Desde Entrepueblos, como asociación que forma parte de la Marcha a Bruselas, nos sumamos a esta declaración conjunta con motivo del Día Internacional del Migrante.
Nosotras, organizaciones, colectivos y redes comprometidas con los derechos de las personas exiliadas y habiendo participado en los encuentros y movilizaciones transnacionales de la Marcha a Bruselas de septiembre 2022, publicamos este comunicado conjunto con motivo del Día Internacional de las personas migrantes este 18 de diciembre.
En el Estado Español, seguimos denunciando que el gobierno del Estado se niega a asumir sus responsabilidades por las decenas de muertes el 24 de junio en la frontera de Marruecos con Melilla, alguna en territorio bajo responsabilidad española, y refuerza la colaboración con la monarquía marroquí y otros Estados africanos en la represión de las personas migrantes. Estas políticas, que confirman la voluntad de nuestro gobierno y el conjunto de gobiernos de la Unión Europea de restringir el acceso a los derechos y criminalizar a los exiliados privados de permiso de residencia provoca centenares o miles de muertes en los trayectos y situaciones de explotación laboral y de todo tipo de las personas en situación irregular y que el gobierno se niega a regularizar.
Lo anterior se inscribe en una tendencia mundial hacia el endurecimiento de las políticas de control y clasificación de la inmigración, cueste lo que cueste. A punto de celebrarse el 18 de diciembre, compartimos esta constatación: el año ha vuelto a estar marcado por la restricción de derechos, la criminalización, las expulsiones y la violencia cotidiana contra las personas que se desplazan y permanecen en el país de forma ilegal; por nuevas muertes y desapariciones en las fronteras, desde América Central hasta los Balcanes, pasando por el Sahara y el Mediterráneo. El pasado 24 de junio, en Marruecos, 27 personas murieron, cientos de heridas, decenas de detenidas y desaparecidas en su intento de cruzar la barrera de Melilla: el mayor número de muertos jamás registrado en esta frontera terrestre.
El 2 de noviembre se renovó automáticamente el acuerdo entre Italia y Libia para evitar la migración en el Mediterráneo central, y con él el sistema de interceptación de migrantes, tráfico y tortura documentado desde hace años. Mientras tanto, el despliegue de Frontex continúa en los Balcanes o en África, a pesar del cuestionamiento de la agencia por parte de la OLAF y de muchas organizaciones. La agencia también está presente en la costa del Mar del Norte, mientras un informe condenatorio señala las responsabilidades de los servicios de rescate franceses y británicos en el naufragio del 24 de noviembre de 2021 en el Canal de la Mancha. Las muestras de solidaridad con las personas que huyen de la guerra en Ucrania, que podrían haber suscitado la esperanza de una mejor acogida para todos y todas, han resultado ser selectivas, dando claro testimonio del racismo y del oportunismo político y económico que subyace en las políticas migratorias de la Unión Europea y sus Estados miembros.
Exigimos el fin inmediato del régimen fronterizo represivo y la aplicación de políticas migratorias basadas en el respeto de la dignidad humana y la igualdad de derechos.
Así, desde el nivel local hasta el transnacional, se organiza la solidaridad y se refuerzan las alianzas entre colectivos de migrantes, personas y asociaciones solidarias, sindicatos y autoridades locales. Estas luchas adoptan muchas formas: asistencia y resistencia a lo largo de las rutas migratorias, movilizaciones de personas privadas de permiso de residencia para su regularización, campañas contra la explotación colonial de los recursos y las poblaciones del Sur Global, acompañamiento jurídico contra la criminalización de la migración y la solidaridad, defensa contra el confinamiento y las deportaciones… La solidaridad también se organiza para recordar, junto a sus familiares, a las personas desaparecidas en las rutas terrestres y marítimas mediante “conmemorAcciones”. Por último, nuestros movimientos trabajan para construir alternativas y promover políticas basadas en los derechos humanos, políticas de acogida dignas y sostenibles. En respuesta al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que sólo avala una lógica de rechazo y negación de derechos, Numerosas organizaciones reclaman un Pacto mundial de solidaridad.
Así, en vísperas del 18 de diciembre, denunciamos alto y claro las políticas represivas que se obstinan en poner en marcha muchos Estados, con la complicidad de empresas de seguridad y armamento y organismos internacionales, desafiando los derechos más fundamentales y decenas de miles de vidas humanas. Exigimos el fin inmediato del régimen fronterizo represivo y la aplicación de políticas migratorias basadas en el respeto de la dignidad humana y la igualdad de derechos.
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