Reducir la militarización del conflicto ucraniano para evitar la guerra

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Entrepueblos se suma al movimiento pacifista y antimilitarista para exigir que los gobiernos europeos adopten medidas negociadas y pacíficas urgentes ante el ataque militar a Ucrania.
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¡Juntas por la paz y los Derechos Humanos, no más muertes, las vidas humanas importan!

 

Nos hacemos eco de los comunicados: Centre Delàs y La Coordinadora

Comunicado Centre Delàs ⤵️

Reducir la militarización del conflicto ucraniano para evitar la guerra 

El conflicto ucraniano es de una enorme complejidad y merece ser analizado con serenidad y responsabilidad teniendo en cuenta todos los aspectos políticos, históricos, económicos, entre muchos otros culturales, sociales, sin olvidar, evidentemente, el rol que la seguridad energética puede jugar en el futuro de la región. Así como se debe poner en el centro la seguridad de las personas, de la población civil, que sería obviamente la principal damnificada de una hipotética guerra entre Rusia y la OTAN.

En el conflicto interno que vive Ucrania, la responsabilidad de Europa Occidental y la OTAN no es menor, al haber ayudado a los políticos ucranianos prooccidentales y contribuido a la militarización del país y la región, del mismo modo que Rusia es responsable de sus acciones militares totalmente inaceptables para hacerse con el control de las regiones ucranianas donde existen comunidades prorrusas, principalmente de Crimea y la parte oriental del Donbás (Lugansk y Donetsk).

La OTAN es un organismo militar multilateral con un radio de acción mundial bajo el mando de Estados Unidos que siempre la ha utilizado para ejercer un control en favor de los intereses de sus grandes corporaciones, entre las que juegan un papel especialmente protagonista las energéticas. De este modo ha hecho uso de la fuerza militar para contrarrestar la de sus opositores, como ha demostrado en su participación en numerosos conflictos (Afganistán, Irak, Libia…).

La OTAN ha sido, desde su nacimiento, un instrumento de Estados Unidos para tener un pie en Europa y crear dependencia a los países de Europa occidental, a la vez que la utilizaba para mantener viva la amenaza hacia su tradicional enemigo geopolítico, Rusia, aun habiendo colapsado la Unión Soviética en 1991. No en vano, la OTAN, en lugar de disolverse como hizo el organismo militar Pacto de Varsovia, se expandió admitiendo en su seno a países fronterizos con Rusia, aprovechando su debilidad en los años 90. Algo que sin duda ha alimentado la retórica nacionalista y militarista rusa, que sustenta en gran parte un régimen de creciente carácter autoritario que de otro modo estaría abocado al fracaso. La amenaza de la OTAN es para el Kremlin el mejor argumento político para justificar su régimen y sus planes de expansión militar en la antigua área de influencia de espacio post-soviético.

Ya en 1991, el Secretario de Estado de George Bush, James Baker, prometió al líder soviético Mijaíl Gorbachov que, si Moscú permitía la reunificación alemana, la OTAN no se expandiría «ni una pulgada» más allá de la Alemania Occidental. Sin embargo, Polonia y otros países que habían pertenecido al antiguo Pacto de Varsovia ingresaron en la Alianza Atlántica.

La proximidad de la OTAN a territorio ruso y el mantenimiento de armas nucleares estadounidenses en Europa y Turquía es lógicamente percibida por Rusia como una amenaza a su seguridad. Parece razonable que el Kremlin pida que Washington se comprometa a impedir que la OTAN continúe expandiéndose hacia el este, lo que de hecho es uno de los puntos de la propuesta rusa de tratado con EEUU sobre garantías en seguridad.

Pedimos que la propuesta rusa de un tratado con EEUU sobre seguridad sea difundida, estudiada y tenida en cuenta, trabajando desde el diálogo y la diplomacia en vez de ceder a la opción “fácil” de la escalada militar. Esta y otras propuestas no pueden ser rechazadas de entrada por EEUU y la OTAN. Al margen de determinadas acciones absolutamente reprobables de Rusia, este país es quien ahora propone llegar a un acuerdo perfectamente asumible para rebajar la tensión y es la OTAN quien se niega.

Ni la UE, ni mucho menos España, han mostrado ningún atisbo de autonomía ni mucho menos responsabilidad, en su posicionamiento con respecto a la escalada belicista que se está dando en el Este del continente, que puede llevar a una guerra que nadie quiere y que sufriría la población civil. Y que solo beneficiará, como siempre, a una ávida industria militar, no solo europea y norteamericana, sino también rusa, que en el mejor de los casos se asegurará ingentes contratos por una carrera armamentística y un reforzado gasto militar con la excusa de una disuasión que lo único que hace es aumentar la probabilidad de un desenlace violento del conflicto.

Pedimos que el Gobierno español y la propia UE se sitúen en un necesario lugar de equidistancia entre los intereses geoestratégicos norteamericanos y rusos. Algo que no pasa por enviar armamentos ni apoyo militar al gobierno de Kiev, sino al contrario, buscando un rol de neutralidad que rebaje las tensiones militares -desligándose de la OTAN-, que les legitime para iniciar conversaciones con Rusia de manera directa, convocar a todas las partes a dialogar en una conferencia de paz que ponga fin al conflicto armado en Ucrania. España debe sumarse cuanto menos al camino abierto por el Gobierno alemán de apostar por vías no militares para favorecer una desescalada del conflicto y evitar la guerra.

Comunicado de La Coordinadora ⤵️

Una vez más, No a la guerra

Instamos al cese inmediato del conflicto desatado en Ucrania. Llamamos a todas las partes implicadas a retirar sus tropas de la zona, garantizar la desmilitarización y proponer soluciones a las causas que han generado este conflicto.

Nos solidarizamos con las personas que sufrirán directamente las graves consecuencias de la guerra. Los derechos humanos y la seguridad de las personas deben situarse en el centro de cualquier propuesta que se realice en este momento.

La comunidad internacional debe asumir su responsabilidad y contribuir al fin de esta situación de forma pacífica. España también.

Una vez más, la ciudadanía española se opone a la guerra: se han convocado múltiples movilizaciones en todo el Estado español para este fin de semana.

Lo decíamos hace un mes y volvemos a repetirlo: la guerra en Ucrania, como todas, tendrá graves consecuencias en la vida de la población civil. Manifestamos toda nuestra solidaridad con las víctimas de los ataques de esta madrugada, y con la población civil que ahora mismo teme por sus vidas.Llamamos a frenar la escalada militar y al cese inmediato de las hostilidades; todos los actores implicados en el conflicto deben poner freno a los ataques y posibles respuestas armadas, e iniciar de manera inmediata un proceso real de diálogo y paz que garantice el pleno cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. La garantía de los derechos humanos debe ser plenamente asegurada, así como la protección de la población civil, con especial atención a la infancia, de las infraestructuras civiles, las escuelas y los hospitales.

Antes de este conflicto, la situación ya era muy preocupante con casi tres millones de personas necesitadas de apoyo humanitario. Nuestras ONG en la zona y las organizaciones locales con las que trabajamos llevan semanas mostrando su preocupación ante un desenlace como el de hoy, y ante la posibilidad de un aumento drástico de las necesidades humanitarias. En cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, debe garantizarse la asistencia que realizan las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones que trabajan con la población local; su trabajo debe ser garantizado en condiciones de seguridad.

Hoy más que nunca recordamos que si quieres la paz tienes que construir la paz. Muchas organizaciones sociales hacen un trabajo diario de largo recorrido  orientado a identificar y denunciar las causas reales y estructurales de este tipo de conflictos, a transformarlas para prevenir su surgimiento, a promover la desmilitarización de las mentes y a fomentar la cultura de paz. Como ONG de derechos humanos, paz y acción humanitaria, exigimos ser tenidas en cuenta en la política exterior. Reivindicamos nuestro papel como sociedad civil organizada en el fomento de la paz y la convivencia; una cuestión que debe ser tenida en cuenta de manera central en cualquier solución que se plantee.

Responsabilidad política

La comunidad internacional debe asumir su responsabilidad y contribuir a allanar el camino hacia la paz. Apelamos a la Unión Europea, en concreto a Josep Borrell como alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a que realice un ejercicio de responsabilidad y ponga freno a la deriva belicista. El Gobierno de Pedro Sánchez, en coherencia con su defensa de la paz y la seguridad internacional, debe dar un paso al frente y apostar claramente por el fin del conflicto.

La guerra es el último y terrible paso de un camino de crecientes conflictos que deben ser frenados desde su origen. Por eso, defendemos el fomento de los procesos de prevención, de convivencia y de cultura de paz. Procesos que deben ser apoyados por los Estados y las instancias internacionales y que deben contar con el protagonismo de la sociedades civiles implicadas; especialmente, las mujeres, quienes a lo largo y ancho de todo el planeta y tal como reconoce la resolución 1325 de Naciones Unidas, han demostrado su enorme contribución a la paz.

La construcción y consolidación de la paz requiere de diálogo y de mucha paciencia, es un proceso complejo y de profundas transformaciones. Los diferentes agentes implicados en el fomento de la paz deben activar mecanismos innovadores que ayuden a consolidarla. En ese sentido, las sanciones económicas han demostrado que raras veces solucionan las causas y problemas estructurales de la guerra, y que pueden agravar el sufrimiento de la sociedad civil y aumentar la vulnerabilidad de las personas frente a la pobreza y desigualdades. Por eso, para revertir esta escalada bélica, deben ofrecerse alternativas pacíficas que garanticen los derechos humanos.

Llamamos a los medios de comunicación a realizar un ejercicio activo de responsabilidad para evitar la profusión de desinformación y propaganda; deben evitar el lenguaje bélico y huir de relatos sesgados. Hacemos igualmente un llamamiento a la ciudadanía para que tenga en cuenta que estamos en plena guerra de desinformación en los medios y el ciberespacio. Pedimos que haga un consumo crítico de la información y exija que el periodismo no sea de guerra sino de búsqueda activa de la paz, y facilite información rigurosa, ética y honesta que ayude a entender lo que está ocurriendo y a empatizar con el sufrimiento causado por la guerra.

Una ciudadanía que está a la altura 

Una vez más, la sociedad española defiende la paz. En múltiples lugares de todo el territorio se convocan movilizaciones en contra de la guerra y a favor de la paz, de la vida y en solidaridad con las víctimas. Animamos a la ciudadanía a participar en las diferentes convocatorias que están surgiendo en todo el territorio. Los gobiernos tienen que volver a escuchar nuestro clamor en la defensa de la paz como el único camino. La guerra es un callejón en el que siempre se quedan encerradas las de siempre.

Activistas por la vida: nueva unidad didáctica y espacio interactivo

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ACTIVISTAS POR LA VIDA: ENTREPUEBLOS PRESENTA LA UNIDAD DIDÁCTICA Y EL ESPACIO INTERACTIVO DE ACTIVISTAS POR LA VIDA

Elaborada conjuntamente con La Periférica y Gustavo Castro, defensor mexicano y pedagogo.

Presentamos la nueva unidad didáctica: Activistas por la vida, donde acercaremos la realidad de los Derechos Humanos en Guatemala y Honduras a las aulas de secundaria. Se trata de un proyecto interdisciplinar sobre la criminalización de las defensoras y defensores en Centroamérica, especialmente en contextos marcados por todo tipo de violencias impunes: desde el extractivismo, llevado a cabo por grandes empresas europeas, hasta la violencia patriarcal.

El principal objetivo de esta propuesta didáctica es ayudar a integrar en los currículos de secundaria el estudio de la vulneración de derechos humanos, tanto en el Norte Global como en el Sur Global, poniendo el énfasis en las voces y experiencias de las defensoras y defensores con el objetivo de contribuir en la protección y el fortalecimiento de sus estructuras comunitarias.

Lo más importante es que el alumnado comprenda la importancia de los derechos humanos y su defensa, tanto en el Norte Global como el Sud Global.

La unidad didáctica está enfocada al alumnado de primero, segundo y tercer ciclo de ESO. La propuesta propone una secuencia de 11 tareas y actividades que se concretan en la elaboración de un vídeo colaborativo que explique el mapa de vulneraciones de derechos humanos en su entorno cercano
El contenido de cada actividad está relacionado en conocer determinadas cuestiones vinculadas a los derechos humanos y las situaciones de vulnerabilidad que sufren los defensores y defensoras en Honduras y Guatemala.

Las tareas se centran en que el alumnado analice, profundice y reflexione sobre los derechos humanos en Centroamérica y desarrollen actitudes de defensa y promoción de los derechos en los diferentes contextos, globales y locales, y ámbitos de su vida cotidiana.

El espacio interactivo acompaña a la unidad didáctica con el objetivo de adaptarnos a las nuevas realidades pandémicas y sus virtualidades. A través de este enlace encontrarás el espacio interactivo de la unidad.

Consulta la nueva unidad didáctica Activistas por la vida a través de este enlace.

La unidad didáctica está a disposición de profesionales, docentes, centros educativos, centros de formación, colectivos, etc.

**Ahora mismo la unidad didáctica está disponible en castellano con su adaptación al currículo estatal. En breves estará disponible en catalán, con la adaptación al currículo catalán.

Escríbenos a educacion@entrepueblos.org para más información.

 

Libertad para defensores de Guapinol

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Buenas noticias desde Honduras, tras mantener privados de libertad por más de dos años a los Defensores del río Guapinol, por fin han sido liberados. Ahora es momento de que la justicia hondureña proceda a la reparación integral de estos y a la investigación de los hechos

SI SE PUDO ✊🏾 ✊🏾

Cronología del Caso Guapinol, Honduras.

En enero de 2014, sin consultar a las comunidades locales afectadas y coludida con una empresa privada, la Corporación Municipal de Tocoa (departamento de Colón) aprobó los permisos de operación de una mina en un Parque Nacional protegido, del que nacen los ríos Guapinol y San Pedro.

Con el objetivo de articular a las organizaciones locales en un esfuerzo por luchar colectivamente contra las amenazas de los proyectos extractivos en Tocoa, entre otros, en 2015 se creó el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Este Comité presentó denuncias penales y administrativas, llevó sus preocupaciones al Congreso y entabló diálogos con el alcalde municipal de Tocoa, y organizó movilizaciones pacíficas y plantones.

En agosto de 2018 los pobladores de la comunidad de Guapinol y las aldeas vecinas organizaron un campamento pacífico en la comunidad de Guapinol como parte de su derecho a oponerse a un proyecto que pondría en peligro las principales fuentes de agua de su comunidad. Como resultado de esta protesta pacífica, fueron acosados e intimidados, víctimas de campañas de desprestigio y criminalizados y un mes más tarde la empresa minera Los Pinares presentó denuncias penales contra miembros de la comunidad.

El Ministerio Público sin realizar una investigación diligente y abusando de su poder utilizó pruebas falsas junto a agentes policiales y acusó a 31 miembros de la comunidad por el delito de asociación ilícita, en un intento de presentar al movimiento popular local como un grupo delictivo organizado.

En septiembre de 2019, la Jueza de la Jurisdicción Nacional Lisseth Vallecillo dictó un auto formal de procesamiento contra 8 hombres, por los cargos de incendio agravado y privación injusta de libertad, y ordenó que fueran enviados a prisión preventiva, a pesar de no justificar la medida, tal y como exige la ley.

Desde entonces, estos 8 defensores han estado en la cárcel a pesar de los repetidos esfuerzos de su equipo jurídico y de las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para que sean puestos en libertad, a pesar de lo cual los tribunales han retrasado maliciosamente las resoluciones y notificaciones que ordenan su libertad.

A raiz de los hechos expuestos, Entrepueblos se suma a la demanda realizada por el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras, e invita sumarse al MANIFIESTO a colectivos y organizaciones internacionales, ante la necesaria celeridad del proceso de liberación, la reparación integral de los defensores del río Guapinol e investigación.

Saludamos el otorgamiento de dos amparos por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor de los 8 defensores del río Guapinol en Honduras; sentencias que reconocen la ilegalidad del proceso y declara juicio nulo, teniendo como consecuencia el sobreseimiento definitivo y su inmediata libertad.

Los defensores del río Guapinol se mantienen privados de libertad arbitrariamente desde hace más de dos años. La arbitrariedad de su detención fue señalada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas desde el año 2020, recomendando por tanto al Estado de Honduras ponerles en libertad. El Grupo de trabajo concluyó: “que la fuente ha presentado un caso creíble y claro acerca de la violación de los elementos que garantizan un juicio justo para los ocho defensores, incluyendo la violación de sus derechos de igualdad de tratamiento frente a la ley, de la garantía de la no discriminación y de la independencia de los tribunales al seguir las causas incoadas en su contra”.

A pesar de lo anterior, el pasado 9 de febrero, el Tribunal de Sentencia de Trujillo dictó sentencia condenatoria contra seis defensores de los ocho defensores: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kelvin Alejandro Romero, Ewer Alexander Cedillo y Daniel Márquez, por los delitos de daños agravados y daños simples contra la Empresa Inversiones Los Pinares y privación injusta de libertad.

Desde el Foro Internacional rechazamos este fallo condenatorio, pues fue el resultado de un proceso que vulneró los derechos al debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad de los defensores procesados. Nos preocupa que el Tribunal de Sentencia de Trujillo no solamente basó su condena en una deficiente investigación del Ministerio Público que nunca logró comprobar la culpabilidad de los defensores, sino que, además, ignoró toda la información presentada sobre la ilegalidad de las concesiones que originan este conflicto socio ambiental.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que, en acatamiento de los amparos otorgados el día 10 de febrero, den celeridad al procedimiento para la inmediata liberación de los 6 defensores que se mantienen aún privados de su libertad, asegurando el sobreseimiento de la causa penal, misma que nunca tuvo fundamentos.

Demandamos también al Estado de Honduras que, en acatamiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, proceda a la reparación integral a los defensores de Guapinol y a la inmediata investigación de los hechos que los mantuvieron privados de su libertad por más de dos años.

Recordamos al Estado de Honduras su deber de proteger a quienes defienden derechos humanos, intensificando esfuerzos para respetar y proteger el ejercicio de su labor sin que esto represente un riesgo inminente, así como que se garantice el cese inmediato del uso indebido del derecho penal para la persecución de personas defensoras de derechos humanos. Es menester que Honduras avance hacia garantizar que casos como el de los defensores del río Guapinol no vuelvan a repetirse.

Enlace para adhesión al pronunciamiento del Caso Guapinol: https://forms.gle/6E24so3QwE8YrAFw6

Más información:

El vertido de petróleo de Repsol en Perú: ecocidio y justicia ambiental

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Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte

5 de febrero de 2021

Casi un mes después de que el mundo se pusiera nuevamente en jaque por el tsunami del volcán submarino del pacifico sur, un líquido, negro, hediondo, impregna los mares y playas de las costas peruanas, atrapando en su viscosidad todo lo que se encuentra a su paso.

Lo que está ocurriendo ya es de sobra conocido: responsabilidades múltiples no asumidas de la marina mercante, -una institución profundamente corrupta- que no dio ningún tipo de alarma sobre los posibles peligros que podía implicar la erupción de Tonga; la empresa petrolera Repsol comunicando ridículamente un “vertido limitado” de 0,16 barriles (unos 25 litros) en un espacio de 2,5 metros cuadrados; y un gobierno peruano, que independientemente de su color político, flexibiliza sus normas ambientales hasta su mínima expresión con tal de seguir atrayendo inversiones de transnacionales extranjeras.

Las últimas estimaciones de las autoridades peruanas señalan que en realidad fueron unos 11.900 barriles -casi 2 millones de litros-. En terreno ha supuesto una afectación sobre 1,8 km² de 24 playas, de 5 municipios y cerca de 7 km² de aguas; sobre dos zonas naturales protegidas, sobre todas las especies de plantas y animales de estos ecosistemas y sobre los lugares de trabajo de unas 3.000 familias pescadoras y miles de otras que vivían del comercio y los servicios en las playas y en los balnearios de Ancón.

El desastre ecológico más devastador de las últimas décadas es tan solo una expresión más de una larga lista de crímenes ambientales impunes en uno de los 10 países más megadiversos del mundo, y que no deja de evidenciar los impactos catastróficos de seguir manteniendo matrices energéticas de mirada cortoplacista basadas en combustibles fósiles. Decenas de organizaciones ambientalistas, recuerdan en redes y medios alternativos que, lo que hoy la población de Lima vive con espanto, es el pan de cada día de miles de comunidades amazónicas, que en los últimos 25 años han sido receptoras de más del 50% de vertidos de hidrocarburos, lamentando la desigualdad, abandono y brecha de justicia social que viven.

Asistimos pues, a un desastre más de la larga lista de ecocidios provocados por el ciclo de extracción, refinado y distribución de la industria petrolera desde hace décadas y en todos los continentes. Sin ir más lejos la semana pasada se ha producido otro derrame en la Amazonía ecuatoriana por una ruptura en el Oleoducto de Crudos Pesados que transporta el petróleo de la selva hasta la costa del Pacífico, afectando a 21.000 m2 del Parque Nacional Cayambe Coca y los ríos Coca y Napo.

No existe la industria petrolera segura. Es una industria con altos riesgos y contaminantes en todo su ciclo. Es una de las principales responsables de la emergencia climática. Por eso el mejor petróleo es el que se queda en su sitio, en sus yacimientos.

Indignación y movilización social

El hecho ha producido también una oleada de indignación en la opinión pública y de movilización social: tanto por su magnitud como por la gestión indolente de Repsol, que se ha vivido como un menosprecio, no solo a las víctimas directas, sino a todo el país. A pesar de que el monopolio de medios de El Comercio trató a toda costa de borrar de la información pública las siglas de la empresa responsable, la indignación no cesa, y un logo de Repsol teñido de chapapote se multiplica en todo tipo de canales de información no oficiales, clamando por justicia y responsabilidad a la petrolera española. En estos días se han convocado decenas de movilizaciones, incluidas las de Ancón denunciando que más de 1500 familias dedicadas a la pesca artesanal han perdido sus medios de vida.

Más de 300 organizaciones de toda la geografía peruana piden en un pronunciamiento liderazgo por parte del gobierno peruano y exigen “que Repsol asuma de inmediato las acciones de reparación, contención y compensación”. La Plataforma de la Sociedad Civil peruana sobre empresas y derechos humanos señala que Repsol nunca “ha presentado su proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, mitigar y rendir cuentas de sus impactos” y reclama “sanciones administrativas como multas , exclusión de la contratación pública, denegación de otorgamiento de medidas de apoyo público, y acciones civiles o penales según corresponda”. Piden al Congreso apruebe el Acuerdo de Escazú,  cuyo marco normativo “tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.”

“¡Repsol, hazte cargo!” la demanda de justícia ambiental

Pero ¿por qué vías se podrá acceder a estas exigencias de justicia ambiental?

Por un lado, tenemos el nuevo y errático gobierno de Pedro Castillo, un presidente inesperado, proveniente de una aldea rural en Perú andino, maestro militante de izquierda, pero con posicionamientos conservadores patriarcales e inclinaciones nada críticas hacia el modelo extractivista del país. Tenemos también la prematura dimisión de su primera ministra, Mirtha Vásquez -abogada de defensoras comunitarias con quien Entrepueblos hemos colaborado muchos años cuando trabajó en GRUFIDES, entidad ambientalista de Cajamarca- expresando su decepción por la falta de claridad en la lucha contra la corrupción de Castillo.

A partir de este cambio, el gobierno se ha mostrado mucho más conciliador con Repsol y, tras una fuerte campaña de prensa alertando sobre el peligro de desabastecimiento para el país si el gobierno persiste en la paralización de las actividades de Repsol, finalmente le ha permitido reanudar, sin garantías de que la empresa afronte sus responsabilidades.

Y es que no sería el primer caso de gobierno precozmente devorado por una maquinaria estatal acostumbrada durante décadas a abrir las venas del territorio y las comunidades que lo habitan en el extractivismo, minimizando los estándares ambientales y sociales, para generar una riqueza que siempre vuela lejos y alimenta la corrupción de los gestores públicos y privados nacionales.

Y del otro lado tenemos un estado español que, independientemente del color político del gobierno, funciona como una empresa de servicios diplomáticos, comerciales, financieros y de todo tipo para las multinacionales del IBEX35. Sin ir más lejos, la Refinería de Ventanilla se amplió con créditos asegurados por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). Es decir, la ciudadanía del Reino de España hemos avalado la inversión en ese desastre.

Según el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad, Repsol es la principal empresa emisora ​​de gases de efecto invernadero del Estado español. Además, en el contexto actual de gran concentración del poder económico global, Repsol es una empresa “española” -con sede en Madrid- pero sus principales accionistas son -por este orden- JP Morgan, Black Rock, Amundi, Sacyr, Banco de Santander y Norges Bank.

Acabar con el blindaje de la impunidad del ecocidio

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU lleva desde junio de 2014 negociando la elaboración de un tratado vinculante por las empresas transnacionales. Este tratado debería llenar un vacío legal que hoy permite a estas empresas eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos y ambientales, y gozar en la práctica de impunidad. Pero las delegaciones de EE.UU. y la UE han seguido una estrategia constante para eternizar el debate y tratar de rebajar sus contenidos.

La Unión Europea inició los trámites para la aprobación de una ley europea sobre “debida diligencia” atendiendo a la presión social creciente en este mismo sentido. Pero, en una dinámica sin precedentes en las instituciones europeas, el trámite de la ley se ha suspendido desde septiembre del año pasado.

El debate parlamentario sobre la ley española de responsabilidad extraterritorial de las empresas con respecto a los derechos humanos y ambientales lleva meses esperando a las puertas del Congreso, situando a España como uno de los pocos estados de Europa occidental donde aún no se ha iniciado.

Desde Entrepueblos consideramos que en este contexto de arquitectura de la impunidad la lucha por la justicia ambiental en el caso de Ventanilla tiene como principal camino la solidaridad pueblo a pueblo, que ya ha empezado a activarse apuntando a convertirlo en un caso emblemático, ejemplificador de cómo no queremos que sigan funcionando este mundo y esta sociedad.

Ante la emergencia climática, ecológica y energética en la que nos encontramos, cada vez más gente reclama que el ecocidio debe ser reconocido como un delito universal y que la impunidad corporativa debe ser considerada una práctica tan odiosa e intolerable como ahora vemos la esclavitud. Y en las próximas semanas y meses nos proponemos articular las alianzas para hacerlo posible.

Entrepueblos inaugura la exposición “Activistas por la vida” del fotoperiodista Gervasio Sánchez en Valencia

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La asociación Entrepobles y el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València inauguran la exposición “Activistas por la vida”, del fotoperiodista Gervasio Sánchez. La muestra, que documenta la situación de defensores y defensoras de la naturaleza y de los derechos sociales y humanos en Guatemala y Honduras, se podrá visitar de forma gratuita en la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset del 8 de febrero al 27 de marzo.

“Activistas por la vida” explica la historia de 40 hombres y mujeres que luchan por su territorio y su naturaleza —por la riqueza de sus tierras y sus ríos— y por los derechos de las mujeres y las libertades ciudadanas. Esta defensa de los derechos humanos entra en conflicto con los intereses de inversores, empresas o grupos transnacionales que extraen con impunidad los recursos naturales y las materias primas de Honduras y Guatemala para venderlos al mercado mundial.

Las leyes de Honduras y Guatemala favorecen los derechos de estas empresas, mientras que eliminan los derechos de la ciudadanía. Esta situación, ligada a la persecución y a las amenazas de muerte constantes, al elevado índice de violencia y a la corrupción policial, política y jurídica de las regiones, hace que miles de familias se hayan ido de los territorios. Sin embargo, hay comunidades indígenas y campesinas que luchan frente a estos poderosos intereses y consiguen proteger sus tierras.

A través de fotografías, textos y videoentrevistas, “Activistas por la vida”, de Gervasio Sánchez, explica la vida de hombres y mujeres que a pesar de estar amenazados de muerte luchan por sus derechos.

“La realidad que se explica en este proyecto fotográfico tiene que ver con la vida cotidiana de personas que pueden ser asesinadas en cualquier momento, personas perseguidas por la defensa de la integridad de sus aldeas, personas que luchan como defensores de la tierra, personas que luchan contra las grandes empresas extractivistas, personas que luchan por la naturaleza y la riqueza de los ríos, y periodistas que intentan denunciar el que pasa en Guatemala y Honduras”, explica Gervasio Sánchez.

“Activistas por la vida” en Valencia está organizada por Entrepobles y por el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València, y cuenta, entre otros, con la colaboración del Ajuntament de València y de la Generalitat Valenciana.

Ecocidio en Perú por vertido de petroleo de Repsol en costas de Lima

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Desde el Foro de ONGS española en Perú, pedimos acciones inmediatas a Repsol y al Estado español en cumplimiento de principios rectores de Empresas y DDHH

– Lima, a 20 de enero de 2022 –

Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú, plataforma que agrupa a 17 organizaciones que desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo en el Perú, manifestamos nuestra profunda preocupación y alarma ante el reciente vertido de petróleo en las costas de Lima, responsabilidad de la empresa española Repsol, y su refinería en el distrito de Ventanilla: La Pampilla. Saludamos el comunicado de la Embajada de España en Perú solicitando acciones de reparación y las investigaciones correspondientes y, por todo ello, pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores, y dentro de él a la Embajada española y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, además de a la Cámara de Comercio que hagan todas las acciones posibles para hacer cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (resolución 17/4 del Consejo de DD.HH. de NNUU) que el propio Estado español ha suscrito con la aprobación del Plan de Acción Nacional de Empresas y DD.HH. en 2017 y el cual establece, entre otros “el compromiso de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos, y de proporcionar a las eventuales víctimas de los mismos un remedio efectivo”.  La actuación de Repsol previa y posterior al desastre ecológico generado por el vertido de varios miles de barriles de petróleo, que ha derivado en la contaminación de litoral peruano, los cuales abarcan áreas naturales del país e importantes núcleos de población, podría constituir un delito ambiental que debe ser oportunamente investigado; y muestra la falta del cumplimiento por su parte del principio de debida diligencia que busca evitar la violación de los derechos de terceros y hacer frente a los impactos adversos de su actividad. Por todo ello, exigimos se tomen las medidas efectivas para cumplir los principios de “proteger, respetar y remediar”, que descansan, como es de su conocimiento, en tres pilares fundamentales:

  1. la obligación del Estado de proteger frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas;
  2. la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y
  3. la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de remedio efectivas, judiciales y no judiciales.

En base a ello, pedimos al Estado español, al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Perú y la Agencia Española de Cooperación que en cumplimiento del principio rector 1: “Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”, insten a tomar todas las medidas necesarias a Repsol para reparar el ecocidio generado en las costas peruanas, remediar a la población aledaña impactada y afectada en sus medios de subsistencia y los ecosistemas circundantes, así como la urgente adecuación de los procesos de la Refinería La Pampilla a estándares medioambientales internacionales que pongan fin a daños ambientales que durante décadas llevan generando en su zona de intervención. Asimismo, instamos a la Cámara de Comercio a pronunciarse de manera crítica sobre esta situación y a reforzar sus compromisos para que todos sus miembros trabajen para respetar, proteger y remediar cualquier posible impacto en materia ambiental, laboral y de DD.HH. de sus actuaciones en el país. Adicionalmente, hacemos un llamado a poner la atención y prevenir todo tipo de impactos en la selva del país – zona que ha sufrido 566 derrames desde 1997 y donde la citada empresa también tiene operaciones- debido a la corrosión de ductos y fallas operativas causadas por terceros, que no han sido remediados ni indemnizados a la población afectada.  Más allá de cualquier actividad de lucro, en un contexto de crisis climática como el actual, la protección de los ecosistemas en un país megadiverso como Perú debe ser una prioridad para los estados a nivel global. Es una responsabilidad fundamental con las generaciones actuales y futuras actuar de manera coherente y en cumplimiento de los compromisos suscritos en materia de desarrollo (ODS), empresas y DD.HH. y lucha contra el cambio climático, así como caminar hacia un modelo de transición social y energética que abandone el extractivismo y la dependencia de combustibles fósiles de alto impacto ecológico, y se base en el uso de las energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleo verde de manera que respondan a los retos de salud poblacional, neutralidad climática y seguridad energética actuales. Por nuestra parte, desde la sociedad civil organizada seguiremos desarrollando nuestra labor de vigilancia sobre la situación acontecida, e instando a la aprobación de un Tratado  jurídicamente Vinculante en el marco de la ONU para regular, en el derecho internacional, las actividades de las empresas transnacionales (ETN), incluidas todas las entidades de sus cadenas de producción mundiales, así como la Ley de debida diligencia en la UE que obliguen a las empresas a respetar los DD.HH. y a reparar los daños de sus acciones. 

Foro de ONGDs Españolas

Fotografía de portada de Adan Calatayud del mar de Santa Rosa 21/01/2022

Desabastecemento

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Rematamos o 2021 coa palabra desabastecemento, e seguimos. Por exemplo, faltan chips (o que afecta a industrias como a dos móbiles ou a automoción) e materiais de construción (madeira, pinturas, aceiro).

Por faltar, empeza a haber carencia ata de bebidas alcohólicas. De maneira acoplada, aumenta o prezo de distintas mercadorías, como a electricidade. Esta situación ten detrás un incremento da demanda froito dunha certa reactivación económica, pero a chave está en analizar por que esa demanda non se está podendo cubrir. Para enxergar respostas necesitamos unha mirada unidimensional, pois o que estamos a vivir é o resultado de múltiples factores entrelazados.

Un dos elementos detrás do desabastecemento é o loxístico: despois do parón impulsado pola COVID-19, as cadeas de produción e distribución globais non son quen de poñerse en marcha de maneira automática. Necesitan tempo para restablecer o ritmo de transporte marítimo ou o funcionamento dos portos.

Súmase o modelo económico. Unha produción just in time, sen almacenamento, e na que a especialización produtiva territorial é moi alta (por exemplo, a meirande parte dos chips do mundo fabrícanse en Taiwan), fai que o sistema sexa moi vulnerable. Ante o fallo dun nodo de produción mundial, como está sucedendo co de chips en Taiwan, non hai stock que poida soster durante un tempo a demanda ata que a produción se recupere. Tamén é parte do modelo económico un control oligopólico de moitos sectores, como o do transporte marítimo global ou o da produción eléctrica en España, que permite a estes actores usar a súa posición de forza. E unha fixación de prezos que depende en boa parte dos mercados financeiros, que adoitan ser amplificadores dos prezos altos, por exemplo, de materias primas, pois fomentan procesos especulativos.

Ao modelo económico engádese a crise económica que se arrastra dende, alomenos, 2007, que impulsa un desinvestimento en diferentes sectores. Sen expectativa de beneficio clara, os capitalistas non invisten na economía produtiva e están desviando as súas procuras de lucro á financeira. O sector petroleiro ilustra ben este feito. A pesar de que cada vez custa máis extraer petróleo, pois está situado en lugares máis inaccesibles (en augas ultraprofundas, en rexións árticas ou embebido en rochas duras), as empresas, en lugar de estar aumentando o seu investimento, estano reducindo. A causa detrás disto é sinxela: simplemente non lles resulta rendible, como amosa a quebra en cadea de corporacións especializadas en fracking dende 2020 ou o anuncio de petroleiras de tamaño medio como Repsol de que van abandonar o sector. Isto redunda nunha menor dispoñibilidade de bens mesmo cando sube a demanda, pois un campo petroleiro require anos para ser posto en funcionamento.

As decisións políticas tamén desempeñan un papel no proceso de desabastecemento. Deste xeito, o brexit, combinado coas medidas de restrición migratoria, impulsaron a falta de camioneiros en Reino Unido, o que contribúe ao desabastecemento. Outro exemplo é como Rusia usa a súa posición de forza con Europa (é un dos nosos principais subministradores de gas) para gañar posicións na xeopolítica global.

Hai políticas de máis longo alento que tamén é necesario destacar, como as laborais. Tanto empresas como gobernos precarizaron ata o intolerable a vida de moitas persoas que, simplemente, abandonan os sectores onde as condicións de traballo son inadmisibles. Novamente, o sector dos camioneiros é un bo exemplo. E esta precarización non é consecuencia da avaricia dunhas poucas persoas (ou, alomenos, non só), senón que está relacionada cos procesos de desinvestimento e, en definitiva, coa crise estrutural do capitalismo. Como o noso sistema socioeconómico non consegue recuperar altas taxas de reprodución do capital, presiona os elos máis febles para intentalo. Dito doutro xeito, a precariedade laboral é unha política ata certo punto inevitable nunha coxuntura de debilidade das forzas populares nun sistema altamente competitivo e en crise que é cego a calquer outro imperativo que non sexa reproducir o capital.

Economía ecolóxica: a raíz ambiental da crise

Pero todo isto é insuficiente para comprender o que sucede se non sumamos a mirada ambiental. Vivimos nun planeta de recursos finitos e os límites de dispoñibilidade de distintos materiais xa os estamos acadando. Por exemplo, a extracción de prata, necesaria xunto a outros 40 elementos para a produción de móbiles, pois é un dos que integran os chips, está estancada dende hai anos como consecuencia dos límites de dispoñibilidade xeológica. O problema non se restrinxe á prata, senón que abarca o cadmio, o cobalto, o cromo, o cobre, o indio, o litio, o manganeso, o níquel, o chumbo, o platino, o teluro ou o zinc. Os impactos esténdense polo conxunto da economía, pois sen unha dispoñibilidade crecente destes elementos non se poden fabricar cada vez máis muíños eólicos, ordenadores, aceiro ou coches.

Non só faltan materiais, senón tamén enerxía. O aumento do prezo do gas é o principal vector que está facendo medrar os prezos da electricidade en España e noutros lugares de Europa. Os principais subministradores de gas á Unión Europea son Rusia e Arxelia e ámbolos dous países están atravesando unha situación similar: a súa capacidade extractiva deste combustible fósil está estancada dende hai anos. É máis, o seu consumo interno aumenta, o que fai que a súa posibilidade exportadora se resinta máis, o que tensiona os prezos á alza. E, sen cambiar de modelo, hai poucas opcións, pois o gas transpórtase mal por mar (é caro e podemos movelo en cantidades pequenas se as comparamos co consumo), o que exclúe como alternativa o gas estadounidense ou catarí.

A situación do gas non é única dentro do panorama enerxético. A extracción de petróleo parece que chegou ao seu máximo en 2018 e isto é fundamental na articulación da economía global, pois arredor do 95% do transporte queima derivados do petróleo. É máis, este transporte depende sobre todo do diésel, que está en caída polo menos dende ese 2018. E podemos engadir o carbón, pois detrás dos apagóns na rede eléctrica chinesa está a súa dificultade para atopar este combustible en cantidades suficientes nas súas propias minas e nas internacionais. Por exemplo, levantou o veto que tiña á importación de carbón australiano, pero nin con esas consegue garantir unha produción eléctrica que evite cortes recurrentes.

O cambio climático tamén está contribuíndo á situación. Volvendo a Taiwan, principal produtor mundial de chips, alí o cambio climático está sendo un factor determinante na seca que sofre o país. Isto está afectando á produción de chips, pois Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), líder mundial desta industria, utiliza 156.000 toneladas de auga ao día na produción dos seus chips. E se non hai auga…

Mesmo a crise ecosistémica empuxou ao desabastecemento. Os problemas loxísticos como consecuencia da pandemia de COVID-19 relaciónanse coa perda de biodiversidade, pois hai unha ampla bibliografía científica que sinala que a ruptura dos equilibrios ecosistémicos é determinante na expansión de enfermidades zoonóticas (que proveñen doutros animais) que estamos vivindo nos últimos anos. Unha destas enfermidades, como sabemos, é a COVID-19 que, combinada cuns insuficientes servizos sanitarios e unha forte interconexión global, provocou unha pandemia que obrigou a ralentizar a economía entre o inverno de 2019 e o verán de 2021.

Decrecemento e transición ecosocial

Varias das causas do desabastecemento son coxunturais, pero outras, como as ambientais, son estruturais e irresolubles. Por máis diñeiro que se invista, non conseguiremos crear prata ou gas novo na Terra. A esencia do desabastecemento é o choque dun sistema que necesita expandirse constantemente coa imposibilidade física e ecosistémica de soster esta expansión.

Por iso, no século XXI temos unha gran disxuntiva: manter un sistema que nos aboca a un desabastecemento, que será cada vez máis profundo e xerador de desigualdades, ou transformar radicalmente a nosa maneira de relacionarnos co resto da vida e entre as persoas. Esta segunda opción pasa por poñer en marcha políticas de decrecemento, localización e integración do metabolismo humano no funcionamento do metabolismo da vida (ou, dito doutro xeito, economías baseadas na agroecoloxía e non na industria ou os servizos). Tamén por trascender o capitalismo a través dunha desmercantilización e desalarización das nosas vidas. E todo iso debe realizarse con fortes medidas de redistribución da riqueza que nos permitan vivir a toda a poboación mundial dignamente de maneira austera. En definitiva, ter vidas plenas en harmonía co conxunto da vida sen tentar, enfermiza e continuamente, traspasar os límites do noso fermoso planeta. En Escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030 propoñemos ideas máis concretas de como facer esta grande transición para o noso territorio.

Luis González Reyes, membro de Ecoloxistas en Acción

Un paso para la futura Ley de Cooperación. ¿Alcanzaremos el 0,7?

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Han pasado casi 30 años desde que una movilización de gente activa de base, entre las que estabamos Entrepueblos, saliera a las calles en las históricas acampadas por el 0,7 de los años 90, pidiendo al gobierno de turno, al grito ¡No es caridad, es justicia!, que incluyese en los presupuestos generales la cesión del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) como ayuda al desarrollo de los países empobrecidos.

Y ahí seguimos…

Ahora, el actual Gobierno da un paso con el anteproyecto de Ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, para que con suerte para el 2030 se destine por ley este ansiado 0,7% de su renta nacional bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

Como indica La Coordinadora en su análisis este anteproyecto puede ser “una buena oportunidad para concretar la propuesta y garantizar que la cooperación sea una política de Estado que esté a la altura de los desafíos globales”, pero exige compromisos más amplios para llegar a ser una ley “realmente transformadora”  que atienda a la diversidad de miradas feministas y ecologistas, y esté a la altura de los desafíos globales.

 

Criminalización, dolor y muerte ante el derecho a emigrar y a defender este derecho

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Entrepueblos, en su defensa de los derechos humanos se manifiesta también, el 18 de Diciembre, #DíaDelMigrante, sola y en alianza con otros colectivos, por la defensa de la Libre circulación de personas ante el sufrimiento causado en los procesos migratorios. Procesos en los que cada vez más personas son expulsadas de sus propias comunidades, ubicadas en las grandes zonas de pobreza hacía las pequeñas zonas enriquecidas a su costa.

Entrepueblos denuncia los crímenes de los Estados de los países enriquecidos, que con sus políticas migratorias y de fronteras, ejercen violencia y criminalizan a millones de personas sometiéndolas al despojo y a la más absoluta vulnerabilidad.

Políticas que provocan violencia sistémica y miles de muertes trágicas cada día en las rutas migratorias, de prácticamente todas las fronteras del mundo… en pateras y cayucos cruzando el Mediterráneo o el Canal de la Mancha destino a Europa, a pie por el Río Bravo o en camiones cruzando México en su trayecto hacia los EEUU,…

Igualmente, denunciamos la criminalización que se hace  a las personas que defienden este derecho a migrar. Por ello, nos adherimos a la NdP de Caravana Abriendo Fronteras, que en este año 2021 en Canarias ha sido fuertemente sancionada, de forma injustificada.

Y denunciamos también, la situación de indefensión de las personas trabajadoras transfronterizas en Ceuta y Melilla, las condiciones infrahumanas de las trabajadoras y los trabajadores temporeros del campo, la explotación de trabajadoras del servicio doméstico, las deportaciones en caliente, y en definitiva todas las dificultades administrativas y sociales que les impiden obtener sus condiciones de ciudadanía fundamentales, como es el acceso a la vivienda, a los servicios de escolarización y sanidad, entre otras.

NdP Denuncia a la represión: más de 7.500 euros en multas a la Caravana Abriendo Fronteras

Denunciar la violencia y racismo institucional tiene precio: más de 7.500 euros en multas a la Caravana Abriendo Fronteras

El movimiento antirracista y por los derechos de las personas migrantes denuncia una represión desmedida por las protestas organizadas en la 6a edición de la Caravana Abriendo Fronteras este verano.

La Caravana Abriendo Fronteras, la Plataforma Defender a Quién Defiende y otros grupos afines han exigido hoy al Defensor del Pueblo que se tomen medidas ante la represión que se ha ejercido por parte de la Administración y las fuerzas y cuerpos de seguridad contra el movimiento antirracista y las múltiples manifestaciones organizadas alrededor de la Caravana Abriendo Fronteras este pasado verano en las Islas Canarias. También se han denunciado las vulneraciones del derecho a la protesta de las personas migrantes que se han dado de forma continuada en el último año en las Islas.

Entre los días 17 y 25 de julio de 2021 tuvo lugar la 6ª edición de la Caravana Abriendo Fronteras, un movimiento de defensa de los derechos de las personas migrantes que desde el año 2016 recorre diferentes espacios de frontera de la Unión Europea. Ante el ejercicio organizado del derecho a la protesta de la Caravana Abriendo Fronteras, se han registrado múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en un claro esfuerzo de represión al movimiento.

Es la primera vez que la Caravana sufre sanciones después de 6 años de movilización, después de viajar a puntos calientes como Grecia, Italia, Melilla o Ceuta. Se han usado mecanismos de “burorrepresión” a través de sanciones administrativas, que alcanzan un total de más de 7500 euros. Entre ellas, se ha impuesto la desmesurada sanción económica de 6100 euros, por el artículo 36.6 de la Ley Mordaza, desobediencia o la resistencia a la autoridad, por una protesta en la sede de Frontex en Las Palmas el 20 de julio. Además, esta sanción se notificó a una persona que no fue identificada en el transcurso de la acción, denotando una clara perfilación y criminalización del activismo en Gran Canaria.

El 21 de julio en Santa Cruz de Tenerife, en el marco de una acción pacífica frente a la Subdelegación del Gobierno, se dieron tres presuntas agresiones físicas a mujeres por parte de la policía. Una de las agresiones requirió atención médica por la seriedad de la contusión. El mismo día se dio también una retención y tres identificaciones, una de ellas a una persona racializada y dos más a prensa, contra quien se dirigió una actitud de hostigamiento y presión limitando el derecho a la información.

Finalmente, cabe destacar que el 22 de julio tuvo lugar un episodio especialmente grave, en Los Cristianos, Arona, en la isla de Tenerife, en el cual una vez desconvocada la manifestación que se había llevado a cabo, dos personas migrantes que se alojan en el Centro de Las Raíces (y que habían participado en la manifestación) fueron detenidas. La detención se llevó a cabo  de manera arbitraria, discriminatoria y sin indicios suficientes de la comisión de un delito, y tuvo por tanto un efecto disuasorio para el resto del grupo de personas alojadas en Las Raíces que hasta ese momento habían participado y reivindicado sus derechos en las manifestaciones, limitando su derecho a la libertad de expresión y de participación. Cabe recordar que estas personas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad administrativa, y una detención, o incluso una identificación, puede suponer la apertura de procedimientos de expulsión. Así pues, denunciamos el racismo institucional que restringe de forma sistemática el derecho a la libertad de manifestación de las personas que se encuentran en una situación administrativa irregular.

Más allá de los incidentes ocurridos en el marco de la Caravana, cabe destacar diversas actuaciones represivas ejecutadas por parte de agentes de seguridad públicos y privados en los espacios en los que se ha alojado a las personas migrantes recién llegadas a las islas, tal como el Campamento de Las Raíces en Tenerife. En el último año, las personas afectadas, colectivos de apoyo y las organizaciones de derechos humanos han denunciado constantes violaciones al derecho a la protesta mediante un uso excesivo de la fuerza, agresiones racistas, amenazas y castigos hacia las personas alojadas en los recursos de acogida.

Fruto de la represión mencionada, 13 personas siguen presas pendientes de juicio o de sentencia, en algunos casos con peticiones de 11 años de cárcel por parte de la fiscalía. Es de destacar que 4 de ellas han sido liberadas sin cargos después de permanecer 7 meses encarceladas de forma preventiva.

En definitiva, la Plataforma Defender A Quién Defiende, conjuntamente con Caravana Abriendo Fronteras y otros colectivos afines, denunciamos la creciente restricción del derecho a la protesta mediante el uso de la Ley Mordaza y la impunidad ante el uso excesivo de la fuerza, en este caso concretamente contra el movimiento antirracista y por los derechos de las personas migrantes.

Y exigimos, tal como se ha expresado en la carta enviada al Defensor del Pueblo, 

  1. La fiscalización de las actuaciones por parte de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en las que se hace un uso excesivo de la fuerza contra personas que ejercen el derecho a la libertad de manifestación, o en las que no se respeta el principio de no-discriminación.
  2. La prohibición expresa de la elaboración de perfiles raciales en las políticas de seguridad, que incluyan la eliminación de los controles de identidad basados en perfiles étnicos y raciales.
  3. Medidas para que garanticen el derecho a la libertad de manifestación y reunión de todas las personas, independientemente de su situación administrativa.
  4. La retirada de las sanciones impuestas.

 

 

 

 

A pandemia: revela unha crise sistémica a nivel global

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A pandemia: revela unha crise sistémica a nivel global. Alternativas dende os movementos sociais en América Latina.

Estamos diante da primeira pandemia realmente global, que deixa á vista as enormes carencias, supremacías, desigualdades dun mundo globalizado con hexemonía capitalista, patriarcal e colonial.

É case un consenso asumir que estamos fronte a unha crise paradigmática, máis exactamente, crise dun Marco Civilizatorio, con prioridade do paradigma do mercado, a especulación, o avance invasivo sobre corpos, terras, territorios, sustentada nunha cultura de individualismo crecente, que marca os horizontes e alternativas da sociedade. A pandemia acentuou a encrucillada da civilización que enfrontamos, deixando espida a tremenda disputa entre un modelo económico depredador e, nada menos, que a sostibilidade da vida. O que nos coloca nun momento de “interregno”, do que falaba Gramsci[1]: cando o antigo está en crise, xa non convence, xa non responde as preguntas, necesidades e desexos vitais…, e o novo aínda non se posiciona, aínda está en proceso de atopar as súas canles de acción e as súas coordenadas de reflexión.   Polo mesmo, é tamén unha crise epistémica, de desorientación cognitiva, que pon a necesidade de avanzar cara a un novo horizonte de sentido histórico que constrúa condicións para vidas que merezan ser vividas.

Esta crise tamén arrastra a institucionalidade global, rexional e nacional. As Nacións Unidas están tremendamente debilitadas, o multilateralismo, tan importante en experiencias como a pandemia, está profundamente esgazado, coa perda crecente da hexemonía norteamericana.   En América Latina, o sistema interamericano, incluíndo a OEA, perdeu a súa relevancia, instancias máis democráticas como UNASUR deron paso a novos arranxos xeopolíticos, como ProSur, moito máis conservadores e inefectivos. Todo isto acompañado dun aumento da debilidade da democracia, cooptada polos poderes económicos (que aumentaron exponencialmente as súas ganancias en pandemia, a costa da vida de millóns de persoas). E o rexurdimento de tendencias non só conservadoras, senón claramente fascistas. A desigualdade, o autoritarismo, o desprezo pola vida de outrxs, ademais do forte racismo preexistente, vemos como xorde un racismo ambiental– que define quen son os máis infectados, quen son os que máis morren. Brasil é o caso máis escandaloso: o exterminio viral de indíxenas e negros. Esta experiencia pon o fascismo e o racismo no centro da nosa reflexión

Polo mesmo, é unha era de redefinicións urxentes. É un momento, como di Maristella Svampa (2020),[2] de liberación cognitiva, que nos leva a superar o desconcerto e a inmobilidade, para ousadamente pensar que aquilo que desexábamos, pero víamos aínda lonxe ou inviable, ou simplemente inimaxinable,  hoxe comeza a ter aires de realidade… ao abrirse outras dimensións para a acción e outros horizontes de transformación. E as posibilidades non son moitas: Ou volvemos á “normalidade” que produciu estes desastres no mundo, ou apostamos por profundizar nun cambio de paradigma – dende unha nova matriz ecosocial, anticapitalista, antipatriarcal, de xustiza ambiental, social, sexual, étnico racial—   Esta é a alternativa á que aspiran e pola que apostan os movementos sociais e as resistencias do Sur global.

 Expresións prefigurativas que auguran outros horizontes de xustiza e democracia

As dúas décadas transcorridas no novo milenio, especialmente a segunda, viviron unha onda global de movementos e revoltas    As dinámicas actuais que foron impulsando os movementos ecolóxicos, indíxenas, urbano populares, afrolatinos, LGBTTI, xuventude, estudantes, así como os feminismos na súa enorme diversidade, ofrécennos outras aprendizaxes, abrindo un horizonte de posibilidades, sustentados nas resistencias cotiás e a incidencia pública.

Os movementos en América Latina trouxeron non só a novidade de incidir na transformación de espazos e dimensións antes non colocadas, como a vida cotiá, o racismo, a diversidade sexual en toda a complexidade.  Despregaron tamén formas de organización e articulación diversas e actuais. Como afirma Jeffrey Pleyers[3], resistindo as xerarquías, impulsando horizontalidade, liderados diluídos, non aferrados, estruturas máis ben laxas, formas de organización coxuntural, en rede, ofrecendo novos fluxos de información, facilitando contacto directo entre activistas, no país, na rexión e a nivel global. Xurdiron outras formas de estar en movemento, facilitando e inaugurando intercambios entre as redes, as organizacións urbanas e rurais, as académicas, os diálogos interculturais, a nivel dos países, das rexións e a nivel global.  Nalgúns países houbo logros importantes, como en Perú onde en plena pandemia acadouse a sinatura do Convenio 189, sobre os dereitos das traballadoras do fogar, que perderan masivamente os seus empregos. Conseguiuse tamén a aprobación da lei de paridade e alternancia nas listas parlamentarias e nas instancias electorais en xeral.  Varias destas dinámicas teñen historia de resistencia das mulleres en moitos dos países da rexión, pero eran impensables inicialmente en pandemia, nun momento de case inmobilismo, profundizaron e/ou provocaron a xeración dun tecido colectivo comunitario que articula formas de solidariedade e resistencia en e dende os territorios, especialmente naqueles espazos onde xeralmente o Estado non chega, ou chega mal.

Nestes procesos, algúns autores[4] sinalan a importancia que adquire a defensa da autonomía, tanto en relación coa independencia dos partidos políticos e gobernos, preservando espazos de decisión propios, como tamén para reproducir as súas propias condicións de vida e avanzar loitas e resistencias cara a transformación máis alá do estatal.  Hai unha reivindicación do plebeo, da cultura popular, das identidades indíxenas, dos feminismos plurais, de Abya Yala, despregando unha crítica firme á cultura dominante e recuperando e afirmando as propias culturas e cosmovisións.  Son loitas múltiples, algunhas delas, como as feministas, tan masivas como nunca se tiña visto; con experiencias de comunicación horizontal, de liderados compartidos e xeralizados, non únicos. E, máis e máis, asumindo a urxencia da interconexión.

Todo isto está tendo nidios impactos nas subxectividades, tamén en maneiras novas de articulación.  Ata antes da pandemia, a rúa era o lugar privilexiado da protesta. Co peche traído pola corentena, moitas das conexións anteriores perderon  forza, algunhas organizacións reduciron as  súas accións, Desapareceron moitas das dinámicas de loita e organización previas, pero outras alimentan procesos de apertura e xeitos diversos de organización, dende un sinfín de iniciativas.  Estendéronse  accións concretas en cada un dos barrios a través de comedores comunitarios, comedores populares ou distribución de alimentos, atención ás persoas maiores. Son actividades de coidado solidario, xerando un espazo de contención emocional, de creatividade, de resistencia e de desobediencia. Xurdiron tamén iniciativas amplas de solidariedade entre movementos. Por exemplo, en Brasil o Movemento Sen Terra, cunha forte organización feminista no seu interior, fai acopio de toneladas de alimentos e distribúeas para os comedores comunitarios. Móntanse tamén feiras itinerantes con aqueles produtos que non teñen saída nos mercados.  Pero tamén a rúa seguiu a ser escenario, de máis e máis experiencias de loita, pola democracia, contra o racismo, polos dereitos sexuais e reprodutivos e o aborto, pola violencia cara as mulleres, pola democracia nos países, contra a criminalización das protestas, pola democratización urxente dos sistemas de saúde, educación, etc. Todo iso acompañando e impulsando outra subxectividade: a indignación pola tremenda inxustiza social, económica, política, física, virtual, que evidenciou a pandemia, que deixou ao descuberto a maneira escandalosa en que se produciu a tremenda desigualdade. Se ben todas estas dimensións foron parte das axendas de loita previas, na pandemia miráronse atacadas ou debilitadas ou amosando toda a súa escandalosa desigualdade.

Unha característica importante é a territorialidade das loitas, que aparece hoxe como elemento constitutivo da acción dos movementos sociais. O territorio convértese no espazo de resistencia, en ámbito de creación de novas relacións sociais e de recoñecemento de novas presenzas e realidades pluriculturais e multiétnicas.  E, se ben estes xiros expresan a énfase no local-nacional, é importante considerar que o global e o local non son mutuamente excluíntes.  O territorial é o espazo de raigame cotiá, onde se despregan prácticas sociais, de amor, de resistencias, onde se recrean experiencias innovadoras ou históricas de organizar a vida e a solidariedade.

É evidente que achegarnos a estas complexas realidades obríganos a revisar as nosas mesmas categorías de análise e estratexias de acción, porque xustamente o reto cara  un futuro diferente require recuperar todos estes espazos concatenados, intersectados, nun mundo cada vez máis diverso, pero tamén máis ameazante. As características pluriculturais e multiétnicas das nosas sociedades, a existencia doutras maneiras de coñecemento e de interrelación, a busca de intercambios interculturais democráticos, etc. empúxanos a des- hexemonizar pensamentos únicos, recuperar outros saberes e cosmovisións, que sustenten e expandan as axendas de resistencia e busca de alternativas.

Este rol preponderante que asumiu o Estado na pandemia, evidenciou a súa responsabilidade para intervir, negociar e administrar as tarefas e os recursos necesarios para acadar a superación da crise. Fixo visible a perversidade da privatización destes servizos e dereitos cidadáns que deixaron no despoxo máis absoluto a maioría da poboación dos países.  Cuestionou profundamente a aspiración neoliberal dun Estado pequeno, que dá o poder aos grandes capitais e desatende totalmente a súa responsabilidade polo benestar da poboación. E amosou a enorme limitación dos estados-nación en América Latina para facerse cargo das poboacións máis distantes dos centros de poder, dos servizos e da diversidade de nacionalidades, culturas, etnias, idiomas que existen no seu territorio. E que tamén son os máis vulnerables.

Todo isto non significa que xa se estea a dar o grande cambio, pero si abre pistas que enriquecen novas subxectividades, acentuadas aínda máis en pandemia: a indignación pola tremenda inequidade en recursos, económicos, emocionais, de saúde, de educación, de perspectivas de vida. A certeza de necesitarnos, de solidarizarnos para sobrevivir mellor, é comezar tamén a enxergar un   novo paradigma, recuperando dimensións de interconexión que quedaran acantoadas co discurso do individualismo como central á lóxica de competitividade e egoísmo propia do capitalismo patriarcal, racista e colonial que pretende neutralizarnos. Este é o sentido do Pacto Social, Ecolóxico, Económico e Intercultural[5] para América Latina, que convida a construír imaxinarios colectivos, articular formas múltiples de loitas dos máis diversos ámbitos da sociedade.

Virginia (Gina) Vargas

 

 

[1] Gramsci, Antonio 1988, Notas sobre Macchiavello: El Estado y la Política. Análisis de Situación y Relaciones de Fuerza. Juan Pablos Ed. México.

[2]  Svampa Maristella 2020.  Reflexiones para un mundo post-coronavirus. Revista Nueva Sociedad. Abril 2020

[3] Pleyers, Geoffrey Movimientos sociales en el siglo XXI: perspectivas y herramientas analíticas. (2018).  CLACSO.

– Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[4]   Massimo Modonesi e Mónica Iglesias 2016. Perspectivas teóricas para el estudio de los movimientos sociopolíticos en América Latina: ¿cambio de época o década perdida? De Raíz Diversa vol. 3, núm. 5, xaneiro-xuño. UNAM, México

[5] Esta iniciativa impulsada por un grupo de persoas e organizacións de diferentes países latinoamericanos, asume  “ … a urxencia de construí dinámicas sociais que sexan quen de responder e contrarrestar as dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de riqueza e destrución de ecosistemas que vemos xurdir no medio da crise doCOVID-19, e de configurar, conxuntamente cos que desexen xuntarse, un horizonte colectivo de transformación para a Nosa América que garante un futuro digno.

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