Entrepueblos en el 20 aniversario de la declaración sobre defensoras y defensores

Cada día, numerosas defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales sufren persecución, amenazas, encarcelamiento, torturas, asesinatos o son víctimas de desaparición forzada por su compromiso con la defensa de los derechos. Las mujeres defensoras sufren, además, un impacto diferenciado: violencia sexual, ataques a sus familias, se cuestiona su liderazgo como mujeres y cuentan con menos respaldo social y menor acceso a las medidas de protección existentes. Legislaciones y mecanismos de protección fallan a la hora de garantizar su vida, libertad sexual, integridad.

Según datos de los informes de ONG internacionales especializadas en el tema como Global Witness o Front Line Defenders, el número de personas defensoras de derechos asesinadas no han parado de crecer en los últimos años. Desde que se adoptó la Declaración sobre Defensores y efensoras en 1998, más de 3.500 personas han sido asesinadas por su labor pacífica de defensa de sus derechos y de sus comunidades. El año 2017 fueron asesinadas más de 300 personas sólo en el ámbito de la defensa del medio ambiente, más de 1.200 en la última década, el 70% de las cuales en América Latina.

Además, constatamos que existe una estrategia internacional, apoyada y financiada por parte de las élites globales, para promover en todos los continentes corrientes políticas y religiosas ultra-derechistas, ultra-patriarcales, ultra-nacionalistas, anti-derechos, homofóbicas y racistas. En el marco de la crisis sistémica global, con una perspectiva de pugna creciente por recursos básicos cada vez más escasos, con las previsiones de proliferación de mayores crisis humanitarias y de una precarización de las condiciones de vida de cada vez mayores sectores sociales, se están recuperando en todas las latitudes, en diferentes grados, modelos políticos que tienen como referencia el militarismo y los regímenes fascistas surgidos en la primera mitad del siglo XX.

Estamos viendo la creciente emergencia de gobiernos y formaciones políticas autoritarias en el continente americano, pero también en Europa y en el mismo seno de la Unión Europea.

En diferentes latitudes observamos también la utilización de determinados sectores del poder judicial por parte de las élites políticas y económicas, como recurso para obtener fines políticos, cuando no lo pueden hacer a través de las instituciones electas.

Y es en este contexto donde también debemos situar los recortes de derechos y libertades fundamentales en nuestro país, inicialmente con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ‘Ley mordaza’) y la reforma del Código Penal, y que se ha intensificado con registros, imputaciones, juicios y sentencias por opiniones y acciones, artículos, expresiones artísticas, manifestaciones pacíficas, etc.

Observamos cómo se reproducen en nuestro entorno los mismos patrones de criminalización de la defensa de derechos, que hemos conocido de primera mano en otros continentes, el hostigamiento mediático, parapolicial y judicial de activistas de derechos humanos, como el caso de Helena Maleno, o de sindicalistas imputados e imputadas en el ejercicio de sus derechos de huelga, expresión y manifestación, el de activistas por la independencia de Catalunya –como ocurrió durante años en el País Vasco-, activistas feministas o en el caso de las movilizaciones impulsadas por el SAT en Andalucía.

También hemos visto la creciente utilización al acoso judicial como recurso político, como en los casos de los presos y presas políticas del llamado “proceso catalán”, tanto miembros de organizaciones sociales, como cargos electos de las instituciones, o con los jóvenes de Altsasu.

Y cada vez se hace más patente el sesgo retrógrado, ultra-patriarcal y los prejuicios racistas de una parte importante del poder judicial y del aparato estatal. Al mismo tiempo que constatamos la lentitud y las enormes resistencias a  cualquier avance en los procesos de recuperación de la memoria histórica y reparación de las víctimas del franquismo.

Por todo esto, en este vigésimo aniversario de la Declaración de Defensores y Defensoras, como organización de solidaridad y cooperación internacional pueblo a pueblo, nos reafirmamos, tal como contempla nuestro documento de estrategia vigente, en que “las organizaciones y los movimientos de defensa de los DD.HH. son un campo de trabajo y una alianza importante para Entrepueblos, ya que apelan a la solidaridad nacional e internacional hacia los y las activistas sociales frente a la criminalización de la protesta, promueven la recuperación de la memoria histórica y la lucha contra la impunidad, cuestionan la agenda neoliberal priorizando los derechos por encima de las leyes del mercado, en algunos casos posicionan la agenda amplia de derechos de las mujeres frente a la violencia y las leyes heteropatriarcales. Por todo ello constituyen una forma de protección hacia el resto de movimientos”.

En esta perspectiva entendemos que esta situación nos demanda, en la medida de nuestras limitadas fuerzas:

– Colaborar en la creación de redes internacionales de denuncia, apoyo e incidencia para la protección de las personas y colectivos criminalizados por la defensa de sus derechos.

– Entender que una visión internacionalista de este trabajo requiere la asunción de la situación de privilegio en que vivimos una gran parte de la sociedad europea en el contexto internacional y, por tanto, nuestra responsabilidad en la presión ante los gobiernos y élites económicas de nuestros países implicadas en las vulneraciones de derechos fuera de nuestras fronteras.

– Entender también que existe un continuum entre las tendencias que se observan en el mundo y las que vivimos en nuestro propio entorno y que, por tanto, la solidaridad empieza por ser conscientes de hasta qué punto nuestro futuro está cada vez más ligado a los procesos de resistencia en condiciones muy duras, que tanta gente está soportando en otras latitudes. Del mismo modo que el suyo está cada vez más ligado a nuestra capacidad de hacer frente a las vulneraciones de derechos, al ascenso del fascismo, las políticas del miedo y la seguridad, y al poder corporativo en nuestros propios países.

– Finalmente que nada de esto es posible sin una estrategia de alianzas y cooperación, amplia e inclusiva, entre múltiples actores sociales y políticos, movimientos sociales, a nivel local y global. Y que el empeño de hacer frente a las políticas de criminalización, reducción de las libertades y derechos, y al fascismo cultural, social y político, implica en primer lugar la lucha activa por la emancipación social, anti-colonial, feminista, por la defensa de la vida y del planeta que la sostiene.

Diciembre 2018