleza y de los derechos humanos y sociales en Guatemala y Honduras, se podrá visitar en Arts Santa Mónica (La Rambla, 7. Barcelona) del 4 de noviembre al 14 de marzo de 2021.

A través de fotografías, texto y vídeo-entrevistas, “Activistas por la vida” recoge la historia de 40 hombres y mujeres que, a pesar de estar amenazadas de muerte, luchan por su territorio y su naturaleza -por la riqueza de sus tierras y sus ríos-, por los derechos de las mujeres y las libertades ciudadanas. Y es que esta defensa de los derechos humanos entra en conflicto con los intereses de inversores, grandes empresas o grupos transnacionales que extraen con impunidad los recursos naturales y las materias primas -sobre todo minería, hidroeléctricas y monocultivos- de Honduras y Guatemala, dos de los países más violentos del mundo, para venderlas en el mercado mundial.

Las leyes de Honduras y Guatemala favorecen los derechos de estas empresas, mientras que eliminan los derechos de su ciudadanía. Esta situación, unida a la persecución y las constantes amenazas de muerte, al elevado índice de violencia y de la corrupción policial, política y jurídica, hace que miles de familias hayan tenido que huir. Sin embargo, hay comunidades indígenas y campesinas que luchan ante estos poderosos intereses, y consiguen proteger sus tierras.

“Una de las cosas que más me ha sorprendido es la valentía con que los activistas, hombres y mujeres, luchan contra un mundo criminal lleno de sicarios que matan sin pensarlo dos veces”, explica Sánchez. Unas palabras que cobran más valor e importancia venidas de una persona que ha retratado los conflictos bélicos más duros de las últimas décadas, más allá de Latinoamérica (la Guerra de Golfo, la Guerra de Bosnia y demás conflictos derivados de la fragmentación de la antigua Yugoslavia, así como varios conflictos en África y Asia), que además cuenta en su haber con el premio Nacional de Fotografía en 2009, y con más de una docena de libros publicados.

“La realidad que se explica en este proyecto fotográfico tiene que ver con la vida cotidiana de personas que pueden ser asesinadas en cualquier momento. Personas perseguidas por la defensa de la integridad de sus comunidades, personas que luchan como defensores de la tierra, contra las grandes empresas extractivista, que luchan por la naturaleza y riqueza de los ríos, y periodistas que intentan denunciar lo que pasa en Guatemala y Honduras”, señala Sánchez, que trabajó cuatro meses sobre el terreno en Guatemala y Honduras, entre 2018 y 2019, para realizar esta exposición que ahora ve la luz.

La muestra cuenta con un Área Virtual con material pedagógico para alumnos de secundaria creada por Entrepueblos en colaboración con expertos en el campo de la docencia de la Universidad de Barcelona y con expertos en defensores y defensoras de Latinoamérica. El material didáctico, que estará disponible a través de la web de Entrepueblos a finales de año, será totalmente gratuito.

Además, la editorial Blume ha publicado “Activistas por la vida”, una doble edición en castellano y catalán de 148 páginas, que recoge todos los testigos de la exposición. El libro ya está disponible en todas las librerías.

“Activistas por la vida”, una iniciativa de Entrepueblos, con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña, viajará a 2021 en Vilafranca del Penedès, Tarragona y Valencia, y en 2022 lo hará por el resto del Estado español.

Derecho al aborto legal y seguro en tiempos de Covid

#28S (2020): ¡Grito y Acción Global por el derecho a decidir!

Derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Ni muertas, ni presas, ni clandestinas, ¡nos queremos vivas y libres!

Por eso, un año más, desde Entrepueblos nos sumamos este 28 de septiembre al Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Una  fecha que posibilita las confluencias y las sinergias de organizaciones de mujeres y movimientos feministas para reivindicar el acceso al aborto legal y seguro como un derecho, una causa pendiente en la mitad del planeta. En ese año, 67 países permitieron el aborto a petición de la mujer. No obstante, la interrupción del embarazo continúa estando totalmente prohibida en 26 países del mundo. 

De modo paralelo a la pandemia global de la COVID-19 y a la consecuente crisis económica que ha provocado, estamos siendo testigos de los impactos específicos que gradualmente se están ocasionando sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y las niñas. Las ya existentes barreras de acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva se están multiplicando, y los servicios especializados de atención a la salud sexual y reproductiva han sido cerrados y/o han visto reducida su actividad, en la mayoría de los países.

Derechos sexuales y derechos reproductivos para todas, es lo justo.

Como cada año en esta fecha, queremos recordar que en la mayoría de los países de África y América Latina, el aborto está totalmente prohibido. En algunos de Asia está severamente restringido, e incluso cuando es legal, las mujeres tienen que sufrir costes elevados y la inaccesibilidad de la atención adecuada al aborto. En Europa y EEUU, nos enfrentamos cada vez más a feroces ataques de grupos fundamentalistas que desean reducir la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, imponiendo restricciones legales y financieras que obstaculizan aún más el acceso al aborto. 

En el Estado español, estamos viendo renovados intentos por defender barreras tales como los períodos de espera obligatorios, los requisitos de consentimiento de los tutores, las desigualdades territoriales, la estigmatización de la intervención y las profesionales, la objeción de conciencia y los servicios limitados en las zonas rurales y remotas. A pesar de que se considere un tema “medianamente superado”, la situación es particularmente grave para aquellas mujeres migradas que desean abortar, pues se vulnera o se niega su derecho a la atención sanitaria universal que en muchos casos queda a libre interpretación.

Este 28 de septiembre nos sentimos comprometidas con las ACCIONES  QUE LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS, en formas muy diversas, impulsan en todo el planeta: 

Aborto libre, gratuito, accesible y seguro para todas las mujeres, sin excepciones.

Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto libre, gratuito, accesible y seguro para no morir, al alcance de todas las mujeres y cuerpos gestantes, sin excepciones.

No necesitamos plazos, supuestos ni tutelas, sino apoyo y acompañamiento!

No toleraremos ningún retroceso en el reconocimiento de la autodeterminación sobre nuestros cuerpos.

http://www.feministas.org/28s-de-2020-grito-global-por.html 

https://dretalpropicos.wordpress.com/

Nuestro especial apoyo a la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC, que impulsarán el primer Festival Virtual por el Aborto Libre en América Latina y el Caribe, que busca intensificar la llama de la alegría que habita la lucha feminista y organizar la rabia(…). Del 28 de septiembre al 2 de octubre, se podrá talleriar, cantar, escribir, leer, ver cine, pintar, conocer a otras y seguir conversando sobre el lugar político del aborto en las acciones de los movimientos feministas. 

Feministas de Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico dialogan, a través del encuentro organizado por el periódico feminista Todas, sobre los marcos legales del derecho al aborto en sus países y las amenazas que representan los movimientos antiderechos para la autonomía de las mujeres y personas gestantes sobre sus cuerpos.

“No deseamos que ninguna mujer tenga que verse obligada a continuar con un embarazo no deseado ni a poner en riesgo su salud, su vida o su libertad. Queremos una sociedad que enseñe a los hombres a no violar y a las mujeres a ser dueñas de sus cuerpos y decisiones. La maternidad debe ser voluntaria, gozosa y elegida. Ese es nuestro derecho a decidir”.

https://grupovenancia.org/algunas-reflexiones-sobre-el-derecho-a-decidir/

En El Salvador, “Las mujeres que están encarceladas injustamente deben ser liberadas ante la pandemia por COVID-19”. Destaca el caso de Cindy Erazo, que tras dar a luz a un bebé muerto, fue condenada en 2014 por homicidio agravado. Ante esta medida, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, pidió la libertad condicional anticipada, que felizmente fue aprobada, aunque aún se sigue luchando por la libertad total de la joven. Como ella, aún quedan 18 mujeres encarceladas en El Salvador como consecuencia de sus leyes antiaborto, consideradas entre las más estrictas del mundo. 

https://agrupacionciudadana.org/las-mujeres-que-estan-encarceladas-injustamente-en-el-salvador-deben-ser-liberadas-ante-la-pandemia-por-covid-19/

En Perú, se ha vuelto fundamental el implementar una educación sexual integral para que las mujeres en su diversidad puedan iniciar su vida sexual con consentimiento y sin riesgo de ETS (enfermedades de transmisión sexual) ni embarazos indeseados. #EducaciónSexualIntegral para #VivirSinMiedo, es una campaña iniciada por DEMUS y Asociación Kallpa en los momentos más críticos de la pandemia, que a través de las etiquetas #DecidirSinCulpa y #PrevenciónDelEmbarazoAdolescenteNoDeseado, defienden que “nadie puede obligarte a hacer algo que no quieres. La decisión es solo tuya ¡Sin mi consentimiento es violencia!

http://www.demus.org.pe/ Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDH), reivindican el derecho de las defensoras a interceder y acompañar a otras mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos.  Exigen al  Gobierno de México, a los gobiernos de las entidades federativas y municipales garantías de seguridad para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

https://im-defensoras.org/2020/09/comunicado-el-estado-debe-proteger-el-derecho-a-manifestarse-para-despenalizar-el-aborto/

Por su parte, desde la Articulación Feminista Marcosur (AFM), que coordina organizaciones feministas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana y Uruguay, dan a conocer el sistemadealertasregional.org sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

https://cotidianomujer.org.uy/sitio/98-proyectos/aborto/2370-dia-por-la-despenalizacion-del-aborto-en-america-latina-y-el-caribe

Espinar: la lucha por la vida del pueblo K´ana

Cuando el 15 de julio cientos de personas tomaron las calles de Espinar, los medios callaron. Tres semanas después, se acumulan las personas heridas, contagiadas, abusadas, criminalizadas en este municipio a 4.000 metros de altura y con una mina explotada por la compañía anglosuiza Glencore.

Cuando el 15 de julio cientos de personas tomaron las calles de Espinar, los medios callaron. Nadie se “volteó” a ver que estaba pasando en esta ciudad a casi 4.000 metros de altura en la región del Cusco en el Perú. Tres semanas después, se acumulan las personas heridas, contagiadas, abusadas, criminalizadas. Algunos dicen que es porque la minera no pagó un subsidio que la gente salió a las calles, otros que la protesta no puede ser entendida sin hacer una retrospectiva. La protesta es una imagen más, una secuencia de un largometraje que comienza con la llegada de la minería a la zona.

Luz, una de las integrantes del Maizal, colectivo de comunicación popular, señala en un foro virtual que escucho de fondo que “cada minuto que no se desarrolla la minería es una perdida para el capital y una ganancia para los pueblos”. Se refiere a Ñangalí, un páramo en las alturas de Piura cerca de la frontera ecuatoriana, asediado por el proyecto minero de capital chino Río Blanco que, gracias a la resistencia de las rondas campesinas, no ha logrado ser explotado.

Pero la minería llegó hace ya demasiado a Espinar, tanto que desde una perspectiva de larga duración, una no sabe si remontarse hasta la invasión española y la imposición del modelo extractivista-colonial o si bajar hasta el “acontecimiento”: la irrupción de la minera hace 40 años.

Espinar es un núcleo urbano de convivencia con la mina, donde gran parte de su actividad económica gira alrededor de la satisfacción de las necesidades de la empresa anglosuiza, Glencore

El paisaje, los orígenes

Espinar es una ciudad joven, con poco más de 100 años, llena de casas de ladrillo sin pintar, pequeños hoteles, un mercado, comiderías, no se diferencia demasiado del resto de ciudades que pueblan esta zona altoandina, pero el bullicio, los precios y determinadas ofertas de productos te hacen dar cuenta rápidamente que Espinar es un núcleo urbano de convivencia con la mina, donde gran parte de su actividad económica gira alrededor de la satisfacción de las necesidades de la empresa anglosuiza, Glencore, y sus trabajadores.

Pero Espinar es también mucho más que eso, es la cuna de la cultura K´ana, una sociedad preincaica que sigue viva en las costumbres, creencias y tradiciones de sus pobladores. La cultura k’ana es también una herramienta de protección legal. En abril del año pasado, representantes de las 79 comunidades de Espinar lograron el reconocimiento a través de una ordenanza municipal de su condición de nación Kána. En un país donde los derechos colectivos solo son parcial y muy deficitariamente reconocidos a aquellos pueblos leídos como indígenas u originarios por el Estado, este logro abre una ventana de oportunidad para el ejercicio de sus derechos sobre el territorio, su identidad cultural, el derecho a la consulta previa e incluso a la autodeterminación.

Dice José de Echave, investigador de CooperAcción, que Perú es uno los mayores productores de cobre a nivel mundial, pero también de conflictos mineros. A pesar de que una de las principales formas de prevenir los conflictos sociales es hacer a las comunidades partícipes de las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios, la población de Espinar nunca ha podido ejercer su derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la OIT: ni con el proyecto Tintaya de Xtrata, ni con Antapaccay de Glencore y tampoco con su próxima ampliación: Coroccohuayco.

Dice José de Echave, investigador de CooperAcción, que Perú es uno los mayores productores de cobre a nivel mundial, pero también de conflictos mineros

Los impactos en las vidas y territorios

En octubre de 2018, recorríamos en furgoneta el serpenteante camino que conecta Cusco con la ciudad de Espinar, mientras clavaba la mirada en la tundra que cubría las montañas con el propósito de no marearme, una compañera de Derechos Humanos Sin Fronteras-DHSF me preguntó: ¿Ves esas montañas tan perfectas? Es parte de la labor social de Glencore, y la minera Antapaccay, cuando el entorno ya está muy degradado por la actividad minera buscan tapar los huecos o cubrir los relaves dándoles la apariencia de ser parte del paisaje, luego siembran encima la vegetación de la zona: paja brava o ichu que verdea o amarillea según la época del año, buscando dar la apariencia de que “aquí no ha pasado nada”.

En aquella ocasión tuvimos la oportunidad de asomarnos hasta las entrañas de la minera Antapaccay. Confundidas con pobladoras de la zona a las que la minera estaba obligado a brindar derecho de paso por sus caminos de tierra, logramos llegar hasta al tajo abierto, allí donde enormes máquinas excavadoras horadaban la tierra, dejando a la vista estratos cobrizos, anaranjados y rojos. El tajo y la montaña de relaves eran los impactos visibles, los destrozos evidentes que la minera había causado en la comunidad de Alto Huarca.

José Antonio Lapa de DHSF me manda informes, muchos informes, resultado de un minucioso trabajo de investigación donde señala los otros efectos, aquellos que son deliberadamente invisibles a los ojos de la Empresa y del Estado: la contaminación de acuíferos, los metales en sangre, el ganado envenenado, las enfermedades respiratorias crónicas, la criminalización continua como medida disuasoria del ejercicio del derecho a la protesta, las distintas formas de violencias en el conflicto ecoterritorial. Gracias al trabajo de organizaciones como DHSF, CooperAcción, Red Muqui, la CNDDHH o Demus, podemos saber que detrás de cada dato, de cada cifra, hay también un rostro, un testimonio, un reclamo, una historia.

A pesar de que una de las principales formas de prevenir los conflictos sociales es hacer a las comunidades partícipes de las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios, la población de Espinar nunca ha podido ejercer su derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la OIT

Las que ponen el cuerpo

Melchora Surco nos cuenta su historia, al pie de un pequeño cerro en el que unas 20 compañeras defensoras ambientales de todo el país nos acuerpamos para escucharla mejor, y que sus palabras no se las lleve ese gélido viento altoandino que endurece las manos y corta los labios. Ella es la presidenta de la Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (ADEPAMI), vivía a 200 metros de la relavera de Camaccmayo. En 2015 se convirtió en la cara visible de la lucha por la reparación y remediación causada por la contaminación por metales pesados en Espinar. Melchora, es la abuela también de Yedamel López Champi, un niño que nació en Espinar y al que, a la edad de siente años, le detectaron metales pesados como plomo, arsénico, cadmio y mercurio, calificados por la OMS como altamente cancerígenos. Lamentablemente, pese a que la contaminación por metales en las comunidades de influencia minera ha sido ampliamente constatada, el problema aquí es la causalidad. Se sabe que las fuentes de agua están infestadas de metales, pero demostrar que la contaminación es producto de la actividad minera es el último clavo al que se aferra la empresa para no dar razón. Antapaccay niega toda responsabilidad, parapetándose en una débil coartada: los metales existentes en el agua son de “origen geológico o natural”.

A este tipo de impactos por contaminación ambiental que sufren cientos de personas, se suma la precariedad económica: “El proyecto Antapaccay que el 2016 realizó ventas anuales por 878.666,942 euros, opera en un mar de pobreza y pobreza extrema, que alcanzó en el 2020 al 70% de los hogares”. Adicionalmente a esto, sólo el 34% de la población de Espinar recibió alguno de los bonos impulsados por el gobierno para ayudar a las familias durante los meses de aislamiento obligatorio, quedando el resto en situación de emergencia económica y social.

Es precisamente en este contexto de empobrecimiento masivo, agravado por la pandemia, donde la gente toma las calles exigiendo una compensación a la empresa, en un país donde el estado del bienestar brilla por su ausencia

Es precisamente en este contexto de empobrecimiento masivo, agravado por la pandemia, donde la gente toma las calles exigiendo una compensación. Y en un país donde el estado del bienestar brilla por su ausencia, la empresa a través de su convenio marco se convierte en el proveedor, sí, de contaminación y muerte, pero también de apoyos sociales de corte asistencialista, con el objetivo de lograr respaldo, y dividir a las organizaciones a través de prebendas y compensaciones negociadas bilateralmente.

Elsa Merma de la Asociación de Mujeres defensoras del territorio y la cultura K´ana de Espinar, pone voz a estas denuncias cada semana en su programa radial: “17 años han pasado desde que se firmó el Convenio Marco y no hemos visto con este presupuesto ningún proyecto sostenible en la provincia de Espinar no tenemos agua las 24 horas. Nosotros tenemos una gran empresa, pero no tenemos un hospital bueno, salud, educación (…)”. La mirada ecofeminista y del feminismo comunitario nos enseñó a entender los impactos diferenciados que viven las mujeres en zonas afectadas por el modelo de despojo extractivista. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar, ocupando en este último paro la primera línea de lucha. Son mujeres que, al igual que Elsa, por su recorrido y acciones en defensa del territorio han sido hostigadas, acosadas y estigmatizadas por las empresas, las fuerzas represivas del Estado y parte de su comunidad.

Una carta de denuncia del Grupo de género del sur andino, nos recuerda que esta vulneración de derechos en Espinar forma parte de una sistemática práctica de ataque a mujeres defensoras en el país. Sucedió en las protestas contra el proyecto minero Conga (Cajamarca) donde defensoras ambientales como Máxima Acuña fueron asediadas, difamadas y física y psicológicamente agredidas; también en Tía María (Arequipa) y en el levantamiento contra la Empresa minera Majaz (hoy Río Blanco Cooper), en el que dos mujeres defensoras, fueron violadas tras ser retenidas mientras participaban en las movilizaciones. Estos días en Espinar, se han reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual por parte de la policía y fuerzas del orden.

Desde el inicio de las movilizaciones se ha generado permanente enfrentamiento, agresiones y violencia a partir de la presencia de aproximadamente 200 policías y 100 militares, que se alojan en las instalaciones de la propia empresa minera, Wayka, un medio de comunicación alternativo, publicó un escalofriante relato sobre abusos a comuneros ocurridos el 22 de julio: “Según los testigos del pueblo de Cruzcunca, uno de los comuneros puestos contra el piso fue Juan Carlos Quirita Llasa, a quien redujeron con balas al aire, puñetes, patadas y varazos en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. “¡Trae gasolina para quemar a estos perros de mierda!”, gritó el policía que lo sujetaba (…) Juan Carlos sintió caer la gasolina sobre su cuerpo mientras le repetían a gritos que lo quemarían vivo. La misma sensación vivieron sus compañeros, que al igual que él, fueron rociados con combustible cuando ya estaban reducidos con las caras pegadas a la pista.”

Los policías se alojan en las instalaciones de la propia empresa minera, y un medio de comunicación publicó que el 22 de julio rociaron con gasolina a activistas, además de reducirles con balas al aire y golpes

En un país asolado por más de 20 años de conflicto armado interno, estos sucesos dan cuenta del continuum de violencia ejercida por las fuerzas del orden en el país, donde la cultura del abuso, la opresión y la impunidad, sigue siendo, lamentablemente, una práctica cotidiana, sobre todo en zonas rurales o periurbanas donde se concentran ciudadanos/as “de segunda clase” para el orden racista, clasista y patriarcal, vestigio de la colonia.

Estado maltratador y ausente

El pasado 3 de agosto, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, durante el discurso para la presentación de propuestas del gabinete ministerial en el Congreso, aseguraba que “la minería es, sin duda alguna, la columna vertebral de la economía en el Perú””. Las declaraciones sentaron como un tiro en un momento donde los conflictos sociales ascienden a 190, el 67.4% de estos principalmente de raíz socioambiental, 64.1% por minería. Frente a la situación de crisis económica, la reactivación de proyectos paralizados por el rechazo y falta de licencia social, se avizora como la respuesta estrella para encontrar soluciones cortoplacistas, algo que, como fácilmente podemos intuir, no hará más que profundizar en las causas estructurales de la multidimensionalidad de las crisis de las que el COVID19 es solo la punta del iceberg.

A este respecto, Roció Silva, congresistas por el Frente Amplio, le espetaba en el Congreso: Yo esperaba que Ud, Premier, pusiera en el centro la vida. Pero en su discurso se ha prioriza la reactivación económica y caminando hacia 40 mil muertos. Nos habla de la minería sin mencionar la cantidad de mineros contagiados durante esta emergencia, incluso en la propia Antapaccay, Espinar, hay más de 300 infectados. El Presidente Vizcarra mencionó que estamos caminando hacia un contagio masivo. Plantear una inmunidad de rebaño como excusa para la reactivación económica es sacrificar a los más vulnerables mientras se defienden los intereses económicos de la élite gobernante.

El premier, duró 20 días en el cargo, en redes lo llamaban jocosamente “Cateriano, el breve”.

Finalmente, cuando parecía que el conflicto no tenía visos de resolución, el 7 de agosto se conformó una mesa de negociación y dialogo, donde la empresa aceptó hacer “de manera extraordinaria y por única vez” el pago del subsidio de 1000 soles por “beneficiario” (unos 250 euros) como forma de paliar los impactos del COVID19, a cambio de que las movilizaciones cesaran y que dirigentes sociales “levantaran inmediatamente las medidas de fuerza social en toda la provincia, garantizando la paz social”.

Mientras la calma vuelve a las calles de Espinar cabe preguntarse qué entiende exactamente el gobierno por “paz social”, en una región donde las declaratorias de emergencia, la ocupación militar y la restricción de derechos se da de manera continua. Pero como dirían los y las peruanas “el sol no se puede tapar con un dedo” y resulta irrisorio pensar que una insignificante compensación económica que, a duras penas servirá a las familias para llegar a fin de mes, podrá reparar los daños generados por “años de minería sin control, contaminación, desidia y abandono de sucesivos gobiernos, y empresas”. El subsidio parecería un bálsamo temporal que, sin duda, precisa de la generación de un proceso de dialogo profundo, democrático y en igualdad de condiciones, que verdaderamente tenga la intención de reparar, remediar y proteger a la población afectada, así como investigar y sancionar a los culpables de la generación de daños, muchos de ellos, lamentablemente, irreversibles.

La posibilidad

Como nos han recordado estos días organizaciones ambientalistas, Perú, no es un país minero, Perú es uno de los 10 países más megadiversos del mundo, que en su conjunto alberga el 70% de la biodiversidad del planeta, incluyendo esto ecosistemas tan importantes como la Amazonía que llega a ocupar el 60% del territorio nacional, el complejo sistema de glaciares en los Andes, miles de especies y recursos genéticos nativos, y 55 culturas originarias, entre tantos otros.

Ante una élite sorda a los reclamos y ambientalmente suicida, la cultura K´ana, se convierte entonces en las raíces sobre las que soñar, construir e impulsar alternativas de vida a la imposición del modelo económico hegemónico, en la posibilidad que resquebraja el imaginario colectivo de territorio minero, que nos habla de un tiempo de convivencia en equilibrio con la naturaleza, en el que los pueblos eran soberanos. En las manos de estas mujeres y hombres que luchan desde sus raíces, y también en las nuestras, desde los sectores críticos de este sur global, está que las transformaciones urgentes que necesitamos sean posibles.

 

Agustina Daguerre García, Entrepueblos

 


En cuarentena, segue a resistencia ao sistema

Foi venres e 13 o día que se notificou en Guatemala o primeiro caso de COVID-19. Esa segunda fin de semana de marzo e primeira despois da noticia, a actividade transcorreu con normalidade, a xente deuse, sen meditalo moito, os últimos bicos e apertas de saúdo e despedida, os comercios funcionaron como calquera outro sábado ou domingo, e a xente entón saíu á rúa, probablemente sen considerar o que estaba por vir.

O 15 pola noite sóubose do falecemento da primeira persoa por coronavirus no país, un home de máis de 80 anos, e o presidente Alejandro Giammattei, anunciou unha serie de medidas de contención que, como no resto do mundo, tiveron un impacto irreversible na vida das persoas e na economía do país. Esa semana canceláronse todas as actividades educativas, relixiosas, labores non esenciais e o transporte público. Sete días despois impúxose un toque de queda co que quedou prohibida a circulación de persoas e vehículos durante 12 horas diariamente.

Dende entón o medo cobrou outra dimensión, existe incertidume por non saber que pasará máis adiante, centos de persoas están nas rúas buscando solidariedade porque cada vez, hai máis estómagos baleiros en diferentes partes do país. Moita xente perdeu o traballo ou viuse na obriga de aceptar un recorte salarial, un significativo número de pequenos negocios e comercios pechou; polas medidas decretadas, o comercio informal en gran medida paralizouse e no campo moitos dos produtos non se puideron transportar.

Ao peche desta edición notificáronse 2.512 casos en Guatemala e, segundo Edwin Asturias, médico e experto en epidemioloxía, nas últimas semanas de maio e primeira de xuño o virus estará no seu pico máis alto; alarmante situación nun país onde existen 45 hospitais e 8.453 camas, segundo o Ministerio de Saúde.

Un monstro insaciable que non descansa

O sistema. Ese, en realidade, é o virus que envelena e contamina porque explota territorios e extrae os seus bens naturais. O espolio ten sido unha constante no país, durante anos os pobos denunciárono e resisten fronte a ese monstro que non dá tregua nin en época de pandemia.

Lesbia Villagrán é de San Rafael Las Flores, un municipio do departamento de Santa Rosa, onde hai máis de tres anos comunidades organizadas e en resistencia decidiron instalar, as 24 horas do día, un piquete na localidade de Casillas para impedir os traballos da empresa mineira San Rafael S.A.

No municipio, a poboación acata as normas de confinamento pese a que iso implica días de fame para moitas persoas, “é lamentable a situación porque non se pode traballar e moitos vense obrigados a pasar de casa en casa para pedir comida”, agrega Lesbia, ao mesmo tempo que denuncia como a empresa mineira segue funcionando. Polas medidas decretadas, “a resistencia que se estaba a facer, levantouse en Casillas porque non outorgaron o permiso para permanecer no piquete, e dende ese momento entran e saen os camións da empresa, nós mandamos facer valos e deixámolos postos, pero ese mesmo día, á hora do toque de queda, quitáronos. Unha persoa é penalizada por estar na rúa, pero para os empresarios de aquí non houbo cambio”, sinala.

Ésta é unha das tantas realidades de cara ao COVID-19, que quedan fóra das coberturas informativas. Durante máis de dous meses os medios de comunicación e as redes sociais, están saturadas con información do número de contaxios, de mortes, do impacto na economía, do aumento dos índices de pobreza e das carencias do sistema de saúde. É necesario dar cabida ás voces dos que se enfrontan a ese monstro insaciable que vende a idea dun desenvolvemento que pagan moi caro as maiorías e a natureza, porque contribúe a evidenciar que esta é unha crise global e social, ecolóxica e económica, produto dos impactos ambientais acumulados provocados ao planeta. Moi pouco se ten dito de como a destrución masiva de ecosistemas, a depredación e o saqueo de bens naturais, reduce os espazos para a vida silvestre e expón aos seres humanos a novas maneiras de contacto con microbios; de como a industrialización da produción de alimentos animais é a principal fonte de contaxio, ao provocar mutacións dos virus que afectan á especie humana.

Defender a auga é protexer a vida. Fotografia Alianza por la Solidaridad

Insistir nisto é fundamental para xerar conciencia da urxente necesidade de defender os bosques, a auga e a terra, sobre todo nas áreas urbanas. María Caal, concelleira da Corporación Municipal de Cahabón e parte da resistencia pola defensa dun dos ríos máis grandes do país, o río Cahabón, en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, asegura que preservar estes caudales de auga é vital para protexer a vida. A tarefa nunca foi fácil pero, ao igual que en San Rafael Las Flores, estes últimos meses complicáronse aínda máis pola pandemia e pola orde gubernamental de permanecer nas casas. “Suspendéronse moitas actividades, a resistencia non parou porque seguimos firmes na loita por defender a auga, e estivemos informando ás comunidades, pero foi máis difícil todo”. Deste municipio é tamén Bernardo Caal, líder q’eqchi’ sentenciado a 7 anos e 4 meses de prisión por enfrontarse ás gadoupas do monstro, e impedir que os proxectos hidroeléctricos da empresa Oxec S.A. acaben co río Cahabón. “O proceso que iniciamos para a súa pronta liberación, con esta situación do coronavirus, quedou estancado, e o meu irmán segue estando preso inxustamente e co risco de contaxio pola falta de medidas de saúde que hai no cárcere, pero nós seguimos loitando por él e polo río”, afirma María.

Guatemala conta con condicións naturais favorables para dispoñer de auga suficiente, pero a realidade para a meirande parte da poboación é outra. Por exemplo, só no municipio de Guatemala de 250 mil fogares atendidos pola Empresa Municipal de Auga, 50 mil non contan co servizo. Os datos cobran maior relevancia de cara ao COVID-19, sobre todo porque lavar as mans, todas as veces posibles, resulta ser indispensable para enfrontar e salvarse da enfermidade.

“Nós defendemos os ríos porque as empresas os están destruíndo, desvíanos e contamínanos, e iso aféctanos a todos, con que auga nos imos lavar e limpar do virus se os ríos están secos?”, cuestiona María quen, igual que Lesbia, coincide ao enfatizar que “nada máis se levante o toque de queda volveremos con máis forza á resistencia”. A súa convición é auténtica, sobre todo porque se enfrontaron firmemente, como centos de mulleres e homes nos diferentes territorios, a un sistema voraz que as persegue, criminaliza e violenta, e agora a un virus que agudiza as condicións de pobreza e fame nas comunidades.

En San Rafael Las Flores, “é tremendo o que se vive e se mira, a vida é dura, a cesta da compra básica aumentou, a libra de tomate, por exemplo, chegou a costar 9 quetzales -pouco máis de un euro- e a axuda prometida polo goberno non chegou”. Lesbia perdeu o traballo, os donos da casa á que diariamente ía cociñar e limpar dixéronlle que por seguridade xa non fora, hai algúns meses quedou sen o apoio da súa familia por estar na resistencia, houbo días que os pasou sen ter algo para comer, “pero eu sei que saio desta e volverei ao piquete a facerlle fronte á empresa”.

Os ingresos da poboación reducíronse, a diminución de horas para a mobilización das persoas impediu a xeración dunha entrada de diñeiro. Dos apoios prometidos polo goberno, “non se mirou nada aquí”, comenta María e, aínda que recoñece que o virus afectou á economía da poboación, “nas comunidades conseguimos resistir porque cortamos un pouco de herba e imos á milpa, é desa terra que tanto defendemos e pola que estamos dispostos a dar a vida, que sacamos algo de comida. Aínda que o goberno e as empresas nos persigan, nós imos seguir loitando polos ríos, os bosques e a terra, porque é aí onde está a vida e porque é o único, penso eu, que nos fará máis fortes para enfrontar o virus”, conclúe.

Colectivo MadreSelva


[Fotografía de portada de Simone Dalmasso]

Manifiesto ante la represión contra personas defensoras de derechos en Espinar, Cusco, Perú

29 de julio de 2020

La Plataforma Europa Perú (PEP) manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Espinar, Cusco, a raíz de las protestas de las comunidades aledañas al proyecto minero de Antapaccay, quienes vienen sufriendo los impactos negativos de la minería en la zona por casi 40 años y que actualmente están pasando por una crisis excepcional tras la pandemia de Covid-19

Según informes, el 15 de julio, dirigentes de las comunidades de Espinar llamaron a un paro indefinido debido a la negativa de la empresa multinacional anglosuiza Glencore a aportar un monto económico individual de S/1000 a la población por la crisis económica resultante de la pandemia 1. Para la población, ese monto formaría parte de los compromisos que la empresa ha asumido a través del Convenio Marco, que fue firmado por la minera (en aquellos entonces BHP Billiton) y las comunidades aledañas y la provincia de Espinar en el año 2003.

De acuerdo con información recibida, la fuerza policial y militar ha intentado detener las protestas haciendo uso de bombas lacrimógenas y perdigones, lo que provocó la quema de pastos y el incendio de la casa de bombeo, ubicada en la zona de Camaccmayo. El 24 de julio, también hubo reportes de un enfrentamiento entre agentes policiales y un grupo de jóvenes que se encontraba en la entrada del distrito de Yauri. Los efectivos utilizaron perdigones, armas de fuego y bombas lacrimógenas resultando heridos 5 manifestantes, evacuados al Hospital de Espinar. Dos de ellos serían menores de edad, 17 y 16 años, respectivamente. La doctora Gloria Cárdenas Alarcón, del hospital de Espinar, reportó que 3 personas heridas sufrieron impactos de proyectil de arma de fuego y que ella misma está sufriendo hostigamiento por parte del sistema de justicia por denunciar estos hechos; según informes, ha sido citada por la fiscalía y tres policías se presentaron en su centro de trabajo.

En este contexto, la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos resulta de especial preocupación. Las actividades mineras en la zona han tenido efectos muy adversos para las poblaciones aledañas, que sufren las consecuencias de la contaminación de metales pesados en sus cuerpos y en el agua que consumen o usan para actividades agrícolas 2. Las mujeres han sufrido particularmente los impactos negativos de la minería, tanto en temas de salud, alimentación, trabajo y economía. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar y se han visto más afectadas por abusos de las fuerzas policiales, habiéndose reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual.

Como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social. El pasado 6 de julio, el Tribunal Constitucional de Perú publicó una sentencia histórica reconociendo el derecho a la protesta como un principio fundamental y un derecho en sí mismo.3 La PEP acoge con gran satisfacción esta sentencia y exhorta a las autoridades en el Perú a que se abstengan de utilizar el sistema de justicia para fines coyunturales, como ocurre actualmente en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar. Al respecto, hemos tomado conocimiento sobre disposiciones de investigación de la fiscalía por delitos que no se han cometido 4, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar. Hay que recordar que las investigaciones fiscales han sido reiteradamente utilizadas en Espinar y en otros casos con el objeto de obstaculizar las actividades de líderes y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, mostramos preocupación ante el inicio de una campaña de desprestigio contra las y los líderes sociales de Espinar; así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, que en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido.

Derechos Humanos sin Fronteras, Red Muqui, CooperAcción y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de diversos canales, han hecho un llamado al diálogo e invocado a las instancias correspondientes a garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, la PEP da la bienvenida a los esfuerzos por reiniciar el diálogo a través de la formación de un grupo de alto nivel para discutir temas fundamentales para la población de Espinar. Es importante señalar que hay una agenda histórica pendiente a resolver en Espinar, como son la revisión y reformulación de un nuevo convenio marco, atender los impactos a la salud y el medio ambiente en las comunidades, la omisión de la consulta previa en los proyectos de Antapaccay y próximamente Coroccohuayco, entre otros temas. Por ello, confiamos que este diálogo tome en cuenta estos pendientes y cumpla con los requisitos que se requieren para ser exitoso, incluyendo garantías para que sea un diálogo horizontal y participativo.

Ante lo mencionado, y en cumplimiento de las recomendaciones que el Relator de la ONU sobre la situación de personas defensoras hizo en enero de este año, en su visita a Perú, instamos a las autoridades peruanas a:

– que cesen los actos de criminalización de la protesta social y de hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos. Además, que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público y se garanticen los derechos humanos de las personas defensoras, en especial su derecho a defender derechos, su derecho constitucional a la protesta, y la protección integral por su labor como defensores/as de derechos humanos ambientales.

– que dispongan la creación de un equipo encargado de investigar de manera inmediata actos de violencia de género física y sexual en agravio de mujeres defensoras, por parte de personal policial, militar, seguridad privada o trabajadores de la  empresa, en el marco de intervenciones a vehículos en la zona y medidas adoptadas por el Estado para mitigar la movilización.

– que se redoblen los esfuerzos para resolver el conflicto de manera pacífica en esta parte de la región Cusco, una zona donde el derecho a la salud y la vida y el derecho a un medio ambiente sin contaminación han sido sistemáticamente vulnerados por parte de la minera Antapaccay, perteneciente a la compañía Glencore.

– finalmente, que el compromiso de iniciar un diálogo por el gobierno y la población se realice de manera pronta y efectiva, sin demoras, como ha sido el caso el último lunes, cuando el diálogo se canceló a último momento por funcionarios del  gobierno nacional, lo cual solo genera más desconfianza en la población local.

 


  1. La pandemia del Covid-19, ha afectado a 48 trabajadores de Glencore, quienes han seguido operando durante la emergencia a pesar de no ser una actividad esencial, lo que ha impactado a pobladores de Espinar quienes viven en su mayoría de la actividad agropecuaria, pequeño y mediano comercio y servicios.
  2. Se han registrado 506 personas de 6 comunidades aledañas a la explotación minera de los cuales el 100 % se encuentran con niveles biológicos detectables de metales tóxicos; afectación a la producción agrícola y pecuaria, incremento de la mortandad de animales; la contaminación de los ríos Cañipía y Salado, los polvos del transporte minero y las explosiones de sus operaciones.
  3. https://idl.org.pe/tribunal-constitucional-reconoce-por-primera-vez-el-derecho-fundamental-a-la-protesta/
  4. El 15 de julio han sido notificados 8 dirigentes de las principales organizaciones de Espinar: Comité de Lucha de Espinar, Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y Construcción Civil Espinar, en vía de prevención del delito por el Ministerio Público por la “comisión de delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Resistencia o desobediencia a la Autoridad, tipificado en el artículo 368° del CP, en agravio del Estado” que tiene un claro objetivo de amedrentamiento, criminalización y desmovilización.

 


Plataforma Europa Perú

– Asociación pro derechos humanos de España (España)
– Asociación Putumayo (Bélgica)
– Broederlijk Delen (Bélgica)
– Catapa (Bélgica)
– Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania)
– Commission Justice et Paix (Bélgica)
– Entraide et Fraternité (Francia)
– Entrepueblos (España)
– FOS (Bélgica)
– Informationsstelle Peru e.V. (Alemania)
– Kampagne “Bergwerk Peru – Reichtum geht Armut Bleibt”,
Campaña Perú País Minero (Alemania)
– Peru Support Group (Reino Unido)
– Peru Kommiten for MR (Sweden)
– Secours Catholique (Francia)
– 11.11.11 (Bélgica)